Soria Espinoza Carmelo Luis

16 de julio de 1976 fue muerto por agentes de la DINA el economista español y funcionario de las Naciones Unidas, Carmelo Luis SORIA ESPINOZA, militante del PS. El afectado fue detenido el día anterior.  Al día siguiente, el automóvil del afectado fue arrojado por algunos agentes dentro del canal El Carmen, en el sector de La Pirámide, con las llaves en el contacto, sus puertas cerradas, algunos vidrios quebrados, sin la radio ni los asientos del mismo, salvo el del conductor, y una botella de pisco para simular un accidente. En el mismo canal fue arrojado el cadáver del afectado, el cual fue hallado el día 17 a un kilómetro del lugar en que se encontró el auto.

La Comisión se formó la convicción de que Carmelo Soria fue ejecutado por agentes estatales, en violación de sus derechos humanos.

A 50 años de la creación de la DINA, el Archivo de Seguridad Nacional publica documentos que evidencian las misiones secretas de un agente de inteligencia de la dictadura. Esos papeles narran las atrocidades que patrocinó el Estado a través de la policía secreta de Augusto Pinochet. Las revelaciones, entre otras cosas, detallan el suministro de gas para asesinar a opositores del régimen, los alcances de la Operación Cóndor en Francia y el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en Washington.

«Si ha habido suficiente motivo para abrir este sobre acuso al Gobierno de Chile de mi muerte «, escribió el agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Michael Townley en marzo de 1978, mientras los agentes del FBI le perseguían por el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt en Washington, D.C., en septiembre de 1976. Townley escribió que, si él era asesinado, se debía considerar a su superior y comandante de la DINA, Manuel Contreras, como el “autor intelectual” del delito. Townley también identificó a un equipo de asesinos de la DINA -sus propios colegas- como las personas que probablemente habrían cometido el hipotético crimen en contra suyo.

Titulado «Confesión y acusación«, el documento es uno de los varios informes detallados de Townley sobre los crímenes de la DINA que el National Security Archive publica como colección por primera vez, 45 años después de que fueran escritos. Townley redactó estas dramáticas confesiones como un esfuerzo calculado y desesperado para que sus superiores de la DINA no intentaran silenciarlo permanentemente en vez de entregarlo a las autoridades estadounidenses.

En otro documento, titulado «Historia de actuación en DINA«, Townley registró su carrera de cuatro años como asesino de la DINA originario de Estados Unidos. Allí cuenta que fue reclutado por altos oficiales de ese organismo en 1974, que le dieron una mansión en Lo Curro (Vitacura), que le ordenaron construir un laboratorio para fabricar armas químicas en su sótano y que le encargaron la dirección de la «Agrupación Avispa«, una unidad especial de la DINA bajo el mando de la Brigada Mulchén, “formado para cumplir misiones secretos de eliminación» de los opositores al régimen de Pinochet. En sus confesiones, Townley menciona los asesinatos de dos chilenos utilizando gas sarín que fabricó en su casa. 

Como anexo a este documento, un tercer informe manuscrito, llamado «Relato de sucesos en la muerte de Orlando Letelier el 21 de septiembre, 1976«, detalla su misión encubierta para asesinar al exdiplomático chileno en Washington, D.C., como parte de la Operación Cóndor de los servicios de seguridad del Cono Sur.

«Los órdenes explícitas«, según Townley, «eran: Ubicar la residencia y lugar de trabajo de Letelier y contacta con el grupo cubano para que lo eliminaron o en SARIN o por atropello a otro accidente o al final por cualquier método, pero que a Letelier el gobierno de Chile lo quería muerto«.

LA HISTORIA DE LAS CONFESIONES

Ante la amenaza latente de ser asesinado por sus propios superiores, Townley entregó estos informes escritos a su esposa, Mariana Callejas, para que los guardara. Los documentos siguieron en su poder incluso después de que el régimen de Pinochet entregara a Townley al FBI el 8 de abril de 1978. Contreras lanzó entonces una campaña mediática para desacreditar a Townley, afirmando que era un agente de la CIA infiltrado en las filas de la DINA para avergonzar al régimen chileno, una tesis que Townley anticipó y negó explícitamente en sus confesiones privadas. Para asegurarse de que la autenticidad de sus revelaciones no fuera cuestionada, Townley estampó la huella de su pulgar en cada informe. Posteriormente, un laboratorio forense del FBI verificó sus huellas dactilares.

La última página del informe manuscrito de Townley sobre la «Historia de las actividades en la DINA» con su firma y huella digital (Fuente: National Security Archive)

Bajo custodia estadounidense, Townley confesó varias de las operaciones citadas en estos informes. Partes significativas de esta historia se hicieron públicas en el libro de 1980 Assassination on Embassy Row, de John Dinges y Saul Landau, el primer relato exhaustivo sobre los asesinatos de Orlando Letelier y su colega Ronni Moffitt. El libro se basaba en diversas fuentes, incluidas entrevistas con agentes del FBI y el testimonio de Townley en el juicio de 1979 por el asesinato que materialmente ejecutó un grupo cubanos asociados a la DINA.

Doce años después de que su marido fuera puesto bajo custodia, Callejas proporcionó las confesiones de Townley a las autoridades estadounidenses, según una declaración jurada del Departamento de Justicia de ese país presentada en agosto de 1991, cuando solicitó la extradición de Manuel Contreras y su ayudante Pedro Espinosa por el asesinato de Letelier y Moffitt.

A comienzo de los noventa, las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos transcribieron los relatos manuscritos de Townley y presentaron copias mecanografiadas, así como los manuscritos originales, ante el gobierno de Patricio Alywin –sucesor de Pinochet—cuando quisieron extraditar a Contreras y Espinosa. La documentación de Townley se presentó finalmente como prueba en los procesos judiciales que ambos agentes de la DINA enfrentaron en Chile, y en 1993 fueron declarados culpables de conspirar para asesinar a Letelier y Moffitt.

LAS CONFESIONES DE TOWNLEY

A lo largo de los años, han aparecido referencias a las confesiones de Townley en libros y artículos periodísticos y de investigación. Partes de los documentos han sido citados anteriormente por reporteros como Ernesto Ekaizer de El País en su biografía del general Augusto Pinochet de 2003; John Dinges en Los años del Cóndor (2004); el chileno Javier Rebolledo en su libro La danza de los cuervos (2012); y la chilena Mónica González en su exhaustivo artículo de 2013 en CIPER Chile, «Las armas químicas de Pinochet» 

Sin embargo, es la primera vez que las confesiones de Townley se reproducen íntegramente y se publican juntas. «Cincuenta años después de la creación de la DINA, los documentos de Townley constituyen un duro recordatorio de la oscura, siniestra y represiva historia del régimen de Pinochet», señala Peter Kornbluh, quien dirige el Proyecto de Documentación sobre Chile en el National Security Archive. La periodista chilena Pascale Bonnefoy localizó las transcripciones que hizo el gobierno estadounidense de los documentos de Townley en el archivo presidencial Patricio Aylwin, de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago. Una copia parcial -le faltaba las dos primeras páginas- del informe original manuscrito de Townley, «Historia de actuación en DINA», fue obtenida por John Dinges como parte de su investigación sobre la Operación Cóndor.

Estos son algunos de los detalles más importantes que contienen las confesiones de Townley respecto de los crímenes de la DINA:

• El agente revela una misión de la Operación Cóndor llevada a cabo en diciembre de 1976 en París para asesinar a dos altos cargos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), un grupo de oposición de izquierda. La misión fracasó, escribió Townley, debido a una filtración de información por parte de agentes argentinos.
• El gas sarín fabricado en el laboratorio de la casa de Townley -un proyecto cuyo nombre en clave era «ANDREA»- se utilizó para matar a un funcionario de la DINA que había sido detenido por el robo de un auto y que había revelado información secreta sobre este organismo a la policía chilena. Agentes pertenecientes a la Brigada Mulchén sustrajeron a este sujeto de la custodia policial, lo trasladaron a La Clínica Londres, un centro médico y de tortura controlado por la DINA, y lo envenenaron con gas sarín. Murió «casi instantáneamente», informó Townley.
• El gas sarín de Townley también se utilizó para asesinar al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, llamado René León Zenteno, en su casa de Avenida Holanda (Providencia), por negarse a traspasar ilegalmente títulos de propiedades a la DINA. Para probar que León Zenteno había sido envenenado, Townley sugirió en su confesión que se exhumara su cadáver y se le hicieran pruebas para detectar la presencia de colinestros, una propiedad del gas sarín.
• Además de fabricar gas sarín en el laboratorio de la DINA, construido en el sótano de mansión en Lo Curro, Townley planeaba producir gases de guerra química aún más peligrosos, conocidos como «somán» y «tabún», utilizando agentes extremadamente tóxicos como Clostridium botulinum, saxitoxina y tetrodotoxina.
• El funcionario español de la ONU, Carmelo Soria, fue asesinado a golpes por agentes de la Brigada Mulchén de la DINA en el jardín de la casa de Townley en Lo Curro. El caso se convirtió en una de las atrocidades contra los derechos humanos más infames del régimen de Pinochet.
• A Townley se le asignaron US$30.000 para llevar a cabo misiones en México y Europa, que también utilizó para comprar en Miami múltiples armas, explosivos y dispositivos de control remoto para utilizarlos en atentados contra líderes del exilio reunidos en Ciudad de México, a los que se nombra en los documentos.
• En Europa, Townley conoció a un dirigente sindical que se había infiltrado en los círculos del exilio chileno y que proporcionó información utilizada en un intento de asesinato en Roma. Townley reclutó a fascistas italianos, dirigidos por «Di Steffano» (Stefano delle Chiaie), que dispararon contra Bernardo Leighton y su esposa. Ambos sobrevivieron.

LA CARTA DE TOWNLEY A "DON MANUEL"

Además de las confesiones, el Archivo publica una carta que Townley escribió a quien identificó como «Estimado Don Manuel» (el exjefe de la DINA, Manuel Contreras). La esposa de Townley entregó esta misiva a las autoridades estadounidenses en 1982. Como un gesto de «diplomacia de desclasificación», en 2015 el gobierno de Barack Obama proporcionó la carta al gobierno chileno de Michelle Bachelet, junto con más de 200 documentos recientemente desclasificados relacionados con el asesinato de Letelier y Moffitt (entre ellos, la lista de apodos que Townley utilizó como agente de la DINA, también publicada hoy). 

La carta no tiene fecha, pero parece haber sido escrita a principios de marzo de 1978, justo después de que Townley fuera identificado en la prensa estadounidense y chilena como el principal sospechoso del asesinato de Letelier y Moffitt.

Utilizando el alias de “J. Andrés Wilson”, Townley se quejó ante Contreras por los errores operativos en la misión de asesinato de Letelier que habían llevado a su identificación pública. Entre otros puntos, reclamó que Chile nunca debió haber confiado en otro país (Paraguay, miembro de la Operación Cóndor) para proporcionar documentos y pasaportes falsos para la misión: «Una vez cancelado las visas por EEUU, la operación debería haber sido cancelada totalmente en el entendimiento que la CIA estaba en conocimiento de las personas que iban a operar«. En un nuevo e intrigante detalle, Townley sugirió que “el error más grande ha sido el de no informar a su Excelencia (Pinochet) la verdad del real alcance de este problema”. En realidad, Townley ignoraba que, tal como lo reveló la CIA, el propio Pinochet había «ordenado personalmente a su jefe de inteligencia que llevara a cabo los asesinatos». 

Finalmente, Townley también recomendó al régimen militar que emitiera un decreto de control de la prensa chilena para evitar nuevas revelaciones.

Townley se declaró culpable del asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en 1978, luego de que fuera puesto bajo custodia estadounidense. A cambio de su cooperación y testimonio, el terrorista internacional más prolífico de la DINA fue condenado a diez años de prisión, pero quedó en libertad condicional tras cumplir la mitad. Desde entonces, Townley vive en algún lugar de Estados Unidos -con otro nombre- como parte del programa de protección de testigos.

«Esta colección de documentos hace una importante contribución al registro histórico», dice John Dinges, autor del libro The Condor Years (Los años del Cóndor), «porque está compuesta por registros de primera fuente de Michael Townley, quien confiesa los crímenes que cometió en nombre de la DINA, y porque proporciona los nombres de sus colaboradores.» Dinges añade que la colección «proporciona los únicos documentos que escribió Townley antes de que fuera puesto bajo custodia estadounidense».

