Fuenzalida Devia Samuel Enrique

Entre los encausados, todos en retiro, hay ocho coroneles y 23 suboficiales de Ejército, 40 oficiales y suboficiales de Carabineros, dos ex agentes de la FACH, una ex agente de la Armada, y siete ex agentes de la Policía de Investigaciones.

El mayor golpe a la represión de la dictadura de Augusto Pinochet dio ayer el ministro Víctor Montiglio, al procesar a 98 ex agentes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones por 42 víctimas de la Operación Colombo.

Se trata de la resolución más numerosa dictada entre las casi 400 causas por violaciones de los derechos humanos que se instruyen en el país. Incluso superó a los 67 ex agentes encausados por el mismo juez Montiglio en 2007 por los crímenes de la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín en el cuartel Simón Bolívar.

Entre los encausados por Colombo hay ocho coroneles de Ejército (R), seis de los cuales no habían procesados antes en ninguna causa. También fueron declarados reos 23 suboficiales de Ejército (R) de los cuales al menos el 50 por ciento aparecen por primera vez en este tipo de causas.

Entre estos suboficiales figura Juvenal Piña, alias "El Elefante", ex agente de la Brigada Lautaro, que fue quien asfixió al jefe comunista en la clandestinidad (1976) Víctor Díaz, con una bolsa plástica en su cabeza, previo a que le inyectaran cianuro.

Además el magistrado encausó a 40 ex agentes oficiales y suboficiales de Carabineros, entre los que están Ricardo Lawrence, Heriberto Acevedo, Claudio Pacheco y José Mora, todos ex integrantes de la misma Brigada. Entre los procesados hay también ex agentes que pertenecían a la Policía de Investigaciones. El único civil (Ejército) es Juan Suárez.

De la lista total, al menos trece ya se encuentran cumpliendo condena por otras causas (ver lista).

Hasta el cierre de esta edición los procesados seguían siendo detenidos para ser internados en distintos lugares, como el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

Entre las 42 víctimas por las cuales el ministró dictó su resolución, están María Angélica Andreolli, Miguel Acuña Castillo, Juan Carlos Perelmann Ide, Juan Chacón Olivares, Jorge Müller Silva, Luis Guendelmann Wisniak, Mario Calderón Tapia y Carmen Bueno Cifuentes.

La Operación Colombo y los medios

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA.

La Operación Colombo fue parte de la Operación Cóndor, y consistió en un montaje de la dictadura para hacer creer a la población que 119 detenidos que se encontraban desaparecidos, habían salido clandestinamente a Argentina y allí murieron enfrentados con fuerzas policiales y del Ejército durante la fase previa al golpe militar de 1976 en Argentina.

Algunos de esos nombres aparecieron como militantes "asesinados" en Buenos Aires y alrededores, con carteles en sus cuerpos que decía que habían sido ejecutados por sus propios compañeros por ajuste de cuenta por rencillas internas. Sin embargo, ello también resultó un montaje.

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA en el extranjero y tuvieron una única edición.

En Chile la prensa pro dictadura como los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y La Segunda, reprodujeron el montaje de los servicios de inteligencia. En el recuerdo quedó el titular del vespertino que informó "Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina". Ellos formaron parte de la lista de los 119 desaparecidos de Colombo.

El ex prófugo Raúl Iturriaga, quien era uno de los encargados del departamento exterior de la DINA, fue quien primero dio luces en Buenos Aires de este operativo.

Según el ex agente civil Enrique Arancibia Clavel, condenado en Buenos Aires por el crimen del general Carlos Prat y su esposa, fue Iturriaga quien a comienzos de 1975 se juntó con él para pedirle que preparara lo necesario porque "hay que hacer aparecer a unos muertos de la Operación Colombo".

Se trataba de preparar la aparición de los supuestos cuerpos de Jaime Robotham y Luis Guendelmann como parte del montaje.

Lista de procesados

Ejército (todos en retiro):

Víctor Molina Astete (coronel); Sergio Castillo González (crl); Eduardo Guerra Guajardo (crl); Víctor San Martín Jiménez (crl); José Fuentes Torres (crl); Manuel Carevic Cubillos (crl); Jaime Paris Ramos (crl); César Manríquez Bravo (crl); Raúl Toro Montes (suboficial); Eduardo Reyes Lagos (sub); Orlando Torrejón Gatica (sub); Osvaldo Tapia Alvarez (sub. Suicidado); Juvenal Piña Garrido (sub. “El Elefante”); Juan Suárez Delgado (civil); Nelson Paz Bustamante (sub); José Aravena Ruiz (sub); Luis Torres Méndez (sub); Raúl Soto Pérez (sub); Jorge Andrade Gómez (sub); Juan Escobar Valenzuela (sub); Rolando Concha Rodríguez (sub); Gustavo Apablaza Meneses (sub); Hiro Alvarez Vega (sub); Víctor Alvarez Droguett (sub); Jorge Venegas Silva (sub); Carlos Rinaldi Suazo (sub); Carlos Letelier Verdugo (sub); Reinaldo Concha Orellana (sub); Máximo Aliaga Soto (sub); Hugo Clavería Leiva (sub); Samuel Fuenzalida Devia (sub)

Investigaciones

Juan Urbina Cáceres; Hugo Hernández; Manuel Rivas Díaz; Herman Alfaro; Eugenio Fieldhouse; Osvaldo Castillo

Carabineros (oficiales y suboficiales todos en retiro)

