Barraza Riveros Jorge Arnoldo

 “Barraza y asociados. Estudio jurídico y consultores privados”, así rezará el cartel que el ex comisario de la Policía de Investigaciones, Jorge Arnoldo Barraza Riveros, alias “El Zambra”, pondrá en la oficina que afirma abrirá en Santiago una vez que termine su trabajo como investigador privado en el caso Matute.

Pero esa no es la única labor que ha desarrollado en los últimos tiempos, porque a pesar de su persistente negativa, diversas fuentes coinciden en sindicarlo como el ‘asesor en las sombras’ de la UDI en los esfuerzos desplegados por ese partido para demostrar que hay “un montaje político” tras las acusaciones contra dos de sus prohombres en el caso Spiniak.

Barraza asegura que no conoce a Cristián Espejo –“no me he tomado ni un café con él”- el funcionario municipal de Providencia que ha sido la cara pública del equipo gremialista que ha realizado la investigación paralela.

El nombre del comisario Barraza Riveros saltó a la luz pública en marzo de 1991 cuando el general (R) Horacio Toro, entonces director general de la Policía de Investigaciones, le ordenó investigar el homicidio del prefecto de Concepción, Héctor Sarmiento, por parte de un comando del Movimiento Juvenil Lautaro.

Barraza era subcomisario y se desempeñaba como jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de esa ciudad, pero logró en pocos meses detener a los autores del crimen y aclarar otros 14 homicidios y 52 asaltos ocurridos en diversos puntos del país. Para algunos abogados de derechos humanos, Barraza encabezó una verdadera “guerra sucia” contra el MJL.

Debido al éxito de su gestión, en noviembre de ese mismo año, Toro lo envía a Santiago y lo pone a cargo de la investigación de dos hechos policiales de gran conmoción pública: el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards del Río.

Pero la línea investigativa que coge Barraza lo lleva por un derrotero distinto del que habían seguido hasta entonces la Brigada de Homicidios y el grupo especial Lex, encabezado por el subdirector operativo Juan Fieldhouse, que señalaban al delincuente habitual Sergio Olea Gaona como el autor del crimen.

Siguiendo el rastro de una alumna del Campus Oriente de la Universidad Católica, lugar en cuyo frontis fue asesinado Guzmán, que se retiró del establecimiento al día siguiente del crimen, Barraza dio con el lugar donde estaba secuestrado Edwards.

El 3 de enero del 92 se creó la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales (BIOC) y Barraza es designado como su jefe máximo en lo que se consideró un reconocimiento a su labor. Para los detractores de Barraza, en esos instantes Toro le entregó a su ‘policía estrella’ un poder ilimitado que contribuyó a que la BIOC se convirtiera en un organismo autónomo al interior de Investigaciones.

Tras la liberación de Edwards (el 31 de enero de 1992) poco después caen detenidos el comando secuestrador. Entre ellos Ricardo Palma Salamanca quien resultó ser autor del asesinato del senador Guzmán y de varios otros crímenes.

Terremoto Politico

En el verano del 92 tras la salida de Toro de la institución, a raíz de la filtración de los planes de espionaje político, asumió el mando Nelson Mery, que poco después comenzó a quitar poder a la BIOC hasta terminar por disolverla. En octubre de 1994 Barraza es llamado a retiro.

Dos años después el ex comisario entrega todos los antecedentes reunidos a la prensa y produce un verdadero terremoto político, cuyo epicentro es el procesamiento en primera instancia de altos personeros gubernamentales.

El entonces diputado Andrés Aylwin da a conocer antecedentes que señalan que tras el golpe militar de 1973, Barraza fue asignado a los servicios de inteligencia de la FACH y tuvo un rol protagónico en la represión contra los opositores a Pinochet.

El año pasado, desde Francia el ex agente Andrés Valenzuela, declaró en el marco de la investigación que sigue el juez Juan Guzmán por el caso de calle Conferencia, que Barraza participaba en las sesiones de tortura que se practicaban en la Academia de Guerra Aérea (AGA).

Según afirmó Aylwin el ex comisario también fue declarado reo por el juez Carlos Cerda, como cómplice de asociación ilícita, en el proceso seguido contra el Comando Conjunto. Además, el ex parlamentario afirmó que Barraza recibió una felicitación de la CNI por su participación en el enfrentamiento ocurrido en noviembre de 1980. Según el Informe Retig, se trató de un “falso enfrentamiento” donde perdieron la vida dos integrantes del MIR.

Barraza señala que nunca perteneció al Comando Conjunto y que la declaración de reo dictaminada por Cerda nunca se concretó. Afirma que nunca participó en labores represivas.

El ex policía Barraza fue jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Concepción, de la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales, además de ser acusado de participar en la represión durante la dictadura militar.

El ex comisario de la Policía de Investigaciones, Jorge Arnoldo Barraza Riveros, conocido como “El Zambra”, empezó a darse a conocer en marzo de 1991 cuando el director general de la Policía de Investigaciones de ese momento, Horacio Toro, le entregó la misión de investigar el homicidio del prefecto de Concepción, Héctor Sarmiento, por parte de un comando del Movimiento Juvenil Lautaro.

En esta gestión, Barraza logró dar con los autores y prácticamente desmantelar la estructura lautarista en la Octava Región, lo que constituye el primer éxito del Gobierno de la Concertación en la lucha antisubversiva.

El objetivo propuesto en esta investigación se cumplió por completo, pues no sólo no hubo muertos, sino además se obtuvieron contundentes medios de prueba y se pudieron además aclarar 14 homicidios y 52 asaltos.

Barraza ese año cumplía la función de subcomisario y estaba designado como jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la capital del Biobío.

Ante los escasos resultados de la policía para aclarar el asesinato del senador y fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jaime Guzmán y el secuestro del gerente de El Mercurio Cristián Edwards del Río, y tomando en cuenta los logros de Barraza, el director Horacio Toro decidió en 1991 trasladarlo a Santiago.

Toro puso a Barraza a cargo de un grupo especial, el cual contaba con recursos provenientes de los fondos reservados del Gobierno y que llegó a contar con cerca de 80 funcionarios. Este grupo se transformaría, en 1992, en la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales (BIOC) y Jorge Barraza sería designado como jefe por sus meritos.

Así el ex comisario divide el trabajo en dos grupos, uno a cargo del secuestro de Cristián Edwards y el otro a cargo del asesinato del senador Guzmán.

Luego de la salida de Toro en 1992, asumió como director de la institución Nelson Mery, quien disolvió la BIOC y en 1994 llamó a retiro a Barraza.

Su cara oscura

El diputado Andrés Aylwin entregó antecedentes referidos a que tras el golpe militar de 1973, Barraza fue asignado a los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile y tuvo un rol protagónico en la represión contra los opositores al régimen militar.

Según el mismo legislador, el ex comisario también fue declarado como cómplice de asociación ilícita, en el proceso seguido contra el Comando Conjunto. Además, afirmó que Barraza recibió felicitaciones por parte de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) por su participación en el enfrentamiento ocurrido en noviembre de 1980. Según el Informe Rettig, se trató de un “falso enfrentamiento” donde perdieron la vida dos integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

A pesar de ello, el ex comisario Barraza ha señalado que nunca perteneció al Comando Conjunto ni en labores represivas y que la declaración de reo nunca se concretó.

Ahora el ex funcionario policial se encuentra realizando investigaciones privadas, como es el caso Matute y se le relaciona con las investigaciones solicitadas por la UDI para enfrentar el caso Spiniak. Próximamente, en Santiago, Barraza espera abrir una oficina de consultores privados y estudio jurídico.

«Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían ‘chupones’, me pusieron ratas. Creo que estuve en Venda Sexy (recinto secreto de la DINA), me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Estaba siempre con scotch, después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos daban cáscaras de naranjas. Nos despertaban de noche para perder la noción del tiempo».
(Testimonio de una niña de 16 años, secuestrada en la Región Metropolitana, quien luego fue expulsada del país sin su familia.)

El horror se hizo presente para todos los chilenos. Algunos seguirán diciendo que es mentira, que a los sobrevivientes «les pagaron para hablar contra las Fuerzas Armadas», o por último que «se lo merecían». Pero el país ya supo la verdad y hasta una modelo-animadora quiere «saber los nombres de los torturadores». Esa es la idea de este especial: entregar una parte de la verdad que no tiene por qué esperar 50 años para ser conocida.

Esa es una de las tantas críticas que se hace al Informe sobre Prisión Política y Tortura presentado por Ricardo Lagos, en la noche del domingo 28 de noviembre, a través de un discurso pregrabado para la cadena nacional transmitida antes de comenzar los espacios noticiosos de los canales de televisión. Solo, sin víctimas ni familiares a los que mirar a los ojos, el Presidente de la República cumplía con el ritual de informar a sus conciudadanos. No hubo entrega simbólica del texto, no hubo posibilidad de consultar nada, no hubo reconocimiento de los motivos que llevaron a tantos hombres y mujeres a torturar a sus compatriotas, no hubo crítica certera, no hubo nombres de víctimas ni de victimarios, no se entregaron los antecedentes a la Justicia, como se había hecho luego del Informe Rettig y hasta de la Mesa de Diálogo.

Reacciones desde el odio
Senadores designados y ex uniformados reaccionaron descartando participación en los delitos. El ex almirante Jorge Martínez Bush exigió un «punto final» para terminar con las «mentiras» contra su institución. El otro ex almirante, Jorge Arancibia, negó rotundamente la posibilidad de «dar de baja» a La Esmeralda, «que sólo puede ser dada de baja en combate» y amenazó: «Yo no puedo comprometerme, ni nadie puede hacerlo, a que algo no ocurra nunca más si no sé qué lo origina». Muchos insistieron en la tesis de Hermógenes Pérez de Arce sobre los infundios sin base contra los uniformados y el «gobierno militar», repetidos en boca de los generales y almirantes en retiro.

