Díaz Díaz Osvaldo Enrique

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Grado : Suboficial

Rama : Ejército


Procesan a 5 ex carabineros por matanza de 18 campesinos en Mulchén

Fuente :El Mostrador, 26 de junio de 2008

Categoría : Prensa

Fue uno de los casos más impactantes conocidos en la región del Bío Bío. La detención y asesinato de 18 campesinos en la zona rural de Mulchén, por parte de una patrulla integrada por militares, carabineros y civiles, en octubre de 1973.

Treinta y cinco años después, cinco ex carabineros fueron sometidos a proceso por los delitos de secuestro y homicidio.

Fue una masacre. Así con todas sus palabras. No de otra forma se puede calificar la matanza que ocurrió en la zona pre cordillerana de Mulchén, los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973, cuando una patrulla una patrulla integrada por militares, carabineros y civiles detuvo a 18 campesinos de tres fundos de esa comuna de la región del Bío Bío y posteriormente les dio muerte.

Antes de que eso ocurriera, fueron torturados y humillados. Incluso se les hizo bailar entre ellos y contar chistes, para luego ser asesinados. Transcurrieron casi 35 años y este miércoles 25 nuevamente el caso salió a la luz pública cuando el ministro en especial para casos de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana sometió a proceso y dispuso la detención de cinco ex carabineros que participaron directamente en los hechos. Los procesó por los delitos de secuestro calificado y homicidio y les negó la libertad bajo fianza. A uno de ellos, el ex teniente Jorge Maturana Concha, por considerarlo un peligro para la sociedad y a los otros cuatro por haber diligencias pendientes. Pero este caso es de larga data. Fue investigado en 1980 por el ministro en visita Carlos Cerda de la Corte de Apelaciones de Concepción, terminó con la aplicación de la Ley de Amnistía a favor de los presuntos responsables.

Pasaron varios años hasta que gracias a antecedentes  remitidos por la Corte Suprema y que fueron obtenidos en la Mesa de Diálogo, el año 2001, la titular del Tercer Juzgado de Letras de Mulchén, Rosa Giacaman debió iniciar la investigación para aclarar la detención y muerte de los hermanos José Lorenzo, José Liborio y Manuel Florencio Rubilar Gutiérrez, detenidos por un grupo integrado por unos treinta uniformados, la tarde del 6 de octubre de 1973, en el fundo “Carmen Maitenes”, distante unos 100 kilómetros de Mulchén.

Durante 2002, la jueza sometió a proceso los mismos cinco ex funcionarios de carabineros como autores del delito de secuestro con resultado de muerte en contra de tres de los ejecutados. Se trata de Jorge Maturana Concha, teniente de carabineros y jefe de la tenencia de Mulchén en aquella época, y de Osvaldo Enrique Díaz Díaz, conocido también como “El Alicate”; y que en ese tiempo no tenía más de 23 años; Héctor Armando Guzmán Saldaña, Jacob del Carmen Ortiz Palma y Juan de Dios Higuera Alvarez, todos ex carabineros. Pero, en agosto de 2002 y por unanimidad, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción revocó los autos de procesamiento. Fundamentó su fallo en la resolución del 25 de julio de 1996 de la Corte Marcial que sobreseyó definitivamente la causa tras aplicarse la Ley de Amnistía. Es decir, invocó el concepto de cosa juzgada, lo cual según algunos juristas consultados, no correspondería porque no todos los responsables de los hechos que se indagan están identificados. Con todo, el tribunal de alzada, ordenó la realización de una serie de diligencias “atendido que la ubicación de los desaparecidos constituye un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena”.

Caso se reactiva

Con el tiempo, la investigación se estancó y la causa fue sobreseída temporalmente. Pasó el tiempo nuevamente y a raíz de denuncias referidas a la inhumación ilegal de restos correspondientes a detenidos desaparecidos, se abrieron una serie de procesos que empezó a instruir el ministro Carlos Gajardo, de Santiago, investigación conocida como “Retiro de Televisores”.

En ese marco, Gajardo conoció también el caso Mulchén. Pero la presentación de una querella por secuestro y homicidio calificado ante el ministro especial para casos de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana por parte de Pedro Roa Riquelme, hijo de Juan Roa Riquelme, también víctima de esta patrulla en Mulchén, cuyos restos fueron encontrados durante las indagaciones  realizadas por el ministro Carlos Cerda, llevó al ministro Aldana a hacerse cargo de este proceso, que le fue remitido por su colega el 27 de marzo de este año.

