Astete Almendras Luciano

El ministro de fuero Juan Guzmán Tapia dictó autos de procesamiento por violaciones a los Derechos Humanos, ocurridos en Tocopilla, y encausó por los delitos de homicidios calificados reiterados a lo ex Carabineros Luciano Astete Almendras, quien fue prefecto de Tocopilla, y Juan de Dios Salazar Lantery, que se desempeñó como fiscal militar de Carabineros.

El auto de procesamiento consigna que existen presunciones fundadas para acreditar la participación en grado de autor de los ex miembros de las fuerzas de orden en los homicidios de Julio Brewe Torres, Claudio Tognola Ríos, Agustín Villaroel Carmona, Carlos Garay Benavides, Freddy Araya Figueroa, Reinaldo Aguirre Prudena, Luis Segovia Villalobos, Ernesto Moreno Díaz, Iván Morán Araya, Carlos Gallegos Sántis, Breno Cuevas Díaz y Vicente Cepeda Soto.

Los homicidios de estas persona tuvieron lugar en el puerto de Tocopilla entre el 18 de septiembre y el 23 de octubre de 1973. Muchos de ellos se hicieron pasar por falsos enfrentamientos

Sólo cinco meses alcanzaron a permanecer recluidos en Punta Peuco dos ex carabineros procesados en calidad de autores de 12 homicidios cometidos en la comisaría de Tocopilla en 1973.

La Corte de Apelaciones de Santiago se apiadó de ellos durante las festividades de fin de año y a pesar de anteriores negativas por constatar que constituían un peligro para la sociedad, en diciembre la Segunda Sala les otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

El ex Fiscal de Carabineros, coronel (R) Juan de Dios Salazar Lantery, y el prefecto (R) Luciano Astete Almendras, pudieron pasar el Año Nuevo en casa gracias a que la sala del tribunal de alzada, presidida por el ministro Sergio Valenzuela Patiño y conformada por dos abogados integrantes, así lo determinó el 27 de diciembre.

Salazar y Astete fueron procesados por el ministro Juan Guzmán Tapia el 16 de julio de 2002 como presuntos autores de doce homicidios. La causa por los crímenes de Tocopilla se encuentra actualmente en manos del ministro Daniel Calvo, quien asumió la investigación luego de la reorganización de los procesos que instruía el juez Guzmán.

El ministro Calvo se había negado sistemáticamente a conceder el beneficio de la libertad bajo fianza solicitada por la defensa de los procesados, ejercida por el abogado Carlos Portales, y la Corte había ratificado su decisión en otras oportunidades. Pero esta vez, la llegada del Año Nuevo fue un factor a considerar por la Sala del tribunal de alzada, que encontró la solución salomónica para esas fechas: la vuelta a casa.

Los integrantes de esa instancia también consideraron la edad de los procesados (Salazar tiene cerca de 80 años) y algunos informes de salud que no daban cuenta de necesidades reales de traslado.

La historia del beneficio otorgado a los ex carabineros está repleta de ironías, pues los la mayoría de los muertos de Tocopilla nunca pudieron ser vistos por sus familiares, y a algunos se les permitió visita sólo por tres minutos durante toda la época que vivieron detenidos.

El 23 de octubre de 1973 fueron ejecutados en la Comisaría de Tocopilla Julio Brewe Torres; Claudio Togñola Ríos, Agustín de la Cruz Villaroel, Carlos Garay Benavides, Freddy Araya Figueroa, Reinaldo Aguirre Pruneda, Luis Segovia Villalobos, Ernesto Moreno Díaz, Iván Mora Araya, Carlos Gallegos Santis, Breno Cuevas Díaz y Vicente Cepeda Soto.

Julio Brewe, de 26 años de edad a la edad de su muerte, era profesor, dirigente sindical, militante socialista. Fue detenido cuando se presentó voluntariamente a la Comisaría de Tocopilla el 18 de septiembre, permaneciendo recluido en ese recinto y sin derecho a visitas hasta el día de su homicidio.

Claudio Tognola -médico obstetra, casado, padre de cuatro hijos y dirigente del Partido Socialista- fue detenido en su domicilio el 16 de septiembre de 1973 por el Jefe de Investigaciones de Tocopilla, junto a una patrulla de militares. Permaneció recluido en la Comisaría de Carabineros de Tocopilla y en la cárcel de esa ciudad. En los primeros días de octubre de 1973 fue llevado a una mina abandonada, ubicada a 15 kilómetros al norte de Tocopilla, junto a Luis Segovia, Carlos Garay, Freddy Araya y Reinaldo Aguirre. Todos ellos fueron muertos en esa fecha.