El senador designado y ex comandante en jefe de la FACH Ramón Vega apoyó la declaración oficial de su institución y agregó que: «las consecuencias hoy día las estamos lamentando y las estamos investigando, pero una planificación de tortura yo por lo menos jamás la escuché, nunca se analizó, ni en la Academia de Guerra ni en la Escuela de Aviación ni en ninguna escuela de instrucción se escuchó nunca la palabra tortura».

Los senadores Rodolfo Stange y Fernando Cordero, ex generales directores de Carabineros, no aceptaron responsabilidad institucional en las torturas y aseguraron que «no hay motivos para que la policía uniformada pida perdón».

Stange criticó el informe sobre tortura «porque raya en lo inconstitucional, poniendo en tela de juicio a las instituciones y no a las personas. Yo participé en la junta de gobierno, pero no hago un mea culpa porque no me siento responsable de ninguna situación extrema como se está indicando en la comisión del obispo Valech», señaló.
Cordero, por su parte, dijo que habría que «completar la tercera pata de la mesa, porque en este minuto la mesa está coja, hay que hacer el mea culpa por lo que se produjo antes del 11 de septiembre del 73, que fue el causante de todas las situaciones que se produjeron con posterioridad».

El actual Director General, Alberto Cienfuegos, también se mostró lejano a la posibilidad de pedir perdón o asumir institucionalmente la responsabilidad, aunque debería responder sobre cuál fue su función, desde el 25 de marzo de 1974, cuando como teniente fue nombrado en comisión de servicio para desempeñarse como Jefe de la Oficina de Informaciones de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, recordada por mucha gente por su sigla: SENDET.

La UDI, Renovación Nacional y Lavín, apostaron por bajarle el perfil, por mostrarse en profunda conmoción, asegurando incluso que su participación en la dictadura era, justamente, para evitar que se cometieran más atropellos y abrir camino a la democracia. Nadie les creyó. Sergio Fernández continuó tratando de descartar su participación en las violaciones a los derechos humanos, pero su compañera de gabinete Mónica Madariaga aseguró que en los centros clandestinos de tortura los agentes lo conocían como «el car’e jote». Pronto deberá iniciar continuas visitas a tribunales, junto a Sergio Onofre Jarpa, Sergio Diez, Ambrosio Rodríguez, entre tantos, para responder a tanta interrogante que surge sobre sus responsabilidades como autoridades civiles. Una nueva avalancha de querellas por torturas, como las que ya han presentado cientos de ex presos políticos, se anuncia tras la entrega del informe. Fernández Fernández deberá responder, por ejemplo, por que negó a la Justicia la existencia de Villa Grimaldi, como lo demuestra el oficio reservado en que responde el 18 de mayo de 1978 a la pregunta del Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago.

Exigencias desde las organizaciones
La conjunción de organizaciones de ex presos políticos reaccionó al unísono (ver página 2), las agrupaciones de familiares de las víctimas se sumaron a la denuncia. El Partido Comunista anunció nuevas querellas y agregó que «la principal reparación que esperaba el país es la que dice relación con que ésta fuera proporcional al daño causado. Esto implica verdad y justicia plena para todas las víctimas. Demandamos que en aras de esos principios, el Informe se haga público en su totalidad; que los nombres de los torturadores sean entregados a los tribunales de justicia y se inicien todos los procesos judiciales que se requieran; que sus archivos sean desclasificados en forma inmediata y no en 50 años; que sean removidos inmediatamente de las fuerzas armadas y policiales todos los responsables de torturas y vejámenes; que se termine con la doctrina militar cuya matriz es instaurada por el imperialismo norteamericano, y en la cual son y han sido instruidos sistemáticamente los cuadros militares y policiales chilenos, para reprimir a su propio pueblo».

El tema de la reparación monetaria no fue el centro de la polémica, excepto por el intento de Ricardo Lagos de chantajear a los torturados con la amenaza de tener que sacar dineros de los programas sociales para cancelarles la indemnización.

Desde el CODEPU se hizo otra exigencia: «Así como se van abrir nuevos plazos para reconsiderar la calidad de víctimas de las personas que no calificaron, planteamos que por tratarse de un crimen de lesa humanidad no puede existir un plazo excluyente para la calificación. En este sentido, el Estado debe abrir un nuevo plazo, para nuevas presentaciones de personas que por diversas razones no concurrieron al llamado inicial, más cuando el propio Informe señala que los testimonios recogidos ‘sólo representan una muestra parcial del universo total de personas afectadas por dichas violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar'».

Así, ni el mea culpa que intentaron hacer algunos medios de comunicación, como Canal 13, o el «asombro» de algunos funcionarios de la dictadura como Jorge Hevia, han logrado sacar del centro el tema principal: en Chile se torturó. La tortura fue sistemática y organizada, apoyada con toda la infraestructura del Estado convertido en terrorista; cientos de hombres y mujeres fueron adiestrados para someter a las más terribles vejaciones a otros hombres y mujeres. El uso de ratas y perros para agredir sexualmente a los prisioneros, la electricidad en los rincones más delicados de sus cuerpos, los simulacros de fusilamiento, la abstinencia de comida por largos períodos y muchas otra aberraciones, fueron cometidas en contra de quienes consideraban «enemigos», «humanoides» en el decir de uno de los integrantes de la Junta Militar. Lo otro que ha sido claro es que los sobrevivientes han tenido el coraje y la dignidad para relatar lo que sufrieron, para transformarlo en esperanza y ganas de seguir insistiendo en la necesidad de transformar este país, para continuar luchando por hacer realidad los sueños de aquellos que no pudieron acudir a dar su testimonio: los ejecutados y detenidos desaparecidos.

DINA: La mano de Pinochet
«Siempre cumplí (…) conforme a las órdenes que el señor Presidente de la República me daba. Solamente él, como Autoridad Superior de la DINA, podía disponer y ordenar las misiones que se ejecutaran y siempre, en mi calidad de Delegado del Presidente y Director Ejecutivo de la DINA, cumplí estrictamente lo que se me ordenó».
(Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA).

En los procesos contra la DINA, mirando la lista de encausados y condenados, pareciera que los únicos que la conformaron eran unos pocos mandos encabezados por su director Juan Manuel Contreras Sepúlveda, de alias «Mamo» y «Mojón». Siempre aparecen Pedro Octavio Espinoza Bravo, alias «Don Rodrigo»; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, alias «Don Elías» y «Luis Gutiérrez»; Miguel Krassnoff Martchenko, alias «caballo loco»; y los operativos Gerardo Godoy García, Basclay Zapata Reyes y Osvaldo Romo Mena. Pero los torturadores fueron muchos más.

Brigada Caupolicán
Mayor Marcelo Luis Manuel Moren Brito, jefe de Brigada Caupolicán. Alias «coronta», «ronco» y «oso».

Teniente Coronel Vianel Valdivieso Cervantes, alias «Víctor». Jefe del Departamento de Operaciones Psicológicas. Mantenía contacto con los periodistas que ejercían servicios para la DINA, como Roberto Araya, Julio López Blanco, Claudio Sánchez, Pablo Honorato, Ricardo Coya y Beatriz Undurraga, y el publicista Manfredo Mayol. Pasó a retiro en 1987 y se instaló en Temuco con una empresa privada.

Capitán de Corbeta Sergio José Peñaloza Marusic, agente operativo.

Capitán de Corbeta Alejandro Paulino Campos Rehbein, alias «Antolín». C.I. 3.704.573-K. Agente operativo. Luego se integra a la Subdirección de Inteligencia Exterior.

Capitán Francisco Maximiliano Ferrer Lima. Alias «Max Lenoux». Jefe del centro clandestino de torturas conocido como José Domingo Cañas, reemplazando a Ciro Torré. Socio de «Pedro Diet Lobos» e instructor de la Escuela Nacional de Inteligencia impartiendo los cursos de «servicio secreto y observación». Continuó su labor en la CNI y se mantuvo en servicio activo, al menos, hasta principios de los 90 con el grado de coronel.

Teniente Fernando Eduardo Laureani Maturana, alias «teniente Pablo». Agente Brigada Caupolicán y jefe del grupo Aguila, conocido como «los guatones». Hasta principios de los 90 continuaba en servicio activo, con el grado de coronel, como Jefe de Estado Mayor de la 3ª División de Ejército en Concepción.

Teniente de Carabineros Jaime Gustavo López Abarca, agente de Londres 38 y Cuatro Alamos. C.I. 1.822.793-2. Involucrado en la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo.

Cabo de Carabineros Emilio Hernán Troncoso Vivallos. C.I. 4.236.940-3. Involucrado en las desapariciones de Juan Bautista y Washington Maturana Pérez, Mario Juica Vega, Gabriel Castillo y Daniel Palma Robledo.

Cabo de Carabineros Heriberto del Carmen Acevedo Acevedo.

Teniente de Ejército Jorge Claudio Andrade Gómez, C.I. 5.293.833-3. En los primeros días del golpe participa en la masacre del complejo maderero Panguipulli. Actúa bajo el mando directo de Krassnoff en el cuartel Terranova (Villa Grimaldi). En agosto de 1979, ya en la CNI, participó en la aplicación de las torturas que causaron la muerte del profesor Federico Alvarez Santibáñez. En 1991 era mayor en la Guarnición General Metropolitana y miembro del DINE.

Cabo de Carabineros José Aravena Ruiz, alias «muñeca del diablo» y «cucharita», este último sobrenombre se lo pusieron los prisioneros pues acostumbraba golpearles los nudillos de las manos con una cuchara después de la tortura. Fue funado en diciembre de 1999 en su casa de Alfonso Leng 5569-0, en la Villa Santa Elena de Macul, sitio que abandonó poco después.

Conscripto del Ejército Samuel Enrique Fuenzalida Devia, alias «gato».

Emilio Iribarren Ledermann, alias «Joel». Pasó de militante del MIR a ser agente de la DINA.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias «Barba». Pasó de militante del MIR a ser agente, primero del Comando Conjunto y luego de la DINA. Por estos días está siendo procesado en varios casos de torturas y desapariciones.