Gerardo Godoy García; Ciro Torres Sáez, Alejandro Molina Cisternas; Camilo Torres Negrier; Héctor Lira Aravena; José Fritz Esparza; Claudio Pacheco Fernández; Jorge Sagardia Monge; Sergio Castro Andrade; Luis Villarroel Gutiérrez; Armando Cofré Gómez; Fernando Roa Montaña; Gerardo Meza Acuña; Enrique Gutiérrez Rubilar; Luis Mora Cerda; José Muñoz Leal; Juan Duarte Gallegos; Carlos Miranda Meza; Rufino Jaime Astorga; Luis Urrutia Acuña; Luis Zúñiga Ovalle; Pedro Alfaro Hernández; Orlando Inostroza Lagos; Rosa Ramos Hernández; Gustavo Caruvan Soto; Héctor Valdebenito Araya; Manuel Avendaño González; José Mora Diocares; Guido Jara Brevis; Nelson Ortiz Vignolo; Ruderlindo Urrutia Jorquera; Héctor Flores Vergara; Jerónimo Neira Méndez; Manuel Montré Méndez; Heriberto del Carmen Acevedo; Claudio Orerllana de la Pinta; Nelson Iturriaga Cortés; Luis Gutiérrez Uribe; José Ojeda Obando

Fuerza Aérea

Delia Gajardo Cortés; Hernán Avalos Muñoz

Armada

Teresa Navarro Osorio;

Procesados que ya cumplen condena

Manuel Contreras Sepúlveda; Pedro Espinoza Bravo; Raúl Iturriaga Neumann; Marcelo Moren Brito; Miguel Krassnoff Martchenko; Ricardo Lawrence Mires; Basclay Zapata Reyes; Conrado Pacheco; Francisco Ferrer Lima; Gerardo Urrich; Orlando Manzo Durán; Rizier Altez España; Fernando Lauriani Maturana

“Si se intimida a los subalternos, la verdad nunca saldrá a la luz”

Nunca he cometido un delito. Como prueba tengo a las personas que estuvieron detenidas en Villa Grimaldi, quienes pueden acreditar que siempre recibieron un buen trato de mi parte y nunca participé en acciones ilícitas.

Samuel Fuenzalida es el único que no acepta aún someterse a la justicia. Dice no haber cometido ningún delito y que fue el primer agente de la DINA en colaborar con la justicia. Tiene más adeptos que detractores. Dice que son ex miristas y comunistas los que hoy le devuelven la mano y lo refugian de los detectives que lo buscan.

Este ex "pelado" ingresó al servicio militar en abril de 1973 en el Regimiento de Infantería Motorizado de Montaña Nº 15 de Calama. El 30 de noviembre de 1973 llegó al centro de detención y tortura de Tejas Verdes, en San Antonio, para ser enrolado "engañado", según cuenta en la DINA.

Dice que como simple guardia tomó conocimiento de las aberraciones que se cometían en los recintos por los que pasó. Por recomendación de los mismos prisioneros, en 1975 abandonó el país "porque temía por mi vida. Estando en Alemania cumplí con mi promesa y denuncié las aberraciones de la DINA ante organismos internacionales e intervengo como testigo en la causa que se seguía en contra de Colonia Dignidad, esto hace ya 30 años".

-¿Por qué no se entrega a la justicia?

-Estoy a la espera del resultado del recurso de amparo. En el evento que mi situación procesal sea irreversible, me presentaré ante quien corresponda.

-¿Dónde está alojando?

-En la casa de ex detenidos políticos durante la dictadura. Ellos me están devolviendo la mano por la ayuda que yo les di cuando estuvieron detenidos, llevarles alimentos como galletas y leche, conversar, cosas que estaban prohibidas.

-¿Por qué cree que su situación es distinta a la de otras personas que sí han acatado las órdenes de los tribunales?

-Nunca he cometido un delito. Como prueba tengo a las personas que estuvieron detenidas en Villa Grimaldi, quienes pueden acreditar que siempre recibieron un buen trato de mi parte y nunca participé en acciones ilícitas, y por eso ahora algunos de ellos me honran con su amistad.

-Pero también le tocó cumplir labores de "malo".

-En el caso del "Loro Matías" [Álvaro Vallejos Villagrán] soy culpable de haberlo trasladado desde Tres Álamos a la Colonia Dignidad. Se lo entregué a Paul Schäfer, quien probablemente fue el que lo asesinó. ¿Pero por qué el hombre que me dio la orden de trasladarlo no fue procesado?

-Entiendo que quienes lo inculpan en Colombo son Manuel Contreras y Miguel Krassnoff.

-Entonces quiere decir que pesa más la palabra de un inculpado que los testimonios de las víctimas. Encuentre una sola víctima que haya testificado en mi contra, que diga que yo la torturé o que la traté mal. No existen, porque yo estaba en el servicio militar para luchar contra un enemigo externo, no contra mis propios compatriotas.

-¿Entonces está diciendo que no cumplió labores operativas?

-A excepción del "Loro Matías", no. Y eso lo reconocí en el momento que pasó. Se lo conté a los detenidos en Villa Grimaldi.

-¿Cómo hizo para eludirlas?

-No cumplía bien con mi trabajo. Me olvidaba de hacer cosas, dejaba la guardia botada. Era un cacho. En una ocasión mi jefe incluso me dejó detenido en una celda con un prisionero político, con Edwin van Yurik. Imagina el sadismo, dejarme ahí con un prisionero. Sólo un loco expone a otra persona a eso.

-¿Cree que estaban locos sus jefes en la Villa Grimaldi?

-De eso no hay duda. Gente como Moren Brito (a cargo de Villa Grimaldi) sólo tenía una cosa en mente: el exterminio. Si hubiesen puesto a gente competente en esos puestos clave, creo que el destino de mucha gente hubiera sido distinto.

-Usted conoce a los jueces y a los policías que investigan estos casos. ¿Por qué impugna la legalidad de esta resolución mediante el recurso de amparo?

-No soy yo quien la impugna. El recurso de amparo lo interpuso Helmut Frenz, presidente del Comité Pro Paz y secretario general de Amnistía Internacional de Alemania, con una amplia legitimidad en la lucha por los derechos humanos en Chile. Él, junto a otras personas, quienes estuvieron detenidas y fueron víctimas de apremios ilegítimos en la dictadura, consideran injusto que se me persiga por delitos que no cometí y en los cuales he ayudado a aclarar con mi testimonio.

