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Alejandro Garat Gálvez

Mayor ® de Ejercito

Agente CNI

Egresado de la Escuela de las Américas en octubre de 1974

Alejandro Garat Gálvez fue detenido en Diciembre de 1990 por su participación en la financiera ilegal conocida como “La Cutufa” que funcionó al interior del Ejército desde 1984 hasta 1990. Después de terminada la investigación, fue condenado a 541 días de presidio remitido.


El Mercurio, 6 de Abril de 2002

SERIE GRANDES ESTAFAS. Capítulo VIII, "La Cutufa":

Destapado a balazos

Oficiales del Ejército montaron a mediados de los '80 una financiera ilegal que llegó a administrar más de mil quinientos millones de pesos de la época. Su existencia fue descubierta en la investigación del asesinato de un empresario gastronómico.

Lo último que Aurelio Sichel vio la madrugada del 19 de julio de 1989, fue el portón de su casa. Tres tiros en la nuca le borraron la vista y al instante estaba tendido en el suelo bañado en su propia sangre. El asesinato de este empresario gastronómico, dueño de la cadena de restaurantes Rodizzio, desató una investigación que permitiría descubrir una financiera ilegal, conocida como "La Cutufa", que funcionaba al interior del Ejército y que manejaba - según se dijo en la época- el equivalente a US$ 4 millones de la época y que estafó a civiles y militares.

Era 1984 cuando el capitán de Ejército Gastón Ramos Cid utilizando "un pequeño capital propio" decidió crear un sistema de financiamiento que se dedicara a captar fondos para invertirlos en negocios de alta rentabilidad. Posteriormente se sumó el también capitán Patricio Castro.

Ramos y Castro convencían a sus conocidos, especialmente uniformados, para que invirtieran dinero en esta 'financiera' que rentaba intereses mucho más altos que los usuales. Tanto Castro como Ramos respaldaban la devolución del capital con cheques de cuentas corrientes bancarias personales.

Los fondos obtenidos los entregaban a un operador financiero - que después se diría era Jorge Larraín- para que comprara y vendiera acciones, obteniendo así importantes utilidades. éstas fueron utilizadas en diversas oportunidades para adquirir pagarés de la deuda externa chilena, la cual posteriormente vendían al Banco Central consiguiendo nuevamente importantes ingresos.

Si bien en un principio la financiera operaba especialmente entre uniformados, con el tiempo extendió sus operaciones a civiles, elegidos especialmente entre amigos y parientes de los militares.

Durante la investigación del crimen de Sichel, su socio en la Gelatería Pavarotti, Carlos Pesce, declararía que "...quien me habló de esta financiera fue Aurelio Sichel, invitándome a participar en ella, cuando yo trabajaba en forma particular la Gelatería Sebastián. Esto fue en febrero de 1985, indicándome Aurelio que quien recibía los dineros era Patricio Castro, y fue así como en febrero de 1988, le hice entrega de un millón de pesos a Patricio Castro...".

Luego, Pesce agregaría que "...me consta que Aurelio le entregó a Patricio Castro dinero proveniente de la Sociedad Gelatería Pavarotti, en dos oportunidades, siendo la última vez el día 18, el día antes de fallecer, dinero este último que le fue cancelado a la Gelatería imputándolo a gastos de arriendo y consumo de luz".

Los fondos se van de viaje

Sin embargo, fue en 1986 cuando se transformaron en inversionistas, entre otros, los brigadieres Jaime Lucares Robledo, Jerónimo Pantoja Henríquez y Enrique Cowell Mancilla; el coronel Sergio Silva Castro y el comandante Gerardo Paredes. En 1988 estaban entre los más importantes colocadores de dinero.

Ese año comenzaron los problemas.

El primer traspié fue la abrupta desaparición de los fondos de la financiera. Según diría Isabel Margarita Pizarro, viuda de Sichel, "los sacó un señor de apellido Larraín. Su nombre no lo podemos pronunciar por ahora". 