Capitán de Carabineros Egladio Salgado Torres, agente destinado al Cuartel General de Belgrano, pero también con funciones operativas en secuestros y torturas en Villa Grimaldi. En 1980 retornó a su institución, integrándose a la DICAR. Pasó a retiro con el grado de coronel.

Sergio Bernardino Ortega Parada, alias «gil culiao».
Capitán de corbeta Sergio José Peñaloza Marusic. C.I. 4.782.486-9. Agente operativo de la DINA hasta su disolución.

Cabo de Carabineros José Avelino Yévenes Vergara, alias «Quico» o «Daniel Cáceres». Integrante del grupo Halcón II, con labores de torturador en Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Al finalizar la DINA pasó a la CNI y luego al DINE. Fue funado en su casa de Calle B 5266, Villa San Luis de Macul, comuna de Peñalolén.

Brigada Purén
Capitán de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena, Jefe de Brigada Purén. C.I. 5.454.077-1. El 11 de septiembre se desempeñaba en la Escuela de Infantería de San Bernardo participando en las ejecuciones y desapariciones Paine y Cerro Chena. Continuó su labor en la CNI. Tras el fin de la dictadura se radicó en Talca, donde tiene una empresa que provee de forraje y granos al Ejército.

Coronel de Ejército Manuel Andrés Carevic Cubillos, alias «Raúl» y «Claudio». Segundo en el mando de la Brigada Purén. Continuó su labor en la CNI y, en 1989, fue designado Jefe de Plaza en el distrito de La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipú. Hasta principios de los 90 formó parte del DINE con el grado de coronel.

Mayor de Carabineros Eduardo Víctor Espinoza Paiella. C.I. 3.662.969-K. Agente del Departamento Economía. Pasó a retiro junto con Manuel Contreras.

Capitán Carabineros Germán Jorge Barriga Muñoz, alias «Don Jaime». C.I. 5.060.938-3. Integrante de la Brigada Purén y luego de la CNI. Con el grado de coronel, Barriga cumplía en 1991 funciones en la Dirección Nacional de Movilización. Fue funado en su domicilio de Irarrázaval 2061, departamento 105, lugar que abandonó presurosamente. Hoy es jefe de seguridad de los supermercados Lider.

Teniente Manuel Abraham Vásquez Chahuán, alias «teniente Manuel». C.I. 5.090.309-K. Responsable en las desapariciones y ejecuciones de Paine y Cerro Chena. Continuó en la CNI y en 1989 fue designado comandante del Batallón Logístico de Concepción.

Cabo de Ejército Basclay Humberto Zapata Reyes, alias «el troglo». Con fama de ser muy cruel en las torturas y violar a las mujeres detenidas. Procesado por múltiples casos de desaparición, ejecuciones y torturas. Hasta principios de los 90 se mantuvo como instructor en la Escuela de Suboficiales «Daniel Rebolledo» y con labores operativas en el DINE.

Oficial de Carabineros Gerardo Urrich González, alias «mano negra». Instructor en Tejas Verdes. Responsable de una serie de ejecuciones en el sector conocido como Barrancas, hoy mayoritariamente comuna de Pudahuel. Fue funado en su oficina de «Servicios de Seguridad Alcázar», ubicada en Ahumada 236, oficina 408.

Teniente de Ejército Manuel Jorge Provis Carrasco. Como integrante de la Escuela de Infantería de San Bernardo participó en los crímenes de Paine y Cerro Chena. Continuó en tareas represivas y fue comandante del cuartel de la CNI de calle Borgoño, participando en la Operación Albania. A fines de 1989 regresa de un viaje profesional que hace a Israel. Hasta 1991 era teniente coronel en la Brigada de inteligencia del Ejército.

Teniente de Ejército Marco Antonio Sáez Saavedra. C.I. 5.795.624-0. Especialista en la represión al Partido Comunista y Partido Socialista. En 1991 era teniente coronel y desempeñaba sus labores en la Dirección de Operaciones del Ejército. Cuñado del mayor de la CNI Joaquín Molina, asesinado por Manuel Contreras Valdebenito.

Teniente de Ejército Manuel Rolando Mosqueira Jarpa.

Detective Manuel Gregorio Chirinos Ramírez.

Detective Jorge Lander Cabezas.

Detective Francisco Aladino Caamaño Díaz.

Detective Arturo Patricio Vargas Cid.

Inspector de Investigaciones Juan Saldías Valdés, alias «Harry el sucio».

Inspector de Investigaciones Risiere del Prado Altes España, alias «Pedro».

Otros mandos y agentes

Teniente Coronel de Ejército Jerónimo Luzberto Pantoja Hernández, Subdirector de la DINA y la CNI. C.I. 2.095.044-7. Responsable de la masacre de Chihuío como vicecomandante del Regimiento Maturana de Valdivia. En 1990 fue arrestado por su participación en la financiera ilegal conocida como «La Cutufa».

Teniente Coronel de Ejército Alberto Elissalde Muller, Encargado Departamento de Economía. C.I. 3.118.465-7. Como encargado de la Subdirección de Personal paga los salarios de los agentes a través de las empresas de fachada «Villar y Reyes» y «Elissalde y Poblete». Al menos hasta fines de los 90 vivió en uno de sus extensos predios en la zona sur del país.

Mayor Carlos Rafael Parera Silva, Alias «Luis Gutiérrez», C.I. 3.090.193-2. Jefe Departamento Exterior (sucesor de Iturriaga Neumann). En 1973 era Segundo Comandante de Boinas Negras en Peldehue. Cuando se disolvió la DINA se reincorporó al Ejercito y fue destinado como Comandante del Regimiento Dolores, Director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, y en 1985 agregado militar en Francia. En el gobierno de Patricio Aylwin fue Agregado Militar en la embajada chilena en Sudáfrica.

Andrés Terrise Castro. Agente del Departamento de Operaciones Sicológicas, donde cumplía funciones de encubrimiento de crímenes y preparación de campañas de propaganda. Continuó en la CNI y el DINE como agente civil. Hoy aparece como empresario de una firma de publicidad con sede en la Ciudad Empresarial de Huechuraba.

Mayor Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, jefe de Villa Grimaldi. C.I. 3.870.222-K. Era el jefe y amante de Luz Arce. En 1985 fue agregado militar en la República Federal Alemana, pasando a retiro en 1987 para irse al sur, donde muchos altos jerarcas de la DINA tienen extensas zonas de tierra.

Mayor Julio Cerda Carrasco, Jefe de Seguridad del Cuartel Central (Belgrano). Responsable de desapariciones y ejecuciones en el Cerro Chena. Pasó a retiro en diciembre de 2002 como Comandante en Jefe de la IV División del Ejército.

Capitán de Ejército Eugenio Armando Videla Valdebenito, agente operativo. C.I. 4.209.466-8. Participó en los cursos de Tejas Verdes antes de pertenecer a la DINA. Fue director de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y gobernador de San Antonio. En servicio activo hasta principios de los 90, llegó a integrar el Estado Mayor del Ejército.

Teniente de Ejército Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, C.I. 3.704.546-2. Agente Departamento Exterior. En 1973 se desempeñaba en el comando de aviación y fue uno de los pilotos que acompaño al sur y norte del país al General Arellano Stark, en la «Caravana de la Muerte». El año 1974 pasó a formar parte de la DINA. Funado en su domicilio en Avenida El Bosque Norte y su trabajo en la empresa minera Kvaerner-Chile, de origen holandés.

Teniente Ricardo Víctor Lawrence Mires, 5.392.869-2, Jefe Brigada Halcón 1. Alias «cachete grande». Procesado por numerosos casos de secuestros, ejecuciones y torturas, entre ellos la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo que se encontraba en avanzado estado de embarazo. Fue funado en Tabancura 1382, su lugar de trabajo en la distribuidora de camarones «Kamaron Bay», donde usa el alias de «Ricardo Flores» en su contacto con dueños de numerosos restaurantes de Santiago.

Teniente de Carabineros Emilio Patricio Sajuria Alvear, socio de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos. C.I. 5.122.525-2. Funado en Telefónica, donde se desempeñaba en su Departamento Jurídico. Hoy ejerce como abogado de empresas turísticas.

Subteniente de Carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, Jefe Grupo de Apoyo Tucán y Jefe de la Venda Sexy. Alias «cachete chico». Hasta marzo de 1991, con el grado de mayor, era jefe de la comisaría de Ancud. Después de esa fecha fue trasladado a Santiago. Hoy condenado por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, debiendo ser trasladado a Punta Peuco II, aunque aún se le ve por su casa de La Reina.

Oficial de Carabineros Gerardo Alejandro Aravena Longa, agente operativo. C.I. 4.567.685-4. Involucrado en la ejecución de cinco prisioneros políticos en Cuesta Barriga y en la desaparición de José Guillermo Barrera. Al terminar la DINA pasó a la CNI y en 1985 volvió a Carabineros, pasando a retiro como comandante. Hoy es Gerente General de Radio Santiago.

Oficial de Ejército Mario Alejandro Jara Seguel. C.I. 3.319.824-8. Jefe del cuartel de la DINA en la IV Región, con asiento en Coquimbo. En otro momento estuvo al mando de la brigada que operaba en Rocas de Santo Domingo. Amigo personal de Manuel Contreras. Adquirió una parcela entre Coquimbo y La Serena en la que viviría con su ex secretaria, de nombre Nancy.

Comando Conjunto
El terrorismo desde la FACH
El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y 1976, y cuyo objetivo principal fue la represión a la denominada Fuerza Central del MIR, y a los comités centrales del Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de más de 70.
El CC estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y más tarde con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad.