Tras interiorizarse de la investigación, Aldana dispuso una inspección material a los fundos donde se produjeron los hechos, la que se materializó los días 2 y 3 de abril de este año, con participación de familiares, testigos y los principales inculpados. Según lo que recuerda la abogada Raquel Mejías, ex secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y principal impulsora de la reactivación de este caso, “la diligencia fue muy buena y también muy dramática e impactante”. Y si bien durante sus declaraciones, los ex carabineros Guzmán, Díaz, Higuera y Ortiz habían negado su participación en los hechos, durante la reconstitución terminaron reconociendo lo ocurrido, señalando los lugares y lo que hicieron.

Todo eso fue seguido en un conmovedor silencio por los familiares presentes. Para la abogada Raquel Mejías esta diligencia fue clave para que el ministro Aldana adoptara su resolución y dijo que tiene respaldo suficiente para sostenerse, pues los hechos están debidamente acreditados. En ese sentido reconoció la labor del magistrado que se atrevió a seguir indagando y a dictar procesamientos. Algunos detalles El ministro Aldana tenía pensado realizar la reconstitución de escena sólo en el fundo Pemehue, donde fue detenido Juan Roa Riquelme, junto a los hermanos Felidor y Alberto Albornoz González y a Fernando Gutiérrez Asencio y Jerónimo Sandoval Medina, y practicar sólo inspección a los fundos El Morro y Carmen Maitenes.

Para ello había fijado como fecha el 31 de enero. Pero optó por postergar la diligencia, que finalmente se concretó los primeros días de abril, con gran acuciosidad y rigurosidad, según reconoce la abogada Patricia Parra, querellante en el proceso. Eso le permitió al tribunal interiorizarse de lo ocurrido, aclarar dudas y con el cuadro claro, dictar, casi tres mese después los procesamientos de los principales responsables de la detención y muerte de 18 campesinos.  

Mucho de venganza se dice que hubo en esta acción, aunque también se ha esgrimido como causa la búsqueda de Carlos Altamirano en la zona, pues su familia tuvo una propiedad en Mulchén. También se habla de venganza por la reforma agraria, lo cual explicaría la participación de civiles en los hechos. Como sea, lo importante es que el proceso avanza, pero ahora hay que esperar lo que decida la Corte de Apelaciones
 


Procesan a cinco carabineros por muerte de 18 campesinos en 1973

Fuente :El Mercurio, 31 de Julio de 2002

Categoría : Prensa

Los involucrados fueron procesados por el delito de secuestro con resultado de muerte

SANTIAGO.- El juzgado de letras de Mulchén procesó ayer a cinco funcionarios de Carabineros, por el delito de secuestro con resultado de muerte perpetrado a 18 campesinos a fines de 1973.

En esa fecha, Jorge Maturana Concha, Osvaldo Enrique Díaz Díaz, Jacob del Carmen Ortiz Palma, Juan de Dios Higuera Álvarez y Héctor Armando Guzmán Saldaña, detuvieron a los 18 campesinos, entre los que se encontraban los hermanos José y Manuel Rubilar Gutiérrez en los sectores precordilleranos de Carmen y Maitenes.

Posteriormente, fueron trasladados a las casas de administración de los fundos, donde fueron interrogados, golpeados y se les obligó a pelear entre ellos. Después fueron trasladados a 50 metros de esas casas donde se les obligó a cavar fosas. Finalmente les amarraron las manos con alambres y les dispararon descargas de fusiles SIG.


Dictan acusación contra militares y carabineros por crímenes de 18 campesinos de Mulchén

Fuente :resumen.cl, 15 de Julio 2016

Categoría : Prensa

El ministro en visita para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, dictó acusación en contra de ex miembros de carabineros y el ejército por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, inhumación ilegal y exhumación ilegal de 18 trabajadores de los fundos El Morro, El Carmen-Maitenes y Pemehue, ubicados en el sector precordillerano de la localidad de Mulchén.

