Cartagena Maldonado Eduardo Enrique

En un fallo que tendrá importantes repercusiones en las causas de derechos humanos, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la libertad de trece uniformados y revocó sus procesamientos al estimar que regía el principio de la cosa juzgada y la Ley de Amnistía. El dictamen estima que no hay mérito para mantener los autos de procesamientos contra trece efectivos que pertenecieron al Comando Conjunto y que fueron sometidos a proceso por el titular del 25 Juzgado del Crimen, Carlos Hazbún, quien oficia como juez con dedicación preferente. Esto, luego que el 2 de mayo, la titular del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, Cecilia Flores, se declarara incompetente para conocer la causa por el secuestro de David Urrutia Galaz, capturado por agentes del Comando Conjunto en 1975, y derivó los antecedentes al juez del 25º Juzgado del Crimen de Santiago, Carlos Hazbún. La defensa de los ex uniformados a cargo del abogado Carlos Portales estimó que la resolución abre las puertas para seguir por el mismo camino con el resto del medio centenar de militares que en estos momentos son procesados por los jueces de dedicación exclusiva para estas causas. Según El Mercurio, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ordenó una reunión especial para mañana con todos sus abogados para analizar el nuevo escenario. El director del organismo, Luciano Fouillioux, indicó que la última palabra respecto de la aplicación del principio de cosa juzgada y de la Ley de Amnistía se encuentra en manos de la Corte Suprema. Esto, porque es la primera vez que un tribunal de alzada aplica un fallo de esta naturaleza en los casos por violaciones a los derechos humanos que son investigados por jueces especiales que fueron designados como resultado de la "Mesa de Diálogo". El titular del 25º Juzgado del Crimen de Santiago, Carlos Hazbún, había procesado el 7 de enero de 2002 como autores de "asociación ilícita criminal" a los uniformados César Palma Ramírez, Otto Trujillo Miranda, Raúl González Fernández y Manuel Muñoz Gamboa. Igualmente, al suboficial (r) FACh Pedro Caamaño Medina; al comandante (r) del regimiento Colina de la FACh Carlos Madrid Hayden; al suboficial activo FACh Robinson Suazo Jaque; al suboficial (r) FACh Fernando Zúñiga Canales; al suboficial (R) FACh Eduardo Cartagena Maldonado; al teniente (r) de Marina Daniel Guimper Corvalán; al suboficial (r) FACh Guillermo Urra Carrasco; al suboficial (r) FACh Pedro Zambrano Uribe y al suboficial (r) FACh Juan Chávez Sandoval, quienes ahora se vieron beneficiados con esta disposición

El sábado 13 de septiembre, puntualmente a las 11:30 de la mañana, en Las Rejas con Alameda se juntaron cerca de un centenar de funeros para participar en una nueva acción de denuncia. Uno a uno llegaron a esa esquina, vigilada fuertemente por Carabineros. Como si fuera un paseo, los asistentes esperaron que llegara una micro que los transportaría a la intersección de Olimpo y Avenida Sur, en la populosa comuna de Maipú, donde se denunciaría a un nuevo asesino que impunemente sigue en libertad y cuyo nombre y dirección exacta fueron como siempre mantenidos en estricto secreto por la Comisión Funa para asegurar la sorpresa y éxito de la actividad. Entre los asistentes se encontraban una delegación de H.I.J.O.S. de Argentina, que desde hace algunos años también realizan denuncian públicas contra los genocidas, que denominan "escrache". Por estos días, en Chile, puede verse el documental "Che, vo, Cachai", que se exhibió en el Cine Arte Normandie y pronto ingresará al circuito comercial, donde se muestra la experiencia de estas organizaciones en Argentina, Uruguay y Chile. La funa esta vez volvió a la comuna de Maipú, donde anteriormente se había denunciado al asesino Haroldo Latorre Sánchez, dueño del Colegio Instituto O ‘Higgins. Ahora fue el turno de Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, Alias "Lalo", suboficial de la Fach y miembro del siniestro Comando Conjunto desde 1975, responsable de "secuestros, torturas y desapariciones de numerosos dirigentes comunistas entre ese año y 1976". Actualmente Eduardo Cartagena "está siendo procesado en el 4º juzgado del crimen de San Miguel por el secuestro y torturas que causaron la muerte de Alonso Gahona Chávez, desaparecido desde l 8 de septiembre de 1975" y está siendo encausado por el crimen, secuestro y desaparición de Víctor Vega Riquelme, ocurrido en 1976. En la acción participaron también Alberto Rodríguez y Pablo Villagra, quienes desde el 18 de agosto y por 20 días realizaron, junto a Farah Neghme, la Huelga de Hambre Luciano Carrasco. Frente a la casa del criminal hablaron Pablo Villagra, Claudio Ibarra de la AFEP y Emiliano Hueravilo de Hijos La Plata. Al termino de la actividad, Julio Oliva, miembro de la Comisión Funa, expreso la importancia de mantener la esperanza y “la alegría que nos da el continuar la lucha de los que no están con nosotros”, anunciando que “seguiremos rompiendo la impunidad, como una forma de alcanzar la verdadera justicia: la de cambiar nuestra sociedad”. La actividad se desarrolló en plena normalidad, con gran entusiasmo y alegría por parte de los manifestantes, una respuesta espontánea y cómplice de los vecinos, y culminó sin problemas pese a la llegada de una patrulla de Carabineros que, al parecer llamada desde el interior de la casa del torturador, se limitó a tomar datos y recibir de parte de una mujer, que salió de dicho lugar, los volantes que habían caído en su jardín y los rostros de los desaparecidos y ejecutados que habían sido instalados en su reja. Así, una vez más, se cumplió el compromiso de “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”, quedando absolutamente al descubierto en su vecindario este criminal perteneciente al Comando Conjunto.