Carlos Gallegos, de 30 años de edad, era profesor, militante socialista. Había sido detenido el 17 de septiembre en las cercanías de su domicilio y trasladado a la Comisaría de Tocopilla, donde permaneció sin derecho a ser visitado hasta la fecha de su muerte.

Breno Cuevas, de 45 años de edad, era inspector de sanidad, militante socialista. Fue detenido el 16 de septiembre de l973 en su domicilio por carabineros y llevado a la Comisaría de Tocopilla, donde permaneció recluido allí y también en la Cárcel Pública. Nunca le fue permitido recibir visitas.

Vicente Cepeda tenía 31 años de edad, era médico cirujano, director del policlínico de Codelco y militante socialista. Fue detenido el 20 de septiembre por Carabineros que le conducieron a la comisaría, donde permaneció hasta su muerte, sin derecho a ser visitado.

El Ministro Mario Carroza dictó acusación contra los miembros del Ejército en retiro Manuel Carevic Cubillos, Roberto Merino Merino, Patricio Silva Abarca y Patricio Silva Garín, en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Gonzalo Toro Garland, ilícito perpetrado a partir del 4 de agosto de 1974, en la comuna de Providencia, como lo consigna el Poder Judicial.

Recordemos que Carevic se encuentra recluido en Punta Peuco y su familia fue parte de la polémica misa realizada el viernes pasado en el penal, lugar donde Manuel está recluido por la desaparición del conscripto de la Fuerza Aérea Rodolfo Valentín González Pérez, causa a la cual se sumará la nueva acusación. En el acto ecuménico no se refirieron a las violaciones a los derechos humanos causadas por Carevic, sino a la figura de su hermano, Pedro, quien murió en un atentado realizado en las oficinas de la CNI.

En la etapa de investigación, el ministro en visita logró determinar que Toro Garland fue detenido por personal de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el 4 de abril de 1974, frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, operativo en el que fue herido siendo trasladado hasta el Hospital Militar, recinto donde estuvo internado hasta el 4 de agosto de 1974, fecha desde la que se desconoce su paradero.

Otras acusaciones
Mario Carroza, además dictó acusaciones en contra de miembros en retiro de Carabineros y del Ejército, por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y secuestro calificado, perpetrados en Tocopilla entre septiembre y octubre de 1973 por Luciano Astete Almendras, Alex Cantín Leyton, Humberto Fuentes Morales, Gilberto Egaña García, Manuel Guillén Muñoz, José Fuentes Berrocal, Ricardo Gómez Centella, Sergio Mendez Henríquez, Nelson Ávalos Rauld, Hernán Salinas Solari y Osvaldo Carmona Otero, a quienes sindicó como autores del delito de homicidio calificado y contra Raúl Almonacid Valdivia, en calidad de cómplice.

El grupo de ex carabineros tendría responsabilidad en los homicidios de Iván Morán Araya, Ernesto Moreno Díaz, Claudio Tognola Ríos, Carlos Garay Benavides, Luis Segovia Villalobos, Agustín Villarroel Carmona, Reinaldo Aguirre Pruneda, Freddy Araya Figueroa, Julio Brewe Torres, Breno Cuevas Díaz, Vicente Cepeda Soto y Carlos Gallegos Santis. Ilícitos perpetrados entre septiembre y octubre de 1973, en la ciudad de Tocopilla, Región de Antofagasta.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la investigación, las víctimas fueron detenidas por personal de Carabineros en sus domicilios y conducidas hasta la Primera Comisaría de Tocopilla, lugar donde permanecieron en calabozos hasta que fueron sacados a distintas minas de la zona para ser ejecutados.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó sendas acusaciones en contra de miembros en retiro de Carabineros y del Ejército, por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y secuestro calificado, perpetrados  en Tocopilla y Santiago, respectivamente.

En la primera resolución (causa rol 2182-1998), el ministro de fuero dictó acusación en contra de Luciano Astete Almendras, Alex Cantín Leyton, Humberto Fuentes Morales, Gilberto Egaña García, Manuel Guillén Muñoz, José Fuentes Berrocal, Ricardo Gómez Centella, Sergio Mendez Henríquez, Nelson Ávalos Rauld, Hernán Salinas Solari y Osvaldo  Carmona Otero, en calidad de autores del delito de homicidio calificado; y contra Raúl Almonacid Valdivia, en calidad de cómplice.