Jorge Larraín - de quien nunca pudo probarse la existencia- habría tomado cerca de $300 millones y viajado supuestamente a Ecuador para invertirlos a nombre de la organización. Pero de Larraín nunca más se supo.

Ante esta situación Castro y Ramos comenzaron a captar nuevos 'inversionistas' para así generar los recursos con que pagarles a los antiguos. En ese momento Lucares, Cowell y Silva tomaron el control de la entidad, asumieron el papel de relacionadores, captadores y administradores. 

Como inversionistas principales ordenaron a Ramos y a Castro que continuaran girando cheques de sus cuentas personales.

Sin embargo, la falta de fondos hizo crisis. Los documentos girados por Ramos y Castro continuaron cubriéndose hasta que se acabaron los recursos y en ese momento comenzaron a ser protestados por sus poseedores. Uno sólo de los inversionistas poseía siete documentos de una cuenta personal de Ramos del BHIF, por un monto de $53 millones.

A medida que el asunto se destapaba comenzó a aparecer un verdadero alud de cheques protestados en los tribunales del crimen. En ese momento, la investigación del asesinato de Sichel, a través de un peritaje judicial contable - realizado por Alejo Lira y Germán Cereceda- confirmó la existencia de la financiera informal y que uno de los principales implicados era Patricio Castro.

Entretanto, los cobros por los cheques continuaban llegando.

El 9 de octubre ya había protestos por $150 millones en las cuentas de Castro, ya entregados para la cobranza. Ramos estaba declarado reo por una suma superior a los $100 millones. Mientras Castro huía del país, Ramos se entregaba voluntariamente y quedaba detenido en una unidad militar.

En octubre de 1990, Ramos Cid es sometido a proceso por la titular del undécimo Juzgado del Crimen de Santiago, magistrada Mónica Tagle Madrid, y encargado reo como presunto autor de giro doloso de cheques. Mientras las querellas contra Ramos se acumulaban en la causa rol 571273-3, su abogado, Sergio Rodríguez Wallis, declararía que estos procesos no tenían nada que ver con el asesinato de Sichel.

Ante la detención de Ramos Cid, el general (r) Augusto Pinochet ordenó realizar una investigación interna "ante la posibilidad de que sus acciones hayan perjudicado a miembros de la institución".

El sumario al interior del Ejército desataría gran ruido, especialmente porque se dejaba entrever una posible corrupción a alto nivel que involucraba incluso probables manejos de dineros fiscales. Incluso se involucraría al general Gastón Abarzúa, en esa época director de inteligencia del Ejército (DINE).

Sin embargo, el proceso civil que el ministro en visita Marcos Libedinsky cerró recién en agosto de 1992 comprobaría que sólo había ocho oficiales ( r) involucrados.

Utilizando un programa computacional especialmente creado para la investigación, tras interrogar a más de 400 personas y examinar 11.200 cheques, Libedinsky llegaría a la conclusión de que la Cutufa había llegado a "administrar" 1500 millones de pesos, que en esa época equivalían a más de US$ 4 millones.

El tribunal estimó que los inversionistas no eran culpables, según la Ley General de Bancos. Pero sí lo eran aquellos que se habían dedicado a ejercer acciones correspondientes a empresas bancarias, es decir, captar o recibir dinero del público. 

De esta manera fueron encargados reos los capitanes (r) Patricio Castro Muñoz, Gastón Ramos Cid y Alejandro Garat; los brigadieres (r) Jaime Lucares Robledo, Jerónimo Pantoja Henríquez y Enrique Cowell Mancilla; el coronel (r) Sergio Silva Castro y el comandante (r) Gerardo Paredes Paredes.

El general Abarzúa, si bien confesó ser inversor de la Cutufa, no fue condenado pues no habría participado en las otras actividades.