Los inicios en la AGA
Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aérea recuerdan como sus torturadores, entre otros, a los generales Orlando Gutiérrez Bravo y Juan Soler Manfredini; los comandantes Sergio Lizasoaín Mitrano, Edgar Cevallos Jones, Jaime Lavín Fariña, Carlos Godoy Avendaño, Juan Bautista González, Ramón Cáceres Jorquera y Humberto Velásquez Estay; el coronel y médico FACH Humberto Berg Fontecilla; los coroneles Sergio Sanhueza López y Javier Lopetegui Torres; los capitanes León Duffey Treskoff (quien llegó hasta general al interior de la FACH), Alberto Waschtendorf, Juan Carlos Sandoval, Alvaro Gutiérrez (residiendo actualmente en Melipilla), Jaime Lemus, Víctor Mattig Guzmán, Florencio Dublé, Contreras y Hernán Fucshlogher (jefe de guardia permanente); el abogado Julio Tapia Falk (cerebro del consejo de guerra y asesor principal del general Leigh. Rector designado en la U. de Chile, abogado de Manuel Contreras cuando intentó refugiarse en el Hospital Naval de Talcahuano y, últimamente, querellante en contra de la obra «Arturo Prat». Trabaja en su estudio privado de abogado en la comuna de Providencia, en calle Santa Magdalena), los asesores legales Cristián Rodríguez, Jaime Cruzat Corvera (que tiene su oficina en pleno Paseo Huérfanos) y Víctor Barahona; los tenientes Juan Carlos Sandoval, Luis Campos, José García Huidobro, Franklin Bello y Gonzalo Pérez Canto; el sargento Hugo «chuncho» Lizana, el suboficial Juan Normabuena, el cabo Eduardo Cartagena y el cabo 2º Gabriel Cortés (que se cambió el nombre).

Los más siniestros
Sergio Manuel Barra Von Kretschmann (C.I. 1.614.559-9), jefe del Servicio de Inteligencia Naval en la Comunidad de Inteligencia (José Antonio Ríos 6). Capitán de fragata al momento del golpe de Estado, parte de la dirección de la DINA en 1974 y subdirector en 1975. En 1976 pasa a formar parte de la CNI. Fue procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal y del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira por el ministro Cerda.

Freddy Enrique Ruiz Bunger, general (r) de la FACH. Jefe de la DIFA en J.A.R. 6. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, por el secuestro de Víctor Vega y la desaparición y muerte de Juan Luis Rivera Matus. También por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana, Ricardo Weibel, Alonso Gahona Chávez y Miguel Rodríguez Gallardo, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Velasco.

Mario H. Vivero Avila, general (r) de la FACH, juez de Aviación y comandante de la guarnición de Santiago en 1976. Procesado como encubridor de la asociación ilícita y de la desaparición de Víctor Vega.

Edgar Benjamín Cevallos Jones, coronel (r) de la FACH. Director de la DIFA y luego de la SIFA, torturador en la Academia de Guerra Aérea y jefe de Roberto Fuentes Morrison en el CC. Alias «Inspector Cabezas». C.I. 2.895.236-8. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, y por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Carlos Arturo Madrid Hayden, comandante (r) de la FACH. Vicecomandante del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina en el que funcionó el centro de tortura «Remo Cero». Procesado como autor de asociación ilícita criminal, del secuestro de Víctor Vega y Juan Luis Rivera Matus.

Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, teniente (r) de la Armada (C.I. 4.638.149-1). Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.

Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, alias «Lalo». C.I. 5.083.760. Suboficial (r) de la FACH. Agente del CC desde 1975, participando en secuestros, torturas y desapariciones de numerosos dirigentes comunistas entre ese año y 1976. Tras la disolución de este organismo pasó a integrar el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA).
Su último domicilio conocido es Del Rey 394, Maipú, donde fue denunciado por la Comisión FUNA. Lo más probable es que esté viviendo en la zona del litoral central.

Miguel Arturo Estay Reyno, alias «El Fanta». C.I. 6.446.545-7. Ex militante comunista, pasó de delator a agente tras ser detenido en 1975 por miembros del Comando Conjunto.
Procesado por el ministro Cerda y amnistiado por Silva Ibáñez, hoy cumple condena a cadena perpetua en Colina por el asesinato de los tres profesionales comunistas y es procesado por la desaparición de Víctor Vega.

César Luis Palma Ramírez, alias «El Fifo». C.I. 6.387.372-1. Como militante de Patria y Libertad participa en numerosos atentados terroristas contra el gobierno de la UP, fue detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya, amnistiado después del golpe de Estado por el Almirante Adolfo Waulbaum. Amigo de Fuentes Morrison, quien lo lleva al CC, pasa a ser su mano derecha en la ejecución de las tareas represivas. Su última dirección conocida es El Quilo 5535, Quinta Normal, donde funciona la fábrica de equipos refrigerantes FRIGOMET LTDA., en la que aseguran que no lo conocen, sin embargo continúa su fono-fax 7738010 a nombre de Palma Ramírez.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias «El Barba». C.I. 5.521.250-3. Ex militante del MIR, agente. Acusado por numerosos sobrevivientes de haber participado en su detención y tortura en la Academia de Guerra Aérea. Luego pasaría a integrar la brigada que se dedicó a reprimir al MIR en la DINA. Procesado por torturas y secuestro permanente en, al menos, dos juzgados de Santiago. Su último domicilio conocido es Las Hualtatas 4966, fono 2633546, Vitacura.

Roberto Alfonso Flores Cisterna, alias «El Huaso». C.I. 7.767.975-8. Soldado (R) de la FACH. El 11 de septiembre de 1973, como soldado de la FACH en la Base Aérea El Bosque, participa en interrogatorios y torturas a detenidos. En 1975 pasa a formar parte del CC, siendo responsable del secuestro, tortura y desaparación de decenas de militantes comunistas. Hasta mediados de los ’90 continuaba en servicio activo en la SIFA, hoy aparece desempeñándose en el rubro del comercio. Su último domicilio conocido es Villa Tantauco, Block 10282, depto. 31, San Bernardo.

Otto Silvio Trujillo Miranda, agente civil, alias «Colmillo Blanco» en reportaje de La Nación. C.I. 5.684.434-1. Militante DC en su juventud, luego se incorporó a Patria y Libertad donde conoce al «Wally», quien lo llevaría al CC.
Participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda hasta su expulsión por el incidente con la DINA. Tras una larga permanencia en el Hospital Penitenciario se le ha visto circular por la comuna de La Florida.

Guillermo Antonio Urra Carrasco, alias «Willy». C.I. 6.687.227-0. Cabo segundo (R) de la FACH. Agente operativo del CC desde su formalización en 1975. Fue procesado por el juez Carlos Cerda por su participación en el secuestro, torturas y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Según testigos directos es responsable de la ejecución de prisioneros en el Cajón del Maipo (entre ellos José Weibel y los agentes Carol Flores y Guillermo Bratti), en Cuesta Barriga (entre otros Horacio Cepeda, Fernando Ortiz y Reinalda Pereira) y en el lanzamiento al mar de otros, frente a las costas de Quinteros..
Su última dirección conocida es Santa Blanca 1990, Las Condes.

Fernando Patricio Zúñiga Canales, Alias «Chirola». C.I. 5.974.807-6. Suboficial (R) de la FACH. Como soldado de la Base Aérea de El Bosque, el 11 de septiembre de 1973, participa en la tortura de sus camaradas de armas. Luego es trasladado a la Academia de Guerra Aérea para cumplir las mismas funciones y de allí pasa a formar parte de la DIFA. En 1975 se incorpora al CC, en el que participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Perteneció al Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA) al menos hasta principios de los ’90.
Su última dirección conocida es Pasaje Simón Bolívar 1298, San Bernardo.

Jorge Rodrigo Cobos Manríquez, teniete de reserva FACH, proveniente de Patria y Libertad. Alias «Kiko» o «Elefantito» (C.I. 5.890.505-4). Procesado como autor autor de asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.
Jorge Arnoldo Barraza Riveros, Comisario (r) de la Policía de Investigaciones. Alias «El Zambra». Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal.

Pedro Ernesto Caamaño Medina, Suboficial (r) de la FACH. Alias «Peter» (C.I. 7.024.319-9). Agente operativo en el centro de torturas «La Firma». Procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega. Participa en el secuestro de José Weibel y decenas de militantes de las Juventudes Comunistas. Su último domicilio conocido es José Miguel Carrera 424, departamento 702, Santiago Centro, lugar donde fue denunciado ante sus vecinos por la Comisión FUNA.

Alejandro Fígari Verdugo, alias Luty, proveniente de Patria y Libertad, segundo al mando en el equipo de detención, luego de «Fifo» Palma (según Otto Trujillo). C.I. 6.693.227-3.

Alex Damián Carrasco Olivos, Funcionario de la FACH, escolta de Leigh, Fernando Matthei y Ramón Vega. Alias «Loco Alex» (C.I. 6.243.426-7). Agente operativo del Comando Conjunto.

Juan Arturo Chávez Sandoval, cabo (r) de la FACH. Alias «Peque», «Rucio» o «Pol». C.I. 6.476.141-2. Torturador en el AGA y operativo del CC. Procesado por el secuestro de Víctor Vega.

Raúl Horacio González Fernández, funcionario (r) de la FACH. Alias «Rodrigo»o «Wally Chico». C.I. 6.519.815-0. Testigos afirman que participó en la detención de José Weibel. Funado en Puerto Montt, en octubre de 2002, frente a la empresa de radio taxis Volcanes ubicada en calle Doctor Marín 459, teléfonos 313131 y 313989, desde la que ofrecía servicios a los diarios El Mercurio y El Llanquihue, y a la filial local de la Coca-Cola. Procesado como cómplice de la detención ilegal de Amanda Velasco Pedersen en el 25º Juzgado del Crimen.

Antonio Benedicto Quiros Reyes, C.I. 3.189.349-6. Coronel (r) de la FACH y jefe del Departamento de Contrainteligencia en los años del CC. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Andrés Pablo Potin Lailhacar, agente civil del CC. Alias «Yerko». C.I. 5.390.709-1. Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya. Procesado por el juez Hazbún como participante del secuestro de Víctor Vega. Figura como empresario en el rubro computacional con una oficina en Américo Vespucio Norte 2506.

