Espinoza Mendez Jorge Enrique

Jorge Enrique ESPINOZA MENDEZ

El 18 de junio de 1974 fue detenido en la vía pública, en el centro de Santiago, el militante del MIR Jorge Enrique ESPINOZA MENDEZ. Ese mismo día, horas más tarde, agentes de civil allanaron el domicilio del detenido.

Jorge Enrique Espinoza fue sido visto por testigos en el recinto de Londres 38 y desapareció en poder de la DINA, sin que se hayan vuelto a tener noticias de él.

La Comisión está convencida de que su desaparición fue obra de agentes del Estado, quienes violaron así sus derechos humanos.

El titular del Primer Juzgado de Crimen de Santiago con dedicación exclusiva en causas de derechos humanos, Joaquín Billard, condenó a diez años y un día de presidio al ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán Castilla por el secuestro calificado y resultado de muerte de Juan Luis Rivera Matus, registrado en diciembre de 1975.

Junto a Corbalán, y por la misma pena, fue condenado el ex miembro de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Sergio Díaz López.

En tanto, en calidad de encubridores, recibieron sentencias el jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), Freddy Ruiz Bunger y Carlos Madrid Hayden, a 600 días de pena remitida.

La notificación, para el caso de Corbalán, hecha esta mañana en Punta Peuco. Fuentes allegadas al caso, indicaron que el Ejército habría preferido no trasladado hasta el tribunal, a fin de evitar problemas a raíz de sus últimas salidas.

Juan Luis Rivera Matus fue nombrado en el primer informe de la Mesa de Diálogo, como uno de las víctimas de la represión que había sido lanzada al mar, junto a otras 131 personas. Sin embargo, en 2001 sus restos aparecieron en los terrenos del Fuerte “Justo Arteaga Cuevas”, en Peldehue. Para muchos, este dato echó por el suelo la credibilidad de esta instancia.

Rivera Matus militaba en el PC y era dirigente sindical de Chilectra. Fue detenido el 6 de noviembre de 1975 en la esquina de Santo Domingo y San Antonio, por cerca de cinco personas de civil que lo subieron a un vehículo tipo station wagon Peugeot de color blanco, sin patente.

El mismo día de su secuestro fue interpuesto un recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual, como la casi totalidad de las acciones similares interpuestas durante el régimen militar, fue rechazado sin más trámite por el tribunal de alzada, luego de un informe negativo sobre la detención emitido por el Ministerio del Interior. El 26 de mayo de 1976 el proceso había sido sobreseído temporalmente.

Otros casos

Pero ésta no fue la única sentencia dictada por el magistrado. También condenó al ex agente de la DINA Osvaldo Romo Mena, por el delito de secuestro calificado en la persona de Jorge Espinoza Méndez, apodado “Abel” o “Juancho”, cuyos últimos rastros se tienen del 18 de junio de 1974.

Según el informe Rettig, Espinoza Méndez fue sido visto por testigos en el recinto de detención de Londres 38 y desapareció en poder de la DINA, sin que se hayan vuelto a tener noticias de él.

El magistrado también condenó a los ex agentes de la DINA Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Basclay Zapata y Osvaldo Romo a diez años y un día por el delito de secuestro calificado en contra de los ex militantes del MIR Elsa Leuthner, María González, Hernán González y Ricardo Troncoso Muñoz.

El caso de Troncoso Muñoz es particular. Antes de su detención, había permanecido asilado en la Embajada de México en Santiago, desde el 10 de octubre de 1973, hasta el 1 de marzo de 1974, fecha en que abandonó el asilo, desesperado por la tardanza en otorgársele salvoconducto. Quince días después fue detenido por agentes de la DINA.

El magistrado aún investiga el caso de Juan Suil Faúndez, quien fue hecho desaparecer por agentes de la SIFA, a mediados de los setenta. Las otras dos causas que tenía el magistrado, una de ellas por la Operación Colombo, se adjuntaron al expediente que sustancia el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia.

Con las condenas en estos tres casos, se abre el camino a que la Corte Suprema unifique el criterio respecto a la aplicación de la ley de Amnistía. En 1997, cambió el criterio de fallo de la Segunda Sala Penal del máximo tribunal, donde se modificó la aplicación de ese cuerpo legal y se instauró la teoría del secuestro permanente.

En un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la condena que pesa sobre el ex agente civil de la DINA Osvaldo Romo Mena, por el secuestro calificado del militante del MIR Jorge Espinoza Méndez.

En la resolución, el máximo tribunal rechaza el recurso de casación presentado por la defensa de Romo en el que solicitaba se aplicara la amnistía y la prescripción a su favor.

Sin embargo, la Segunda Sala, rechazó el recurso y ratificó la tesis de que el secuestro es un delito permanente. "Que de los referidos hechos no es posible desprender, como pretende el recurrente, que Espinoza Méndez no hubiera sobrevivido a su cautiverio ni menos aún que a junio de 1974 estuviera muerto", señaló la corte.

Junto con ello, insistió en que "desde la privación de libertad de Espinoza Méndez se desconoce su paradero, de manera que no puede concluirse que haya cesado el curso de consumación del delito de secuestro por el cual ha resultado condenado".

Espinoza Méndez tenía 24 años y era estudiante de Filosofía de la Universidad de Chile cuando fue detenido el 18 de junio de 1974 por agentes de la DINA.

La condena a siete años a Romo, dictada en primera instancia por el Primer Juzgado del Crimen y confirmada por la Corte de Apelaciones y ahora por la Suprema, es la segunda que queda ejecutoriada en contra del ex agente.

La primera sentencia en su contra que quedó a firme es la que se le impuso por su participación en el secuestro calificado de la periodista del MIR Diana Aron.