El destino de los dineros nunca se supo, ni tampoco pudo ser comprobada la existencia de Jorge Larraín. De hecho, lo más parecido que se encontró fue una casa de cambios de Guillermo Larraín, pero quedó claro que no era el mencionado en el proceso. Incluso se pensó que Larraín podría eventualmente haber sido Sichel.

Así, lo que se había iniciado como un bullado caso de estafa se redujo a un fraude entre uniformados y que afectó a algunos civiles.

A pesar de que se suponía que el asesinato de Sichel había ocurrido porque había anunciado el retiro de sus fondos de la financiera, la investigación no pudo detectar vinculo material entre ambos delitos. 

De hecho, su participación como inversionista sólo fue mencionada por declaraciones de los interrogados. 

Fue alrededor de un año después de iniciada la financiera que Castro independizó parte de sus negocios y, con fondos facilitados por su suegro, se asoció con Sichel en el restaurante Rodizzio de Apoquindo y la heladería Pavarotti. Pero no abandonó la Cutufa.

El proceso no pudo comprobar, finalmente, que Castro y Ramos habían operado en algún momento con dineros fiscales..


El Mostrador, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2005

Condenados por el caso ‘Cutufa’ del Ejército cumplirán condenas con cárcel

El magistrado del 12° Juzgado del Crimen de Santiago, Alejandro Rivera, resolvió revocarles el beneficio de la remisión condicional de la pena por no cancelar más de 123 millones de pesos a los querellantes en el caso. Sólo se les descontará los días en que cumplieron prisión preventiva durante el proceso.

Aunque las condenas criminales que fueron aplicadas a los responsables de la financiera ilegal "La Cutufa", que funcionó al interior del Ejército desde mediados de la década del ’80, fueron consideradas bastante exiguas en su momento, cuatro de los principales gestores de la estafa deberán cumplir la sentencia con cárcel efectiva.

Así lo resolvió el titular del 12° Juzgado del Crimen de Santiago, Alejandro Rivera, quien despachó órdenes de detención contra del coronel (r) Jaime Lucares, el capitán (r) Gastón Ramos Cid y el civil Gerardo Paredes Paredes. Mientras, el mayor (r) Patricio Castro ya se encuentra cumpliendo la sentencia pronunciada por el ministro Hugo Dolmestch en 1994.

La decisión del tribunal se debe a que estos cuatro condenados incumplieron uno de los requisitos mediante los que pudieron acceder a la remisión condicional de la pena que se les impuso: el pago solidario de más de 123 millones de pesos a ocho querellantes de la causa tramitada a principios de 1990.

Los cabecillas de la millonaria estafa, Castro y Ramos, fueron condenados a tres años de reclusión en calidad de autores de infracciones a la Ley General de Bancos, mientras que a Lucares y Paredes -único civil involucrado- a 300 días de presidio como cómplices.

Pero junto a ese castigo, la justicia también determinó que éstos debían hacerse responsables solidariamente (es decir, uno o todos ellos) del pago de la retribución a quienes resultaron afectados por el fraude. El monto, según la última liquidación calculada el 2003, supera los 123 millones de pesos.

Hasta un año de cárcel

Con la decisión del 12° Juzgado de Crimen de Santiago y descontando los días que cumplieron prisión preventiva cuando se investigaban los hechos, Ramos Cid deberá cumplir un año y 10 meses de presidio. En tanto, los casos de Lucares y Paredes los días de reclusión serán de 298 y 291 días, respectivamente.

Patricio Castro, por su parte, fue notificado de la sentencia durante la primera quincena de junio, luego que fuera detenido por orden del 31° Juzgado del Crimen de la capital, por su eventual participación en otras estafas similares a las que realizó en la Cutufa.

Cabe recordar que en este caso también fueron condenados el mayor (r) Alejandro Garat y los coroneles (R) Sergio Silva y Enrique Cowell, quienes no fueron sancionados con el pago de las indemnizaciones a los afectados.

 

 

 
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