Robinson Alfonso Suazo Jaque, soldado (r) de la FACH. Alias «Jonathan». C.I. 7.641.894-2. Torturador en la AGA. Procesado en el 25º Juzgado del Crimen por el secuestro y desaparición de Víctor Vega.

Pedro Juan Zambrano Uribe, funcionario de la Fach. Alias «Chino». C.I. 6.969.320-2. Procesado por el ministro Hazbún como autor del secuestro de Víctor Vega.

Franklin Bello Calderón, teniente (r) de la FACH, procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Otros torturadores del Comando Conjunto

Miguel Angel Perucca López, reservista de la FACH.
Víctor Misael Robles Mella, oficial (r) de la FACH.
Luis Eduardo Rojas Campillay, funcionario de la FACH.
Patricio Eugenio Saavedra Rojas, comandante (r) de la FACH.
Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, 5.934.129-4.
Alberto Roque Badilla Grillo, C.I. 5.164.080-2.
Tito Alejandro Figarí Verdugo, C.I. 6.693.227-3.
Angel Gabriel Valdivia Pérez, C.I. 3.277.893-3.
Lénin Figueroa Sánchez, C.I. 4.633.329-2.
Enrique Augusto Werner Haase, 4.086.322-2.
Santiago Segundo San Martín Riquelme, C.I. 4.530.448-5.
Angel Segundo Valdivia Pérez, C.I. 3.996.083-4.
José Florentino Fuentes Castro, C.I. 5.340.552-5.
Francisco Hidalgo García, 2.633.797-6.
Francisco Segundo Illanes Miranda, C.I. 4.294.918-3.
Ernesto Arturo Lobos Gálvez, C.I. 5.082.345-8.
Jorge Aníbal Osses Novoa, C.I. 4.818.025-6.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco Fernando Carreño ordenó la detención de Jorge Barraza, el ex detective conocido por su participación como investigador en el caso el secuestro de Cristian Edwards y el homicidio del senador de la UDI Jaime Guzmán, entre otros, como también por sus denuncias contra el ex director de la institución Nelson Mery en 1996.

La decisión del magistrado se enmarca en un proceso -rol 113.051- que sustancia por el delito de torturas cometido a mediados de los ‘80 en contra de José Ponce Martínez y otras personas en el cuartel de la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI) de Miraflores 724 en la misma ciudad.

Estas dependencias, donde hoy funciona la CUT, fueron inspeccionadas hace poco más de un año por Carreño, constatando que las versiones de las víctimas.

Carreño acreditó que Barraza perteneció a la CNI en la época de ocurrido el ilícito, como también que participó en sesiones de tortura.

Por esta razón el ministro le tomó declaración el año pasado, cuando aún el sumario no entregaba detalles que lo inculparan. Sin embargo, hace dos semanas, cuando lo citó para carearlo con otros agentes, echó mano a las direcciones que el propio Barraza dejó para ser ubicado. Cual sería la sorpresa del ministro cuando los detectives le informaron que todas eran falsas.

Carreño entonces ordenó que fuera detenido para presentarse al tribunal, ya que sería sometido a proceso en las próximas semanas y faltaba esa última diligencia.

Barraza nunca ha sido encausado en ningún proceso criminal. Se sabe que perteneció al Comando Conjunto y a la CNI, pero ésta es la primera vez que se lo ordena detener por orden de un tribunal en causas vinculadas con violaciones de los derechos humanos.

Apodado “El Zambra”, Barraza saltó a las luz pública en marzo de 1991. El entonces director de Investigaciones, general (R) Horacio Toro, le ordenó investigar el homicidio del prefecto de Concepción Héctor Sarmiento por parte de un comando del Movimiento Juvenil Lautaro. Por esos años Barraza se desempeñaba como subcomisario en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales.

En pocos meses aclaró el caso y otros 14 homicidios y asaltos del MJL. El mismo año, cuando la noticia del momento era el homicidio del senador de la UDI, Jaime Guzmán, y el secuestro de Cristián Edwards, Toro lo llamó de nuevo y lo puso al frente de estos casos.

En 1994 fue llamado a retiro cuando era jefe de la BIOC, unidad creada especialmente para indagar los procesos antes citados. Luego en 1996, estando fuera ya de la policía civil, Barraza hizo llegar a la justicia antecedentes que, a su juicio, involucraban a la oficina de seguridad pública del Gobierno de la época con un posible encubrimiento de los autores del homicidio de Guzmán. Sin embargo, sus acusaciones nunca pudieron ser probadas.

Hoy quedará a disposición de los tribunales de la IX Región el ex comisario Jorge Barraza, detenido el sábado en Santiago por orden de un juez que investiga violaciones de los derechos humanos cometidas en esa zona.

Efectivos de la Brigada Investigadora de Asuntos Especiales y Derechos Humanos detuvieron al ex policía el sábado en virtud de una orden del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Fernando Carreño, quien lo había citado infructuosamente en tres ocasiones para que declarara en calidad de inculpado.

Barraza deberá declarar como inculpado, tras lo cual el juez podría mantenerlo en prisión preventiva hasta resolver si lo somete a proceso.

El magistrado investiga un proceso (rol 113.051) por el delito de torturas cometido a mediados de la década de 1980 en contra de José Ponce Martínez y otras personas en el cuartel que la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI) mantenía en la calle Miraflores Nº 724, en la capital regional.

Estas dependencias, donde actualmente funciona la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), fueron inspeccionadas hace poco más de un año por el ministro Carreño, constatando las versiones de las víctimas.

En la causa, Carreño acreditó que Barraza formó parte de las filas de la CNI durante la época en que ocurrieron los apremios ilegítimos. Asimismo, confirmó que participó personalmente en sesiones de tortura. Por esta razón el juez le tomó declaración como testigo el año pasado, cuando aún el sumario no entregaba detalles que lo inculparan.

El comisario Jorge Barraza se hizo conocido públicamente en marzo de 1991,cuando el director de Investigaciones de esa época, general (R) Horacio Toro, le ordenó investigar el homicidio del prefecto de Concepción Héctor Sarmiento, que fue abatido por un comando del Movimiento Juvenil Lautaro (MJL).

Por esos años Barraza se desempeñaba como subcomisario en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales. En pocos meses aclaró el caso y otros 14 homicidios y asaltos del MJL. Ese mismo año, cuando la noticia del momento era el homicidio del senador de la UDI, Jaime Guzmán, y el secuestro de Cristián Edwards, Toro lo llamó de nuevo y lo puso al frente de la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales.

En 1994 fue llamado a retiro por Nelson Mery, quien había tomado el mando de la institución policial.

Estando fuera ya de la policía civil, en 1996, Barraza hizo llegar a la justicia antecedentes que, a su juicio, involucraban a la Oficina de Seguridad Pública del Gobierno de la época con un posible encubrimiento de los autores del homicidio de Guzmán. Sin embargo, sus acusaciones nunca pudieron ser probadas.

La guerrilla policial y política que se desató para dar con el paradero de Cristián Edwards y luego para capturar a sus secuestradores tuvo varios episodios inéditos. Testimonios de frentistas y de policías que participaron en la operación, además de informes de inteligencia desconocidos, permiten reconstruir las tres hebras que llevaron a la identificación de los autores y el rol principal de “La Oficina” y su informante estrella hasta hoy nunca mencionado en este caso. Una historia que muestra a Carabineros, a espaldas de La Moneda, asesorando al dueño de El Mercurio, detectives sacando de quicio a Agustín Edwards al acusarlo de tener oculto a su hijo en su casa de Lo Curro y a los agentes de la BIOC de Investigaciones llegando hasta las puertas de la casa donde mantenían cautivo al ex ejecutivo de The New York Times.

La guerrilla policial y política que se desató para dar con el paradero de Cristián Edwards y luego para capturar a sus secuestradores tuvo varios episodios inéditos. Testimonios de frentistas y de policías que participaron en la operación, además de informes de inteligencia desconocidos, permiten reconstruir las tres hebras que llevaron a la identificación de los autores y el rol principal de “La Oficina” y su informante estrella hasta hoy nunca mencionado en este caso. Una historia que muestra a Carabineros, a espaldas de La Moneda, asesorando al dueño de El Mercurio, detectives sacando de quicio a Agustín Edwards al acusarlo de tener oculto a su hijo en su casa de Lo Curro y a los agentes de la BIOC de Investigaciones llegando hasta las puertas de la casa donde mantenían cautivo al ex ejecutivo de The New York Times.

El anuncio que recibió el dueño y director de El Mercurio a principios de noviembre de 1991 en su casa en Lo Curro fue imperativo. Dos agentes de la Policía de Investigaciones exigían comunicarle en persona un mensaje de su director, el general (r) Horacio Toro, sobre “la aparición de su hijo”. Habían transcurrido dos meses del secuestro de Cristián y Agustín Edwards Eastman se preparó para lo peor. Pensó que habían encontrado el cuerpo de su hijo. Así lo confirmó en sus declaraciones judiciales, hasta ahora inéditas:

-Fui a recibirlos afuera de la casa, a la puerta de entrada, porque no quería que mi mujer oyera alguna desgracia (…). Les pregunté qué había sobre la aparición de Cristián, en qué forma había aparecido y de dónde sabían esta noticia. Me dijeron que lo sabían del director de Investigaciones. Al preguntarles de nuevo sobre la aparición, me dijo uno de ellos, apuntando con el dedo hacia mi casa: “Apareció aquí”. Le manifesté que no entendía. Volvió a insistir con que Cristián estaba en mi casa. Al oír esto, yo perdí la compostura y les pregunté si acaso creían que yo tenía a Cristián oculto en mi casa, a lo que contestaron que sí. Ahí perdí la compostura y los traté de forma muy dura.