El National Security Archive publica los documentos Townley para aportar más evidencia y transparencia acerca de la creación de la DINA, la represiva y siniestra policía secreta chilena, que nació hace 50 años. Próximamente, también liberará una selección de documentos desclasificados de la CIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa y el FBI que registran la génesis, las operaciones y las atrocidades de la DINA desde la perspectiva estadounidense.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) homenajeó este martes la memoria del economista y diplomático español Carmelo Soria, funcionario de la institución internacional que fue secuestrado por la policía política de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y ejecutado en 1976.

A la ceremonia, que tuvo lugar en las dependencias de la Cepal en la zona oriente de Santiago de Chile, asistieron la familia Soria y sus invitados, además de autoridades diplomáticas, funcionarios del organismo y el actual secretario de Estado de Memoria Democrática de España, Fernando Martínez."Este acto de reconocimiento creo que tiene tres funciones: una reparadora, una pedagógica para todos los demás con la idea de que nunca más se vuelvan a repetir los hechos traumáticos de pasado, y una preventiva, que debe estar siempre presente en cada uno de los actos que realizamos", dijo el Martínez en su alocución.

"La vida y el asesinato de Carmelo Soria es paradigmática en el marco de lo que fueron las tragedias como consecuencia de los golpes de Estado y las dictaduras que sufrimos dos países, Chile y en este caso España, aunque sea con una diferencia de tiempo larga", relató.

A Carmelo Soria, trabajador de Naciones Unidas, lo mató la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) en julio de 1976 y luego simularon un accidente. Los hechos, casi cinco décadas después, fueron considerados por la Corte Suprema para condenar a fines de agosto a seis exagentes del organismo represivo de la dictadura por cargos de homicidio, los cuales se encuentran prófugos de la Justicia.

"Aquí se ha relatado el papel tan importante que tuvo Carmelo Soria de ayuda, su esfuerzo por ayudar a aquellos que lo necesitaban a salvar sus vidas, y como se vio claramente envuelto en todo ese proceso de infamia y de asesinato por parte de la dictadura pinochetista", apuntó Martínez.

"Negacionismo presente, insolente y prepotente"

También hizo uso de la palabra su hija mediana, Carmen Soria, quien puso atención en el negacionismo que se ha evidenciado durante el último tiempo en el país suramericano, con actores políticos reivindicando el golpe de Estado y poniendo en duda los crímenes de lesa humanidad cometidos por los agentes de Pinochet.

"Me gustaría decir que, en estos 50 años del golpe militar y civil, creo que la conmemoración ha sido la peor que se podría haber esperado con un negacionismo tan presente, tan insolente y tan prepotente. Y creo que eso es el resultado de la doctrina Aylwin, la verdad y la justicia en la medida de lo posible, que marcó a fuego a todos los gobiernos de la Concertación y a los de Piñera. Y al parecer, como dice el poema de Quevedo, don dinero es lo que manda y al parecer también los políticos", afirmó.

"Tenemos una deuda. Los ciudadanos y los gobiernos tienen una deuda enorme con aquellos que asesinaron, desaparecieron, torturaron y con nosotros también", subrayó.

Ejemplos de negacionismo resaltado por Soria hay varios: a finales de 2021, el congresista Johannes Kaiser afirmó que los prisioneros de Pisagua, uno de los primeros centros de detención del régimen de Augusto Pinochet, “bien fusilados” estaban. Con otro tono, el actual presidente del Consejo Constitucional y militante del Partido Republicano (PR), Luis Silva, señaló en mayo que el dictador fue un “estatista”, y hace pocas semanas una diputada cercana al PR calificó de “leyenda urbana” la violencia sexual que se ejerció contra las prisioneras políticas durante la dictadura.

Este tipo de intervenciones, además de otras que han justificado el golpe civil militar que derrocó al presidente socialista Salvador Allende en 1973, han sido calificados por el actual mandatario chileno, Gabriel Boric, como un "retroceso democrático peligroso".

La dictadura de 17 años que lideró Pinochet provocó la desaparición de 1.469 personas, ejecutó prisioneros políticos, torturó y apresó a opositores afectando a más de 40.000 personas, además de obligar a otros miles a la cesantía y al exilio.

A 47 años del asesinato a manos de la DINA del diplomático de la ONU, Carmelo Soria, y restando cuatro días para que se cumplan cinco décadas del golpe, los militares Guillermo Salinas Torres, René Quilhot Palma y Pablo Belmar Labbé todavía no pisan la cárcel. El pasado 22 de agosto, el máximo tribunal ratificó sus condenas entre 15 y 10 años por el homicidio.

“¿Dónde están?”. Esta es la pregunta que por décadas se han hecho familiares de los más de 1.200 detenidos desaparecidos por la dictadura de Augusto Pinochet. El próximo lunes 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe militar y, gracias al inquebrantable pacto de silencio de las Fuerzas Armadas y del Orden, quienes buscan a sus seres queridos deberán seguir preguntándose lo mismo.

La familia del economista y diplomático español, Carmelo Soria, probablemente también se preguntan ¿dónde están? Sin embargo, en el caso de los Soria, quien se encuentra desaparecido no es por su pariente -asesinado en julio de 1976 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y cuyo crimen intentaron infructuosamente hacer pasar como un accidente vehicular-, sino quienes lo hicieron desaparecer.

El pasado 22 de agosto, 47 años después cometido el crimen, la Corte Suprema ratificó la condena de seis agentes de la DINA, pertenecientes a la Brigada Mulchén, por el asesinato de este diplomático y miembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal). De ellos, tres siguen libres a dos semanas de confirmarse su futuro tras las rejas y a falta de solo cuatro días para que se cumplan 50 años del golpe de Estado que dio paso a los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet.

¿Dónde están? En el caso de los Soria, quien se encuentra desaparecido, la pregunta de ahora no es por su pariente -asesinado en julio de 1976 por agentes de la DINA-, sino por quienes lo hicieron desaparecer.

El coronel de Ejército en retiro Guillermo Humberto Salinas Torres fue condenado a 15 años y un día de cárcel como autor del homicidio de Soria, además de asociación ilícita. Interferencia contactó a Gendarmería para saber si había sido ingresado al penal Punta Peuco, mas no figura en los registros.

Misma situación sería la del teniente coronel de Ejército en retiro, René Patricio Quilhot Palma y del brigadier en retiro Pablo Fernando Belmar Labbé, ambos condenados a 10 años y un día y 541 días de presidio como autores del homicidio y por asociación ilícita. Según publicó en sus redes sociales el espacio de memoria Londres 38, ambos continúan en libertad junto a Salinas Torres.

Los otros tres criminales de lesa humanidad, en tanto, se encuentran en Punta Peuco. Se trara de Pedro Octavio Espinoza Bravo y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, condenados por este crimen a 15 años; y Juan Hernán Morales Salgado, condenado a 10 años por el asesinato, quienes estaban todos ya cumpliendo penas por otras causas también ligadas a la violación de derechos humanos durante la dictadura.  

Todo pareciera apuntar a que los 50 años del golpe llegarán con los principales responsables del asesinato de Carmelo Soria prófugos. 

Esta redacción también contactó a la Policía de Investigaciones para saber si ya se está cursando la orden de detención de los homicidas. Desde el departamento de Comunicaciones indicaron que, para obtener una respuesta en torno a esto, había que consultar vía Ley de Transparencia, solicitud cuya respuesta puede tardar hasta 25 días hábiles. 

Se desconoce si ya puede considerarse prófugos de la justicia a los tres condenados, puesto que podrían aun restar diligencias por parte de la policía para llegar a su paradero y arrestarlos. Independiente de eso, todo pareciera apuntar a que los 50 años del golpe llegarán con los principales responsables del asesinato de Carmelo Soria en libertad, contrario a lo que dictó la justicia

El funcionario de la CEPAL fue detenido y torturado en 1976 por miembros de la policía secreta del régimen

La Corte Suprema chilena ha condenado hoy en forma definitiva a seis exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y dos exintegrantes del Ejército, por el homicidio el 16 de julio de 1976 de Carmelo Soria, diplomático español y militante comunista, miembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Hace 47 años fue secuestrado, torturado y luego asesinado. Entre los condenados se encuentran el exbrigadier Pedro Espinoza Bravo, el segundo jefe de la DINA –el director fue el general (R) Manuel Contreras– y Raúl Iturriaga Neumann, el que fue jefe del departamento exterior del mismo organismo.

Carmen Soria, la hija de Carmelo Soria, quien reside en Chile, tras conocer el fallo declara a EL PAIS: “El 16 de julio de 1976 mi madre dijo que esto era un asesinato político y hoy, cuando es 22 de agosto de 2023, la justicia chilena acaba de confirmar que fue un asesinato político. Es decir, 47 años nos costó que nos creyeran. Y las condenas son una miseria”.

El fallo señala que “la víctima fue privada de su libertad por agentes armados de la DINA, los que lo trasladaron a un lugar oculto, donde se le mantuvo por horas vendado y amarrado, siendo sometido a interrogatorio bajo apremios físicos que le produjeron la muerte, de manera que resulta claramente identificable que los agentes realizaron dos cúmulos de acción ilícitas, completamente diversas, las primeras realizadas con el propósito de privar de libertad al sr. Soria Espinoza, en tanto que las segundas, fueron perpetradas para ocasionarle la muerte”.

Carmelo Soria Espinoza nació en 1921, en Madrid. Estaba casado con Laura González Vera y tenía tres hijos: Carmen, Laura y Luis. Fue asesinado a los 54 años, cuando trabajaba como jefe de la sección Editorial y de Publicaciones del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), organismo dependiente de la CEPAL y, a la vez, Naciones Unidas. La tarde del 14 de julio de 1976, al salir de su oficina en el sector de Providencia, en Santiago, fue secuestrado por agentes de de la DINA. Conducía un automóvil marca Volkswagen, hasta donde se subió uno de ellos.

Después de ser torturado y asesinado, su cadáver fue arrojado junto a su automóvil, con las llaves puestas y sin la radio, en un riachuelo en La Pirámide, en el sector norte de Santiago, la capital de Chile. El vehículo estaba con las puertas cerradas, con algunos vidrios quebrados y, en su interior, había una botella de pisco. Era un escena para simular un accidente. Sin embargo, se estableció que en el crimen participaron agentes del Estado de la dictadura de Pinochet.

Ha sido un largo proceso, que ha demorado en su fallo final, en la Corte Suprema, 47 años. El primer abogado de la causa, por más de dos décadas, fue Alfonso Insunza, quien murió en 2016, mientras que hoy representan a la familia Soria Nelson Caucoto y Francisco Ugás.

El caso de Carmelo Soria partió en 1976 en el tercer juzgado del crimen de Santiago. Y ha tenido una serie de tropiezos. Por ejemplo, en 1993 la causa pasó, por un mes, de la justicia civil a la justicia militar, para luego volver a los tribunales civiles. Incluso, algunos de los agentes que habían sido identificados como partícipes del crimen fueron favorecidos con la ley de amnistía, un decreto que impulsó la dictadura y que permitía que los crímenes cometidos entre 1973 y 1978 fueran cerrados sin que se investigara.

El proceso por el homicidio fue sobreseído por los tribunales por aplicación de la amnistía. Hubo distintos intentos de reapertura. Y, en 1997, Carmen Soria, hija del diplomático español, junto a Insunza, el primer querellante del caso, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por violación por parte del Estado de Chile al derecho al acceso a la justicia por la aplicación de la amnistía.

Las condenas

En la sentencia, emitida por la Sala Penal, condenó a los jefes de la policía secreta de Pinochet, Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann, a 15 años y un día de presidio como autores del homicidio, mientras que Juan Morales Salgado fue sentenciado a 10 años y un día de presidio como autor del homicidio. La pena no se les extendió a asociación ilícita pues los tres exagentes tienen condenas previas por ese delito por el doble asesinato, en 1974 en Buenos Aires, Argentina, del excomandante en jefe del Ejército chileno, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, a quienes la la DINA puso una bomba en el automóvil en que se movilizaban en una calle de Palermo.

En tanto, Guillermo Salinas Torres fue condenado a 15 años y un día de presidio como autor del homicidio y a 541 días de presidio como autor de asociación ilícita. Y René Quilhot Palma y Pablo Belmar Labbé a 10 años y un día de de cárcel -como autores- y a 541 días de presidio como autores de asociación ilícita.

Además, Eugenio Covarrubias Valenzuela fue sentenciado cuatro años de presidio por infracción al artículo 212 del Código Penal -presentación de declaración falsa bajo promesa o juramento- y Sergio Cea Cienfuegos a 600 días de presidio como autor de falsificación de instrumento público.