-¿Es efectivo que usted fue "miembro de la plana mayor de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA y guardia en Villa Grimaldi", como se señala en el auto de procesamiento del Plan Cóndor?

-Yo era un simple conscripto que a esa fecha tenía 19 años de edad y, como tal, atendía a la plana mayor de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, y por ello tuve conocimiento de muchas situaciones irregulares que he puesto en conocimiento de la justicia. Por mi rango se me encomendaba formar parte de la guardia en Villa Grimaldi.

-¿Cree que su situación mermará la voluntad de otros conscriptos o soldados de menor grado para que puedan colaborar en los procesos para conocer la verdad?

-Por supuesto, los únicos que pueden reconstruir la verdad de lo ocurrido son los subalternos, ya que los superiores se han negado sistemáticamente a reconocer su responsabilidad. Si se intimida a los subalternos, la verdad nunca saldrá a la luz.

-¿Es partidario de cambiar información por libertad o rebaja de condenas?

-Esta es una situación dolorosa, ya que me trae complicaciones familiares y en mi trabajo, me priva de ingresos que para mí son esenciales. Algunos amigos que fueron víctimas de apremios ilegítimos me han recomendado que me aleje de todo esto, para poder vivir en paz. Quiero reiterar que yo no he cometido delitos atentatorios en contra de los derechos humanos. Ahora, respecto a los que cometieron delitos y que no eran parte de la superioridad, estoy de acuerdo, porque es la única forma de conocer toda la verdad.

Tras pasar más de diez días prófugo, Samuel Enrique Fuenzalida Devia, uno de los 98 procesados por el ministro Víctor Montiglio en el caso Operación Colombo, llegó ayer hasta el Palacio de Tribunales para entregarse a la justicia.

Pese a tener la calidad de testigo protegido en el proceso y haber contado con protección policial, el ex guardia de la DINA -que según su defensa tenía 19 años y era conscripto cuando ocurrieron los hechos- fue incluido en el encausamiento por el secuestro calificado de 41 personas. Una decisión que le sorprendió y que se resistía a acatar, destacando la colaboración que había prestado en el caso.

Según su abogado, Vladimir González, en un principio pretendían esperar el resultado de un amparo preventivo con el que buscaban revertir el procesamiento, pero luego que el tribunal de alzada rechazó el recurso y mientras esperaban el resultado de la apelación que hicieron ante la Corte Suprema, evaluaron que era mejor comparecer ante el ministro y solicitar la libertad provisional.

Ello, sobre todo considerando que ésta ya ha sido otorgada -previo pago de una fianza de $100 mil- a más de cincuenta de los procesados en el caso.

Tal como esperaba Fuenzalida, tras declarar ayer ante el ministro en visita, éste le otorgó la libertad provisional, decisión que deberá revisar mañana la Sexta Sala del tribunal de alzada.

Mientras eso se resuelve fue trasladado hasta la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), y de confirmarse su libertad, el próximo paso según el abogado González es presentar las declaraciones de ex detenidos en Villa Grimaldi, que darán fe de que la conducta de Fuenzalida fue "intachable", y pedir la revocación del auto de procesamiento.

En calidad de inculpado por los crímenes cometidos después del golpe militar en contra de los prisioneros políticos en el campo de concentración de Tejas Verdes en San Antonio y en la localidad de Liquiñe, en la precordillera de Valdivia, el ministro de fuero Alejandro Solís interrogó ayer al ex agente de la DINA y actual alcalde de la comuna de Providencia Cristián Labbé.

Labbé fue instructor de la DINA cuando esta organización criminal, declarada así ya en varias resoluciones de los tribunales chilenos, se comenzó a formar a partir de noviembre de 1973 en el balneario de Rocas de Santo Domingo, cercano a lo que fue el campo de prisioneros de Tejas Verdes. Desde este lugar desaparecieron decenas de detenidos. En ese entonces el jefe de zona en la provincia de San Antonio era el coronel Manuel Contreras Sepúlveda, quien luego fue el director de la DINA.

Por otra parte, Labbé fue también por aquel tiempo integrante de los boinas negras de la Escuela de Paracaidistas, destacamento que en los días inmediatamente posteriores al 11 de septiembre de 1973, al mando del entonces teniente coronel Alejandro Medina Lois (actual general retirado), participó en la represión contra los campesinos del Complejo Maderero Panguipulli en la precordillera de la X Región.

Entre esos operativos, estas fuerzas, en conjunto con destacamentos de regimientos de Valdivia y civiles de la zona, detuvieron el 10 de octubre de 1973 a 15 campesinos de los fundos Trafún, Paimún y Carranco de ese complejo. En horas de la noche los 15 campesinos fueron asesinados sobre el puente del río Toltén y sus cuerpos arrojados a las aguas. Hasta hoy estos campesinos se encuentran desaparecidos.

La pertenencia de Labbé a la DINA quedó al descubierto cuando en su edición del 15 de junio de 1999, La Nación publicó documentos originales de la DINA de carácter “secreto”. Uno de ellos, el oficio Nº4380 del 2 de diciembre de 1974 firmado por Manuel Contreras, pide pasaporte a la cancillería para “personal de DINA”, entre los que incluye a Labbé. Reaccionando entonces a esta publicación, Labbé acusó a La Nación de “revanchista”, pero reconoció haber sido agente DINA. “Efectivamente, pertenecí a la DINA y fui el primer responsable de la seguridad del Presidente Augusto Pinochet”, dijo el actual alcalde.

Ahora el ministro Solís debe decidir si somete o no a proceso a Labbé por su eventual participación los crímenes referidos. Hace algún tiempo Labbé sacó el busto del poeta Juan Guzmán Cruchaga (padre del ministro de fuero Juan Guzmán Tapia) de una céntrica plaza en Providencia, y a pesar de las protestas del juez Guzmán, lo cambió por otro de la fallecida princesa de Mónaco Grace Kelly.