En la versión de Agustín Edwards, el ministro del Interior, Enrique Krauss, le había prometido que pondría “a lo mejor de sus hombres” en el caso. Y si lo mejor de Investigaciones había confundido a Cristián con uno de sus hermanos, forjando la temeraria tesis del “autosecuestro”, la familia resolvió de ahí en más confiar sólo en Carabineros.

Lo que ocurrió ese día en la casa de los Edwards del Río es uno de los episodios más bochornosos en la historia de la policía de Investigaciones y marcó un hito en la verdadera guerrilla policial -y con el equipo de Consejo de Seguridad Pública de La Moneda (“La Oficina”) en el medio- que se desarrolló en sordina en torno a la búsqueda de Cristián Edwards y a la captura de los responsables de su secuestro.

De los testimonios de policías y ex frentistas, contrastados con las declaraciones y documentos que contiene el expediente judicial, surgen detalles hasta hoy desconocidos de esa guerrilla y de las pesquisas. Jóvenes policías encubiertas, datos aportados por un informante ubicado en el corazón del FPMR, la deserción de uno de los celadores de Edwards cuya identidad nunca se había mencionado, informes de inteligencia inéditos, interceptaciones telefónicas y hasta el análisis de la basura de la casa-retén. Y en el telón de fondo, las rivalidades policiales y políticas que impidieron una investigación coordinada y permitieron que gran parte del comando “volara” tras el pago del millón de dólares de rescate.
Tres son las hebras que permitieron aclarar el secuestro. La primera fue el seguimiento que hizo Investigaciones a una universitaria que condujo hasta la casa-retén. Otra fue el dato que aportó el informante Lenin Guardia acerca de que el joven Ricardo Palma Salamanca estaba involucrado. Y la tercera, los antecedentes entregados por el frentista Agdalín Valenzuela, informante de “La Oficina”, cuyos “soplos” permitieron identificar a uno de los involucrados y llevar un registro cronológico de los líos internos que protagonizaron los secuestradores.

El secreto de Carabineros
El 11 de septiembre de 1991, dos días después del secuestro de Cristián Edwards, su padre leía el mensaje que los captores le habían dejado en las oficinas de los diarios regionales de El Mercurio. Le pedían “negociar su vida” y no alertar a las autoridades. Unas horas después, Agustín Edwards hablaba con el ministro Krauss. Carabineros también fue informado.

Agustín Edwards manifestó predilección desde el inicio por la labor de Carabineros, lo que después se reafirmaría con el vergonzoso yerro de Investigaciones. La policía uniformada estuvo desde el primer minuto al tanto del secuestro, aún antes que La Moneda. Y en las siguientes semanas los oficiales de esa institución a cargo de las pesquisas esconderían su juego a los ocupantes de Palacio.
El mismo día 11, el teniente Oscar Olmedo, de la tenencia de Vitacura, fue convocado al edificio de El Mercurio por el jefe de seguridad de la empresa, Jorge Zamora, quien lo puso al tanto de la desaparición del hijo del dueño. En una inusual deferencia, el oficial acompañó a Zamora a recorrer la morgue y hospitales en busca de noticias. Al finalizar el infructuoso recorrido, Olmedo se encontró con varias autoridades en las dependencias del diario y debió darle cuenta directamente a Agustín Edwards en su oficina.

A partir de esa misma semana quedó instituido un “comité de crisis” que sesionó los viernes por la tarde en la residencia de los Edwards. Asistirían de manera permanente el dueño de casa y sus asesores, el ex ministro del Interior de Pinochet, el general (r) de la Fuerza Aérea Enrique Montero, y Juan Pablo Illanes, director responsable del matutino; el secretario de “La Oficina” y hoy diputado (PS), Marcelo Schilling; el jefe de inteligencia de Carabineros, general Sergio Lutjens, y el prefecto de Investigaciones, Juan Fieldhouse.

La mesa de coordinación era sólo una parte del engranaje puesto en marcha para dar con el paradero de Cristián Edwards. Porque Carabineros trabajó directamente con Agustín Edwards sin dar aviso a La Moneda. Aunque el general (r) Lutjens dijo a CIPER que la policía uniformada hizo sólo tareas menores debido a que el Ministerio del Interior paralizó las pesquisas que pudieran exponer la vida del rehén, lo cierto es que recibía información privilegiada de la familia. Precisamente eso fue lo que ocurrió cuando comenzó el intercambio de mensajes entre los Edwards y el FPMR: Carabineros fue alertado, pero no le traspasó la información al gobierno.

Marcelo Schilling confirmó la relación bilateral entre Edwards y Carabineros en su declaración judicial del 13 de febrero de 1992. En la ocasión, señaló que recién a comienzos de diciembre de 1991 el gobierno supo que la familia estaba negociando hacía dos meses con los secuestradores, que Carabineros lo sabía y que el propio Agustín Edwards intervino ante La Moneda para que no se castigara a los oficiales que manejaban esos antecedentes.

La carabinera Domitila del Carmen Sepúlveda entonces tenía 26 años y trabajaba en Inteligencia. Ante el tribunal, confirmó que, ocultando su condición de policía, hizo contacto con un sujeto que se comunicó con la familia. Eso ocurrió el 6 de noviembre, un mes antes de que el gobierno se enterara de que Carabineros manejaba información.

-El coronel (Sergio) Ávila me encomendó la misión que consistía en presentarme vestida de blanco en la empresa El Mercurio, donde él me estaría esperando (…). Me dijo que yo debía llevar un sobre a un individuo (…) Me dijo que ese hombre me entregaría un sobre (…). Yo debía indicarle que iba de parte de Max. El encuentro se realizaría en la estación Pila del Ganso. El sobre que recibí se lo entregué al coronel Ávila –declaró la mujer policía.

El despliegue de Carabineros fue inútil. Finalmente, las diligencias exitosas estarían reservadas para Investigaciones y “La Oficina”.

“La Pequeña Lulú”
Marcela Mardones dejó de asistir al Campus Oriente de la UC sólo un par de semanas antes del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán, perpetrado en esa sede universitaria el 1 de abril de 1991. Aunque los integrantes del Grupo Lex de Investigaciones trabajaron durante meses reconstruyendo el puzzle de ese atentado, no le dieron importancia al hecho. Tanto el Grupo Lex como “La Oficina” se habían empecinado en seguir la pista de un delincuente común -Sergio Olea Gaona- que a la postre no llevaría a ninguna parte.

El 15 de noviembre de 1991, después de la monumental confusión que enlodó a Investigaciones, su director trajo desde Concepción al subcomisario Jorge Barraza y le encomendó dos tareas: aclarar el secuestro de Edwards y el asesinato de Guzmán. Barraza llegaba precedido del prestigio de haber resuelto el crimen de un oficial de Investigaciones a manos del Mapu Lautaro.

Horacio Toro estaba nervioso. El Grupo Lex exhibía escasos e inciertos avances y se le agotaba el crédito en La Moneda tras el error que atizó la ira de Agustín Edwards. Jugó sus fichas a Barraza y lo puso al mando de la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales (BIOC), un equipo ad hoc para la tarea. Barraza tenía experiencia en el acoso a grupos subversivos. Había trabajado en la CNI. Él dice que ahí sólo pesquisó asaltos subversivos, pero ha sido procesado por apremios ilegítimos, aunque los tribunales superiores no lo han condenado.

La BIOC chequeó la asistencia de los alumnos del Campus Oriente. Así apareció el nombre de Marcela Mardones. Los agentes la identificaron como “La Pequeña Lulú”, una ex dirigente de las Juventudes Comunistas del Pedagógico, casada y madre de un hijo, que al interior de la organización ocupaba la chapa de “Ximena”. Barraza contó a CIPER que el esposo de “Ximena” les dijo que estaban separados, que no la veía precisamente desde antes del atentando a Guzmán y que le había dejado al niño con la promesa de volver por él en unas semanas. Pero habían pasado casi ocho meses y no aparecía.

Los agentes de Barraza confirmaron que “Ximena” convivía ahora con Raúl Escobar Poblete, un militante del FPMR conocido como “Emilio”. Ambos arrendaban un pequeño departamento al interior de una casa en calle Huara, en La Florida. Una joven policía se instaló en la vivienda principal, simulando ser sobrina de los propietarios. Desde ahí inició las “escuchas” y guió la vigilancia exterior, que incluía un punto con prismáticos desde el techo de un supermercado Ekono a un par de cuadras.

“Emilio” fue seguido. A veces se reunía con un sujeto alto y corpulento que los policías identificaron como “Rodolfo”. Este último también fue seguido, guiando a los agentes hasta una pequeña vivienda en un pasaje estrecho y sin salida en Macul. Aunque estaban tras los asesinos de Guzmán, tanta actividad de la célula que tenían bajo la mira llevó a la BIOC a sospechar que el grupo también participaba en el secuestro. Pero la casa a la que los condujo “Rodolfo” en Macul, ubicada en el pasaje Poeta Vicente Huidobro 3718-1, era estrecha, pareada y no tenía entrada de autos. A los policías les pareció imposible que allí estuviera Cristián Edwards. ¿Cómo podrían introducir y sacar a un cautivo sin despertar sospechas en los vecinos? Además, ahí vivía un matrimonio con un hijo adolescente. Era difícil que el FPMR incluyera en el secreto a un chiquillo que iba todos los días al colegio.

Los seguimientos a “Emilio” y “Ximena” llevaron a la policía a otra casa, esta vez en La Dehesa. Como esta residencia era grande y estaba en un barrio acomodado, Barraza se convenció de que ahí tenían cautivo a Edwards y fue desestimando los informes de su subordinado René Cocq, que insistía en que el análisis de la basura de la casa de Macul indicaba que la habitaban más personas que sólo dos adultos y un adolescente.
El detective Cocq tenía la razón. Porque el pequeño inmueble pareado del pasaje Poeta Vicente Huidobro era la casa-retén facilitada por el matrimonio de Rafael Escorza y María Cristina San Juan. Y la empleada que salía a hacer compras y a la que llamaban “Gabriela” era Maritza Jara, militante del FPMR y encargada de chequear el entorno.