El máximo tribunal rechazó recursos de casación en causas por cuatro secuestros calificados perpetrados en julio de 1974 en las comunas de Estación Central y San Joaquín.

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en el fondo deducidos en contra de la sentencia que condenó a 30 agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado (desaparición forzada) de Enrique Segundo Toro Romero, Eduardo Enrique Lara Petrovich y José Caupolicán Villagra Astudillo, perpetrados en julio de 1974 en las comunas de Estación Central y San Joaquín en el marco de la denominada "Operación Colombo".

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y la ministra María Teresa Letelier– confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los delitos.

En tanto, deberán purgar 10 años y un día de presidio: Gerardo Ernesto Godoy García, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Hermon Helec Alfaro Mundaca, José Enrique Fuentes Torres, Julio José Hoyos Zegarra, Nelson Alberto Paz Bustamante, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Hiro Álvarez Vega, José Alfonso Ojeda Obando, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Díaz, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Olegario Enrique González Moreno, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Pedro Ariel Araneda Araneda, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Juan Alfredo Villanueva Alvear, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Rafael de Jesús Riveros Frost, Leonidas Emiliano Méndez Moreno y Hernán Patricio Valenzuela Salas.

El máximo tribunal descartó los errores de derecho argüidos por las defensas de los condenados.

"Que, en síntesis, estimando esta Corte que no ha existido aplicación errónea de la ley que haya significado la imposición a alguno de los recurrentes de una pena más grave que la designada en la ley; y que las alegaciones de las defensas –analizadas todas a la luz de la hipótesis fáctica contenida en el fallo–, no resulta atendibles, pues no configuran causal de nulidad alguna, todos los recursos analizados son desestimados en su integridad", dice el fallo.

Durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, que se extendió durante 17 años, se registraron 3.200 asesinatos y al menos 1.192 detenidos desaparecidos.

Diversas organizaciones de derechos humanos llevan años solicitando que se acelere la investigación de delitos cometidos durante la dictadura militar y continúan exigiendo la nulidad de la Ley de Amnistía que sirvió para eximir de culpa a cientos de militares -algo que se debate en el Congreso desde hace años-.

Los distinguidos en esta oportunidad serán los ejecutados políticos José Modesto Amigo Latorre, Tatiana Valentina Fariña Concha, Sócrates Augusto Ponce Pacheco y Frank Randall Teruggi Bombatch; y los detenidos desaparecidos Clara Elena Canteros Torres, Bernardo de Castro López, Jorge Humberto D'Orival Briceño, Jorge Enrique Espinosa Méndez, Néstor Alfonso Gallardo Agüero, José Fernando Romero Lagos y Eduardo Humberto Ziede Gómez.

Este martes 11 de septiembre la Universidad de Chile otorgará títulos póstumos y simbólicos a 11 nuevos estudiantes, quienes se sumarán a los otros 100 que ya lo recibieron a inicios de este año, como parte de un compromiso institucional por la memoria, la reparación, la verdad y la justicia.

Como informaron de la institución, la lista seguirá creciendo ya que se encuentran analizando otros casos a partir de diversas fuentes y archivos, en un proceso abierto.

Como un proceso de memoria institucional, abierto y en constante desarrollo. Así fue definido desde su anuncio el 2017 el decreto que oficializó la entrega de distinciones universitarias de título póstumo y simbólico y de grado académico póstumo y simbólico a estudiantes detenidos(as) desaparecidos(as) y ejecutados(as) políticos(as) de esta casa de estudios. 

Es por ello que este martes 11 de septiembre, en el marco de la ceremonia oficial de conmemoración del aniversario 45 del Golpe de Estado, la Casa de Bello hará entrega de este reconocimiento a 11 estudiantes en manos de sus familiares, quienes participarán de este encuentro que se realizará en el Casa Central del plantel, actividad abierta a toda la comunidad.

Quienes serán distinguidos se suman a los otros 100 estudiantes que recibieron sus títulos y licenciaturas el pasado 11 de abril de este año, lista que continuará creciendo en los próximos meses ya que, como informaron desde la institución, siguen recibiendo casos y antecedentes que se encuentran estudiando y analizando, en un proceso que ha sido apoyado por las agrupaciones de familiares y de las organizaciones de derechos humanos.

Los distinguidos en esta oportunidad serán los ejecutados políticos José Modesto Amigo Latorre, Tatiana Valentina Fariña Concha, Sócrates Augusto Ponce Pacheco y Frank Randall Teruggi Bombatch; y los detenidos desaparecidos Clara Elena Canteros Torres, Bernardo de Castro López, Jorge Humberto D'Orival Briceño, Jorge Enrique Espinosa Méndez, Néstor Alfonso Gallardo Agüero, José Fernando Romero Lagos y Eduardo Humberto Ziede Gómez.

Un compromiso institucional

Desde el retorno a la democracia, la Universidad de Chile ha venido desarrollando iniciativas a fin de esclarecer y difundir las consecuencias de la dictadura en la primera universidad pública del país, entre las que se encuentran el cierre de carreras y la desaparición, persecución y muerte de integrantes de su comunidad universitaria.

Para trabajar en la entrega de títulos póstumos y simbólicos, la universidad estableció el Comité de Titulaciones Póstumas, que integran la Cátedra de Derechos Humanos y el Archivo Central Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, la Dirección Jurídica y la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, organismos apoyados por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

A la entrega de esta distinción se suma la desclasificación de los sumarios del periodo dictatorial, abierta a todo público y que tuvo como uno de sus resultados la publicación del libro "La Dictadura de los Sumarios (1974-1985). Universidad de Chile intervenida".

Finalmente, la U. de Chile hizo un llamado a la comunidad nacional a que quienes tengan información vinculada a este tema puedan hacerla llegar para continuar con este proceso de memoria y justicia.