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Pedro Calderón

Civil

Durante la dictadura, varios ciudadanos ítalo-chilenos fueron victimas del desaparecimiento forzado, ellos son: Juan Bosco Maino Canales, Omar Roberto Venturelli Leonelli, Juan Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño. Los dos últimos figuran en el informe de las Fuerzas Armadas como lanzados al mar, frente a las costas de San Antonio.

En Italia se inicio un juicio que ha determinado que al menos en el caso Venturelli, estarían involucrados el procesado general Augusto Pinochet, el coronel (r) Marcelo Moren Brito, el abogado Alfonso Pollec Michaaud, además de los civiles Máximo Vivanco, Pablo Márquez, Pedro Calderón y Nelson Ubilla.
 

La investigación del caso se desencadenó en 1998, luego que el senador del Partido Verde Stefano Boco solicitara el esclarecimiento de la desaparición de Venturelli.

Una de las particularidades del sistema judicial italiano es que el juicio puede realizarse "por derecho de sangre", lo que implica el inicio de procesos en ausencia, por delitos cometidos en cualquier parte del mundo contra ciudadanos de la península. De hecho, el ex directo de la DINA, Manuel Contreras y el ex agente Raúl Iturriaga Neumann fueron procesados y sentenciados a 20 y 18 años de presidio, respectivamente, por el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno, perpetrado en Roma en octubre de 1975.

 

Fuentes de Informacion: PrimeraLinea.cl; Revista PuntoFinal;

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PuntoFinal.cl

Edición Nº 669, 22 de agosto, 2008

Un criminal en el banquillo

“No soy responsable de la desaparición de Omar Venturelli: en aquel período no desempeñaba el rol de juez militar”. Esta fue la escueta declaración del ex fiscal militar Alfonso Podlech Michaud (73 años) durante su interrogatorio en el Palacio de Justicia de Roma, el pasado 14 de agosto. Podlech había sido trasladado el día anterior desde Madrid a Italia, luego de haber sido arrestado el 26 de julio en Barajas, el aeropuerto de Madrid, por el que transitaba para tomar un vuelo hacia Praga. Sobre él pendía un mandato de captura europeo dictado por el fiscal adjunto Giancarlo Capaldo, encargado de la investigación sobre el Plan Cóndor que busca esclarecer la desaparición de decenas de ciudadanos italianos residentes en América Latina en la época de las dictaduras militares de los 70 y 80.
Podlech se presentó en el tribunal italiano escoltado por cinco agentes de la policía penitenciaria. El interrogatorio de garantía se celebró ante el juez de investigaciones preliminares Sante Spinaci y el propio fiscal adjunto Capaldo, quien desestimó su alegato de inocencia. Tras el interrogatorio, Podlech fue llevado a la cárcel romana de Rebibbia. Allí permanecerá mientras el proceso judicial sigue su curso. Por las cámaras de televisión que registraron su ingreso al penal se lo veía demacrado. Razones tiene de sobra. Tras gozar por más de 30 años de impunidad en Chile, Podlech arriesga pasar el resto de su vida en una cárcel italiana. Es lo que espera el fiscal Capaldo, quien tras el interrogatorio señaló no creer en absoluto la declaración de inocencia del ex fiscal militar. “El señor Podlech se ha declarado inocente aduciendo que no era fiscal militar en el momento del arresto, tortura y muerte de Omar Venturelli. Como Fiscalía, tenemos pruebas que demuestran lo contrario”, subrayó el fiscal a la prensa. No es el único que tiene esa certeza.

Manos con sangre

Durante la dictadura pinochetista, cuatro ciudadanos ítalo-chilenos fueron víctimas del desaparecimiento forzado. Ellos son Juan Bosco Maino Canales, Omar Roberto Venturelli Leonelli, Juan Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño. Los dos últimos figuran en el informe de las fuerzas armadas como lanzados al mar, frente a las costas de San Antonio. El proceso que tiene tras las rejas al ex fiscal Podlech data de 1998, año en que el senador del Partido Verde, Stefano Boco, solicitó a la Fiscalía italiana abrir una investigación para esclarecer la desaparición de sus conciudadanos en Chile, en el marco de la Operación Condor.
 