Pedro Espinoza Bravo cumple una decena de condenas en el penal de Punta Peuco, un recinto especial donde se encuentran privados de libertad militares por causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Su primera pena fue en 1995, cuando se le acusó junto a Manuel Contreras por el asesinato en Washington, en 1976, del excanciller del derrocado presidente Salvador Allende (1970-1973), Orlando Letelier, luego que la DINA pusiera una bomba en su automóvil.

Espinoza, junto a Iturriaga Neuman, cumplen además condenas por el crimen del general Parts y su esposa.

La condena por el homicidio de Carmelo Soria se produce en la víspera de la conmemoración en Chile, el próximo 11 de septiembre, de los 50 años del golpe de Estado.

Según el Ministerio de Justicia, tras la dictadura de Pinochet en Chile hay aún 1.469 víctimas de desaparición forzada. De ellas, 1.092 son detenidas desaparecidas, mientras que otras 377, que fueron ejecutadas, están en la misma condición. Del total de personas, solo 307 han sido identificadas.

La Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI deberá interrogar al ex Alcalde de Providencia, Cristian Labbé y al Diputado Rosauro Martínez,para aclarar la muerte del diplomático español Carmelo Soria.

El Ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, despachó un oficio a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, para que interrogue al ex Alcalde de Providencia Cristian Labbé, y al Diputado Rosauro Martínez, como ex agentes de la DINA, en el marco de la investigación de la muerte del diplomático español, Carmelo Soria, asesinado en 1976.

La orden judicial incluye además interrogar a uno de los prisioneros que sobrevivió a las torturas en "Tejas Verdes", Anatolio Zárate.

De acuerdo al documento emitido por Cisternas, el objetivo de la diligencia es que los citados declaren "respecto de los hechos ocurridos en los cuarteles de la DINA en Tejas Verdes, en un sentido amplio sobre las actividades que ellos desarrollaron en la época, así como sobre el conocimiento que tuvieron o tienen sobre la muerte de don Carmelo Soria Espinoza".

La diligencia fue despachada luego que el autor del libro “El Despertar de los Cuervos”, Javier Rebolledo, emitiera declaraciones en CNN Chile, donde vincula a Labbé con el asesinato de Soria, pues, según dijo, "lo reconoce uno de los personajes que es Anatolio Zárate, cuando lo están torturando se le sale la capucha, porque se le corta el cordel desde donde lo tienen colgado y le ve la cara y lo ubicaba de antes porque Cristian Labbé iba al campo de concentración a ver a los detenidos".

La causa del homicidio del funcionario de las Naciones Unidas, ocurrido en julio de 1976, fue sobreseída definitivamente en 1996, sin embargo a comienzos de este año, el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, resolvió reabrir el sumario y solicitar nuevas diligencias.

El Gobierno apelará este jueves el dictamen del magistrado de la Corte Suprema, Héctor Carreño, quien este martes rechazó la reapertura de la investigación por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, en 1976 durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Así lo confirmó hoy la nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Gobierno de Sebastián Piñera, la abogada Rossy Lama, quien explicó que la decisión responde al cumplimiento de tratados internacionales, ya que la Ley de Amnistía que se aplicó a dos de los acusados no puede detener la investigación.
“Jurídicamente nos corresponde apelar la decisión del magistrado, tenemos un mandato legal que nos obliga a ir adelante”, aseveró.
Lama indicó que este jueves se presentará la apelación al dictamen del magistrado de la Corte Suprema, en la que será la primera acción que emprenderá el Ejecutivo relacionada con los atropellos a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.
“Nuestra obligación es buscar verdad y justicia, no nos podemos quedar con los brazos cruzados”, agregó la responsable del Programa de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior.
El último intento del Gobierno para esclarecer el asesinato del diplomático español estuvo a cargo del ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, quien el año pasado solicitó que se reabriera la investigación, aunque el juez Héctor Carreño lo desestimó este martes.
El diplomático español Carmelo Soria fue secuestrado el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago.
Soria, casado con una hija del escritor chileno José Santos González-Vera, era funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organización de las Naciones Unidas con sede en Santiago.
Rossy Lama explicó que hoy comunicó la decisión del Gobierno a Carmen Soria, hija del diplomático, quien se mostró “muy agradecida y contenta por el apoyo”, dijo la abogada.
Carmen Soria anunció este martes que recurrirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la negativa de la Justicia a reabrir el caso.
“Voy a recurrir a los tribunales internacionales. No confío en la Justicia chilena”, declaró Carmen Soria, quien agregó que “el ministro Carreño no hace caso a las leyes internacionales que el Estado está obligado a cumplir”.
Según consta en el proceso, el asesinato fue cometido por la DINA, la policía secreta del dictador Augusto Pinochet.
Las Naciones Unidas pidieron entonces que se abriera una investigación sobre el crimen, pero en 1979 el caso fue sobreseído como “homicidio por terceros no habidos”.
Al acabar la dictadura, el proceso fue reabierto en 1991, pero, tras un largo y accidentado trámite en los tribunales, fue archivado en 1996. Las sucesivas demandas de reapertura presentadas por la familia fueron desestimadas por la Corte Suprema.
El caso volvió nuevamente a los tribunales en octubre de 2003 merced a una querella presentada por la familia Soria contra Augusto Pinochet, de la que el Estado se hizo parte.
Sin embargo, en agosto de 2004 el alto tribunal rechazó una vez más la reapertura.

“Las personas responsables del asesinato de Carmelo Soria Espinoza deben comparecer ante la justicia y no verse exceptuadas por aplicación de una ley contraria al derecho internacional” declaró Louise Finer, investigadora de Amnistía Internacional para Chile
Amnistía Internacional considera que la decisión del Magistrado de la Corte Suprema Héctor Carreño, quien concluyó que debía aplicarse la Ley de Amnistía (Decreto Ley No. 2.191/1978) en el caso del homicidio del funcionario de la CEPAL, Carmelo Soria, en julio de 1976, es contraria a las obligaciones que, bajo el derecho internacional, pesan sobre Chile incluso desde antes de 1973.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho anteriormente que la Ley de Amnistía de 1978 no puede constituir un obstáculo para la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile a partir de 1973 y es de prever que, si lo resuelto por el Ministro Carreño no es revertido en Chile, lo será en definitiva por la Corte”, manifestó Louise Finer.
Aunque en los últimos años se ha eludido la aplicación de la Ley de Amnistía mediante diferentes figuras legales e interpretaciones que limitan su alcance, avanzando de esta manera en la lucha contra la impunidad en Chile, esta decisión demuestra un ejemplo preocupante de la posibilidad de que se siga aplicando.
Los crímenes de derecho internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no pueden quedar impunes, sea merced leyes de amnistía, aplicación de la prescripción o inmunidades o cumplimiento de la orden de un superior, entre otras excusas.
“Si se confirmara la decisión del nuevo gobierno de apelar la resolución del Juez Carreño, ello constituiría sin duda una decisión acertada, en la dirección correcta, pues la familia de Carmelo Soria tiene el derecho a saber la verdad de los hechos que concluyeron con su asesinato en 1976, así como también a exigir que los responsables de tal acto sean juzgados por el mismo” sostuvo Louise Finer.
Sin embargo, esta decisión judicial demuestra que Chile aún tiene pendiente una importante deuda en materia de derechos humanos: la anulación del Decreto Ley No. 2.191. Amnistía Internacional hace un llamado a la nueva administración, hecho en reiteradas oportunidades a los sucesivos gobiernos chilenos, sobre la necesidad de anular este Decreto Ley que proyecta una sombra peligrosa en todo procedimiento legal que se inicie en relación a las violaciones de derechos humanos cometidas antes de 1978, y obstaculiza la lucha contra la impunidad en Chile.
Carmelo Soria, un funcionario internacional de nacionalidad española-chilena, fue encontrado muerto en un canal de Santiago de Chile en julio de 1976, luego de ser secuestrado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) al salir de su trabajo.
A raíz del caso de Carmelo Soria, en un informe del año 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado Chileno a “adecuar su legislación interna a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de manera que se deje sin efecto el Decreto Ley No. 2.191 dictado en el año 1978, de modo que las violaciones de derechos humanos del gobierno militar de facto contra Carmelo Soria Espinoza puedan ser investigadas y sancionadas.”
La misma Comisión concluyó que respecto a Carmelo Soria Espinoza, el Estado chileno había violado, tal como lo establece la propia Corte Suprema de Justicia de Chile en su sentencia de 23 de agosto de 1996, el derecho a la libertad personal, el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal consagrados en el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Ya en 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos había concluido en otro caso contra Chile que: “el Decreto Ley No. 2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile”.

El ministro Alejandro Madrid investiga una trama para falsear pruebas y testimonios que fueron decisivos en el cierre del caso, en 1996. Ahora debe decidir si encausa al ex fiscal militar Sergio Cea y algunos de sus ayudantes, así como al ex secretario de Pinochet, brigadier (R) Jaime Lepe.

La investigación del crimen del diplomático chileno-español Carmelo Soria, amnistiada en 1996, podría revivir en manos del ministro Alejandro Madrid. Si bien el proceso abierto por su homicidio cometido por la DINA en 1976 fue cerrado por la justicia militar y la Corte Suprema, que le aplicó la ley de amnistía y el principio de la "cosa juzgada", el caso podría reactivarse desde otro ámbito judicial.

Se trata de una operación concertada, a partir de 1993, entre la inteligencia del Ejército de la época y la justicia militar, orientada a provocar una serie de acciones para entrabar la investigación, presionar al principal testigo y generar declaraciones procesales que, según estableció ahora el juez Madrid, fueron inducidas bajo amenaza y prebendas, e incluso configurarían el delito de falsificación de instrumento público.

Por ello el magistrado tendrá que pronunciarse acerca del eventual procesamiento del ex fiscal militar Sergio Cea Cienfuegos y algunos de sus colaboradores en la fiscalía militar en la época de 1993-1994, y de los coautores del crimen que libraron sin condena gracias a la amnistía, como el brigadier (R) Jaime Lepe Orellana, y el teniente coronel (R) Patricio Quilhot Palma. Los encausamientos le serán solicitados a Madrid en los próximos días por la parte querellante, y se espera que el juez resuelva positivamente algunos de ellos.

No obstante, el gran obstáculo para que a partir de este nuevo escenario se pueda reabrir la investigación judicial respecto del homicidio de Carmelo Soria, cometido por agentes de la Brigada Mulchén de la DINA el 14 de julio de 1976, es la "cosa juzgada". Esta última se genera como resultado de la sentencia de última instancia con la que la Sala Penal de la Corte Suprema amnistió definitivamente la causa el 24 de agosto de 1996.

La trama que sirve de fundamento a la investigación del ministro Madrid está llena de oscuridad. Un integrante hasta ahora desconocido de la Brigada Mulchén, Jorge Hernán Vial Collao, negó ante el magistrado una serie de antecedentes que, según la justicia militar, habría declarado cuando la investigación estuvo a cargo de esta judicatura castrense, a comienzos de la década de los noventa.

Estos hechos tienen relación con el descargo de culpas en las acciones criminales de la citada brigada, sobre todo respecto del asesinato de Carmelo Soria, y forman parte de la operación de "limpieza" que se realizó a favor de algunos agentes, especialmente del brigadier Jaime Lepe, por esos años secretario del dictador Augusto Pinochet.

Por ello, la parte querellante sostiene que en las contradicciones se constituiría el delito de "falsificación de instrumento público" por parte de las autoridades judiciales militares de entonces.

Pero la historia es más amplia. El principal testigo del crimen de Soria, el ex agente y suboficial (R) de las fuerzas de elite José Ríos San Martín, reconoció ante el juez Madrid que en 1993, mientras la investigación todavía estaba abierta, agentes de la inteligencia del Ejército lo presionaron, hasta amenazarlo de muerte, si no se desdecía del reconocimiento que había hecho ante la ministra Violeta Guzmán, entonces a cargo de la indagatoria.

Ríos San Martín fue el único de los autores del homicidio que, a comienzos de la década pasada, admitió que éste había sido cometido por la Brigada Mulchén.

Las presiones, lideradas por Lepe desde la Comandancia en Jefe del Ejército y coordinadas entre él y el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), órgano operativo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), tuvieron un "final feliz" en agosto de 1993.

Una noche de aquel mes, Lepe y Quilhot "invitaron" a comer a Ríos San Martín al restaurante Casas Viejas, en la calle Chile-España, Ñuñoa. El perímetro externo del local fue custodiado discretamente por un grupo de agentes del BIE. Antes de pedir la carta, le hicieron la siguente advertencia: "Mira huevón, te vai’ a desdecir de lo que le dijiste a la vieja Guzmán. Si lo hacís, te vamos a regalar una camioneta. Si no, ya sabís dónde apretamos nosotros".