Grupo de ex carabineros que tendría responsabilidad en los homicidios de Iván Morán Araya, Ernesto Moreno Díaz, Claudio Tognola Ríos, Carlos Garay Benavides, Luis Segovia Villalobos, Agustín Villarroel Carmona, Reinaldo Aguirre Pruneda, Freddy Araya Figueroa, Julio Brewe Torres, Breno Cuevas Díaz, Vicente Cepeda Soto y Carlos Gallegos Santis. Ilícitos perpetrados entre septiembre y octubre de 1973, en la ciudad de Tocopilla, Región de Antofagasta.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, las víctimas fueron detenidas por personal de Carabineros en sus domicilios y conducidas hasta  la Primera Comisaría de Tocopilla, lugar donde permanecieron en calabozos hasta que fueron sacados para ser ejecutados en el sector de la mina La Veleidosa o  La Descubridora, entre otros lugares.

Hospital Militar
En el segundo caso (causa rol 107-2012),  el ministro Carroza dictó acusación en contra de los miembros del Ejército en retiro Manuel Carevic Cubillos, Roberto Merino Merino, Patricio Silva Abarca y Patricio Silva Garín, en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Gonzalo Toro Garland, ilícito perpetrado a partir del 4 de agosto de 1974, en la comuna de Providencia.

En la etapa de investigación, el ministro en visita logró determinar que Toro Garland fue detenido por personal de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el 4 de abril de 1974, frente a la casa central de la Universidad de Chile. Operativo en el que la víctima resultó herida, siendo trasladada hasta el Hospital Militar, recinto donde estuvo internada hasta el 4 de agosto de 1974, fecha en que se pierde su rastro.

El ministro en visita extraordinaria para causa por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó a seis miembros en retiro de Carabineros y el Ejército por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo; y los homicidios calificados de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Álex Araya Figueroa, Iván Florencio Morán Araya, Ernesto Manuel Moreno Díaz, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Óscar Gallegos Santis. Ilícitos perpetrados entre septiembre y octubre de 1973, en la ciudad de Tocopilla.

En el fallo (causa rol 2.182-1998 “Tocopilla”), el ministro de fuero condenó a Luciano Astete Almendras y a Álex Adalberto Cantín Leyton a las penas efectivas de 17 años y 15 años y un día de presidio, respectivamente, en calidad de autores de los delitos. En tanto, Gilberto Arturo Santiago Egaña García y Raúl Darío Almonacid Valdivia deberán purgar 7 años y 5 años y un día de presidio, respectivamente, como cómplices.

En el caso de Juan José Rojas Fuentes y Luis Ramón Guerrero González fueron condenados a 800 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de pena, en calidad de cómplices del delito de secuestro calificado. Misma pena y beneficio a la que fue sentenciado Ivar Liborio Muñoz Peña, como encubridor.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Carroza logró establecer los siguientes hechos:

“1) Que a raíz de los acontecimientos acaecidos en el país el día 11 de septiembre de 1973, el Gobierno Militar ordena tomar el control de la ciudad de Tocopilla y para llevarlo a cabo, se instruye a las unidades de la Armada, Carabineros, Policía de Investigaciones y militares, en la jurisdicción, misiones específicas a realizar.

2) Que así las cosas, en un primer momento asume como Gobernador de Tocopilla el Capitán de la Armada Humberto Fuentes Morales, quien en atención a su estado de salud y recursos logísticos, entrega esa responsabilidad al Prefecto de Carabineros Luciano Astete Almendras, y a su vez se designa al subprefecto Juan de Dios Salazar Lantery como Fiscal Militar para el departamento de Tocopilla, estando sus funciones dirigidas a instruir los procesos que tuvieran relación con las actividades políticas y subversivas que se desarrollaran en la provincia.

3) Que para tal cometido, por instrucciones del Prefecto Luciano Astete Almendras, el Fiscal Militar designa una Comisión Civil al mando del entonces Teniente Alex Cantín Leyton, para que se dedique coordinadamente con el personal militar, la Armada e Investigaciones a ejecutar operativos contra la población civil de la ciudad, consistente en allanamientos, privaciones de libertad, interrogatorios, torturas y ejecuciones sumarias, como en los casos que a continuación se indican:

A.- Hechos ocurridos el 18 de septiembre de 1973, que ocasionan la muerte de Iván Florencio Morán Araya y Ernesto Manuel Moreno Díaz.