Omar Venturelli Leonelli (31 años, padre de una hija), era miembro del Movimiento Cristianos por el Socialismo y hasta septiembre de 1973 trabajaba como profesor en la Universidad Católica de Temuco. Con fecha 25 de septiembre se presentó de manera voluntaria en el Regimiento Tucapel, tras enterarse que era buscado por los militares. Al día siguiente fue trasladado a la cárcel de la capital regional. El 4 de octubre de 1973, el padre de Venturelli fue informado que su hijo había sido puesto en libertad el día anterior. Igual información se le dio en la Fiscalía Militar, donde incluso le exhibieron una supuesta orden al respecto. Nunca más se volvió a saber de su paradero.
En julio de 2006, Fresia Cea Villalobos, esposa de Venturelli, presentó en Chile una querella contra el dictador Pinochet y el ex fiscal militar, Alfonso Podlech. En ambos casos por su responsabilidad criminal en la desaparición. Si bien el ex fiscal jamás fue procesado por la justicia chilena, Cea no tiene dudas de que sus manos están manchadas de sangre. “Tenemos muchas pruebas que demuestran que efectivamente Podlech participó activamente, desde el mismo 11 de septiembre de 1973, en todas las acciones de represión en Temuco. Tenemos documentos en que Podlech informa, en los primeros días tras el golpe de Estado en una reunión del Colegio de Abogados, que él ha sido nombrado fiscal y eso está firmado por el presidente del Colegio de Temuco”, señaló desde Italia en declaraciones a Radio Cooperativa. Cea aseguró que el cáncer que la afecta actualmente se ve en parte mitigado tras la detención del ex fiscal. “Porque está la esperanza de que Italia, que ha sido siempre mi segunda patria, pueda darnos un poco de tranquilidad haciendo justicia por el caso de Omar y los otros desaparecidos italianos”, subrayó.
Su voz no es la única. Diversas víctimas de torturas mencionan a Podlech como el encargado de dirigir los interrogatorios con torturas en el Regimiento Tucapel, y de someter a las víctimas a fusilamientos simulados. Bien lo sabe Víctor Maturana, ex preso político, por entonces militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y actual coordinador del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Cinprodh) de la IX Región. Tras ser requerido por los militares, Maturana se presentó el 13 de septiembre de 1973 ante la Fiscalía ubicada al interior del Regimiento Tucapel. Allí fue testigo del actuar de Podlech. “Yo me presenté ante el asesor jurídico de la Fiscalía, el abogado Alfonso Podlech. En términos estrictos, no era el fiscal titular, pero actuaba como tal, vestía uniforme militar, con pistola al cinto; Podlech hacía y deshacía: dictaba órdenes de detención, procesaba, a los presos políticos nos enviaba al Servicio de Inteligencia Militar para las torturas, era quien pedía las condenas. El era quien gobernaba y hacia ostentación de ello, podría decir que hasta disfrutaba”, relata Maturana a Punto Final. “Podlech tenía poder ilimitado, con un accionar que contravenía absolutamente las normas del debido proceso. No puede alegar hoy desconocimiento de lo que sucedía, porque la Fiscalía y el Servicio de Inteligencia estaban coordinados. Muchas veces había personal de la Fiscalía tomando notas en las sesiones de tortura, con ellas redactaban declaraciones que nos hacían firmar. Esto grafica el campo de maniobra y el poder casi ilimitado que este señor tenía en Temuco”, enfatiza.
 

Maturana, para quién Podlech pidió la pena de muerte por supuesta “traición a la patria”, compartió prisión con Omar Venturelli y fue una de las últimas personas que lo vio con vida. “Recuerdo que la última semana de septiembre del 73 llegó Omar a la cárcel de Temuco. Lo conocía de antes, por actividades políticas conjuntas, incluso deportivas. Los presos políticos teníamos un espacio aparte de la población penal. Compartió unos días con nosotros, conversábamos de muchas cosas, principalmente de lo que sucedía, eran días muy difíciles. Un día de comienzos de octubre, lo llaman. Se asoma un gendarme al recinto donde estábamos y dice ‘que Omar Venturelli salga porque una patrulla militar lo tiene que llevar a la Fiscalía’. Nos despedimos, porque cuando nos sacaban teníamos la tendencia a desearnos suerte, a darnos la mano. Uno no sabía muchas veces si volvía o no. Lamentablemente Omar fue uno de aquellos que no volvió nunca más. Salió rumbo a la Fiscalía Militar y no regresó jamás con nosotros. Es un detenido desaparecido hasta hoy. En ese caso concreto, si Omar fue a la Fiscalía, hay una responsabilidad directa de Alfonso Podlech en su desaparición, pues él decidía a quién había que ir a buscar a la cárcel, cómo y cuándo”, señala a Punto Final. El testimonio de Maturana es clave en el proceso judicial abierto por la justicia italiana contra Podlech. Ya el año 2000 fue citado a declarar por el fiscal adjunto Giancarlo Capaldo. “Entregué todos estos antecedentes al fiscal en Buenos Aires, donde me citó. Al parecer mi testimonio resultó esclarecedor sobre el actuar de Podlech”, apunta

Maturana, quien no descarta viajar a Roma para declarar en el juicio contra su antiguo carcelero.
Otra persona que conoció a Podlech fue Víctor Gavilán, ex preso político, militante del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), actualmente radicado en Calgary, Canadá. “Fui condenado a 20 años de prisión por un consejo de guerra en marzo de 1974, en Temuco. El fiscal era Alfonso Podlech, quien desde la categoría de abogado local, de la noche a la mañana se trasformó en el fiscal militar más sangriento y represor de los partidos de la Izquierda chilena, del pueblo mapuche y de los cristianos comprometidos con el proceso de cambios de aquella época”, señala a Punto Final. Gavilán, a diferencia de Maturana, conoció a Podlech incluso antes que vistiera uniforme militar. Y el cambio, rememora, lo dejó estupefacto. “Le conocí el año 1969 en su oficina. No tenía más de 38 años de edad y yo 24. Desarrollé mi práctica como asistente social en la Penitenciaria de Temuco, y precisamente trabajé por seis meses con Podlech, quien firmaba mis informes sociales para obtener la libertad de muchos mapuches y pobres detenidos por abigeato, robo de gallinas y hortalizas. Esta práctica no duró más de seis meses y no volví a ver a Podlech hasta diciembre de 1973. Fui detenido en Arauco y de allí trasladado a Temuco, donde fui recibido por el jefe del Servicio de Inteligencia Militar y para mi sorpresa, también por Alfonso Podlech, ahora fiscal. Recuerdo que sorprendido con mi militancia política, me advirtió que lo pasaría muy mal. Claramente ya no era el mismo que había conocido años atrás; se había trasformado en un chacal a tiempo completo”, subraya Gavilán.