Aunque el alcalde de Providencia, coronel (r) Cristián Labbé Galilea, amenazó al intendente de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli, con una querella por injurias y calumnias porque la autoridad regional lo acusó de haber sido agente de la DINA y de haber sido parte de una dictadura que cometió crímenes de lesa humanidad, en la práctica el escrito aún no arriba a los tribunales.

Lanacion.cl entrega a continuación el documento que da prueba de que el coronel (R) Labbé sí fue un agente de la DINA: un escrito firmado por el propio jefe de ese organismo, el entonces coronel Manuel Contreras Sepúlveda, donde pide a la Cancillería un pasaporte para Labbé como agente DINA.

Pero la historia de Labbé en la DINA no fue sólo esa misteriosa “comisión de servicio” a la que Contreras lo envió en 1974 junto a otros tres individuos. Más aún, Labbé fue de la elite de la DINA como instructor de los agentes que iban siendo seleccionados ya desde fines de 1973, en Rocas de Santo Domingo en la Quinta Región.

Allí se comenzaron a impartir las primeras instrucciones para violar los derechos humanos y la comisión de los múltiples delitos por parte de jefes y subordinados. El nombre de Labbé como instructor DINA en Rocas de Santo Domingo fue entregado a algunos jueces que instruyen causas de derechos humanos por algunos ex agentes, como fue el caso de Samuel Fuenzalida Devia, declaración de la cual nuestro diario tiene copia.

El alcalde de Providencia, Cristián Labbé, concurrió a mediodía al Palacio de Tribunales para ser careado con cinco ex detenidos de Tejas Verdes, que le señalaron haberlo visto en ese recinto junto al ex director de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda. La diligencia fue ordenada por ministra Carmen Garay. A su llegada Labbé señaló que las imputaciones en su contra son “una pura falsedad”. Reiteró que estuvo en Tejas Verdes durante sólo algunos días y que su misión ahí fue impartir clases de educación física a los efectivos militares. “Aunque no se note ahora porque está un poco aportillada la carrocería”, bromeó. Labbé señaló que “no habían detenidos donde yo estaba, se lo puedo asegurar”.

También dijo sentirse “orgulloso” de haber sido oficial de Ejército y agregó estar disponible para todas las diligencias que se requieran practicar por la justicia. Sin embargo, lanzó una defensa de los militares investigados por violaciones a los derechos humanos: “Estamos a 30 años y todavía seguimos con la misma historia. Comparto la desesperanza de mis amigos militares que ven que la justicia no existe para ellos”, dijo refiriéndose al suicidio del coronel (r) Germán Barriga.
 

La Corte de Apelaciones acaba de confirmar el procesamiento a Paul Schaefer por la desaparición del "Loro Matías". En su contra pesa el testimonio del otrora agente Samuel Fuenzalida. Su relato es la única versión directa del traslado. Los arsenales hallados por el juez Zepeda, su más reciente aval.

Las fuentes de fricasé de pollo estaban servidas. Ya no llovía. El silencio reinaba en el gran comedor. A un lado de la mesa estaban los alemanes; al otro, los militares. Fue entonces cuando por una puerta apareció "El profesor".

Acompañado de un perro negro, vestido de verde oliva, alto e imponente, Paul Schaefer se paró en la cabecera de la mesa, movió sus manos desde el centro de su cuerpo hacia los lados y exclamó: "¡Fertig!" (acabado, hecho, listo, ejecutado). Fue entonces cuando el ex agente de la DINA Samuel Fuenzalida Devia supo que "El profesor" venía de matar.

La historia de esa noche de julio de 1974, Samuel Fuenzalida la viene repitiendo desde 1976, cuando por primera vez se decidió a acusar a Colonia Dignidad. Dice que le tocó acompañar al capitán Fernando Gómez Segovia en el traslado del mirista Álvaro Vallejos Villagrán desde Cuatro Álamos hacia el enclave alemán. También cuenta que bastó ese solo ademán de Schaefer para confirmarle que Vallejos, de 25 años, alias "El Loro Matías", murió allí. "Hay cosas que no hay para qué preguntar", dice hoy.

Tribunales nacionales e internacionales han avalado por años su versión. Este viernes, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones lo volvió a hacer cuando confirmó el auto de procesamiento, que, entre otras virtudes, permitió la captura, extradición y encarcelación de Schaefer. La apelación de la defensa del alemán alegaba que no existían pruebas del paso de Vallejos por Dignidad y que, en sus múltiples declaraciones, el ex DINA había caído en contradicción.

María Eugenia Correa, la abogada de turno designada para defender a Schaefer, ya había apelado ante el juez que actualmente ve las causas de DD.HH. ligadas a Dignidad, Jorge Zepeda. Y este viernes, en la que fue su última diligencia -pues renunció a la defensa para integrarse a la Academia Judicial-, le tocó alegar ante el tribunal de alzada que ése solo testimonio no bastaba para procesar al alemán. Pero la respuesta fue nuevamente que sí. En un unánime tres cero, ratificaron su credibilidad.

"En lo grueso, el testimonio de Fuenzalida es muy valioso. Es el único testigo directo", dice el abogado querellante Nelson Caucoto. "Claramente con los años los detalles se pueden confundir", concede. "Pero lo que él ha declarado es coherente con lo que otros agentes han dicho y con los hallazgos del juez Zepeda sobre el nexo DINA-Dignidad", concluye.

Pero Correa, en su alegato final, siguió sosteniendo que no había prueba material y que los otros DINA que han declarado sobre la llegada de Vallejos Villagrán al enclave lo han hecho basándose en lo que Fuenzalida les contó.

Hasta el mismo Fuenzalida sabe que es su palabra contra la de todos los demás. Y dice que la defenderá. Más aun cuando acaba de enterarse de que Manuel Contreras se querelló en su contra por falso testimonio. "Todavía no me notifican, pero no tengo nada que temer", asegura.

