Bombal Otaegui Carlos Ramón

Cada vez que el diputado Carlos Bombal (UDI) enfrenta una elección o una polémica, sus adversarios se encargan de ventilar la siguiente acusación: haber entregado a dos agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la información para que éstos dieran con el profesor universitario Alejandro Avalos Davidson. Los datos habrían servido para que el 20 de noviembre de 1975, Avalos fuera apresado y desapareciera hasta 1990, cuando su cadáver fue encontrado en Colina, junto a otros dos ex prisioneros.
 
El tema reflotó nuevamente a raíz del debate que surgió por el eventual ascenso de Bombal a la vicepresidencia de la Cámara. El martes 14, el diputado Tomás Jocelyn-Holt (PDC), apoyado por 14 colegas, cuestionó la calidad ética de Bombal por su participación en este caso. Para Bombal, la arremetida responde a una campaña de desprestigio por sus críticas al gobierno a raíz del caso Guzmán (UDI). En todo caso, fuentes oficialistas admiten que -más allá del nexo de Bombal con el caso- se trata de entorpecer la llegada a una tribuna privilegiada de uno de los mejores candidatos de la UDI.
 
Según consta en el proceso por Avalos, el 3 de noviembre de 1975 dos agentes se presentaron ante el rector de la Universidad Católica, Jorge Swett, para obtener la información. Swett los derivó a Bombal, entonces su jefe de gabinete, quien se dispuso a llamar al director de la unidad académica donde trabajaba Avalos. Los agentes le sugirieron no provocar alarma, porque tenían órdenes de detenerlo "sin testigos". Bombal aceptó la sugerencia y además les entregó los datos curriculares, académicos y contractuales que requerían. El diputado afirma que en 1975 no sabía que se estaba haciendo desaparecer personas. Además, señala que una cosa es haber entregado información, y otra tener responsabilidad en un crimen de esa naturaleza, aunque sus adversarios deliberadamente mezclan ambas cosas.
 
Según declaró el diputado ante Raquel Camposano, la jueza que investigó el caso, prefirió "no entorpecer las funciones de ese organismo de seguridad". Además, consultado por Qué Pasa, señaló que se limitó a obedecer las órdenes de Swett. Como le pareció extraña la intención de los agentes, asegura que le dejó constancia al secretario general, Francisco Bulnes Ripamonti, "de lo que podría pasar con este profesor", quien habría procedido a dar aviso de los hechos a la Unidad Académica correspondiente.
 
Sin embargo, según la hermana del profesor, Beatrice Avalos, Bulnes -quien falleció- sólo se enteró cuando la familia solicitó información a la universidad sobre el desaparecido. En el proceso, Bulnes declaró que sólo en ese momento Bombal le comentó que había recibido la noticia de la detención de Avalos de parte de un agente de la DINA.
 
En la misma causa, Bombal señala que fue al rector Swett a quien informó del hecho. Este último afirma en el proceso: "No supe más de estas dos personas (los agentes), ni tampoco mi secretario me informó nada más respecto de ellos o si me informó algo más concreto, no lo recuerdo". Respecto de las críticas contra Bombal por haber recibido normalmente a los funcionarios de la DINA que requerían información, el diputado señaló que el resto de sus encuentros con agentes de inteligencia apuntaron a resguarda la seguridad del recinto universitario.
 
Hay un punto en la actuación Bombal que todos admiten que de ninguna forma puede ser presentado como una forma de tolerancia con el crimen de la DINA. Tanto los familiares de Avalos como su abogado, Nelson Caucoto, reconocen que las declaraciones de Bombal ayudaron a establecer que el profesor había sido detenido por la DINA, hecho que fue sistemáticamente negado por el gobierno militar. Incluso, según Caucoto, la afirmación de Bombal de que agentes de la DINA habrían detenido a Avalos, contribuyó -junto a las declaraciones de los testigos que vieron al profesor en Villa Grimaldi- a que fuera llamada a declarar, en un hecho inédito, la máxima cúpula del organismo de seguridad. Próximamente, Bombal sería llamado a clarificar sus declaraciones anteriores, pero esta vez por el proceso de inhumación ilegal, en el 19é Juzgado del Crimen.

Mediante una resolución no por esperada menos impresionante, el ministro en visita, Alejandro Madrid, cambió la tipificación de la muerte del ex Presidente, Eduardo Frei Montalva por la de homicidio calificado, y procesó a seis de los integrantes de la red criminal responsable del magnicidio, entre ellos cuatro médicos, uno de los cuales, Patricio Silva Garín, era hombre de su absoluta confianza, al punto que había ocupado la Subsecretaría de Salud, durante su mandato.