Y Ríos San Martín se desdijo. Cuando después lo carearon con Lepe y otros ex agentes de la Mulchén, para respaldar en el proceso el cambio de sus declaraciones, el comando dijo: "A estos distinguidos señores aquí presentes no los conozco, su señoría".

Con dos millones y medio en dinero efectivo, otro agente del BIE, Leonardo Quilodrán, salió a comprar la camioneta y se la entregó a Ríos. Ninguno de estos antecedentes fue conocido por la Corte Suprema cuando amnistió el crimen de Soria, en 1996.

Sin embargo, para los querellantes que están tras quienes movieron los hilos de esta conspiración, Lepe y compañía no habrían cometido sólo el delito de inducción al falso testimonio, sino también constituyeron una asociación ilícita para delinquir.

El juez Madrid debe resolver además qué participación pudo caber en esta intriga al ex fiscal y auditor del Ejército, general Fernando Torres Silva, y a su brazo derecho, el coronel de justicia Enrique Ibarra.

La aparición de Jorge Vial Collao en la escena aporta novedades. El hombre es otro comando de elite y estuvo adscrito a las operaciones más riesgosas incluso antes de llegar a la Brigada Mulchén, a comienzos de 1976. El 4 de octubre de 1974, por ejemplo, integró el grupo que, liderado por Armando Fernández Larios, secuestró desde la Penitenciaría de Santiago al ingeniero y ex gerente general de Cobre Chuqui, David Silberman. S

u participación en este secuestro, hasta ahora desconocida públicamente, la relató Carlos Labarca Sanhueza, otro ex agente y comando de elite que también formó parte del grupo secuestrador.

El mismo Vial detalló ante el magistrado cómo la brigada a la que estaba adscrito

desembarcó en el siniestro cuartel de la avenida Simón Bolívar, en La Reina, donde la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín se dedicaron a exterminar a la dirigencia clandestina del Partido Comunista a partir de 1975.

"La Mulchén era la brigada antiterrorista, que después [en 1977, luego del fin de la DINA] derivó en la brigada llamada J-7, cuyo mando directo lo asumió el director de la CNI, general Odlanier Mena. La J-7 se mantuvo hasta mediados de 1990", declaró Vial, que también pasó por Brasil en 1974, para recibir adiestramiento en tareas de inteligencia por agentes de la dictadura de ese país.

El Tribunal Supremo chileno decidió acoger un exhorto enviado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el marco de la investigación del asesinato del ciudadano español Carmelo Soria, ex funcionario de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), según confirmaron hoy fuentes judiciales en Santiago.

Soria fue ejecutado por miembros de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), órgano represivo de la dictadura de Augusto Pinochet, el 14 de julio de 1976. El crimen permanece sin culpables debido a la Ley de Amnistía dictada en 1978 durante el régimen de facto, que impidió esclarecer los crímenes cometidos a contar del 11 de septiembre de 1973.

El exhorto enviado a Chile por el magistrado español pide que Chile entregue antecedentes de 15 ex ministros de Estado y ex agentes represivos de la dictadura, a quienes Garzón busca procesar por 'genocidio, terrorismo y torturas'.

Tras este fallo, la justicia chilena deberá informar a Garzón sobre la situación procesal de las personas requeridas. El cadáver de Carmelo Soria, quien fue secuestrado y torturado antes de ser asesinado, fue abandonado dentro de su automóvil, el que fue arrojado en un canal de regadío al norte de Santiago, en un intento de la DINA por simular un accidente.

El pasado 8 de noviembre, en el marco de las ceremonias de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizó en Santiago, el presidente del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, y su par chilena, Michelle Bachelet, concurrieron a la Cepal para descubrir una placa en memoria de Soria.

'A mi padre le fracturaron casi todas las costillas, tiene fracturadas manos, pies y finalmente lo matan jalando su cabeza, que la ponen entremedio de dos peldaños de una escalera y la jalan', ha dicho reiteradamente a la prensa la hija del diplomático, Carmen Soria.

En agosto de 2007, el Senado chileno autorizó el pago de poco menos de 1 millón 100 mil euros como indemnización del Estado a la familia de Carmelo Soria por el crimen.

La hija del diplomático dio una dura y extensa batalla porque el Estado chileno reconociera la condición de funcionario internacional de su padre y que el crimen lo habían cometido agentes del gobierno militar y sólo logró la indemnización tras denunciar a Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En virtud del acuerdo con la ONU, el Estado efectuará un pago ex gratia, único y definitivo, por concepto de reparación, de un millón 500 mil dólares en beneficio de los familiares de Carmelo Soria Espinoza.

Luego de una controversia sobre el reglamento del Senado, esta cámara puso término a la tramitación del proyecto que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de Chile y Naciones Unidas que otorga una indemnización de un millón 500 mil dólares a la familia del asesinado diplomático hispano adscrito a la ONU Carmelo Soria. En la jornada de ayer se repitió la votación luego de que el martes se produjo un empate a l7 votos, más una abstención. Ayer hubo l6 votos a favor, catorce en contra y tres pareos.

No obstante, el secretario del Senado, Carlos Hoffman, recomendó al presidente de la corporación, Eduardo Frei, que el proyecto fuera a la Comisión de Hacienda, ya que el informe que había sido aprobado sólo por RREE y el acuerdo irrogaba gastos. Esto produjo un fuerte debate en el pleno, por lo cual el jefe de la bancada de senadores del PS, Pedro Muñoz, solicito una reunión de comités parlamentarios. Luego se reunió la Comisión de Hacienda y en menos de diez minutos aprobó el acuerdo con tres votos a favor y dos en contra. Esto fue ratificado por el plenario por la misma votación inicial: es decir, 16 votos a favor, catorce en contra y 3 pareos.

A favor de la iniciativa se unieron esta vez el independiente ex pepedeísta Fernando Flores y el DC Jorge Pizarro, que el martes no había votado. Los pareos corrieron por parte de los senadores Alberto Espina (RN) con Guillermo Vásquez (PRSD), Antonio Horvath (RN) con Guido Girardi (PPD) y Carlos Bianchi

(independiente) con Roberto Muñoz Barra (PPD). Además, no votaron los senadores Víctor Pérez (UDI) y Adolfo Zaldívar (DC), que están en Marruecos en visita oficial.

En virtud del acuerdo con la ONU, el Estado efectuará un pago ex gratia, único y definitivo, por concepto de reparación, de un millón 500 mil dólares en beneficio de los familiares de Carmelo Soria Espinoza, de nacionalidad española, con rango diplomático, funcionario de la ONU asesinado en Chile por agentes de la DINA en 1976.

El ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, afirmó que se había aprobado algo “de justicia, que es el acuerdo de indemnización para la familia de Carmelo Soria por el asesinato del que fue víctima en la época militar”.

Sobre la crítica de algunos senadores, de derecha, aunque también de la Concertación, en el sentido de que la indemnización por Soria no tiene relación con las de otras víctimas de violaciones de los derechos humanos, Viera-Gallo señaló que es un trato diferente, porque Carmelo Soria era funcionario de Naciones Unidas. “Por tanto cuando se producen estos crímenes con funcionarios internacionales, el país o el gobierno del país en que ocurren tiene que responder”. El acuerdo con la ONU fue acuerdo suscrito el 19 de junio de 2003 y el 22 de marzo de 2005 fue aprobado en la Cámara de Diputados. Desde entonces estaba en tramitación en el Senado.

El convenio también incluye que el Gobierno chileno reconozca en una declaración pública la responsabilidad del Estado por la acción de sus agentes y ordene levantar un monumento en memoria de la víctima en un lugar designado por su familia.

Anteayer la hija de Soria, Carmen, hizo duras críticas a los senadores que habían votado en contra y reclamó la anulación de la ley de amnistía.

Una de las principales revelaciones que obtuvo el ministro en visita Alejandro Madrid en el interrogatorio al que sometió al ex agente de la disuelta DINA Michael Townley, en Washington durante julio pasado, es la confirmación del primer testigo presencial que afirma que el ex diplomático español Carmelo Soria estuvo secuestrado en una casa ubicada en Vía Naranja, en Lo Curro, donde se instaló el primer laboratorio químico del organismo represivo de la dictadura militar.

Así lo afirmaron fuentes allegadas a las causas que tramita el magistrado, precisando que si bien ésta no es la primera vez que el "Gringo" da cuenta de que ex integrantes de la unidad Quetropillán de la DINA tuvieron participación directa en el asesinato del entonces funcionario de la Cepal en Chile, sí es el primer testimonio directo que se estampa en el proceso judicial.

Si bien la investigación por el secuestro y homicidio del ciudadano español fue cerrada en 1996, por la aplicación de la Ley de Amnistía, Madrid actualmente tramita un cuaderno por los posibles delitos de asociación ilícita para obstruir a la justicia en dicho proceso.

Por ello, la declaración de Townley se convertirá en una pieza fundamental para que el juez pueda adoptar resoluciones de fondo en esta arista, como posibles procesamientos.

Transcripción aún no se adjunta a causa

Pese al tiempo transcurrido, la transcripción de dicho interrogatorio, efectuado personalmente por Madrid en Estados Unidos, aún no es remitida por las autoridades de justicia de ese país, por lo cual, tanto querellantes como el mismo magistrado, se encuentran realizando gestiones para acelerar dicho envío.

Soria residió en Chile desde el final de la guerra civil española (1936-1939), y según ha sostenido su familia fue secuestrado por efectivos de la DINA el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago.

Tras un largo y accidentado trámite en los tribunales, el proceso por el crimen fue archivado y fueron denegadas sucesivas demandas de reapertura, por lo que la familia llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este organismo recomendó a las autoridades chilenas sancionar a los culpables del asesinato, cumplir con el Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas y dejar sin efecto la ley de Amnistía. Adicionalmente, en virtud de un acuerdo ante la ONU, Chile se comprometió indemnizar con US$ de 1,5 millones a la familia.