De conscripto a agente

Samuel Fuenzalida Devia no acepta que le tomen fotografías. Explica que no es por temor. Dice que es para evitar que quienes lo conocen como empresario y agricultor comiencen a preguntar por un pasado que no lo hace enorgullecer.

A sus 49 años, y tras pasar casi dos décadas viviendo en Europa, Fuenzalida Devia se sabe defender. Delgado, de ojos pequeños y una piel que se hace más morena por el contraste de su pelo blanco, este ex agente de la DINA ha aprendido a desconfiar.

Aunque tras su servicio militar pasó sólo un año y tres meses en la repartición de Contreras, explica que las décadas que lleva declarando contra sus ex jefes le han enseñado a mirar siempre a su alrededor. "No me pusieron problemas para retirarme en 1975, pero me siguieron. En las fichas que acaban de aparecer en Dignidad hay una mía donde figuran todos los lugares en que estuve en Alemania, los restaurantes donde iba a comer", cuenta.

No revela cómo tuvo acceso a ese material. Apenas dice que fue en forma "virtual". Pero lo que sí queda claro tras conversar con él es que a lo largo de los años que vivió en Alemania, trabajando incluso para la revista "Stern", logró armar una gran red de contactos entre los que persiguen las violaciones al interior del enclave alemán.

"Yo soy el que lo viene acusando hace años. ¿No se acuerda de mí?", le espetó a Paul Schaefer durante uno de los tres careos que le ha tocado sostener en los últimos meses con el alemán. Él lo negó. Pero Fuenzalida Devia asegura que él, que era sólo un conscripto de 18 años encargado del aseo en Villa Grimaldi, jamás olvidará a ese "Profesor" que recibió al prisionero Vallejos Villagrán, que lo subió a su Mercedes color celeste, que se lo llevó y que luego se sentó a la mesa a conversar, a acariciar su perro negro, a mirar fijamente con su ojo de vidrio que no pestañeaba y a comer un rico fricasé.

SU VIAJE CON EL "LORO MATÍAS":

"Me dijo 'si es católico, rece por mí' "

"No sé por qué me eligieron a mí para acompañar al capitán Gómez Segovia. Él era encargado de la zona sur de la DINA y estaba en Santiago en un curso que dictaba la CIA. Me dijeron que lo tenía que acompañar en el traslado de un prisionero al sur.

"Cuando llegamos a Cuatro Álamos reconocí al 'Loro'. Había estado detenido en Londres 38, donde yo le llevaba la comida. Fui a pedir que me entregaran sus cosas, pero el capitán me dijo que no, que no las iba a necesitar. Ahí supe que iba a morir".

"Íbamos en una camioneta C-10. El capitán manejaba y llevábamos al 'Loro' al medio. En el cruce de Catillo, el capitán se bajó y el 'Loro' me dijo: 'si es católico, rece por mí' ".

"En Parral se nos unió otra camioneta con agentes. Llegamos a la Colonia como a las 1:30 AM. Nos esperaban en la barrera unos hombres armados, con armas largas y una ametralladora de trípode. Pensé que era un regimiento. Ahí estaban los que después reconocí como Mücke y Schaefer, a él le decían El Profesor. Saludó al capitán en alemán; él hablaba alemán. Yo no sabía alemán, ni inglés. Para mí eran todos gringos. Pero ellos se conocían, se trataban familiarmente. Yo sólo entendía nombres, como Pinochet y O'Higgins. Ahí entendí que esperaban su visita cuando viajara al sur, al natalicio del libertador". 

Con una fianza de dos millones de pesos, recuperó ayer su libertad el jerarca de la ex Colonia Dignidad Gerhard Mücke, procesado por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia.

Los magistrados que integraron la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm, Lamberto Cisternas y Amanda Valdovinos, ratificaron la resolución del ministro Guzmán que había concedido la excarcelación a uno de los principales dirigentes del organismo que opera en el fundo situado al interior de Parral.

El colono fue procesado en septiembre como autor del secuestro del mirista Alvaro Vallejos Villagrán, en 1974, y quien, según el testimonio del ex conscripto Samuel Fuenzalida Devia, habría sido llevado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) al fundo de los alemanes donde lo habrían recibido el líder de la Colonia, Paul Schaefer, y Gerhard Mücke.

La defensa del colono, llevada por los abogados Pedro Doren y Cirilo Guzmán, ha rechazado los cargos con el argumento de que el único testimonio directo es el de Fuenzalida, al que califican como un testigo preparado por Amnistía Internacional.

Samuel Fuenzalida quedó detenido, pero el juez Montiglio le concedió la libertad bajo fianza con consulta a la Corte.

Tras pasar más de diez días prófugo, Samuel Enrique Fuenzalida Devia, uno de los 98 procesados por el ministro Víctor Montiglio en el caso Operación Colombo, llegó ayer hasta el Palacio de Tribunales para entregarse a la justicia.

Pese a tener la calidad de testigo protegido en el proceso y haber contado con protección policial, el ex guardia de la DINA -que según su defensa tenía 19 años y era conscripto cuando ocurrieron los hechos- fue incluido en el encausamiento por el secuestro calificado de 41 personas. Una decisión que le sorprendió y que se resistía a acatar, destacando la colaboración que había prestado en el caso.

Según su abogado, Vladimir González, en un principio pretendían esperar el resultado de un amparo preventivo con el que buscaban revertir el procesamiento, pero luego que el tribunal de alzada rechazó el recurso y mientras esperaban el resultado de la apelación que hicieron ante la Corte Suprema, evaluaron que era mejor comparecer ante el ministro y solicitar la libertad provisional.

Ello, sobre todo considerando que ésta ya ha sido otorgada -previo pago de una fianza de $100 mil- a más de cincuenta de los procesados en el caso.