Jurisdicción universal

El 26 de julio, Alfonso Podlech abordó un avión en el aeródromo Maquehue, de Temuco, que lo llevó hasta Santiago, donde tras pasar el chequeo de Policía Internacional se embarcó rumbo a Madrid. En el aeropuerto de Barajas, en compañía de su cónyuge, Mónica Pinto Cáceres y dos nietas, esperó el vuelo que lo llevaría a su destino: la ciudad de Praga, en la República Checa, donde proyectaba pasar vacaciones. Había logrado pasar los chequeos correspondientes, pero ya en el avión dos agentes españoles de Interpol lo arrestaron por pesar en su contra una orden de captura europea. No es el único que podría correr la misma suerte en Europa. El fiscal Capaldo, al menos en el caso Venturelli, ha determinado que estarían involucrados además de Podlech el coronel (r) Marcelo Moren Brito y los civiles Máximo Vivanco, Pablo Márquez, Pedro Calderón y Nelson Ubilla. Sobre todos pesan órdenes de captura a nivel europeo. Y la lista se extiende en otros casos. “Son más de treinta los chilenos respecto de los que existe orden internacional de captura por procesos abiertos en países que ejercen jurisdicción universal, la que pretenden materializar llevando a los inculpados a responder ante sus propios tribunales por delitos contra los derechos humanos”, señala Leonardo Aravena, profesor de derecho de la Universidad Central y coordinador de Justicia Internacional y CPI de Amnistía Internacional-Chile.
 

“Las personas que aparecen como violadores de los derechos humanos no pueden visitar países democráticos, porque se exponen a ser detenidos: son delitos de persecución universal”, subraya el abogado Jaime Madariaga, quien ha patrocinado a numerosas víctimas de torturas en la Región de la Araucanía.
Alfonso Podlech hijo, quien se desempeña como juez de policía local en Pucón, ha encabezado una campaña para desacreditar el proceso judicial en Roma. Pone el acento en la supuesta ilegalidad de la detención de su padre y, principalmente, “en su avanzada edad y delicado estado de salud”, estrategia que llevó años atrás al gobierno chileno a solicitar, por razones humanitarias, el regreso de Pinochet desde su reclusión en Londres. Podlech hijo no oculta su deseo de que el gobierno intervenga. Luis Valentín Ferrada, abogado de la familia, presentó un recurso para que La Moneda preste ayuda al ex fiscal y realice gestiones para regresarlo a Chile, recurso que el propio Alejandro Foxley, ministro de Relaciones Exteriores, aseguró que se estaba estudiando. “El señor Podlech es un ciudadano chileno que va a recibir de los consulados el apoyo que corresponde. Tenemos que esperar a ver que la justicia italiana haga su tarea”, declaró Foxley.
 

La estrategia de la familia del ex fiscal militar y la posible intervención del gobierno preocupa a los organismos de derechos humanos. Por ello marcharon en Temuco el pasado 10 de agosto, para entregar en la Intendencia Regional una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet. Las organizaciones, entre las que destacaron el Comité de Etica Contra la Tortura, la Agrupación de ex Presos Políticos y el Cinprodh, entre otras, exigieron al gobierno no interferir en el proceso. Sostuvieron que si Chile no fue capaz de juzgar a Alfonso Podlech, se permita a los tribunales internacionales hacer justicia. Pero las presiones al Ejecutivo son fuertes. Parlamentarios de la derecha pinochetista han advertido que no se quedarán de brazos cruzados. “Es una flagrante violación a la soberanía jurisdiccional de los tribunales chilenos aceptar que don Alfonso Podlech sea juzgado por tribunales extranjeros”, señalaron en un comunicado los senadores Alberto Espina, José García Ruminot y el diputado René Manuel García.
Para Víctor Maturana, esta solidaridad de la derecha con Podlech no es casual. “Hay una actuación de Podlech que es bastante desconocida. El mismo día del golpe, Podlech, vestido de militar y armado, se presentó a primera hora en la cárcel de Temuco y le ordenó a un oficial de apellido García que dejara de inmediato en libertad a los integrantes de Patria y Libertad que estaban presos, la mayoría por acciones de sabotaje contra el gobierno de Allende. Patria y Libertad, sabemos, era el grupo paramilitar de la derecha chilena. De allí que no nos extrañe la solidaridad que hoy manifiestan con este oscuro personaje”, finaliza.

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