Luego de casi 13 años, el secreto mejor guardado del proceso por el homicidio del diplomático español Carmelo Soria ocurrido el 14 de julio de 1976- llegó a su fin. Y el principal articulador de la verdad es el ministro en visita Alejandro Madrid, quien sustancia la causa por el secuestro y homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos.
El magistrado, junto al detective Nelson Jofré, establecieron que el principal testigo confeso de haber participado en el crimen de Soria, el suboficial mayor (R) José Remigio Ríos San Martín, fue seguido y detenido en 1993 por agentes del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) para que modificara la declaración que había prestado ante Investigaciones. Pero no es todo. Madrid aclaró que la orden provino del entonces secretario general del Ejército,
brigadier (R) Jaime Lepe, quien precisamente era el imputado activo con mayor preponderancia en el caso. Este último fue vetado para ascender a general por el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1997, tras las protestas de Carmen Soria, hija del asesinado diplomático español.
Pero Lepe participó además en una reunión secreta junto al comandante (R) Patricio Quilhot, otro de los imputados de este proceso. En el encuentro, realizado en el restaurante “La casa vieja” de calle Chile-España Nº 249 se tejió toda la conspiración en contra de Ríos San Martín y la acción de la justicia, cuyos detalles los entregó el propio equipo operativo del BIE encargado de montar el anillo de seguridad para el encuentro.
Debido a estos hechos, que en su momento no fueron conocidos por la justicia, ni menos por el Estado español que vanamente intentó que se juzgara a los implicados, la Corte Suprema aplicó la ley de amnistía y los responsables quedaron sin castigo, al menos hasta ahora.
La búsqueda
La operación se realizó porque la inteligencia militar de la época sabía que Ríos San Martín estaba colaborando con la ministra en visita a cargo del caso, Violeta Guzmán, y que entre los antecedentes que había entregado en su confesión a los detectives no sólo mencionaba a Lepe, sino también a otros ex DINA.
Este hecho preocupó no sólo al entonces brigadier, sino también a Pinochet, ya que el primero era muy cercano al ex dictador y uno de sus preferidos en la institución.
Las declaraciones de los agentes que destaparon este hecho histórico se encuentran en el tomo XVI del proceso sustanciado por Madrid.
Uno de los primeros en confesar esta historia fue el ex jefe de la Unidad de Contraespionaje del BIE, el mayor (R) Patricio Belmar Hoyos.
“Estando de jefe del BIE el comandante Fernán González, recibí una orden para ubicar a José Ríos San Martín que estaba involucrado en el homicidio de Carmelo Soria y al cabo de algunos días, con mi gente, entre ellos “el Gitano”, el suboficial Roa Vera, lo ubicamos en un sector de Santiago y procedí a dar cuenta de su domicilio”, dijo Belmar Hoyos en una se sus declaraciones policiales a fojas 5.981 del expediente.
La información, sin embargo, no fue entregada directamente a Fernán González, sino a la comandancia en Jefe del Ejército, puntualmente al brigadier Lepe.
“Recuerdo haber concurrido a la comandancia en Jefe a hablar con el comandante Jaime Lepe Orellana que me dio las instrucciones para ubicar a San Martín.
Después me correspondió ubicarlo en distintas oportunidades. En una de ellas para comunicarle que Jaime Lepe y el comandante que ya se había retirado, Patricio Quilhot, querían conversar con él”, sigue el relato judicial.
Varios fueron los encuentros entre Ríos San Martín, Quilhot y Lepe, pero hubo uno más importante que los anteriores.
“En una oportunidad se concretó una reunión entre Lepe y San Martín en el restaurante “La Casa Vieja”, donde me correspondió junto a mi personal dar protección con un anillo de seguridad, donde me enteré que Lepe le ofreció una camioneta que se le entregó después”, declaró Belmar Hoyos.
El hombre invisible
Otra confirmación la entregó el suboficial (R) Manuel Carreño Arriaza, quien relató cómo la operación tuvo un error que la develó. “… Se me dio instrucciones de realizar un seguimiento a esta persona por varios días y por 24 horas, pero en una oportunidad Ríos San Martín se percató que era seguido
por nosotros y enfrentó a uno de mi grupo, al cabo Cornejo, a quien lo increpó”, dijo a la policía.
Ríos San Martín era comando, paracaidista, perteneció a la brigada Mulchén de la DINA, autora del crimen de Soria y, de acuerdo al testimonio del ex agente del servicio secreto, suboficial mayor (R) Luis Herrera Mansilla, cambió abruptamente de personalidad.
“Después que pasó a retiro, como tenía mujer y conviviente, ellas le quitaron todo el desahucio con el que pretendía comprarse un taxi, pero quedó sin ningún peso e hizo una especie de voto de pobreza, prácticamente no comía, vivía en lugares marginales y frecuentaba la capilla de Las Ánimas y librerías de calle San Diego”.
Para los agentes fue muy difícil seguir a Ríos San Martín. Así se ve reflejado en el testimonio del mayor (R) Juan Vladilo Villalobos que también participó en la operación.
“Este seguimiento era una situación bastante rara, ya que Ríos San Martín supo de inmediato lo que sucedía. Se metía a calles sin salida y desaparecía, se subía y bajaba de las micros y circulaba por distintos sectores de la ciudad”, dijo.
Crimen emblemático
El crimen de Carmelo Soria es uno de los casos emblemáticos de las violaciones de los derechos humanos y la declaración que Ríos San Martín prestó ante la policía en 1993 fue clave para tratar de establecer judicialmente los hechos.
El ex DINA testimonió que los miembros de la brigada Mulchén estaban dirigidos por el entonces capitán Guillermo Salinas Torre. Este último ordenó a los oficiales del Ejército Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbé, Juan Delmás Ramírez y el suboficial Pedro Aqueveque que se disfrazaran de carabineros para interceptar el auto Volkswagen en el que viajaba Soria la tarde del 14 de julio de 1976.
La DINA sospechaba que Soria pertenecía al Partido Comunista (PC). De ahí la decisión de detenerlo. Una vez en la casa de Vía Naranja en el sector de Lo Curro (la misma de Townley), fue torturado y, como nunca entregó información, le aplicaron gas Sarín. Luego, lo “destestuzaron”, dijo Ríos San Martín,
haciendo palanca contra un escaño por medio de la torsión de la cerviz.
De esta manera el testimonio entregado por el ex agente de la DINA, Michael Townley en Estados Unidos a fines de 1992 quedó confirmado con una segunda declaración. Entonces fue que se desató la máquina de la justicia militar y la inteligencia del Ejército para encubrir los hechos, porque además de los seguimientos y la reunión relatada arriba, Ríos San Martín también fue llevado
a la justicia militar.
En noviembre de 1993 la Segunda Fiscalía Militar, a cargo de Sergio Cea Cienfuegos, trabó una contienda de competencia, siendo esta resuelta el 16 del mismo mes por la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema a favor de la justicia castrense. Dos días más tarde, el mismo Cea decretó la prohibición de no informar a los medios de comunicación.
El gobierno de la época tenía pleno conocimiento de la declaración de Ríos San Martín y Carmen Soria, hija del diplomático español, presionaba junto a la Embajada de España para que la causa quedara en la justicia civil y se nombrara un ministro instructor de la Corte Suprema.
El contexto se complicaba, pero el desaparecido diario “La Época”, en su edición del 22 de noviembre de 1993, rompió la prohibición y publicó, aunque sin nombre, los antecedentes entregados por Ríos San Martín. La fiscalía militar requisó una serie de ejemplares para evitar su difusión.
El tema se zanjó el 3 de diciembre de 1993, cuando el máximo tribunal desechó nombrar a un magistrado especial para el caso en una estrecha votación de siete votos contra seis. El 6 del mismo el juez militar de Santiago, Hernán Ramírez, aplicó la amnistía. El 10, la Corte Suprema revirtió todo y nombró al ministro marcos Libedinsky para llevar el caso. El 30 de diciembre, sin embargo, el magistrado nuevamente amnistió el caso.
Sigue la batalla
Pero la pelea no quedó allí, porque el 7 de abril de 1994 el proceso fue reabierto por la Primera Sala de la Corte Suprema y se decretaron cinco diligencias: careos, declaración del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, exhorto al ultraderechista cubano Virgilio Paz, reconstitución de escena y, la más importante, un informe siquiátrico a Ríos San Martín. En esta última pesquisa estaba la mano del BIE y la principal estrategia castrense:
inhabilitar al testigo clave.
Días más tarde, el abogado querellante de la familia Soria, Alfonso Insunza, presentó a Libedinsky una recusación amistosa, la que éste último aceptó. La Suprema quedó entonces en posición de nombrar a un nuevo magistrado. Y así fue: la responsabilidad recayó en Eleodoro Ortiz, recientemente fallecido.
La investigación de Ortiz se extendió hasta mayo de 1995. El 25 de ese mes la sala penal de la Suprema sometió a proceso al mayor (R) Guillermo Salinas y a Ríos San Martín. Uno de los votos disidentes fue del ministro Roberto Dávila, otrora auditor del Ejército y sin carrera en el Poder Judicial, quien señaló en su voto que no había elementos de ninguna especie para encausarlos.
Paralelamente, la inteligencia militar de la época seguía hostigando a los oficiales de Investigaciones que llevaban éste y otros casos de violaciones de los derechos humanos.
Un hecho relatado por el detective Nelson Jofré Cabello en una orden de investigar contenida a fojas 6.003 es elocuente: “El 8 de septiembre de 1995, oportunidad en que oficiales policiales de la Brigada de Homicidios trasladaban a una testigo relevante para el caso Berríos, se percataron que eran seguidos por el agente del BIE, dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Víctor Rojas Zúñiga, quien conducía un vehículo marca Peugeot 605 de propiedad de la institución castrense, de cargo
del director de la DINE, general Eugenio Covarrubias, el que resultó involucrado en una triple colisión en la esquina de Alameda con avenida España, tomando el procedimiento Carabineros y agentes del BIE que rodearon el
lugar, logrando los detectives trasladar a la testigo a pie hasta el Sexto Juzgado del Crimen, donde declaró”, declaró el policía.
Pese a estos hechos, el 5 de junio de 1996 Ortiz volvió a aplicar la amnistía.
El 24 de agosto, como era de esperarse, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la decisión. La batalla de los Soria estaba perdida, al menos en Chile.
Lo que siguió
La decisión judicial provocó una acusación constitucional contra los ministros de la Suprema que resolvieron el fallo de la amnistía, una demanda contra el Estado de la familia Soria por 2 mil 700 millones de pesos y el compromiso del gobierno de Eduardo Frei, secundado por España, para entregar una reparación a la familia del diplomático español.
Lepe siguió en el Ejército como secretario general, pero ya había cumplido el tiempo de brigadier y debía ser ascendido a general. Así el 5 de noviembre de 1997, Frei vetó el ascenso de Lepe. Así se creó un nuevo criterio para los ascensos: “las situaciones públicas y notorias que involucren a la persona de índole tal como para afectar negativamente su imagen ante el país o ante
sectores importantes de la ciudadanía”.
Lepe anunció querellas contra los medios junto a su abogado Jorge Balmaceda.
Este último además envió una carta al diario “La Época”, donde aseguró que el otrora testigo clave del caso Soria, el suboficial (R) Ríos San Martín, modificó su declaración policial ante el ministro Eleodoro Ortiz, durante la reconstitución de escena. Éste, nunca reconoció a Lepe. Además un informe del Servicio Médico Legal establecía que tenía “una personalidad anormal”.
“Que en relación a mis declaraciones de fojas 737 y siguientes, ellas nos las ratifico en su totalidad, por cuanto estimo que fui influenciado por personal de Investigaciones a través de orientaciones”, declaró el propio Ríos San Martín, eso sí, después de las reuniones con Lepe.
Balmaceda llegó al paroxismo en su escrito ante el desaparecido matutino, cuando señaló que “para los abogados no puede pasar inadvertido y que refleja la totalidad tranquilidad del brigadier Lepe en su no participación en los hechos… ya que habiendo sido investigados por cinco jueces … ninguno de ellos lo acusó… en consecuencia es absolutamente falso que existan pruebas que lo inculpen en cualquier otra calidad procesal en el homicidio de Carmelo Soria”.
En 1997 aún existía el delito de obstrucción a la justicia y la lógica de cualquier juez investigador habría colegido que la conducta de Lepe y los agentes del BIE algo buscaban esconder.
Quizás Balmaceda no supo de la reunión ni de los seguimientos, pero el secreto que Lepe guardó por tantos años, indica que su participación en la muerte de Carmelo Soria fue tan importante como la cantidad de medios que usó para encubrirla.

El ministro en visita Alejandro Madrid exculpó al general de Ejército Eduardo Aldunate Herman del crimen del diplomático chileno-español Carmelo Soria, según reveló el propio uniformado tras declarar en forma voluntaria ante el magistrado el pasado lunes.

Aldunate Herman, actual segundo hombre de las fuerzas multinacionales de paz en Haití, aseguró que tras la comparecencia, el juez le entregó un documento que da cuenta que no tiene ninguna vinculación con las violaciones a los derechos humanos que investiga.

“El señor magistrado me entregó, previa solicitud mía, un documento mediante el cual expresa que yo no estoy ni procesado, ni inculpado ni tengo ninguna vinculación con la causa que él investiga, que es el del caso Berríos y otros”, afirmó el oficial en entrevista con el diario El Mercurio.

El oficial agregó que le entregó una copia del texto al ministro de Defensa, Jaime Ravinet, y que este miércoles hará lo propio ante las autoridades de Naciones Unidas en Puerto Príncipe. “Con esto, creo, estaría cerrando públicamente este incómodo capítulo”, aseveró.

El general había sido vinculado por el suboficial (R) de Ejército Carlos Labarca Sanhueza con la Brigada Mulchén de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), responsable de la muerte del funcionario de la Comisión Económica para el Caribe y América Latina (Cepal).

Fuentes judiciales indicaron a El Mostrador.cl que en los últimos días el ex uniformado se había retractado de sus acusaciones ante el magistrado, y que por lo mismo Aldunate Herman declaró en forma voluntaria en el marco de la investigación.

La denuncia de Labarca Sanhueza había motivado a la familia Soria y diversos organismos de derechos humanos a pedir la salida del general de su cargo en Haití. Si bien el Gobierno negó que el oficial estuviera involucrado en violaciones a los derechos humanos, admitió que tuvo un breve paso por la ex Central Nacional de Informaciones (CNI) en funciones no operativas.

En la entrevista con el matutino, el general explicó que decidió declarar ante los tribunales porque “la gravedad de la acusación, ampliamente difundida por la prensa hacía aconsejable que no fuese mi palabra, sino los tribunales de justicia los que ratificaran la verdad".

Explicó que en el interrogatorio ante el juez Madrid, que se extendió por tres horas, comenzó con una “extensa revisión de mi vida militar”, y que posteriormente le había informado sobre la retratación de Labarca Sanhueza.

El vicecomandante de las fuerzas en Haití aseguró que “lo sucedido fue una situación ingrata en lo personal y familiar, inmerecida”, y que “quizás, llegué a sentir parte de la pena de muchos militares que han vivido situaciones parecidas".

Asimismo, dijo que no guardaba rencor con Carmen Soria, la hija del fallecido ex diplomático, aunque lamentó que no se hayan usado los canales correspondientes para haber aclarado previamente su situación.