Tal como esperaba Fuenzalida, tras declarar ayer ante el ministro en visita, éste le otorgó la libertad provisional, decisión que deberá revisar mañana la Sexta Sala del tribunal de alzada.

Mientras eso se resuelve fue trasladado hasta la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), y de confirmarse su libertad, el próximo paso según el abogado González es presentar las declaraciones de ex detenidos en Villa Grimaldi, que darán fe de que la conducta de Fuenzalida fue "intachable", y pedir la revocación del auto de procesamiento.

En tanto, ayer fueron rechazados por decisión unánime de la Sala Penal de la Corte Suprema los recursos de amparo presentados en favor de otros tres procesados: los ex conscriptos Juan Carlos Escobar, Gustavo Apablaza y Juan Ignacio Suárez, cuyo abogado, Cristián Heerwagen, anunció que solicitará la libertad provisional.

Para los magistrados no procede la petición, pues las órdenes de aprehensión y encarcelamiento de los procesados, se ajustaron a la ley y que fueron dictadas por una autoridad competente.

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este miércoles los recursos de amparo presentados por las defensas de nueve de los 98 procesados en la investigación del denominado caso "Operación Colombo".

En fallo unánime, los ministros del tribunal de alzada desestimaron los habeas corpus presentados por las defensas de Samuel Enrique Fuenzalida Devia, Fernando Lauriani  Maturana, Francisco Ferrer Lima, Nelson Paz Bustamante, Jaime París Ramos, Raúl Soto Pérez, Gustavo Apablaza Meneses, Juan Carlos Escobar Valenzuela y Juan Suárez Delgado, quienes fueron encausados el 23 de mayo pasado por el ministro en visita Víctor Montiglio.

Los magistrados Jorge Dahm, Juan Eduardo Fuentes y el abogado integrante Nelson Pozo, estimaron que las órdenes de aprehensión y posterior encarcelamiento de los procesados, se ajustaron a la ley y que fueron dictadas por una autoridad competente, por lo que no procede el recurso de amparo.

"Que de lo anterior se infiere que la orden de aprehensión despachada en contra de los recurrentes de amparo, consecuencia de un auto de procesamiento dictado en contra de ellos, ha emanado de una autoridad competente con facultades para ello y dentro de un caso previsto por la ley y cumpliendo, además, con todas las formalidades legales, de manera que no procede adoptar por esta vía especial alguna medida en favor de los recurrentes", consigna el dictamen.

Samuel Fuenzalida, ex agente de la DINA. Ingresó como conscripto al Ejército en 1973 cuando tenía 18 años, al regimiento de Calama. Tras el golpe de Estado, participó de los operativos militares de allanamiento y detención de personas en Antofagasta. Señala que vio cuerpos de muertos en el regimiento y que conoció la actividad de la Caravana de la Muerte en la región. Hacia noviembre de ese año, fue trasladado a Tejas Verdes para ser incorporado a la DINA, ingresando a trabajar a la Brigada de Inteligencia Metropolitana en enero de 1974, siendo designado a Londres 38 y luego a Villa Grimaldi. Describe el funcionamiento de Londres 38 los primeros tres meses de 1974, antes que llegaran detenidos y luego dos casos de torturas y ensañamiento. Entrega antecedentes sobre el vínculo de Colonia Dignidad con Londres 38, siendo él parte del operativo de traslado de Álvaro Vallejos hacia la colonia alemana. Estuvo con Paul Schäfer. Fue testigo clave de torturas, detenciones y asesinatos de detenidos, y tras solicitar la baja del Ejército, decidió realizar las denuncias en Amnistía Internacional y en varios casos de violaciones a los derechos humanos en Chile desde 1992.

La Operación Colombo fue una gran operativo de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema revocó sentencia que había absuelto a más de 60 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y los condenó como responsables de la desaparición de 16 militantes de izquierda, mayoritariamente del MIR, en el proceso conocido como Operación Colombo, y que en este caso fue perpetrado entre el 17 de junio de 1974 y 6 de enero de 1975 durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El fallo fue emitido por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y Diego Simpertigue, y revocaron la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones y condenaron a los ex jefes y oficiales de la DINA César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo como autores de los delitos de secuestro calificado de las víctimas.

Del mismo modo, el tribunal condenó a 53 ex agentes a la pena efectiva de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, como autores del mismo delito, quienes habían sido absueltos anteriormente por el tribunal de alzada capitalino, a pesar de haber estado condenados en primera instancia como cómplices y autores. Además, esta vez todos deberán ingresar a la cárcel, encontrándose alguno de ellos ya en prisión por otros delitos de lesa humanidad.

Se trata de los ex agentes DINA Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy García, Manuel Andrés Carevic, Rosa Humilde Ramos Hernández, Nelson Alberto Paz Bustamante, Jose Abel Aravena Ruiz, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Rudeslindo Urrutia Jorquera, José Alfonso Ojeda Obando, Manuel Heriberto Avendaño Gonzalez, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Daniel Alberto Galaz Orellana, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Leoncio Enrique Velásquez Guala, José Enrique Fuentes Torres, Julio José Hoyos Zegarra, Pedro René Alfaro Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, José Manuel Sarmiento Sotelo, Luis René Torres Méndez, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo Del Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Diaz, Daniel Valentín Cancino Varas, Juan Evangelista Duarte Gallegos, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Pedro Ariel Aravena Aravena, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Juan Carlos Villanueva Alvear, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Rafael De Jesús Riveros Frost, Silvio Antonio Concha González, Luis Fernando Espinace Contreras, Hernán Patricio Valenzuela Salas, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Sylvia Teresa Oyarce Pinto, Osvaldo Pulgar Gallardo, José Avelino Yévenes Vergara, Olegario Enrique González Moreno, Werner Zanghellini, Hector Flores Vergara.