El día 18 de septiembre de 1973, en horas de la noche, alrededor de las 20:00 horas, efectivos de Carabineros de Tocopilla comandados por Raúl Gaete Cuevas (fallecido), Juan Bonilla Castro (fallecido) y Diocario Contreras Labrín (fallecido), detuvieron en sus domicilios a Iván Florencio Morán Araya y Ernesto Manuel Moreno Díaz para conducirlos hasta la Comisaría de esa ciudad, donde serían interrogados; sin embargo, en la madrugada del día siguiente, ambos fueron ejecutados afuera de la Comisaría por funcionarios policiales que cumplían órdenes de sus superiores bajo el pretexto de haber intentado darse a la fuga, siendo sus cuerpos posteriormente entregados sin vida con heridas de bala en la morgue del Hospital Marcos Macuada de Tocopilla.

B.- Fusilados en la Mina la Veleidosa.

En otra oportunidad, estos mismos funcionarios de la Comisaría de Tocopilla detuvieron durante en el curso de los días 11 de septiembre al 04 de octubre de 1973, a varias personas individualizadas como Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda y Freddy Alex Araya Figueroa, y les mantuvieron privadas de libertad en primer término en los calabozos de la Primera Comisaría de Carabineros de esa ciudad y luego, en la Cárcel Pública de dicho puerto, lugar éste último desde donde se les saca para llevarles el día 06 de octubre de ese año, maniatados, hasta el pique minero denominado “Mina La Veleidosa” o “La Descubridora”, ubicado a una distancia aproximada a los 30 kilómetros hacia el oriente del centro de la ciudad de Tocopilla, en ese lugar se les ordena bajar y se procede a conformar un pelotón de fusileros integrados por funcionarios de Carabineros, Investigaciones, Armada y Ejército, a los cuales se les ordena dispararles con sus armas de fuego, para quitarles la vida. Con posterioridad, los cuerpos sin vida de Tognola, Garay, Segovia y Villarroel, fueron arrojados al interior del pique ya citado, el cual en esa fecha tenía una profundidad superior a los seiscientos metros, sus restos fueron parcialmente recuperados e identificados en el transcurso del año 1991, sin embargo, los cadáveres de Aguirre y Araya, son trasladados a la morgue del Hospital Marcos Macuada de Tocopilla, argumentándose habérsele muerte durante un intento de fuga, en los momentos en que se realizaba un operativo de búsqueda de armas y explosivos en el sector de una mina sin nombre.

C.- Los hechos que ocasionaron la muerte de Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Oscar Gallegos Santis, en la madrugada del 23 de octubre de ese mismo año.

Que por su parte, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Oscar Gallegos Santis, fueron detenidos entre los días 16 y 20 de septiembre de 1973 por efectivos dependientes de la misma Prefectura de Carabineros de Tocopilla, trasladados hasta la Primera Comisaria de esa ciudad, donde se les mantuvo en los calabozos hasta la madrugada del 23 de octubre de ese mismo año, ocasión en que a los cuatro se les dio muerte al interior de sus celdas, utilizando para ello fusiles ametralladoras, sus cuerpos posteriormente entregados a la morgue del Hospital Marcos Macuada, y se informa a la ciudadanía que los detenidos le habían arrebatado el fusil SIG a un centinela que los vigilaba, el que no pudieron utilizar por desconocimiento y debido a ello, personal de servicio de la unidad policial tuvo que abrir fuego y provocarles la muerte.

D.- Secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, ocurrido el 14 de Septiembre de 1973.

Que, como se señaló anteriormente para el 11 de septiembre de 1973, en el contexto de los hechos acaecidos en el país, se le entrega la misión al Prefecto Delegado Luciano Astete Almendras de crear un grupo operativo de represión política en Tocopilla, para lo cual designa como Fiscal Militar Ad-Hoc al Subprefecto de Carabineros Juan de Dios Salazar Lantieri (fallecido), y éste para dar cumplimiento a su tarea procede a designar a determinados funcionarios de la Primera Comisaria de Tocopilla, para que se encargaran de la detención e interrogatorios de las personas conocidas como partidarias del gobierno depuesto por el golpe militar. Este grupo operativo de Carabineros, era dirigido por el Teniente Alexis Cantín Leyton e integrado de manera permanente por los funcionarios policiales tenían pleno conocimiento de la ilicitud de los actos que se cometieron y aun así, cooperaron en su ejecución con actos previos o simultáneos.

Así las cosas, el día 11 de Septiembre de 1973, estos funcionarios de Carabineros se presentaron en la Empresa SOQUIMICH, comandados por el Teniente Alex Cantín Leyton, detuvieron a Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, a quien trasladaron hasta la Comisaria de Tocopilla, luego a un calabozo del Centro de Detención Preventiva de Tocopilla, y en ese lugar permaneció durante tres días bajo crueles e inhumanos tormentos.