Pugna con “La Oficina”
Barraza aseguró a CIPER que la BIOC inicialmente no dio mucho crédito a un dato que semanas antes recibió el subsecretario del Interior, Belisario Velasco. El informante Lenin Guardia le había dicho a Velasco que un joven llamado Ricardo Palma Salamanca estaría involucrado en el secuestro de Cristián Edwards. La hermana de Palma le habría confesado a su psicóloga la sospecha de que el muchacho andaba en algo raro relacionado con el FPMR. La psicóloga resultó ser la mujer de Lenin Guardia. El subsecretario Velasco había entregado el dato a “La Oficina”, la que tampoco, al parecer, le sacó partido.

Para entonces, las investigaciones ya estaban contaminadas con la pugna que se vivía en La Moneda. Velasco consideraba que el combate a la subversión era una tarea que él debía encabezar, pues su subsecretaría era responsable de la seguridad pública. Pero, después de la muerte de Jaime Guzmán, el Presidente Aylwin había creado “La Oficina”, confiándoles su jefatura a Jorge Burgos y Marcelo Schilling. Entre Velasco y “La Oficina” los puentes estaban cortados. Cada uno contaba con su propia red de informantes y los datos esenciales no fluían en ninguno de los dos sentidos. Toro, y por ende la BIOC, se alineaban con Velasco.

En las primeras tres semanas del secuestro de Cristián Edwards, las policías avanzaban a ciegas. No había indicios de quienes lo tenían. Fue “La Oficina” la que se anotó el primer acierto: confirmó que era una operación del FPMR e individualizó a uno de los involucrados.
Un informante de “La Oficina”, denominado “F 1″, había pasado los datos: un grupo del FPMR bajo las órdenes del comandante “Ramiro” -quien después sería identificado como Mauricio Hernández Norambuena-, tenía a Edwards. Así lo declaró Schilling al tribunal:
-Supimos que se trataba de un secuestro por las informaciones que recibimos en los primeros días de octubre de 1991 (de “F1”), acerca de la existencia de un supuesto desertor del secuestro. Éste se hacía llamar “Julio”; era un frentista fugado de la Cárcel Pública en 1989 y su nombre verdadero es Florencio Velásquez Negrete, según consta de la fotocopia de una ficha personal suya que en este momento pongo a disposición del tribunal.

Hasta ahora, el nombre de Velásquez no se había asociado al secuestro. En el expediente no sólo quedó consignada la ficha de Florencio Velásquez (“Floro” o “Julio”), sino también la del entonces desconocido “Salvador”, jefe máximo del Frente, aunque la identidad que le adjudicaban era inexacta: Juan de Dios Apablaza Apablaza. En realidad es Galvarino Apablaza Guerra.

Los informes de “F1″
“F 1″ era el militante del FPMR Agdalín Valenzuela. Un informante de lujo. Había sido uno de los dos chóferes del camión que trasladó a Brasil al secuestrado coronel Carlos Carreño, en 1987. También fue chofer personal de “Ramiro” y contaba con toda su confianza, al punto que a veces el informante lo ocultaba en su casa de Curanilahue. Hasta ahora se desconocía que Valenzuela había aportado datos claves para identificar a los autores del secuestro de Edwards. Un informe de “La Oficina” adjunto al expediente judicial lo corrobora:
Investigación personal Florencio Velásquez Negrete.

Datos de F1:
Se fugó de la cárcel. Lo describe como de 30 años aproximadamente, moreno, más o menos “amapuchado”, cuerpo de mapuche, es bajo, cara tosca, tórax fornido. Tiene una particularidad que se le cae un hombro. En un campamento en que estuvieron juntos el año 86 cuando tiraban granadas, se le caía el hombro derecho y él mismo se lo montaba (…).
Indica que este hombre formaba parte del grupo de protección en la casa donde está secuestrado CE (Cristián Edwards). JULIO fue destituido en una reunión realizada en la misma casa, donde está CE.

La deserción de “Floro”
Los informes de Valenzuela indican que, durante el secuestro, el comandante “Ramiro” mantuvo contacto con otro jefe frentista: “Chele”, posteriormente identificado como Juan Gutiérrez Fischman. Así se desprende del documento “Consolidado Informativo Cronología de Suministro de

Información Sobre el Caso CE”, incluido en el sumario judicial. Estos son algunos párrafos de ese informe:
26 del 9 del 91
F1 informa que el Frente tiene en su poder a CE. Indica que dicha información la recibió del Cdte. Ramiro. Indica que este comandante está actuando directamente en la operación. Informa que se ha producido una deserción en el equipo operativo de parte de Julio.
19 del 12 del 91
F1 informa que se reunió con los comandantes Ramiro y Chele. Informa que CE está vivo y lo tiene el Frente definitivamente.
23 del 12 del 91
F1 informa que la familia de CE está negociando con el Frente. Indica que han pedido rebaja a una cifra pedida por el Frente y que el Frente aceptará la rebaja en la negociación futura. Indica que a mediados de enero culminará la negociación con la liberación de CE.

Rafael Escorza, el militante que facilitó su vivienda para el encierro de Edwards, confirmó a CIPER que “Floro” dejó su puesto de celador y generó una crisis en la casa-retén. A Florencio Velásquez lo sacaron del lugar con la vista tapada, lentes oscuros y mirando al suelo, para que no identificara el sitio si era arrestado. Al igual que el secuestrado y otro de los celadores, había llegado a la vivienda sin que pudiera identificar sus coordenadas.

Después de abandonar la misión, “Floro” debía acuartelarse en una casa de seguridad, pero sus compañeros le perdieron el rastro. Un informe de “La Oficina” consignó el hecho y la inquietud que causó en el FPMR: “Con fecha 19 del 12 de 91, se informa que Julio está alejado y que el comandante Ramiro informó que no lo ha podido encontrar”.

Ex miembros del FPMR aún consideran a “Floro” un desertor y creen que pudo jugar un rol en la posterior caída del comando que ejecutó el secuestro, convertido en informante o bien por haber compartido datos, sin saberlo, con una fuente de “La Oficina”.

El retorno del “Negro”
La información aportada por el informante estrella de “La Oficina” no fue traspasada a la BIOC. Esa descoordinación produjo el absurdo de que en los seguimientos desplegados durante el secuestro, la BIOC fotografió a “Ramiro” sin sospechar el calibre del hombre al que le seguían los pasos. “La Oficina”, al mismo tiempo, no sabía que Barraza tenía identificada la vivienda donde permanecía cautivo Edwards.
No obstante la descoordinación, la BIOC entró a la recta final con ventaja sobre “La Oficina”. Barraza asegura que cada vez que “Ximena” o “Emilio” concurrían a los teléfonos públicos del Ekono cercano a su casa de calle Huara, los diálogos eran grabados. Por esa vía, “Ximena” se contactó con un hombre de voz juvenil al que reprendió duramente y con quien concertó una cita. Los agentes chequearon el teléfono. Era el de la mamá de Ricardo Palma Salamanca. Se confirmaba así el dato de Lenin Guardia.

Ricardo Palma, “El Negro”, tenía 22 años. Haciendo dupla con “Emilio”, había matado a tiros a Guzmán y al coronel (r) de Carabineros Luis Fontaine. Palma participó en la “captura” de Edwards, pero en el operativo se disparó accidentalmente en una pierna. Requirió atención médica y no pudo ocupar el puesto de celador al que estaba destinado.

Ya reestablecido, “El Negro” ingresó a la casa-retén pero no terminó la misión. Era un muchacho hiperactivo y el encierro le generó problemas que lo llevaron a abandonar su puesto. Por eso lo reprendió “Ximena”. Pero como también era un tipo fogueado, lo volvieron a llamar. Lo necesitaban para la puntada final: cobrar y liberar a Edwards.

Fiesta en calle Huara
El 31 de enero de 1992, Agustín Edwards pagó el rescate. Esta vez los miembros de “La Oficina” estaban informados. Según declaró Schilling, Agustín Edwards consultó su opinión un día antes de que se concretara la entrega del millón de dólares en billetes de cien. Influenciado por su asesor y experto en secuestros, el británico de origen cubano Hugh Bicheno, el dueño de El Mercurio albergaba dudas acerca de efectuar la entrega el día propuesto por los secuestradores. Una semana antes, el mediador de los Edwards, el jesuita Renato Poblete, había realizado un largo recorrido por la ciudad sin haber logrado entregar el dinero. Finalmente se impuso la opinión de Schilling: seguir “rigurosamente las instrucciones de los secuestradores”.

Argumentando razones de seguridad para proteger la vida de Cristián Edwards, “La Oficina” no alertó a la BIOC de la entrega del dinero. Los hombres de Barraza vieron como ese 31 de enero salían rodriguistas de todas las casas bajo vigilancia y se multiplicaban los contactos. El subcomisario relató a CIPER que el movimiento fue tal que los encargados de los seguimientos comenzaron a toparse y estorbarse. Temiendo que el FPMR los detectara, les ordenó retirarse y se concentró en vigilar las casas. Por eso, la BIOC no supo que ese último día de enero se pagó el rescate. Pero sus integrantes intuyeron que algo grande había pasado, porque esa misma noche la joven policía encubierta instalada en la casa de calle Huara informó de una fiesta, con baile y tragos. Barraza asegura que “Ramiro” y “Chele” estuvieron en la celebración.

Repliegue en Colliguay
Al día siguiente del pago, “Emilio” y “Ximena” enfilaron a la costa. Los seguía el subcomisario Roberto Ruiz en su auto particular. Pero abruptamente se fundió el motor del auto de Ruiz y el subcomisario les perdió la pista. “Emilio” y “Ximena”, al igual que “Ramiro”, no volverían a los puntos vigilados por la policía.