La extensa resolución del ministro Madrid, de 55 páginas, contiene antecedentes estremecedores. Por de pronto, remite al contexto histórico de que Frei encabezó la disidencia al fraude plebiscitario de 1980, y luego, el proceso de convergencia político-sindical que terminó con el asesinato de Tucapel Jiménez, menos de un mes después de la muerte de Frei. En esas circunstancias, el ex Presidente decidió operarse de una hernia gastroesofágica en la Clínica Santa Maria, el 18 de noviembre de 1981.

El 4 de diciembre fue trasladado a la misma clínica, y sometido a una nueva intervención quirúrgica, por parte de un nuevo equipo médico. El 8 del mismo mes sufrió un shock séptico que motivó su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica. La enfermera Olga Ortiz declara haber visto el 6 de diciembre a una enfermera particular, alrededor de las 10:45 horas, trasladando hasta Rayos al ex Presidente y en el trayecto, cambiarlo de camilla. La enfermera María Elena Zamorano declara que ese mismo día, a las 12:00 horas, cuando llega a desempeñar su turno que le entregaba Olga Ortiz, el ex Presidente estaba sin la enfermera externa, y se encontraba “sudoroso, descompensado, la presión baja, el suero estaba fuera de la vía venosa y su cama impregnada con sangre, había perdido mucha sangre”. Agrega la resolución: “durante ese período se recibió un aviso por parte de cercanos a la familia del enfermo, acerca de que este pudiera estar siendo envenenado; sin embargo, no obstante la gravedad de la comunicación, sólo se tomaron medidas para impedir el acceso de extraños a las dependencias donde estaba éste, sin que realizara ningún tipo de exámenes que pudieran determinar la efectividad de lo señalado anteriormente”. A pesar de los tratamientos, no era posible obtener la estabilización de Frei, puesto que cada vez que se obtenía algún avance, sobrevenía el decaimiento, debido a su estado inmunológico deficitario, que la investigación atribuye a la administración de un producto denominado “Transfer Factor”.

El 22 de diciembre de 2004, el tribunal ordenó un examen anatomopatológico, que determinó la administración de talio y mostaza sulfúrica, en los últimos tres meses previos a su fallecimiento, en dosis bajas, por vía endovenosa.

La doctora Carmen Cerda expresa en su informe que la presencia de esas sustancias tóxicas combinadas, no se corresponden ni con los alimentos, ni con los medicamentos que recibió Frei durante su hospitalización. Además, estableció que ellas le fueron administradas, al menos, en tres ocasiones diferentes, y que por el tipo secuencial y simultáneo de suministro, el efecto de los productos se potenció, haciendo que, con menores dosis, el efecto final fuera igualmente mortal: “todo lo anterior, permite descartar una forma de ingesta accidental y concluye que, en suma, las condiciones de salud en que se encontraba el Sr. Frei Montalva, así como la forma de administración y lo poco habitual de la combinación de las sustancias tóxicas encontradas, permiten descartar una forma médico-legal de muerte calificable como suicidio.- En consecuencia, cabe afirmar con razonable certeza, que se trata de una forma médico-legal de muerte calificable como homicidio”.

Agrega la resolución: “que lo expuesto anteriormente, sumado al análisis de las fichas médicas incautadas en la Clínica Santa María, demuestran que al referido paciente le fueron inoculadas substancias tóxicas que afectan la salud humana, que aplicadas en pequeñas dosis y espaciadas en el tiempo, deprimen el sistema inmunológico y favorecen la aparición de las denominadas bacterias oportunistas que ocasionaron la muerte al ex mandatario”.

El ministro estimó que para la comisión de este hecho, “sus participes se vieron favorecidos por una serie de circunstancias provocadas intencionalmente con anterioridad a la perpetración del delito, tales como, la desprotección de la seguridad del ex mandatario por parte de la autoridad gubernamental y policial, la intervención telefónica y seguimientos de que era objeto permanentemente, los hostigamientos realizados tanto a su persona como a su familia en su domicilio particular y, sobre todo, la infiltración en su círculo más cercano de personas que obedecían a los citados organismos de seguridad del régimen militar y otros que formaban parte activa del Ejército de Chile y que naturalmente, dada la estructura de esa institución no podían menos que estar subordinados a las órdenes provenientes de sus mandos superiores, lo que explica que a pesar de la discrepancias del régimen de la época con el partido político al que pertenecía el ex Presidente y a su exclusión de la vida política nacional, integrantes de la institución armada antes referida tuvieran participación principal en la atención de este paciente, lo que obviamente no pudo ser realizado sino se hubiera obtenido la autorización institucional correspondiente”.