La jueza Cecilia Flores Sanhueza, quien investiga casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos al interior del Cerro Chena, San Bernardo, dictó ayer en la tarde los primeros autos de procesamiento producto de su labor como jueza de dedicación exclusiva en casos de detenidos desaparecidos.
Flores, titular del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, encausó, por los delitos de asociación ilícita y secuestro, a un total de 10 personas. Cuatro son oficiales en retiro de la Escuela de Infantería del cerro Chena: Magaña Bau, Alfonso Faúndez, Víctor Pinto y Sergio Rodríguez. Un quinto, Sergio Ávila Quiroga, fue funcionario de la Sexta Comisaría de Carabineros de San Bernardo. Los otros cinco corresponden a ex miembros del Comando Conjunto, la mayoría de los cuales ya se encuentran procesados por el juez del 25 ° Juzgado del Crimen de Santiago, Carlos Hasbún. Se trata de Otto Trujillo, Manuel Muñoz Gamboa, Eduardo Cartagena Maldonado, César Palma Riquelme y Fernando Zúñiga Canales.
Los procesamientos dictados por la jueza Flores –informados por el diario La Hora- corresponden a la investigación que lleva por la desaparición del joven militante comunista David Edison Urrutia Galaz. También, por el secuestro del dirigente sindical Manuel Ahumada Lillo y el hijo del gobernador de San Bernardo en la época, Fernando Ávila Alarcón

 La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó ayer la condena por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, ocurrida en 1975. En fallo unánime los ministros de la Sexta Sala Jorge Dahm, Joaquín Billard y el abogado integrante Nelson Pozo, ratificaron el fallo emitido por el ministro Juan Fuentes Belmar el 29 de septiembre de 2006, pero modificaron las penas contra los agentes del denominado Comando Conjunto. Es así como Freddy Ruiz y Juan Francisco Saavedra fueron condenados a 10 años y un día de presidio; Manuel Muñoz, Eduardo Cartagena y César Palma sentenciados a 5 años y un día de presidio y Otto Trujillo a 3 años y un día de presidio. En tanto Daniel Guimpert fue absuelto por falta de participación.

27 de Abril 2010

Ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal condenaron definitivamente a ex integrantes del Servicio de Inteligencia de la FACh, por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez. La Corte Suprema dictó sentencia final en la investigación por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, detenido desaparecido desde noviembre de 1975 en la ciudad de Santiago. En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Alberto Chaigneau determinaron las sanciones que se indican contra los responsables de estos crímenes atribuidos a personal de la SIFA (Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea). El tribunal condena a César Palma Ramírez a 5 años de presidio por su responsabilidad en calidad de autor sin beneficios; a Freddy Ruiz Bunguer a 5 años de presidio por su responsabilidad como autor concediéndose la libertada vigilada. Misma condena recayó para Juan Saavedra Loyola, Eduardo Cartagena Maldonado y para Manuel Muñoz Gamboa.
En tanto a Otto Trujillo Miranda se le condeno a 541 días de presidio por su responsabilidad en calidad de cómplice, otorgándosele el beneficio de la remisión condicional.
Absuelto por falta de participación quedo Daniel Guimpert Corvalán. En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar una indemnización por daño moral de $ 80 millones a Humberto Fuentes Godoy, hijo de la víctima. En este aspecto la sentencia se determinó con el voto en contra de los ministros Ballesteros y Rodríguez, quienes fueron partidarios de acoger la causal de incompetencia absoluta del tribunal.