Según Barraza, a la BIOC sólo le quedaba una carta: la vivienda del pasaje Poeta Vicente Huidobro en Macul. Y decidieron no irrumpir para no poner en riesgo la vida de Cristián Edwards. En la noche del 1 de febrero el furgón que usaba Escorza para comerciar huevos se estacionó frente a la entrada. Era obvio que iban a cargar algo. El agente responsable de la vigilancia tenía encima a Barraza, quien le exigía que no perdiera detalle de lo que ocurría y de los movimientos de los únicos sospechosos que les quedaban bajo vigilancia. Fue tal la presión, que el policía decidió enviar a su esposa, embarazada, a mirar más de cerca. La mujer entró al pasaje y preguntó por una matrona que supuestamente vivía en el barrio. De vuelta informó: falsa alarma, sólo estaban sacando una alfombra enrollada.

Horas después, Toro llamó a Barraza. Le contó que Cristián Edwards ya estaba en la casa de sus padres. Había sido liberado. Barraza aún cree que lo sacaron enrollado en la alfombra y que, probablemente, de la misma forma ingresó en septiembre. Pero el propio Cristián Edwards aseguró haber sido sacado de la vivienda en un saco de dormir. Lo cierto es que después de la liberación, el comando había huido y el subcomisario sólo tenía a mano al matrimonio dueño de casa. Un botín escaso para tanto tiempo y recurso invertido.

Un mes después, la BIOC detectó a los frentistas en un camping de Colliguay, en la Quinta Región. Ahí estaban “Ramiro”, “El Negro”, “Rodolfo”, “Emilio”, “Ximena”, “Gabriela” y el celador José Miguel Martínez Alvarado (“Palito”). Los filmaron. Barraza contará después que estaba seguro de que llegaría el jefe máximo, “Salvador”, y que por eso demoró los arrestos. Dirá también que en Colliguay estuvo el comandante “Chele”. Acusará que “La Oficina” protegió al “Chele” porque era yerno del líder cubano Raúl Castro y que, sospechosamente, otro equipo policial merodeó el camping en un extraño operativo antinarcóticos, lo que alertó al grupo del FPMR y posibilitó su fuga. Sus denuncias son el eje del libro que en 1999 escribió con sus ex sulbalternos Ruiz y Cocq: Razón de Estado.

En la estampida, la BIOC sólo pudo detener a “Gabriela” y “Palito” cuando intentaban cruzar hacia Argentina. Rafael Escorza y María Cristina San Juan fueron detenidos en su casa, donde aún había rastros de la caja-calabozo. La cacería la completó “El Negro”, que cometió el increíble error de volver a su hogar antes de intentar salir del país. “Ramiro” fue detenido al año siguiente, en 1993, cuando visitó a “F1″ en Curanilahue. El informante, aunque fue apresado junto al más buscado comandante del FPMR, fue liberado casi de inmediato. Eso habría sellado su destino: Agdalín Valenzuela fue asesinado a tiros en 1995.

De todos los detenidos, sólo Escorza cumplió su condena: en 2003 obtuvo el beneficio de la salida dominical. María Cristina San Juan fue liberada en 2000 por razones humanitarias debido a una grave enfermedad. “Gabriela” se fugó en diciembre de 1992. “Palito” fue abatido mientras intentaba un escape en octubre de ese mismo año. “Ramiro” y “El Negro” huyeron en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad en 1996, pero el primero volvió a caer en Brasil en 2002 por otro secuestro y está recluido en un penal paulista. “Ximena”, “Emilio”, “Floro”, “Rodolfo” y “el Negro” continúan prófugos.

Barraza Riveros fue procesado por homicidio relizado durante la dictadura.

El ex policía era cercano a la UDI y reconocido por su labor en el desmantelamiento del Movimiento Juvenil Lautaro y en el esclarecimiento del homicidio del ex senador Jaime Guzmán.

La noche del lunes [8 de octubre de 2018], en el Hospital de Carabineros, falleció Jorge Barraza Riveros, ex agente de la CNI procesado en agosto pasado por la ministra Mariela Cifuentes por su participación en calidad de autor en el homicidio del matrimonio formado por Sergio Flores y María Verónica Cienfuegos.

Según consigna La Tercera, Cristián Espejo, abogado de El Zambra –como era conocido Barraza- señaló que éste padecía de cáncer y tenía un problema cardíaco de larga data, y que su deceso se asocia a una falla del marcapasos.

Cabe recordar que en la causa por el asesinato de Flores y Cienfuegos, se ordenó originalmente la prisión preventiva de Barraza, siendo posteriormente dejado en libertad bajo fianza.

Barraza fue además declarado reo por el juez Carlos Cerda, como cómplice de asociación ilícita en el proceso seguido contra el temido Comando Conjunto.

Junto con ello, Barraza es conocido por liderar -en su calidad de comisario de la Policía de Investigaciones- lo que organizaciones de Derechos Humanos han calificado como la “guerra sucia” contra el Movimiento Juvenil Lautaro en los primeros años de los gobiernos de la Concertación.

El ex policía era cercano a la Unión Demócrata Independiente (UDI) debido a que fue clave en la investigación de la muerte del ex senador gremialista Jaime Guzmán. Además, fue sindicado como el “asesor en las sombras” de dicha colectividad en el marco del llamado Caso Spiniak, específicamente en las tareas para demostrar que las acusaciones en contra de reconocidos rostros de dicho partido eran parte de un supuesto montaje político.

October 10, 2018.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de primer grado dictada por el ministro Miguel Vásquez Plaza el 19 de julio de 2019 que condenó a 23 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquián. Los crímenes fueron perpetrados el 7 de septiembre de 1983, en un falso enfrentamiento en calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal.

En el fallo (causa rol 4741-2019), la Tercera Sala del tribunal de alzada – integrada por la ministra Verónica Sabaj Escudero, Alejandro Aguilar Brevis y Rodrigo Carvajal Schnettler – resolvió rechazar los recursos de apelación y de casación interpuestos por algunos condenados y confirmar la sentencia de primera instancia con la declaración de rebajar de 20 a 17 años de presidio las condenas aplicadas a los ex oficiales de Ejército y ex jerarcas de la CNI Roberto Urbano Schmied Zanzi, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla y Aquiles Mauricio González Cortés, en calidad de coautores del delito. El primero de los condenados, Schmied Zanzi, ejercía como jefe de la División Metropolitana de la CNI; Corbalán Castilla era jefe de la División Antisubversiva y Aquiles González actuaba como jefe de la Brigada Azul, especializada en la represión al MIR.

En tanto, los ex oficiales de ejército Sergio María Canals Baldwin, Luis Arturo Sanhueza Ros, Fernando Rafael Mauricio Rojas Tapia, Norman Antonio Jeldes Aguilar y los ex agentes José Abel Aravena Ruiz, José Guillermo Salas Fuentes, Egon Antonio Barra Barra, Jorge Octavio Vargas Bories, Manuel Ángel Morales Acevedo y José Isaías Vidal Veloso deberán purgar 15 años y un día de presidio, como autores de los delitos.

Por su parte, los ex agentes Rodolfo Enrique Olguín González, Ema Verónica Ceballos Núñez, Luis Hernán Gálvez Navarro, Rosa Humilde Ramos Hernández, Francisco Javier Orellana Seguel, Miguel Fernando Gajardo Quijada, Juan Carlos Vergara Gutiérrez, Raúl Boris Méndez Santos, Raúl Hernán Escobar Díaz y Rafael Ricardo Ortega Gutiérrez, fueron sentenciados a 10 años y un día de presidio, como cómplices de los delitos.

En la causa se decretó la absolución de los agentes Zinaida Lena Vicencio González, Jorge Raimundo Ahumada Molina y Eduardo Martín Chávez Baeza, por no acreditarse su participación en este hecho. Otro procesado en esta causa, el ex PDI Jorge Arnaldo Barraza Riveros, falleció en el curso del proceso; en tanto, sigue en calidad de prófugo el procesado ex oficial de Carabineros Miguel Ángel Patricio Soto Duarte.

Este falso enfrentamiento fue realizado por la CNI el mismo día y a continuación de que perpetrara las ejecuciones de otros tres militantes del MIR en calle Fuenteovejuna, en un hecho criminal también orquestado como falso enfrentamiento. Judicialmente, ambos sucesos se tramitan como episodios separados, en circunstancias que se trató de una sola operación represiva.

En la investigación del hecho represivo quedó demostrado que el organismo represivo de la dictadura desarrolló una operación de seguimiento y vigilancia durante los meses previos sobre un conjunto de miembros del MIR que actuaban en la clandestinidad en la lucha de resistencia contra el régimen tirano. Con los datos obtenidos de esa observación previa, la CNI orquestó la operación de exterminio que significó la detención de una decena de personas, el ataque y asesinato de los tres moradores de la casa en calle Fuenteovejuna, en la comuna de Las Condes, y luego el ataque y asesinato de otros dos militantes en la casa de calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal.

El día 7 de septiembre de 1983, decenas de agentes de la CNI, de la SIFA, de la Policía de Investigaciones y de otros organismos represivos fueron hasta el domicilio ubicado en calle Janequeo N° 5707, comuna de Quinta Normal, que estaba siendo vigilado desde hace algunas semanas, procediendo a rodear y a acordonar el lugar, para luego mediante el uso de una base de fuego y otros armamentos, disparar, sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego contra el inmueble, producto de lo cual resultó muerto por diversas heridas de bala en el patio trasero de la vivienda, Hugo Ratier Noguera, de 39 años de edad. Además, con ocasión de ir llegando al mismo domicilio donde residía, fue abatido por múltiples heridas de bala, y ejecutado en la vía pública, esto es, en calle Janequeo frente al número 5946, Alejandro Salgado Troquián, de 30 años de edad.

Un menor de edad, hijo adoptivo de Salgado y residente en la vivienda junto con Salgado y Ratier, fue víctima y testigo de los hechos pero en medio de la balacera logró huir hacia casas del vecindario, salvando así la vida y denunciando luego el criminal ataque.