“Entiendo perfectamente y comprendo el espíritu de justicia de parte de la familia de Carmelo Soria. Lo dije desde un primer minuto. Creo que el dolor que ellos han sufrido debe ser tremendo, y más aún, si yo estuviese ante una situación parecida probablemente habría usado todos los medios. Pero lamento que en este caso no se hayan usado los canales correspondientes”, sostuvo.

Aldunate Herman, que fue confirmado como el representante de la misión chilena en Haití para el próximo año, también descartó haber estado involucrado en otros abusos cometidos durante el régimen militar. “No he participado en hecho ilícito alguno y si así hubiese sido, no le quepa la menor duda de que habría respondido por ello", puntualizó.

El interrogatorio de Aldunate Herman había sido solicitado en octubre pasado por la familia de Soria, a fin de conseguir la reapertura del proceso del judicial, luego que en 2004 la Corte Suprema ratificara bajo el argumento de la “cosa juzgada” la amnistía aplicada en 1996.

El funcionario diplomático, que residía en Chile desde el final de la guerra civil española (1936-1939), fue secuestrado por efectivos de la DINA el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA recomendó a las autoridades chilenas sancionar a los culpables del asesinato, cumplir con el Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas y dejar sin efecto la ley de Amnistía.

Adicionalmente, en virtud de un acuerdo ante la ONU, Chile se comprometió indemnizar con US$ de 1,5 millones a la familia.

La canciller Soledad Alvear podría enfrentar un complejo panorama internacional, si el gobierno mantiene en las próximas semanas el incumplimiento del acuerdo que la ministra firmó hace un año ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), para satisfacer requerimientos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA hizo al Estado de Chile por el crimen del diplomático español Carmelo Soria a manos de la DINA en 1976.

Si el Ejecutivo no envía en los próximos días al Parlamento el prometido proyecto de ley para reparar a la familia Soria en 1,5 millón de dólares, monto acordado y firmado por la canciller en marzo pasado ante el representante en Santiago del secretario general de la ONU, Kofi Annan, la ministra Alvear enfrentaría la citación de la CIDH para fines de febrero, y la apertura de un juicio civil en el cual tendría que reconocer su firma del acuerdo. Estas dos medidas de presión fueron anunciadas ayer por la hija del diplomático Carmen Soria y su abogado Alfonso Insunza.

Carmen Soria dijo que ya hicieron una denuncia ante la CIDH por el incumplimiento del acuerdo, e Insunza afirmó que si a fines de febrero cuando la CIDH debería citar a las partes para que comparezcan en Washington, el gobierno aún no ha enviado el proyecto al Congreso, plantearán judicialmente el asunto ante un tribunal civil. La canciller Alvear se encontraba ayer en Nueva York presidiendo una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Críticas a Insulza

A su vez, Carmen Soria lanzó una dura crítica al ministro del Interior y candidato a la secretaría general de la OEA, José Miguel Insulza, con quien, dijo, sostuvo varias conversaciones el año pasado prometiéndole éste en un comienzo que el referido proyecto sería enviado al Parlamento, pero que después “me dijo que no había piso político para que fuera aprobado”.

La hija del diplomático sostuvo que “ahora el ministro Insulza se desligó de todo y devolvió el asunto a la Cancillería, donde también hemos encontrado tramitaciones”.

Ante ello el ministro del Interior respondió ayer que “hay un acuerdo tomado y los acuerdos están firmados, así es que para que la voy a recibir”. Respecto del no envío aún al Congreso del proyecto de ley para concretar la indemnización a la familia Soria, Insulza expresó “el momento y la forma de hacerlo es algo que no me corresponde a mi determinar, y el resto es pura especulación”.

El ministro explicó que el “conducto regular” de todo lo que se envía al Parlamento desde el gobierno es el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y en este caso, además, la Cancillería.

Carmen Soria dijo también que desde el año pasado está pidiendo por este retardo una audiencia con el Presidente Ricardo Lagos “pero todavía no me recibe, aunque hemos vuelto a pedir audiencia este año”. Igualmente manifestó que pidió audiencia con el ministro Secretario General de la Presidencia, Francisco Huenchumilla “pero tampoco nos ha recibido”.

Sobre la concreción de estas audiencias el vocero del gobierno Francisco Vidal, dijo que se preocupará de que “eso ocurra”.

Intinerario

En 1996 la Corte Suprema sobreseyó definitivamente el proceso y amnistió el caso Soria. En 1997 Carmen Soria denunció al Estado de Chile ante la CIDH por “denegación de justicia”. La CIDH acogió la demanda y recomendó a Chile diligencias para reabrir el proceso, entre ellas, realizar lo que corresponda para indemnizar económicamente a la familia Soria.

En enero de 2004 la ministra Alvear firmó además, junto a Carmen Soria, la “propuesta” del cumplimiento de la reparación monetaria, que ella firmó luego en marzo de 2004 ante la ONU.

El Servicio Médico Legal (SML) identificó positivamente los restos del funcionario internacional español Carmelo Soria, asesinado en 1976 por agentes de la DINA, tras realizar exámenes de ADN en peritajes solicitados por sus familiares el mes de abril pasado.

La diligencia de identificación fue ordenada por el 23° Juzgado del Crimen de Santiago, luego que el abogado Alfonso Insulza, en representación de los parientes del diplomático, presentó una querella ante el titular de ese tribunal por el presunto delito de inhumación ilegal.

Luego de confirmada definitivamente la identidad se realizó una breve ceremonia realizada en el Crematorio del Cementerio General.

Amenazas y traslado

La petición de la familia se fundó en las sospechas en torno a que los restos de Soria después que fueron trasladados en 1983 en una urna sellada, debido a que el dueño del mausoleo en que permanecieron desde 1976 recibió amenazas.

Carmen Soria, hija de la víctima, quien presentó una nueva querella, en 1994 por el asesinato de su progenitor, recibió también una serie de amenazas, entre las cuales se contaron llamadas telefónicas en las que le decían que "no sacaría nada con investigar las causas de la muerte pues sus restos no existían".

Carmelo Soria, que residía en Chile desde el término de la guerra civil española, fue secuestrado por agentes de la brigada Mulchén de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el 14 de julio de 1976 y su cadáver fue encontrado dos días después en un canal de Santiago, con señales de tortura

Los restos del diplomático español Carmelo Soria, asesinado por la policía política chilena durante la dictadura de Augusto Pinochet, fueron exhumados ayer para verificar su identidad. La exhumación fue realizada por orden del juez Andrés Contreras, del 23º Juzgado del Crimen de Santiago, quien acogió una solicitud de la familia.
A la exhumación, llevada a cabo en el Cementerio General de la capital chilena, asistieron Carmen, Laura y Luis, los tres hijos de quien fuera funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dependiente de la ONU. El abogado de la familia, Alfonso Insunza, explicó que los restos fueron enviados al Servicio Médico Legal para su identificación mediante exámenes de ADN, que pueden tardar de uno a dos meses.
Hace dos semanas, Carmen Soria e Insunza presentaron una querella ante el juez Contreras por el delito de "presunta inhumación ilegal". Sospechan que en 1983, durante el traslado en un ataúd sellado dentro del mismo cementerio, los restos de la víctima fueron sustraidos. Los propietarios del mausoleo donde estaba sepultado Soria habían recibido previamente amenazas y presiones.
El abogado explicó que en 1994, cuando Carmen Soria presentó una querella por el asesinato de su padre, recibió amenazas telefónicas anónimas, en una de las cuales le dijeron que "no sacaría nada con investigar las causas de la muerte, pues sus restos no estaban en el cementerio". En otros casos, agentes de la policía política pinochetista (DINA) sacaron los restos de las víctimas de los lugares donde estaban enterrrados para eliminarlos

Se trata de tres miembros de la Brigada Mulchén de la DINA: Guillermo Salinas, Pablo Belmar y René Quilhot, quienes una vez fueron condenados, se fugaron simultáneamente de la justicia chilena en agosto de 2023. A la fecha, Salinas ha cobrado 14 millones; Belmar, 23 millones y Quilhot, 11 millones, todos recibidos en calidad de prófugos. 

En agosto de 2023, la Corte Suprema ratificó la condena en contra de seis agentes de la DINA pertenecientes a la Brigada Mulchén por el asesinato en 1976 de Carmelo Soria, diplomático y miembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas. 

Según sentenció el máximo tribunal, se condenó por el crimen a Guillermo Salinas Torres, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann, Juan Morales Salgado, Patricio Quilhot Palma y Pablo Belmar Labbé. 

En concreto, Salinas Torres fue condenado a 15 años y un día en calidad de autor de los delitos de homicidio y asociación ilícita, mientras que por los mismo delitos, Quilhot Palma y Belmar Labbé fueron sentenciados a penas de 10 años y un día. 

Pese a la fuga orquestada en 2023, los condenados por la justicia han recibido su pensión de manera ininterrumpida hasta febrero de este año la que ya supera los 40 millones en total. 

En detalle, según información entregada por Transparencia al periodista Andrés López Awad que ha seguido el caso y publicó la información en su cuenta de X (antes Twitter), a la fecha, Salinas Torres ya suma un monto de $14.394.724 millones; Belmar Labbé, $23.799.744; y Quilhot Palma, $11.372.034 millones. 

Respecto a los otros criminales de lesa humanidad sentenciados: Espinoza Bravo, Iturriaga Neumann y Morales Salgados, cumplen su condena en Punta Peuco, penal en el que ya cumplían pena por otras causas vinculadas a la violación de derechos humanos durante la dictadura. 

Con todo, un documento de la Policía de Investigaciones (PDI) con fecha del 25 de octubre de 2023 indica que, a la luz de los antecedentes solicitados, la Secretaría General de la Interpol publicó una notificación roja a nombre de Patricio Quilhot Palma, Guillermo Salinas Torres y Pablo Belmar Labbé con vigencia de cinco años para su captura. 

Como dato anexo, el 22 de agosto de 2023 -mismo día que la Corte Suprema dictó sentencia en contra de los agentes de la Brigada Mulchén- Patricio Quilhot, entregaba su última columna semanal en un canal de YouTube llamado Punto de Encuentro donde operaba como un líder digital influyente de comunidades de ultraderecha. 

La ruta del dinero

Según consultó Interferencia, fuentes policiales señalan que dichos dineros han sido cobrados. La estrategia para realizarlo es a través de un poder simple donde los pensionados delegan la atribución a un tercero y, por medio de esta triangulación, retiran los montos de la pensión. 

A raíz de estos nuevos antecedentes, Interferencia conversó con el periodista Andrés López Awad quien ha seguido el caso desde cerca y publicó el libro Carmelo. Matar dos veces a un mismo hombre junto al también periodista Camilo Pérez Alveal. 

Con todo, un documento de la Policía de Investigaciones (PDI) con fecha del 25 de octubre de 2023 indica que, a la luz de los antecedentes solicitados, la Secretaría General de la Interpol publicó una notificación roja a nombre de Patricio Quilhot Palma, Guillermo Salinas Torres y Pablo Belmar Labbé con vigencia de cinco años para su captura. 

"El abogado, Francisco Ugás, me dijo que ellos ya habían ejecutado ciertas maniobras para seguir la ruta del dinero a través del levantamiento del secreto bancario de los agentes para revisar los movimientos de las cuentas. Ahora la tarea es ver quiénes son las terceras personas que están recibiendo este dinero para llegue a manos de los agentes estando prófugos", comenta López Awad. 

Asimismo, indica que "es súper curioso que una vez que sale esta sentencia, estos agentes que eran íntimos de Augusto Pinochet, hayan desaparecido al mismo tiempo. Entonces, dado que ya sabemos cómo se financian, se abre la pregunta de ¿quién lo está protegiendo? ¿quién está gestionando su traslado? ¿quién gestiona sus compras? Ahí hay una red de protección que, a 50 años del golpe de Estado, está más vigente que nunca". 

Sobre el paradero de los prófugos, López Awad explica que "no podría aventurarme respecto a dónde están, pero sí puedo decir que tienen ciertas condiciones que los tienen obligados a estar cerca. Por ejemplo, Guillermo Salinas es una persona diabética a un poco más de sus 70 años, y requiere ciertos tratamientos. Entonces, si es que el tribunal así lo decide y oficia a los organismos de salud del Ejército o de las Fuerzas Armadas en general, de seguro se pueden llevar una sorpresa y encontrar alguna atención de Guillermo Salinas". 

"Nada de esto, la condena, la búsqueda incansable de justicia y hallar la verdad hubiese sido posible sin el trabajo impecable de Francisco Ugás y el equipo de Nelson Caucoto, además del tesón y la valentía de la familia Soria González-Vera (en especial de Carmen Soria) y de Gloria Gallardo, sobrina de Renato León Zenteno", concluye el periodista. 