El 14 de Septiembre de 1973, es sacado desde la cárcel por el mismo Teniente Cantín y sus subalternos, para trasladarlo a un lugar desconocido, donde se pierde su rastro, sin que hasta la fecha se conozca su destino o paradero”.

En el aspecto civil, el fallo acogió con costas las demandas por daño moral deducidas, ordenado al Estado de Chile a pagar la suma total de $980.000.000 (novecientos ochenta millones de pesos) a familiares de las víctimas.

Asimismo, condenó a Astete Almendras, Cantín Leyton, y Almonacid Valdivia, pagar a Rosa Canales Illesca, Claudia Tognola Canales, Verónica Tognola Canales y Paola Tognola Canales $20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada una.

La batalla de la hija de Claudio Tognola comienza en 1990, con la búsqueda del cuerpo de su padre que fue asesinado junto a otras once personas en octubre de 1973. A pesar de que pudo enterrar sus restos 19 años después, la justicia nunca llegó. “Muchos de los militares y carabineros han fallecido sin pisar nunca un tribunal; justicia real no hemos tenido”, dice. Esta es su historia.

Paola apenas rozaba los 23 años cuando comenzó la búsqueda del cuerpo de su padre, el doctor Claudio Tognola, asesinado en 1973. Tenía una misión clara: encontrar sus restos. Era 1990,  había viajado en bus hasta Tocopilla. Se bajó en el terminal con el pecho apretado, respiró profundo y volvió a escuchar con atención el desierto. Atrás había dejado amigos,  familia y su casa. Se propuso la posibilidad de vivir un par de años en el puerto si era necesario, buscar trabajo, quizá instalarse en un departamento. Hacer lo imposible. Pero esta historia comienza mucho antes.

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 aplastó a Tocopilla, a punta de desapariciones y torturas. Uno de los asesinatos más conocidos fue el del alcalde la ciudad, Marcos de la Vega, y el del gobernador Mario Arqueos, quienes luego fueron trasladados a Antofagasta y ejecutados por el paso de Caravana de la Muerte. Fue una represión transversal, mediante la cual se persiguió desde políticos a estudiantes. Una represión que que quedó marcada a fuego: denuncias a  vecinos, amigos y familiares. La delación y violencia transformó a algunos en torturadores y verdugos de personas que conocían.

-A mi padre lo mataron quienes habían trabajado con él, sus amigos-, dirá más tarde Paola.

En 1962, Tognola llegó a Tocopilla desde Santiago con su esposa Rosa Canales, quien estaba embarazada de su primera hija. Luego vinieron Paola y Verónica. Al principio, trabajó en el Hospital Marcos Macuada y luego fue contratado como médico oficial de Carabineros. Después de un tiempo se separó, regresó a Santiago a cursar su especialidad en Obstetricia, pero en 1972 decidió volver a Tocopilla. En ese tiempo conoció una nueva pareja, pero seguía comunicándose con su ex esposa y sus hijas a través de cartas. Tenían una relación cercana, de hecho, Rosa se instaló con las niñas en la casa de sus suegros, en Avenida Matta.

Tognola era un hombre querido por la gente del puerto. Obtuvo el cargo de médico general poco tiempo después, fue militante socialista y ya había sido electo secretario general del partido una semana antes de Golpe de Estado. Era reconocido por su aspecto físico; un colorín pecoso de baja estatura y carácter fuerte, pero afable, muy preocupado de los temas sociales, de la gente humilde de esa tierra. Conocidas eran sus atenciones a domicilio; llegaba hasta la última casa del cerro, construcciones que colindaban con la línea del tren. Una vida que sería súbitamente interrumpida con la llegada del 11 de septiembre.

-Mi papá era así, si veía a un señora mayor o viejita, le decía: “Ya, vamos a atendernos”. Y la llevaba al hospital en brazos, muerto de la risa. La gente lo quería mucho y tenía una vida social muy activa- recuerda Paola.

Paola Tognola (53) conserva el temple, el rostro cubierto de las pecas que heredó de su padre, mientras habla de esa historia de búsqueda, pero también una historia que no termina. Ha organizado funas para los culpables, pero siente que la justicia no ha llegado aún, al menos, no del todo. Han muerto militares y carabineros que estuvieron implicados en los asesinatos de Tognola -y 11 personas más- y nunca pusieron un pie en los tribunales.

Paola cuenta lo que se sabe que pasó con su padre: después del 11 de septiembre había trabajado con un salvo conducto, estuvo detenido unos días antes, pero lo habían dejado ir. El 16 de septiembre de 1973 fue distinto. Cerca de las 21:30 horas, el jefe de Investigaciones de Tocopilla, de apellido “Fuentes”, lo fue a buscar a su casa. Afuera lo esperaba una patrulla de militares en una camioneta verde de la Corporación del Cobre (CODELCO).