En la resolución (causa rol 30.2007), el ministro Aldana acusó a los ex miembros de carabineros: Jacob del Carmen Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña, en calidad de autores de los homicidios calificados de José Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz González, Jerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Fernando Gutiérrez Ascencio, ilícitos perpetrados el 6 y 7 de octubre de 1973.

Ex carabineros que, además, fueron acusados como autores de los delitos de secuestro calificado de: Juan de Dios Laura Brevis, José Florencio Yáñez Durán, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo José Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo José Albornoz González, perpetrados a partir del 5 de octubre de 1973. Agentes del Estado que también fueron acusados como autores del delito de inhumación ilegal de las 12 víctimas del delito de homicidio.

En tanto, los ex oficiales de ejército Jaime García Zamorano y Julio Reyes Garrido, y los ex suboficiales José Puga Pascua, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Muller Avilés, Julio Fuentes Chavarriga, Luis Palacios Torres, Juan Cares Molina, y Juan Carlos Balboa Ortega, fueron acusados como encubridores de 11 delitos de homicidios -excepto el de Juan de Dios Roa Riquelme- y del delito de exhumación ilegal de dichas víctimas.

En la etapa de investigación, el ministro en visita logró determinar que las 18 víctimas fueron detenidas por personal del ejército del Regimiento N° 13 de Los Ángeles y de la Comisaría de Carabineros de Mulchén entre el 5 y 7 de octubre de 1973, en los fundos El Morro, El Carmen-Maitenes y Pemehue de la zona, fusilados e inhumados en dichos lugares, otros en el Cementerio de Mulchén o a las orillas del río Renaico, lugares donde los restos permanecieron por más de 5 años.

Entre fines de 1978 y comienzos de 1979, personal del Regimiento «Húsares» de Angol, en cumplimiento de un criptograma proveniente de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, retiró los restos de quienes fueron ejecutadas en octubre de 1973, y llevados con destino desconocido, llevando a cabo la "Operación retiro de televisores" que fue ordenada por el dictador para hacer desaparecer los restos de los desaparecidos asesinados.

La "Operación Retiro de Televisores" es una de las acciones más bestiales cometidas por la dictadura militar, por orden expresa del tirano, organizada con prontitud por el "impecable" jefe de CNI, Odlanier Mena, y ejecutada con solicitud criminal por las hordas de agentes que se solazaron con el terror que provocaban y causaban entre sus víctimas, sobre los familiares de las víctimas y sobre la población en general. Hechos como estos, no pueden seguir quedando impunes. Solo resta esperar que Aldana y los tribunales se ocupen de aplicar justicia.


Condenas irrisorias contra ex carabineros y militares por crímenes e inhumaciones ilegales en Mulchén

Fuente :resumen.cl, 31 de Octubre 2017

Categoría : Prensa

Indignación ha provocado en los familiares de las víctimas del caso Mulchén el fallo dictado este lunes 30 por el ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, quién condenó a 11 ex integrantes del ejército y de carabineros por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, inhumación ilegal y exhumación ilegal de 18 víctimas ejecutadas en Mulchén, en octubre de 1973, y cuyos restos fueron posteriormente, exhumados ilegalmente para hacerlos desaparecer.

A todos los procesados, Aldana les condena a penas irrisorias dada la gravedad y cuantía de los delitos criminales indagados y dado el hecho de que se trata de delitos de lesa humanidad; además, el fallo les otorga a siete de los condenados el beneficio de la libertad vigilada, lo que se traduce en impunidad disfrazada. Familiares de las víctimas y abogados querellantes ya manifestaron su voluntad de apelar al fallo buscando penas acorde con los crímenes cometidos y con el sentido de la justicia.

En el fallo (causa rol 30-2007 y acumuladas), el ministro Aldana condenó a los ex carabineros: Jacob del Carmen Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña a penas de 10 años y un día de presidio, en calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Godoy Sandoval, Miguel Albornoz Acuña, Daniel Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Albornoz González, Jerónimo Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Gutiérrez Ascencio, 12 crímenes cometidos en octubre de 1973, en los fundos Carmen, Maitenes y Pemehue, en la comuna de Mulchén. Estos cuatro condenados son los únicos que, en juicio de Aldana, deben cumplir pena efectiva de presidio.