Jaime Alfonso Fernández Garrido, recibió una condena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de secuestro calificado de Ida Vera Almarza. Mientras que Samuel Fuenzalida Devia fue condenado a 541 y un día por el mismo delito, mas no cumplirá tiempo en la cárcel.

Se trata de un proceso extenso que tuvo su primera sentencia de primera instancia en 2017 a manos del ministro Hernán Crisosto Greisse. En el transcurso de la investigación han fallecido algunos agentes como Basclay Zapata, Ciro Torré, Manzo Duran, Ricardo Lawrence, entre otros.

Para Nelson Caucoto, abogado querellante, representante de 13 de las 16 víctimas, este es “un fallo trascendente en la historia judicial chilena, puesto que la Corte Suprema ha restituido el sentido de justicia para crímenes de esta naturaleza, los que habían quedado literalmente en una .situación de impunidad inaceptables. El máximo tribunal ha desechado una vez más la media prescripción y los recursos de la defensa de los condenados, y ha acogido los recursos de los querellantes”, señaló.

Caucoto agrega que “se trata de un fallo moderno basado en el derecho internacional y en la legislación interna. Es indudable que la justicia opera en este caso como una sanación para tantos familiares de víctimas que aún sobreviven y es una pena que otros no hayan alcanzo a ver este final”.

La Operación Colombo fue una gran operativo de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile por la DINA, las que habrían perecido luego de enfrentarse entre ellos.

Este proceso investigó la suerte de 16 de esas 119 víctimas. Se trata de Francisco Aedo Carrasco, Jorge Elías Andrónicos Antequera, Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Calderón Tapia, Cecilia Castro Salvadores, Rodolfo Espejo Gómez, Agustín Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Ida Vera Almarza, Juan Carlos Rodríguez Araya y Jilberto Urbina Pizarro.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a 25 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el secuestro calificado del fotógrafo Teobaldo Antonio Tello Garrido, detenido desaparecido desde el 22 de agosto de 1974 y una de las 119 víctimas que aparecieron en las nóminas de la maniobra de desinformación internacional conocida como "Operación Colombo".

Teobaldo Tello, de 25 años de edad, casado, era detective de la Policía de Investigaciones, fotógrafo, y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue detenido y secuestrado en horas de la tarde del día 22 de agosto en la vía pública cuando se disponía a sostener un contacto clandestino en la zona centro de Santiago. Su detención formó parte de una redada represiva sobre miembros del MIR vinculados a Investigaciones y al Gabinete de Identificación.

En la sentencia (rol 36.979-2020),  la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y los abogados (i) Eduardo Morales y Gonzalo Ruz- rechazó los recursos de casación interpuestos por los condenados y descartó error en la sentencia impugnada.

El fallo del máximo tribunal condenó a los ex oficiales de Ejército y jerarcas de la DINA César Raúl Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a la pena de 13 años de presidio por su responsabilidad como autores del delito.

En tanto, también como autores del delito fueron sentenciados a 10 años de presidio los ex oficiales Gerardo Ernesto Godoy García y Manuel Andrés Carevic Cubillos, y los ex agentes Nelson Alberto Paz Bustamante, Julio José Hoyos Zegarra, Silvio Antonio Concha González, José Alfonso Ojeda Obando, Teresa del Carmen Osorio Navarro, Claudio Enrique Pacheco Fernández,  José Abel Aravena Ruiz, Rosa Humilde Ramos Hernández, Pedro René Alfaro Fernández, Luis René Torres Méndez, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Palmira Isabel Almuna Guzmán Leonidas Emiliano Méndez Moreno, y Hermon Helec Alfaro Mundaca, Luis Rigoberto Videla Inzulza y Jorge Segundo Madariaga Acevedo, siendo estos tres últimos funcionarios de la Policía de Investigaciones comisionados en la DINA.

El agente el ex agente Samuel Enrique Fuenzalida Devia deberá purgar una pena de 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional, como autor del delito.

Finalmente el ex agente Víctor Manuel Álvarez Droguett fue sentenciado a una pena de 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, cómo cómplice del delito.

La sentencia desestimó infracción en los hechos establecidos por los tribunales de primera instancia al tratarse de crímenes de lesa humanidad.

"Que en cuanto a la causal contenida en el artículo 546 N°2 del Código de Procedimiento Penal, atendida la naturaleza de los sucesos demostrados, los que resultan inalterables para esta Corte desde que fue desestimada la causal que permite su modificación, no cabe duda que los mismos fueron cometidos en carácter de crimen de lesa humanidad, toda vez que el ilícito pesquisado ocurrió en un contexto de violaciones a los derechos humanos graves, masivas y sistemáticas, verificadas por agentes del Estado, constituyendo la víctima de este caso un instrumento dentro de una política a escala general de exclusión, hostigamiento, persecución o exterminio de un grupo de numerosas personas a quienes, en la época inmediata y posterior al once de septiembre de mil novecientos setenta y tres, se les sindicó de pertenecer ideológicamente al régimen político depuesto o que por cualquier circunstancia fuera considerado sospechoso de oponerse o entorpecer la realización de la construcción social y política ideada por los detentadores del poder, garantizándoles la impunidad a los ejecutores de dicho programa mediante la no interferencia en sus métodos, tanto con el ocultamiento de la realidad ante la solicitud de los tribunales ordinarios de justicia de informes atingentes, como por la utilización del poder estatal para persuadir a la opinión pública local y extranjera que las denuncias formuladas al efecto eran falsas y respondían a una campaña tendiente a desprestigiar al régimen militar autoritario.

Agrega: "Que se denominan crímenes de lesa humanidad aquellos injustos que no sólo contravienen los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, de suerte tal que para la configuración de este ilícito existe una íntima conexión entre los delitos de orden común y un valor agregado que se desprende de la inobservancia y menosprecio a la dignidad de la persona, porque la característica principal de esta figura es la forma cruel con que diversos hechos criminales son perpetrados, los que se contrarían de forma evidente y manifiesta con el más básico concepto de humanidad; destacándose también la presencia del ensañamiento con una especial clase de individuos, conjugando así un eminente elemento intencional, en tanto tendencia interior específica de la voluntad del agente.