Frei murió el 22 de enero de 1982, y la resolución del ministro llama la atención de que “a pesar de las circunstancias anormales acaecidas durante su permanencia en la Clínica, no obstante las dudas evidenciadas acerca de las causas precisas y necesarias que ocasionaron su deceso, no se dispuso la practica de la autopsia médico legal necesaria para determinar esto último, ni menos se denunció el hecho a la justicia ordinaria, y, por el contrario, sin que se contara con la autorización de la familia y sin que esta fuera siquiera debidamente informada, se realizó por parte de un equipo médico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, un procedimiento que significó la extracción de órganos del cadáver del occiso con la finalidad de someterlos a exámenes patológicos, dándose como justificación de esto, la factibilidad de que una TBC sufrida por el ex mandatario durante su juventud, hubiera tenido alguna incidencia en el desenlace de su enfermedad, lo que del mérito de la investigación ha resultado no ser efectivo”

Respecto de los encausados, la resolución del Ministro señala que Luis Becerra Arancibia , ex chofer de Frei,”se desempeñaba como agente de la Central Nacional de Informaciones, manteniendo informado a este servicio de todas las actividades realizadas por el ex mandatario”; Raúl Lillo Gutiérrez “formó parte de una brigada encargada del seguimiento, control y análisis de las actividades opositoras que se realizaban por el Partido Demócrata Cristiano y otras colectividades políticas”; Patricio Silva Garín, fue subsecretario de Salud en el gabinete del Presidente Frei, “sin que se hayan podido determinar con exactitud las razones que justificaron el señalado nombramiento, toda vez que este facultativo ingresó al servicio de sanidad del Ejército con fecha 24 de febrero de 1955, realizando una carrera ininterrumpida hasta 30 de noviembre de 1985, fecha en que pasó a retiro con el grado de Coronel de Sanidad”; Pedro Valdivia, que desde noviembre de 1976 hasta el año 1990 prestó servicios en el centro médico de la DINA y posteriormente en CNI, “señala haber ingresado a la habitación donde se encontraba el ex Presidente sin que existiera una razón que lo justificara y sin que tampoco procediera a dejar constancia de ello en la ficha respectiva”.

Respecto de los doctores Herman Rosemberg y Sergio González Bombardiere, el Ministro los acusa de haber tomado parte en la falsa autopsia del ex Presidente, y de haber ocultado los antecedentes. La investigación del Ministro Alejandro Madrid seguirá proporcionando impactos de gran calibre, en la medida en que se acerque a la autoría material y, particularmente, a quienes dieron las órdenes.

LA DERECHA Y EL CRIMEN

A pesar de que el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva forma parte de la misma política criminal que determinó homicidios o atentados, tales como los de los generales René Schneider, Carlos Prats, Oscar Bonilla y Augusto Lutz; los ex ministros José Tohá, Bernardo Leigthon y Orlando Letelier, el sindicalista Tucapel Jiménez, el cabo Manuel Leyton, el corredor de propiedades Renato León Zenteno y el químico Eugenio Berríos; de que la verdad ha tardado 27 años en empezar a abrirse paso, y de que la investigación judicial entra ya en su séptimo año, a la derecha, el mismo sector político que prohijó esos crímenes, representada para el efecto por su candidato, Sebastián Piñera y el diario El Mercurio, no parece preocuparle otra cosa que el Ministro Madrid haya dado a conocer su resolución…seis días antes de la elección presidencial. Un típico caso de mala conciencia.

La verdad es que la derecha tiene sobrados motivos para el rubor, toda vez que muchas de sus principales figuras integraban el gabinete de la dictadura, u ocupaban cargos de directa designación de Pinochet, a enero de 1982, fecha del magnicidio por envenenamiento.

Por de pronto, el ex senador y fundador de la UDI, Sergio Fernández Fernández, se desempeñaba como Ministro del Interior.

El actual Presidente del Senado y también fundador de la UDI, Jovino Novoa Vásquez, ocupaba la Subsecretaría General de Gobierno, cargo desde el cual anunció duelo oficial de tres días, una vez producido el deceso de Frei, ocasión en que despachó la siguiente declaración: “La figura de un Presidente de la República está por sobre las ideologías que pudieran existir”.