Asimismo, Ortiz Palma, Higueras Álvarez, Díaz Díaz y Guzmán Saldaña deberán purgar 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los secuestros calificados de otras 6 víctimas, Juan de Dios Laubra Brevis, José Yañez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo Albornoz González. Estos crímenes fueron cometidos en octubre de 1973, en el fundo El Morro. Además de 541 días de presidio por la inhumación ilegal de las 12 víctimas de homicidio.

En tanto, los ejecutantes de la "Operación Retiro de Televisores", el ex oficial de ejército Jaime Oscar García Zamorano, y los ex suboficiales José María Iturriaga Valenzuela, Jaime Jorge Muller Avilés, Julio Hernán Fuentes Chavarriga, Luis Alberto Palacios Torres y Juan Carlos Balboa Ortega fueron condenados a solo 3 años y un día de presidio, solo en calidad de encubridores del delito de homicidio simple de 11 víctimas de los fundos Carmen, Maitenes y Pemehue, más 541 días de presidios por su responsabilidad en la exhumación ilegal de dichas víctimas.

En el caso del ex oficial de ejército Julio Guillermo Humberto Reyes Garrido, también implicado en la operación de desaparecimiento de las víctimas, el fallo lo condenó a purgar una pena de 3 años de presidio como encubridor de 11 homicidios simples, y a la pena de 300 días de presidio por su responsabilidad en la exhumación ilegal de esas víctimas.

Además, el ministro Aldana, absolvió al ex suboficial José Francisco Puga Pascua y Juan Luis Cares Molina resultó absuelto por fallecimiento.

La "Operación Retiro de Televisores" es una de las acciones más bestiales cometidas por la dictadura militar, por orden expresa del tirano, organizada con prontitud por la CNI y ejecutada con solicitud criminal por las hordas de agentes que se solazaron con el terror que provocaban y causaban entre sus víctimas, sobre los familiares de las víctimas y sobre la población en general.

Entre fines de 1978 y comienzos de 1979, personal del Regimiento «Húsares» de Angol, en cumplimiento de un criptograma proveniente de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, retiró los restos de quienes fueron ejecutadas en octubre de 1973, y llevados con destino desconocido, llevando a cabo la "Operación retiro de televisores" que fue ordenada para hacer desaparecer los restos de los detenidos desaparecidos que habían sido asesinados. Hechos como estos, no pueden seguir quedando impunes.

El condenado Jaime García Zamorano permanece en prisión en el Penal Punta Peuco, desde hace un par de años, donde cumple condena efectiva de siete años de prisión por dos delitos de homicidio en otras causas de derechos humanos.

Los hechos

En la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer que el 4 de octubre de 1973 un cabo del regimiento N° 13 del Ejército de Chile con asiento en la ciudad de Los Ángeles junto a 3 conscriptos de la misma unidad fue comisionado para ponerse a disposición del Comisaría de Carabineros de la ciudad. Esa comisión acompaña de un teniente de Carabineros y 4 funcionarios de esa unidad partió al sector cordillerano de la localidad para buscar una lista de personas opositoras al gobierno de la época.

El 5 de octubre el grupo llegó hasta el fundo «El Morro» en el sector precordillerano de Mulchén y detuvo, sin orden administrativa o judicial legítima, a 5 personas que fueron interrogadas en un retén provisorio, y trasladadas hasta el sector «La Playita» del río Renaico donde fueron ejecutadas y sus cuerpos hechos desaparecer.

El 6 de octubre, la comitiva llegó hasta los fundos Carmen y Maitenes, donde se detuvo a 7 personas a las que se les obligó a cavar una fosa de 6 por 4 metros para luego ser fusilados en el lugar e inhumados ilegalmente. Horas más tarde se detuvo en el lugar a otro prisionero el que fue llevado por el grupo hasta la casa patronal del fundo Pemehue hasta donde se llegó al día siguiente.

El 7 de octubre, se detuvo a 5 personas en el fundo Pemehue, las que fueron ejecutadas en el lugar y sus cuerpos dejados en fosas clandestinas, donde fueron encontrados por sus familiares.

En tanto, entre fines de 1978 y principios de 1979 un sección del regimiento «Húsares» de Angol, luego de recibir un criptograma de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época concurrió a las sitios de las inhumaciones ilegales y exhumó los restos y los hizo desparecer, pese a que un ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción investigaba los hechos.