En definitiva, constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmadas y desarrolladas en otros instrumentos internacionales pertinentes".

En la investigación judicial, y fallo de primera instancia, el ministro en visita Hernán Crisosto Greisse estableció que el secuestrado Teobaldo Tello fue llevado por sus captores al recinto de reclusión clandestino denominado "Ollagüe", ubicado en calle José Domingo Cañas N° 1367, de la comuna de 'uñoa, y posteriormente lo trasladaron a los recintos clandestinos de detención de "Villa Grimaldi", ubicado en Lo Arrieta N° 8200, de la comuna de La Reina y a "Cuatro Álamos", ubicado en calle Canadá N° 3000, de Santiago, recintos que eran controlados por la DINA.

Durante su estadía en los cuarteles de José Domingo Cañas, Villa Grimaldi y Cuatro Álamos permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización.

En estos recintos Tello Garrido fue visto por otros detenidos sobrevivientes con sus brazos y piernas quebradas producto de las torturas. La última vez que se le vio con vida ocurrió un día no determinado del mes de septiembre de 1974.

El nombre de Teobaldo Antonio Tello Garrido apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista "LEA" de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se decía que había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas entre esos miembros. Las referidas publicaciones fueron producto de maniobras de desinformación efectuadas por la DINA, en lo que se ha conocido como "Operación Colombo".

por Darío Núñez

La Corte Suprema condenó a agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado del estudiante del Instituto Superior de Comercio de Talca Francisco Eduardo Ugás Morales, de 22 años de edad, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quien fue secuestrado a partir del 7 de febrero de 1975, en la comuna de Estación Central, en Santiago.

El nombre de Rodrigo Ugás apareció, posteriormente, en el listado de 119 personas detenidas desaparecidas incluidas en la maniobra de desinformación implementada por la DINA y la dictadura conocida como "Operación Colombo".

En fallo unánime (causa rol 63-094-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, la ministra María Teresa Letelier y la abogada (i) Pía Tavolari- acogió los recursos de casación en el fondo deducidos por los querellantes y estableció error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en abril de 2020, anulándola y reemplazándola.

En la sentencia de reemplazo, la Corte Suprema confirmó la sentencia de primer grado dictada por el ministro Hernán Crisosto Greisse en junio de 2015 y que condenó a los ex oficiales de Ejército y ex jerarcas DINA Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a penas de 13 años de presidio, en calidad de autores del delito.

En tanto, los ex oficiales Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy García y Manuel Andrés Carevic Cubillos, y los ex agentes Pedro René Alfaro Fernández, Claudio Enrique Pacheco Fernández, José Alfonso Ojeda Obando, Luis René Torres Méndez, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Díaz, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Carlos Eusebio López Inostroza, Luis Rigoberto Videla Insunza, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Rafael de Jesús Riveros Frost, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Pedro Mora Villanueva, Osvaldo Octavio Castillo Arellano, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Rosa Humilde Ramos Hernández, José Abel Aravena Ruiz, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Silvio Antonio Concha González y Roberto Hernán Rodríguez Manquel deberán cumplir 10 años y un día de presidio, como coautores del secuestro calificado.

En el caso, del agente Samuel Enrique Fuenzalida Devia, se confirmó la resolución del ministro en visita Hernán Crisosto, que lo condenó a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena. Al menos otros 11 agentes condenados en el fallo de primera instancia fallecieron en el curso del proceso.

En la resolución, la Segunda Sala establece que: "….aparece claro que los jueces del grado al momento de resolver la controversia sometida a su conocimiento y absolver a los acusados Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy García, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Pedro René Alfaro Fernández, Claudio Enrique Pacheco Fernández, José Alfonso Ojeda Obando, Luis René Torres Méndez, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Díaz, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Carlos López Inostroza, Luis Rigoberto Videla Insunza, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Rafael de Jesús Riveros Frost, Leonidas Emiliano Méndez Moreno, Pedro Mora Villanueva, Víctor Manuel Molina Astete y Fernando Enrique Guerra Guajardo, han incurrido en los errores de derecho denunciados por el querellante, al estimar, en síntesis, según se evidencia del razonamiento que antecede, …. reduciendo artificialmente la responsabilidad atribuida a cada uno de ellos a su condición de agentes de la DINA, mediante una reproducción incompleta de los fundamentos esgrimidos por el tribunal de primera instancia…..", sostiene el fallo.

"Que por otro lado -prosigue-, como ya se ha esbozado, adicionalmente a dicha calificación jurídica, los sentenciadores estimaron…., que los hechos fueron cometidos en un contexto de ataque sistemático o generalizado en contra de la población civil, lo que determinó que el ilícito establecido fuera, además, considerado como crímenes de lesa humanidad, por atentar contra normas ius cogens del Derecho Internacional Humanitario, y por lo mismo, sometido a dicho estatuto jurídico internacional".

Villa Grimaldi

En la sentencia de primera instancia, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Hernán Crisosto Greisse estableció que en horas de la tarde del día 7 de febrero de 1975, miembros de la DINA, detuvieron en la vía pública en el sector de Estación Central, en Santiago, a Rodrigo Eduardo Ugás Morales, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino de la DINA, denominado 'Cuartel Terranova' o 'Villa Grimaldi', ubicado en Lo Arrieta N° 8200, de la comuna de La Reina, que era custodiado por guardias armados y al cual solo tenían acceso los agentes de la DINA.

El detenido Ugás Morales durante su estada en el cuartel de Villa Grimaldi, según testimonios de sobrevivientes, permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA que operaban en dicho cuartel.

La última vez que Rodrigo Ugás Morales fue visto por otros detenidos, ocurrió un día no determinado a fines de febrero de 1975, encontrándose desaparecido desde esa fecha.