De la Subsecretaría General de Gobierno dependía la Secretaría General de los Gremios, en la que se desempeñaban personajes como Misael Galleguillos y Valericio Orrego. Al respecto, es útil reproducir el siguiente párrafo de la sentencia del Ministro en Visita, Sergio Muñoz, contra los culpables del asesinato de Tucapel Jiménez, que como informamos en nuestra edición Nº 1456, formó parte de la misma operación que terminó con la vida de Frei: , “ Por el hecho que se estimaba importante por la Central Nacional de Informaciones, los agentes de ese organismo Jorge Ramírez Romero y Raúl Lillo Gutiérrez, contactan a Valericio Orrego Salas, dirigente sindical del Ministerio de Obras Públicas, por intermedio de la Secretaría Nacional de los Gremios, con el objeto que procediera a grabar la reunión que sostendría la organización denominada “Grupo de los Diez”, para lo cual los agentes le hacen entrega de una grabadora, con la cual concurre Orrego hasta el lugar en que se desarrollaría el encuentro de los sindicalistas, sin embargo esta especie produce un ruido que deja de manifiesto sus pretensiones, debiendo hacer abandono del lugar”.

Sobre Lillo Gutiérrez, el auto de procesamiento en su contra dictado por el Ministro Madrid, por el asesinato de Frei, señala lo siguiente:

“ Con relación a Raúl Lillo Gutiérrez , se desempeñó durante largo tiempo como agente de los servicios de seguridad del régimen militar, y específicamente, formó parte de una brigada encargada del seguimiento, control y análisis de las actividades opositoras que se realizaban por el Partido Demócrata Cristiano y otras colectividades políticas”.

Sin embargo, Fernández Fernández y Novoa Vásquez no son los únicos políticos de derecha que formaban parte del aparato de la dictadura, en la fecha del magnicidio de Frei.

José Piñera Echenique, hermano del hoy candidato presidencial de la derecha, acababa de despedirse del gabinete, no sin antes dejar como legado el Plan Laboral, la privatización del sistema de pensiones y la segunda desnacionalización del cobre. Su hermano Sebastián, tras su desastroso paso por el Banco de Talca, desempeñaba la gerencia general de Citicorp. Sin explicar el origen de los fondos, en el año 1982 invirtió un millón y medio de dólares en operaciones inmobiliarias en Huechuraba. En el mes de agosto de dicho año fue encargado reo por el Ministro en Visita Luis Correa Bulo, por el delito de defraudación al Banco de Talca. El hoy candidato de la derecha estuvo prófugo de la justicia por 17 días, hasta que la Corte Suprema, por la vía de un recurso de amparo, revirtió el auto de procesamiento.

Jaime Guzmán, el asesinado senador y ex fundador de la UDI, era miembro de la Comisión Constitucional de la dictadura.

Otro de los fundadores de la UDI, Miguel Kast, padre del actual diputado José Antonio Kast, desempeñaba la titularidad del Ministerio del Trabajo.

Fundador de la UDI y ex Presidente de ese partido, el actual senador Pablo Longueira era en ese entonces, presidente designado de la Federación de Centros de Alumnos de la Universidad de Chile, FECECh, mientras se desempeñaba como Rector el general Alejandro Medina Lois.

Justo en el mes de enero de 1982, el ex Ministro de Hacienda de la dictadura, y ex miembro de la Comisión Política de la UDI en el período 1992-94, Hernán Büchi Buc, fue cambiado por Pinochet desde la Subsecretaría de Salud, a la presidencia de ENDESA. Era el primer movimiento de una política que terminaría privatizando el sector eléctrico, y no sólo eso.

Como alcaldes designados por Pinochet se desempeñaban el ex senador de la UDI y ex vicepresidente de ese partido, Carlos Bombal Oteagui, en la Municipalidad de Santiago, y Herman Chadwick, en la Municipalidad de Providencia.

A pesar de que la familia del ex Presidente hizo saber por canales privados, y también por la prensa, que la presencia del general Pinochet no era bienvenida en las ceremonias fúnebres, este igual se dio maña para concurrir hasta la Catedral metropolitana, donde fue recibido con una prolongada rechifla.

Con refinada hipocresía, entregó una nota de condolencia a la viuda, en la que manifestaba su “especial preocupación” por la muerte del ex mandatario y le expresaba: “sé cuán profundamente doloroso le será resignarse a la ausencia del compañero de toda una vida, pero con fe cristiana y oración, estoy cierto podrá aceptar la voluntad del señor y sobrellevar esta irreemplazable pérdida”.

Por su parte, en nota editorial, el diario El Mercurio se unió a las condolencias, aunque ni en oportunidad como esa, se apartó del sello sibilino que le es propio: “Ciertamente, el país le debe mucho al Presidente Frei en lo que mira a modernización de estructuras y progreso general, pero es imposible no recordar el costo de su programa de reformas. Este, al debilitar el derecho de propiedad, originó consecuencias que se palparon en los acontecimientos posteriores a su administración”.