A Tognola lo tuvieron recluido en la Comisaría de Carabineros de Tocopilla y luego fue trasladado a la cárcel de esa ciudad. Ahí lo vieron algunos testigos. Dicen que lo escucharon gritar que tenía hambre. Lo dejaron comer algunos días, pero su apariencia ya era pálida y enfermiza. Fue sometido a proceso en la Fiscalía de Carabineros junto a Luis Segovia, Carlos Garay (todos desaparecidos), a Freddy Araya y a Reinaldo Aguirre (ejecutados), entre otras personas más.

El 6 de octubre de 1973, se publicó en la prensa de la zona un comunicado oficial firmado por el delegado Jefe de Zona en Estado de Sitio de Tocopilla, Teniente Coronel y Prefecto de Carabineros, Luciano Astete Almendras, en el que se daba cuenta de una falsa fuga de un grupo de detenidos. Dicho comunicado decía que “a las 08:30 horas, en circunstancias que personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros cumplían una diligencia de la Fiscalía Militar en una mina ubicada a 15 kilómetros al norte de Tocopilla, aprovechándose que este personal desenterraba una gran cantidad de dinamita, los prisioneros Carlos Garay, Luis Segovia, Claudio Tognola, Freddy Araya y Reinaldo Aguirre, ‘se dieron a la fuga’ hacia el interior de la mina y a pesar de gritarles ‘alto’ en reiteradas oportunidades, no obedecieron la orden de detención, motivo por el cual se disparó sobre ellos”.

Tognola tenía que ir por esos días a Santiago. Rosa, al no recibir noticias de él, hizo una maleta, viajó a Tocopilla y acudió al ministro de Minería, Alfredo Yovanne (también general de Carabineros y gestor de golpe), para pedir información de su esposo. La respuesta que tenían hasta ese momento era que lo habían involucrado en el “Plan Z” (un supuesto plan del gobierno de Salvador Allende para terminar con la oposición a su gobierno). Yovanne la envió en un avión institucional a Tocopilla y le entregó una carta donde le pedía al subprefecto Luciano Astete que le entregara toda clase de facilidades “para la gestión que realizará en la ciudad”. No hubo respuesta. Astete le dijo que regresara en un mes a buscar el documento que le otorgaría la Fiscalía Militar de Antofagasta, en el que constaría la desaparición del doctor.

Paola tenía siete años cuando su padre pasó a la extensa lista de detenidos desaparecidos. Tognola había ido días antes a Santiago a visitar a sus hijas. Ella recuerda que venían llegando del Far West (un parque de diversiones temático), cuando escuchó su voz. “¡Llegó le papá, llegó el papá!”, gritó por la casa hasta que lo vio y corrió a colgarse de su cintura. Paola le pidió que se quedara; él le prometió que volvería en tres días. Esa tarde esperó sentada en el berger frente a una mampara de la entrada de la casa. Su padre nunca llegó.

-Días después escuché una conversación de un amigo de la familia con mis abuelos. Miré por la puerta entreabierta y vi a mi abuela taparse la boca para gritar: “¡No, mi hijo no!”. Ahí entendí todo-, recuerda.

De vuelta en Tocopilla de 1990, la insistencia de Paola arrojó los primeros resultados. En medio de ese proceso conoció a varias personas de la Comisión de Derechos Humanos de la zona, con quienes hicieron una campaña en radios, prensa y se reunían en la plaza Condell de la ciudad. Hicieron presión para que empezara la búsqueda de los cuerpos. En esos días hicieron un trabajo que los dejó sin aliento.

Había una esperanza, en el primer viaje de su mamá, un pirquinero se le había acercado para decirle que sabía dónde estaba el cuerpo de su esposo. Lo que parecía un rumor empezó a crecer, hasta que en 1974 dos pirquineros entraron a la mina y encontraron un grupo de cadáveres apilados y, entre ellos, un cuerpo que colgaba de cabeza con el cabello rojo y rizado.

-Ese rumor al final era una certeza, siempre supimos que estaban ahí, pero luego obligaron a esos pirquineros a dinamitar el lugar y luego ellos fueron torturados, pero esa era la pista que siempre seguimos, a diferencia de muchas familias, nosotros supimos dónde estaban-, explica Paola. El hecho fue descrito en un reportaje de la revista “Cauce”, en 1984.

A fines de julio de 1990, el juez de Tocopilla de ese entonces, Jorge Cortez Monroy, acogió la querella y comenzó la búsqueda de Tognola y de los otros desaparecidos.