El rol de Carmelo Soria durante la dictadura y los detalles de su asesinato

En abril del 2023, los periodistas Andrés López Awad y Camilo Pérez Alveal publicaron un libro con los detalles del asesinato de Carmlo Soria titulado Carmelo. matar dos veces a un mismo hombre. 

En la investigación, recopilan datos y testimonios que ayudan a reconstruir la escena del caso y las motivaciones de los asesinos para matar al funcionario español. 

Los autores, entrevistados por Interferencia en julio de 2023, explican que "la Brigada Mulchén, de la DINA, que es una brigada de élite criminal, eran oficiales del primer anillo de seguridad de Augusto Pinochet, eran sus hombres de mayor confianza". 

Sobre las motivaciones del caso, explican que: "Hay dos puntos importantes anteriores, uno es que cuando cae la dirección del PC en mayo de 1976, al poco tiempo después empieza a caer todo el frente de propaganda. Entre ellos, Carmelo Soria. Lo segundo, es que Carmelo elaboraba una revista que se llamaba Dulce Patria, una revista clandestina".

Sin embargo, detallan que "lo que molestaba realmente era que Carmelo Soria ayudaba a perseguidos por la dictadura para que los acogieran en distintas embajadas".

Respecto al crimen, el relato es crudo. "El testimonio de la secretaria de Michael Townley reconoce que éste le cuenta que iban a "preparar" un accidente. A Carmelo Soria lo secuestran algo así como a las 5:30 de la tarde y lo torturan hasta la medianoche, lo interrogan con las peores torturas, le rompen todas las costillas, le desplazan dos vértebras, le rajan el hígado", comentan los periodistas.  

Y agregan que: "Le abren la boca y lo llenan de pisco mientras los agentes de la Brigada redactan una carta donde aseguran que su mujer la está haciendo infiel para simular un montaje, después ponen su cabeza en una escalera y hacen palanca con su cuerpo, le tuercen el cuello y lo suben a su auto. Y en un montaje más bien torpe, muy cruel y siniestro, lo empujan por el cerro abajo para simular este accidente".

Sobre los asesinos, explican que se sentían en total impunidad pues "eran muy cercanos a Pinochet, ni siquiera se preocuparon de dejar bien hecho el montaje, no les importó. Entonces pidieron a otra brigada, la Lautaro, limpiar el sitio del suceso, para hacer que pareciera un accidente".

El exhorto español busca poder juzgar directamente al ex agente de la DINA por su colaboración en el crimen del diplomático hispano Carmelo Soria que trabajaba en Chile para la Cepal

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España solicitará a Estados Unidos la extradición a ese país de Michael Townley, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena (DINA), por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria.

Townley, que era jefe de la Agrupación Quetropillán de la DINA, enfrenta una orden de búsqueda y captura desde octubre de 2012, cuando fue procesado por el juez español Pablo Ruz junto a otros seis ex colaboradores de ese organismo, por este asesinato perpetrado en 1976, en plena dictadura militar de Augusto Pinochet.

El juez Ruz dictó una providencia, fechada el 30 de enero pasado, donde da cuenta de la petición del fiscal Carlos Bautista y le exhorta a su vez elaborar un informe sobre la extradición de este ciudadano estadounidense, indicaron a EFE fuentes ligadas al caso.

Según reprodujo Lanacion.cl, el magistrado procesó a Townley en esta causa porque supuestamente cedió la casa en la que fue torturado y asesinado el diplomático español, la cual funcionaba como centro clandestino de interrogatorios.

Asimismo, le imputa los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal, atendiendo al criterio de la Fiscalía, que consideró que la jurisdicción española es la competente para investigar estos delitos porque su persecución en Chile "no ha sido efectiva" y en virtud al principio justicia universal, cuya restricción aprobó esta semana el Congreso español.

En el auto de procesamiento, Ruz afirma que los hechos ocurrieron el 14 de julio de 1976, cuando Soria, que trabajaba para la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile, regresaba a su casa en su auto.

Media botella de pisco

Entonces, dos de los procesados que eran carabineros, el sargento José Remigio Ríos San Martín y el capitán Jaime Lepe Orellana, "simularon una infracción de tráfico", lo detuvieron y se lo llevaron a la vivienda ocupada por Townley.

"Soria fue torturado -maniatado y con la cara vendada- durante varias horas, en las cuales le fracturaron todas las costillas (…) a fin de que les dijera si tenía relación con el Partido Comunista de Chile y cuál era su misión en el país, y ya con la idea de asesinarle y hacer pasar su muerte como un accidente de tráfico, le inyectaron (…) media botella de pisco", detalla el juez.

En el interrogatorio, en el que participaron estos seis acusados, dirigidos por Lepe, Soria sólo murmuraba "Pobre Chile", precisa el magistrado, y añade que al finalizarlo, el capitán Guillermo Humberto Salinas Torres le estranguló "ayudado materialmente por otras dos personas de la brigada, no identificadas".

Después, los procesados trasladaron el cadáver al Canal del Carmen, donde "hicieron que se precipitara al vacío, tirando el cuerpo".

No obstante, el cadáver no se halló hasta un día después, y en el bolsillo de su chaqueta se encontró una nota "simulada por sus captores" en la que un supuesto amigo le contaba presuntas infidelidades de su esposa que, según el juez Ruz, no fue escrita por ninguna de las máquinas que se usaban en la ONU ni estaba deshecha por el agua.

Esta causa surge a raíz de una querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince ex militares a los que relaciona con la muerte de Soria y que el ex nmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, admitió a trámite en 2001.

Carmelo Soria Espinosa era ciudadano español, acogido al decreto de doble nacionalidad con Chile. Nació en Madrid el 5 de noviembre de 1921 y estaba casado con Laura Gonzáles Vera Marchant (medico-cirujana). Tenia tres hijos: Laura de 18 años, Carmen de 16 y Luis de 11. Era funcionario de las Naciones Unidas desde 1960 hasta julio de 1976. (CELADE – FAO). En el breve periodo comprendido entre los años 1971 – 1973, abandonó momentáneamente sus funciones internacionales para cooperar en el gobierno de la Unidad Popular, trabajando primero en ICIRA, como jefe de publicaciones y, después en la Empresa Editorial Nacional (Quimantú). En septiembre de 1973, se reincorporó a las Naciones Unidas.

A continuación entregamos parte de la declaración de su viuda la doctora Laura Gonzáles-Vera Marchant de Soria, prestada en el Simposio de Madrid sobre “desaparecidos en el Cono Sur de América Latina”, en mayo de 1977, “El 14 de julio de 1976 fui a buscar a mi marido a su oficina, poco antes de las 13.00 horas, y almorzamos juntos en casa. Durante el almuerzo me enseño un billete de 100 dólares de los EE.UU. que llevaba en la chaqueta… Salió para la oficina a las 13.50 horas. Fué la última vez que lo vi vivo. Alrededor de las 17.10 horas salió de su oficina, sita en la calle Huelen 61. El personal de imprenta me comunicó que mi marido había dicho que se iba a su casa por tener una fuerte cefalea.

A las 17.20 horas lo vió la señora Eliana Garrido de Cruz, esposa de nuestro amigo Carlos Cruz Arjona. Esta señora viajaba en un taxi en dirección a su casa… y vio como el auto de mi marido avanzaba hasta mas allá de la calle Amapolas (media cuadra antes de la avenida Tobalaba), o sea, que iba recorriendo su trayecto habitual de vuelta a casa.

Alrededor de las 20.00 horas, al ver que mi marido no llegaba, llamé a casa de funcionarios de CEPAL… (y) llamé a una de las secretarias de mi marido para preguntarle si en el momento de su salida al trabajo no había llegado algún amigo con el que hubiese salido. Me contesto que no. Esto me causó profunda extrañeza porque mi marido me avisaba siempre telefónicamente cualquier alteración de su horario habitual para no alarmarme…

Llamé a los servicios de urgencia de la capital sin obtener su ubicación; en los casi 20 años de matrimonio no dejó nunca de dormir en casa, salvo cuando estaba de viaje. Esa noche no llegó.

El día 15 de julio llamé a …(varias personas)… y seguido me dirigí personalmente a la Posta Central, principal servicio medico de urgencia de la capital. Allí tampoco sabían nada.

Informe al Consulado Español de su desaparición y luego me dirigí a CEPAL, desde donde en compañía del Sr. Vaz (jefe de seguridad) fuimos a la 24ª Comisaría, ubicada en Vitacura, para hacer la denuncia de “presunta desgracia”…

El Sr. Elizaga (Director interino de CELADE)… me comunicó que… había aparecido el auto volcado y cubierto por las aguas en el Canal del Carmen, situado en el sector de la Pirámide, se… informo (a mis hijas) que la primera noticia sobre el auto se recibió a las 11.20 horas desde la Tenencia de La Pirámide.

En el lugar del suceso no estaba la Brigada de Homicidios ni el Servicio Técnico de Accidentes del Transito.

El día 16 de julio alrededor de las 10.00 se desplazaron al Canal mis hijas y funcionarios de CELADE y CEPAL, esperando la desecación total del canal; hago notar que éste día fue el único en que se podía ver el auto totalmente y que de su interior no se retiró nada . A mis hijas se les indicó permanecer junto al auto, probablemente para impedirles la visión del cadáver de su padre aguas abajo . (En este día se realizó el peritaje privado que señala la caída del auto desde la ladera y las condiciones en que se encuentra el mismo).

Al Sr. Vaz se le entregó un papel doblado que se retira del veston y que era un anónimo que me acusaba de infidelidad conyugal.

Además de los objetos encontrados en la ladera faltaban el abrigo impermeable, el reloj marca Longines, lapicera y lápiz Parker y otro lápiz automático, y un billete de 100 dólares de los EE.UU.

Alrededor de las 15.00 horas tomé la decisión de ir al Instituto Medico Legal para imponerme del resultado de la autopsia (pues el cadáver había sido retirado del lecho del canal a las 11.40).

Vi al Dr. Tomas Tobar, Profesor de Medicina Legal que… me informó que el cuerpo había llegado sin ninguna información y se interesó mucho por las que le dí, y se las fue a comunicar al Dr. Vásquez Fernández que en ese momento realizaba la autopsia.

Le espere y sostuve con el la siguiente conversación:

“Dr. Vásquez Fernández:

usted sabe doctora que no tuve ningun antecedente; estas lesiones son muy raras, la causa de muerte es una contusión cervical tan brutal que provoca sección medular.

Dra. González-Vera:

Me dijeron que mi marido presentaba una fractura frontoparietal izquierda con exposición de masa encefálica.

Dr. V.F.

No doctora, solo tiene una hemorragia subaracnoidea difusa. Tiene una mascara equimotica, y juntando las dos lesiones se podría hasta pensar en un estrangulamiento, realizado por una persona de gran corpulencia. Tiene, además, una contusión toráxica, como lesión coadyuvante.

Dra. G.V.

Cuanto es el tiempo de permanencia en el agua?

Dr. V.F.

La permanencia en el agua es de mas de 10 horas.

Dra. G.V.

Mi marido ingresa técnicamente muerto al agua?

Dr. V.F. : Si.

Dra. G.V.

Se realizaron alcoholemia y resto de los otros exámenes?

Dr. V.F.

Si, doctora.

La trascripción no es taquigráfica, pero no hay ningún error de conceptos pues los temas tratados son muy gruesos.

El día 17 me entreviste con el Ministro de Justicia en su casa, a quien le dije que dados los antecedentes del caso y la conversación con el Dr. Vázquez Fernández arriba reseñada, no podía menos de concluir que el secuestro y el asesinato de mi marido eran obra de la DINA.

El día 20… fui al Instituto Medico Legal a retirar el cadáver de mi marido… Sostuvimos la conversación que reseño a continuación en presencia del Dr. de la Lastra, medico de CEPAL, y del Sr. Kassis, funcionario de CELADE.

Dr. Vargas Fernández:

La hora precisa de la muerte es secreto de autopsia.

Dra. González-Vera:

El tiempo de inmersión de mas de 10 horas, que limite máximo tiene?

Dr. V.F. :

Como máximo 12 horas.

Dra. G.V. :

Dr., le entrego la bufanda de mi marido que fue encontrada en la ladera y que tiene manchas de sangre, el grupo sanguíneo de mi marido es RH (-) B.”

“El día 24 de julio fue retirado el auto del Canal por personal del Seguro de Autos de CEPAL… Aun no se había hecho ningún peritaje del vehículo por parte de la policía (permaneció todo el tiempo, desde el 16 de julio, cubierto por las aguas).