Paola dividía el tiempo entre su trabajo y subir al cerro “Tres puntas” con la ayuda de pirquineros, lámparas y camionetas cedidas por una empresa minera. Las mujeres cocinaban fondos de tallarines con salsa y otras comidas posibles gracias a los alimentos que les regalaban en algunos almacenes. No había dinero, pero todo se daba gracias a la solidaridad de sus vecinos de la ciudad. Los mineros se demoraban dos horas en bajar y cuatro para subir, lo que reducía el tiempo de búsqueda. Otras noches, en una especie de creencia de la zona, los lugareños dejaban guaipes encendidos en el camino desértico. “Para iluminarles la ruta de vuelta a casa”, les decían. En octubre habían encontrado los restos de los desaparecidos, solo faltaba su padre y quedaba poco para terminar la búsqueda.

El 5 de octubre de 1991, Marisol Ramírez -integrante de la Comisión-llegó hasta el lugar donde estaba trabajando Paola. Tenía los ojos humedecidos.

-“Paolita, encontraron una mano, creo que es de tu papá”, me dijo y yo le respondí que me la mostraran, que la reconocería de inmediato. Ella me contestó que se iba a hacer un doble peritaje para no tener problemas. En enero de 1992 fue a verme el doctor Alfredo Sierra, me pidió que habláramos -a esas alturas éramos todos muy amigos- , me informó que ya habían terminado las pericias y me mostró el expediente de fotos. Era él, era su mano izquierda. Yo estaba en shock, me llevaron al desierto, grite y lloré, al fin pude desahogarme”, recuerda Paola y su voz se quiebra.

En octubre de 2001, el juez Juan Guzmán comenzó a investigar el caso y en noviembre de ese año viajó a la mina. El 16 de julio del 2002 procesó y declaró reos a Juan de Dios Salazar y a Luciano Astete por el homicidio calificado de 12 personas en Tocopilla. Al final, la verdad salió a la luz: en una de las etapas de investigación, el ministro Carroza estableció que el 19 de septiembre de 1973, Iván Morán Araya y Ernesto Moreno Díaz, tras ser llevados a la comisaría de Tocopilla el día anterior para un supuesto interrogatorio, fueron finalmente ejecutados por funcionarios policiales. Luego, el 6 de octubre, un grupo de seis detenidos fueron llevados al pique minero “Mina La Veleidosa” o “La Descubridora”, por los mismos funcionarios, donde un pelotón de fusileros integrados por miembros de Carabineros, Investigaciones, la Armada y el Ejército, les quitó la vida. Inexplicablemente, se sobreseyó a Juan Manuel Bonilla-uno de los implicados- tiempo después. En las declaraciones de la sentencia se deprende que quienes se dedicaron a interrogar y a torturar a las víctimas fueron Alex Cantín y Omar Valdivia, como parte de la Sección de Inteligencia de Carabineros (Sicar). La mayoría de las veces ejecutaron torturas con electricidad.

Según lo vecinos de Tocopilla, Cantín fue quien habría sufrido el cambio más brusco de personalidad tras el 11 de septiembre. Habría reprimido y torturado a vecinos que conocía; lo mismo sucedió con el doctor chino Roberto Hafon, amigo y padrino de Verónica, una de la hijas de Tognola. Tras el golpe fue acusado de encubrir las muertes desde el Hospital de Carabineros.

En 2007, Paola dio con la dirección de Alex Cantín en el sur de Chile y fue a la universidad donde trabajaba. Organizó una funa; dice que parte de su lucha es conseguir que no se olviden de lo que Alex Cantín, Ángel Calderón, Juan Bonilla y Gilberto Egaña, entre otros, hicieron. Que nunca nadie olvide la matanza de Tocopilla.

-La justicia ha sido lenta y poco asertiva, somos castigados por toda partes, tuvimos que esperar que dictadura terminara para tener algo de justicia y luego siguió la tardanza y nosotros éramos los que estábamos pegados, estigmatizados hasta le día de hoy. Algunos de los implicados ya están muertos, pero a estas alturas, por lo menos, Cantín ha pasado por los tribunales a declarar, pero justicia real no hemos tenido-, sentencia Paola.

En febrero de 1992, los restos de Tognola fueron trasladados a Santiago, donde se les dio sepultura definitiva en el Cementerio General en el mausoleo junto a sus padres, tal como Rosa le había prometido a Rómulo, su suegro.

-Ese día me quedé mirando la carroza en la calle de la Costanera que va hacia el aeropuerto de Tocopilla con una especie de vacío. Ahí me di cuenta que el objetivo de toda mi vida había sido buscarlo, buscarlo tanto. Ahora tenía que empezar de cero-, dice y se queda en silencio.

En esta jornada se dieron a conocer las sentencias de los funcionarios de las Fuerzas Armadas implicados en la muerte y desaparición de más de 12 presos políticos entre Septiembre y Octubre de 1973. Se trata de Luciano Astete Almendras y Alex Cantín Leyton quienes deberán pagar en prisión 17 y 15 años respectivamente.

Seis de las víctimas fueron asesinadas en la mina “La Veleidosa”, ubicada a treinta kilómetros al oriente de Tocopilla, cuatro murieron en el calabozo de la misma ciudad y otros dos cuerpos fueron entregados a la morgue del hospital Marcos Macuada. Para encubrir sus crímenes, muchos de ellos los hicieron pasar por falsos enfrentamientos o intentos de fuga.

Luis Segovia Villalobos fue uno de las víctimas. Copiapino de 28 años de edad y empleado de Cobrechuqui. Para su prima, Ivon Villalobos, esta pena cumple con lo esperado por la familia. “ Hemos esperado tanto tiempo que siempre pensé que nos íbamos a morir sin encontrar justicia, como le ha pasado a tanta gente, como le pasó a la Anita González, es una condena alta que nos deja satisfecho como familiares. Ni los condenados de la caravana de la muerte tuvieron que pagar una pena tan alta, finalizó.

La información de la condena fue entregada por el abogado de derechos humanos José Olivares. Cabe destacar que la historia de estos hechos en la mina “La Veleidosa” se puede encontrar en el libro Tumbas de Cristal, escrito por la periodista Ruby Weitzel.

A1. Ministro de Fuero Juan Guzman Proceso rol Nº2182-98 : Contra A. Pinochet y otros

O. Proceso por el homicidio de 12 personas en Tocopilla 18 de Septiembre y 23 de Octubre de 1973

23 de Julio de 2002 : La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago denegó la libertad bajo fianza del Capitán (r) Juan de Dios Salazar Lantery.

16 de Julio de 2002 : Las víctimas son: Julio Brewe Torres; Claudio Togñola Ríos, Agustín de la Cruz Villaroel, Carlos Garay Benavides, Freddy Araya Figueroa, Reinaldo Aguirre Pruneda, Luis Segovia Villalobos, Ernesto Moreno Díaz, Iván Mora Araya, Carlos Gallegos Santis, Breno Cuevas Díaz y Vicente Cepeda Soto.
El Ministro Guzmán sometió a proceso en calidad de autores de los delitos de homicidios calificados reiterados al ex Fiscal (R) Juan de Dios Salazar Lantery y el Prefecto (R) Luciano Astete Almendras, ambos pertenecientes a carabineros.

El oficial en retiro fue procesado la semana pasada, junto al ex prefecto de Carabineros, Luciano Astete Almendras, por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, bajo los cargos de homicidio y secuestro cometidos en contra de 12 personas en 1973

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, denegó hoy la libertad bajo fianza para el ex fiscal militar de la Segunda Región, capitán en retiro Juan de Dios Salazar Lantery.

El oficial (R) fue procesado la semana pasada, junto al ex prefecto de Carabineros, Luciano Astete Almendras, por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, bajo los cargos de homicidio y secuestro cometidos en contra de 12 personas en Tocopilla, entre el 18 de septiembre y el 23 de octubre de 1973.

Según consta en el auto de procesamiento, Astete y Salazar dieron muerte con armas de fuego a doce personas. Seis de las víctimas fallecieron en la mina "La Veleidora", ubicada a treinta kilómetros al oriente de Tocopilla, cuatro murieron en el calabozo de la misma ciudad y otros dos cuerpos fueron entregados a la morgue del hospital Marcos Macuada. Desde 1991 se empezaron a encontrar los cuerpos de estas doce víctimas, identificadas como Julio Enrique Brewe Torres, Claudio Rómulo Taguala Ríos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Carlos Miguel Garay Benavides, Félix Álex Araya Figueroa, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda, Luis Orosimbo Segovia Villalobos, Ernesto Manuel Moreno Díaz, Iván Florencio Morán Araya, Carlos Óscar Gallegos Santis, Bruno Benicio Cuevas Díaz y Vicente Ramón Cepeda Soto. Los dos procesados como autores de homicidio calificado reiterado están detenidos en la Escuela de Formación Policial de Carabineros. El tribunal de alzada estuvo compuesto por los ministros Sergio Valenzuela Patino, Lamberto Cisternas y el abogado integrante, Domingo Hernández.