En el entretanto, los funcionarios internacionales de CELADE habían establecido contacto con el abogado Alfredo Etcheverry, con oficina en Bandera 162, para financiar una querella que presente contra terceros no habidos por homicidio en la persona de mi cónyuge Carmelo Soria”.

“En la semana del 19 al 25 de julio fue visitada en mi casa por la Brigada de Homicidios, me tomaron declaración cuya trascripción no me fue mostrada ni firme documento alguno; según me entere por abogados, este es el método reglamentario de investigación. Me pidieron en esa oportunidad una lista de personas que conocieran a mi marido y pudieran atestiguar sobre costumbres y personalidad. La lista (de 10 personas) fue la siguiente…”

Con estos antecedentes tomados en esta forma, sin peritaje de criminalistica del auto, el General Ernesto Baeza Michaelsen declaro en la edición de día 29 de julio de El Mercurio de Santiago: “…se trata de un lamentable accidente, todas las investigaciones practicadas en el servicio conducen a ello. Se sabe que Carmelo Soria sufrió presiones de orden emocional, un verdadero shock. Estuvo bebiendo hasta tarde y manejo mal”. El Mercurio continuaba: “Agrego el Director de Investigaciones que el español había sufrido una penosa situación

que afecto su trabajo y su estabilidad. El caso quedo cerrado para Investigaciones como muerte accidental”.

Llama la atención el tratamiento que la prensa chilena hizo del caso. La primera información que apareció publicada en la prensa de Chile es del día 19 de julio en El Mercurio de Santiago, y ese día se dio la noticia en el noticiero de la tarde de la televisión. La fotografía que se mostró por televisión y que apareció en los distintos diarios en días sucesivos mostraba el auto volcado en el medio del canal, o sea, esta fotografía hubo de ser tomada antes de las 15.30 horas del día 15, antes de que los funcionarios y mis familiares llegaran al sitio del suceso porque ellos vieron ya el auto amarrado al veredón; la prensa tuvo acceso a una noticia que fue censurada durante cuatro días.

a) Los días 17 y 18 de julio empezaron a llegar cables al Ministerio de Relaciones Exteriores, CEPAL, cartas de familiares y llamadas telefónicas desde España, Argentina, Ecuador, Costa Rica y Estados Unidos.

b) La noticia del asesinato fue comunicada en las radios europeas el 18 de julio. La censura de la prensa chilena, por lo tanto, resulta “inexplicable” porque siempre el accidente de un funcionario internacional constituye noticia.

Por la profusa documentación que se entrega a los diplomáticos que asisten a la Confederación de la OEA, se realiza en Santiago una redada de dirigentes de la prensa, de antiguos técnicos de Quimantu y de las personas de izquierda que trabajan en los medios de información. En esa redada cae Carmelo Soria. Su detención y asesinato se producen pocos días después que se reintegra al trabajo luego de su enfermedad. Muchas de las personas detenidas en esa oportunidad se encuentran “desaparecidas”.

Actitud de la DINA después del asesinato de mi marido:

1. Censura de la prensa, ya señalada.

2. El Director de Investigaciones se apresura a declarar resuelto el caso el día 29 de julio, en las condiciones señaladas.

3. Presencia de miembros de inteligencia de Carabineros y de la DINA (peugeot rojos) en el Camino del Alba durante los días 15 y 16 de julio.

4. Durante los dos meses que siguen al crimen se me somete a un seguimiento constante y ostensible. Como sabe el Dr. Vargas cuando, día y hora, en que voy a retirar el cadáver de mi marido

Llamadas telefónicas insultantes después del crimen, “Esto les pasa por upelientos”. “Vi cuando despeñaban el auto de su papá, cuanto me pueden dar por la información”. Se informo a la ONU de todas estas llamadas.

Amedrentamiento de mis hijos, que son seguidos por autos de la DINA y por patrulleros de Investigación, por lo que debo encargarme yo de realizar los tramites de legalización de sus documentos.

En la esquina de mi casa esperaban a toda hora del día para acompañarme a todas partes, visiblemente, los famosos Peugeot y las clásicas camionetas Ford ranchero sin patente.

Un funcionario internacional que me traslada en su auto en algunas oportunidades recibe una llamada telefónica amenazándole con el secuestro de sus niños pequeños, lo que se comunica al Sr. Enrique Iglesias.

Con el abogado Eugenio Velasco visitamos al funcionario internacional Gabriel Valdés Subercaseaux y le señaló que la DINA sabe que en ese momento estoy con el. El Sr. Valdés cuenta que ha pedido protección a Carabineros a causa de las amenazas reiteradas de que ha sido objeto. Veinticuatro horas mas tarde Eugenio Velasco es expulsado del país.

El 4 de agosto desaparece otro miembro de mi familia, el Dr. Carlos Godoy Lagarrigue, hijo del ex rector de la Universidad de Chile y ex ministro de Educación, don Pedro Godoy, hasta la fecha Carlos no ha aparecido.

Por otra parte, Víctor Toro en su testimonio ante el Grupo de Trabajo ad hoc sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile (febrero de 1977) Declaro que el podía testimoniar, basado en informaciones de testigos presénciales, que Carmelo Soria fue detenido por la DINA, y brutalmente torturado, hasta morir.

Toro dijo que “el prisionero Boris Valdivia fue testigo de la llegada de Carmelo Soria a “Villa Grimaldi”. Este detenido hizo llegar la información a través de otro prisionero al campamento “Tres Alamos”, y yo fui informado del estado de Carmelo Soria. Torturado en la Parrilla electrificada, por le Coronel Marcelo Moren Brito, fue además sometido a otras torturas, de las cuales Boris Valdivia fue también testigo; se le tendió en el suelo del patio, y se le presiono en repetidas oportunidades el pecho por medio de una rueda de automóvil.

En su edición del 15 de Diciembre, el diario The Washington Post, confirmo que Carmelo Soria, funcionario de Naciones Unidas fue asesinado en Santiago en Julio ultimo y que fue brutalmente torturado por las autoridades chilenas antes de su muerte. Citando incuestionables elementos de prueba, el rotativo norteamericano afirmo que Soria murió a consecuencias de la tortura y no en un accidente de transito, como afirmaron fuentes de la dictadura. El diario enumera los elementos contradictorios de la información oficial sobre las causas de su muerte, las circunstancias en que ocurrió el accidente y la forma en que fue encontrado el automóvil, luego de su desaparición.

Destaca la opinión de tres médicos norteamericanos consultados separadamente por el diario en relación con el informe que rindieron las autoridades chilenas. Los especialistas, según el rotativo, coincidieron en afirmar que parecía mas lógico que las múltiples heridas que presentaba Soria hubieran sido causadas por estrangulación y golpeaduras que por un accidente del transito.

El diario analiza la versión oficial de la autopsia que indica que Soria murió a consecuencia de heridas recibidas en la región cervical de la espina dorsal y “Masivas hemorragias cerebrales”. Al respecto, los tres médicos consultados por la publicación norteamericana comprobaron que, aun cuando un accidente automovilístico puede producir heridas como las que presentaba Soria, no era probable que se produjera una combinación de estas como mostraba la autopsia. “Lo mas probable (concluyeron), es que fuera atado y golpeado en la cabeza y en le pecho, estrangulado lentamente y asesinado por ultimo con un golpe en la nuca”.

Un informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos Humanos en Chile, expresa que “al día siguiente de la desaparición se encontraron el cadáver del señor Soria y su automóvil en circunstancias que hacían pensar que no se trataba de un accidente ni de un suicidio. Cabe mencionar aquí que, a juzgar por los testimonios de que dispuso el Grupo de Trabajo, el camino en que ocurrió el hecho no era el que normalmente seguía el señor Soria para volver a su hogar. Además, el cadáver del señor Soria se encontró a unos 200 metros del coche”. Un vocero de las Naciones Unidas declaro el 15 de Diciembre que el Secretario General de la ONU, Kurt Waldheim, había estado en repetidas ocasiones en contacto con la Embajada de la Junta en esa sede y había solicitado una nueva investigación del caso, así como una copia del informe oficial sobre la autopsia. El portavoz dijo que ha sido, imposible hasta el momento llegar a un acuerdo sobre una nueva investigación.

El economista y diplomático español, funcionario del organismo regional de las Naciones Unidas, fue secuestrado, torturado y asesinado por agentes de la dictadura en Chile en 1976.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar-Xirinachs, encabezó hoy una ceremonia en homenaje a la memoria y el legado de Carmelo Soria Espinosa, economista y diplomático español, funcionario del organismo regional de las Naciones Unidas, que fue secuestrado, torturado y luego asesinado por agentes de la dictadura en Chile el 16 de julio de 1976.

La ceremonia fue realizada en la Placa Soria, memorial en recuerdo de Carmelo Soria Espinosa ubicado en la sede principal de la CEPAL en Santiago de Chile.

Junto al Secretario Ejecutivo de la CEPAL, participaron en la ceremonia representantes de la familia Soria, en particular su viuda, Laura González Vera-Merchant, y su hija Carmen; Fernando Martínez López, Secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España, y Pilar Cancela, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

“Nos reunimos para recordar a Carmelo Soria, homenajear su memoria y reconocer el incansable esfuerzo desplegado por su familia para lograr el castigo de los responsables de su asesinato”, afirmó José Manuel Salazar-Xirinachs al inaugurar la ceremonia.

Agregó que, desde el primer momento, la CEPAL sintió la muerte de Carmelo Soria como un dolor institucional “y ha sido durante más de cuatro décadas una herida abierta que hoy, si eso es posible, avanzamos en curar”.

El máximo representante del organismo regional recordó que, desde Nueva York, Sede de las Naciones Unidas, tres secretarios generales lideraron variadas gestiones, negándose a aceptar la versión oficial que aseguraba que la muerte de Carmelo Soria se trataba de un accidente de tránsito.

“Se buscaba en ese momento esclarecer el crimen, identificar a los autores y conseguir de las autoridades chilenas el castigo efectivo para ellos”, señaló.

Desde Santiago, en tanto, los ex secretarios ejecutivos de la CEPAL, Enrique Iglesias (1972-1985), Norberto González (1985-1987), Gert Rosenthal (1988-1997), José Antonio Ocampo (1998-2003), Jose Luis Machinea (2003-2008) y Alicia Bárcena (2008-2022), cada uno de ellos bajo distintas circunstancias y momentos del proceso, “sostuvieron esta voluntad institucional e hicieron innumerables gestiones para lograr el castigo necesario para los culpables de este horrendo crimen”, afirmó José Manuel Salazar-Xirinachs.  

“Hoy nos reunimos en este memorial inaugurado el 8 de noviembre de 2007 para testimoniar con nuestra presencia que Carmelo Soria sigue estando entre nosotros y su ejemplo y compromiso no serán olvidados”, destacó.

Fernando Martínez López, Secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España, en tanto, subrayó que el acto de homenaje a Carmelo Soria tiene 3 funciones: “Una función reparadora de lo que se hizo; una función pedagógica, para que nunca más se repitan hechos dramáticos como este asesinato; y una función preventiva para defender siempre los Derechos Humanos”, enfatizó.

Pilar Cancela, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, por su parte, destacó que “Carmelo Soria era uno de los nuestros ya que compartimos con él la lucha y el convencimiento por la libertad. La lucha por defender valores que no son solamente los propios, sino los valores que identifican la democracia”, expresó.

Carmen Soria agradeció las gestiones realizadas por el Gobierno español y la CEPAL en la búsqueda de justicia. Sin embargo, afirmó que, tras 47 años, la condena de la Corte Suprema de Chile es insuficiente y reiteró la necesidad de que todos los condenados por el crimen de su padre cumplan penas de cárcel efectiva.

El 22 de agosto pasado, a 47 años de su asesinato, la Corte Suprema de Chile dictó condena definitiva por el crimen de Carmelo Soria Espinosa y condenó a seis exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y dos exintegrantes del Ejército.

El fallo de la Justicia chilena afirma que Carmelo Soria “fue privado de su libertad por agentes armados de la DINA, los que lo trasladaron a un lugar oculto, donde se le mantuvo por horas vendado y amarrado, siendo sometido a interrogatorio bajo apremios físicos que le produjeron la muerte, de manera que resulta claramente identificable que los agentes realizaron dos cúmulos de acción ilícitas, completamente diversas, las primeras realizadas con el propósito de privar de libertad al Sr. Soria Espinoza, en tanto que las segundas, fueron perpetradas para ocasionarle la muerte”.

El conjunto de los antecedentes que acopió la CEPAL sobre el caso que investigó el asesinato de Carmelo Soria fueron donados al acervo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, donde se encuentran disponibles para la consulta de todos y todas.