Canteros Torres Clara Elena

Clara Elena Canteros Torres, casada, dos hijas, una de 1 año y medio y otra de 8 meses, 21 años de edad, empleada, militante comunista, fue detenida por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA el día 23 de julio de 1976, alrededor de las 20:00 horas, en la vía pública, cerca de su domicilio, al bajarse de un bus de la locomoción colectiva, en la intersección de las calles Panamá con Rojas Magallanes, en la comuna de La Florida. Ese mismo día, en el mismo sector, horas después, fue detenido su tío Eduardo Canteros Prado, cuyos restos fueron encontrados, casualmente, el 21 de marzo de 1990 en una fosa clandestina ubicada en el Fundo Las Tórtolas, de Colina; dicho terreno perteneció al Ejército hasta 1980.
Sin embargo, de Clara Elena, desde el día de su detención, no se han vuelto a tener noticias acerca de su paradero. Ese mismo día, tal como se señaló antes, los aprehensores del tío de Clara, don Eduardo Canteros Prado, trasladaron a éste hasta el recinto clandestino de detención denominado "Villa Grimaldi", ubicado en la comuna de La Reina, en la ciudad de Santiago, donde fue recluido y torturado. Allí el afectado pudo ser visto por el detenido Isaac Godoy Castillo, quien declaró que el día 26 de agosto de 1976, encontrándose recluido en Villa Grimaldi, pudo ver entre otros a Eduardo Canteros, Pedro Silva Bustos, Lenín Díaz Silva, Darío Miranda Godoy y Jorge Solovera Gallardo, cuando los devolvían a sus respectivas celdas, después de haber aseado el lugar. Todos se encuentran detenidos desaparecidos.
Cabe señalar que, a pesar de que el Gobierno militar negara la detención de Clara Canteros y de su tío Eduardo Canteros, el mismo gobierno reconoció la detención de militantes comunistas. Es así como el 14 y 17 de julio de 1976, la Dirección Nacional de Comunicación Social del Gobierno, a través de declaraciones dio a conocer a la opinión pública que tras operativos realizados por los servicios de seguridad se había logrado desbaratar 32 casas buzón del Partido Comunista, que servían de enlace entre la Dirección Nacional de dicho partido y sus Comités Regionales; además informaba de la detención de militantes de dicha colectividad. Agregaba que no se podían entregar más antecedentes a fin de no entorpecer las investigaciones que se realizaban.
Otro antecedente de la acción de organismos de seguridad en la desaparición de militantes comunistas, apareció en la edición del 12 de agosto de 1976 del semanario "Que Pasa", en el que en un artículo bajo el título "Del MIR al PC" se señala que habían sido detenidos militantes y dirigentes del Partido Comunista, tras operativos realizados por los organismos de seguridad. Incluso se entregaban nombres de algunos de los detenidos.
Antecedentes de que Clara Canteros estuvo recluida en el centro secreto de detención de Villa Grimaldi, los entrega la ex detenida Rosa Elsa Leiva Muñoz, en declaración jurada del 18 de julio de 1991, en la que expresa que fue detenida por la DINA el 20 de agosto de 1976 y conducida al recinto de Villa Grimaldi. Al día siguiente de estar recluida en ese recinto, vio a Marta Ugarte Román quien días después le contó que el día que ella había llegado a ese recinto, iban sacando a tres detenidos (que permanecen desaparecidos) Clara Canteros, Oscar Ramos y Mario Juica. Rosa Leiva conocía la familia Canteros, ya que había sido secretaria del ex parlamentario Manuel Canteros, tío de Clara Elena.
Cabe destacar que Clara Elena Canteros pertenecía a una familia que había sido víctima de variadas acciones represivas desde 1973, eran de connotada y conocida militancia comunista, tanto su padre Víctor como su tío Manuel, que además había sido parlamentario. Su padre era buscado en los mismos días que ella fuera detenida, por lo que debió asilarse. En el exilio estuvieron por años sus padres, dos de sus hermanos y un tío.
Su familia ha realizado innumerables acciones administrativas y de denuncia a organismos nacionales e internacionales, sin haber logrado conocer la suerte o paradero de Clara Elena Canteros Torres hasta la fecha.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El día 26 de julio de 1976, se interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago el Recurso de Amparo Rol Nº646 76 en favor de Eduardo Canteros Prado y Clara Elena Canteros Torres, el que fue rechazado el 6 de agosto de 1976, con el sólo informe del Ministerio del Interior, el que negaba la detención por orden de esa Secretaría de Estado.
Luego, el día 18 del mismo mes, se presentó ante el Décimoprimer Juzgado del Crimen de Santiago, una querella por el delito de secuestro de Clara Elena Canteros Torres y de Eduardo Canteros Prado, en contra de agentes de seguridad; la causa fue rolada con el Nº 7.438?9 y fue sobreseída el 3 de mayo de 1978 en virtud de la Ley de Amnistía (D.L. Nº2.191) y reabierto el sumario el 21 de junio de 1978. Siendo sobreseída temporalmente la causa el 2 de octubre de 1979, esta resolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago el día 18 de diciembre de 1979.
Por otra parte, el 1° de agosto de 1978, familiares de 70 desaparecidos, entre los que se contaban los de Clara Canteros Torres, interpusieron ante el 10° Juzgado del Crimen de Santiago una querella criminal por el delito de secuestro agravado en contra del General (R) Manuel Contreras Sepúlveda, del Coronel de Ejército Marcelo Luis Moren Brito y del Teniente Coronel de Ejército Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo. Al Tribunal se entregaron además las identidades de otros agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), los antecedentes de recintos secretos de detención del mencionado organismo y otros datos relativos a su estructura y medios con que contaba la DINA.
Sin realizar ninguna diligencia, el 10 de agosto de ese año la Jueza del 10° Juzgado se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Justicia Militar; después de varias apelaciones, en mayo de 1979 la causa se reabrió en la 2a. Fiscalía Militar de Santiago, bajo el rol N° 553 78.
En 1983, el Tribunal tuvo a la vista los cuatro cuadernos de instalación de la Visita Extraordinaria por casos de detenidos desaparecidos de la Región Metropolitana, que sustanció el Ministro Servando Jordán, en ellos se contenía importante información respecto al actuar de la DINA y a la responsabilidad de ese organismo de seguridad en cientos de detenidos desaparecidos.
Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército, Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191) porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque, durante los 10 años de tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de noviembre de 1989, la solicitud fue acogida por el 2° Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa, la que aún se encontraba en etapa de sumario, por "encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.
Antecedentes completos de la querella en contra de Manuel Contreras se encuentran en el caso de Eduardo Alarcón Jara, 30 de julio de 1974.
Con fecha 23 de agosto de 1991 su padre Víctor Canteros y su hermana Lucía Canteros interpusieron ante el 11° Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, una querella criminal por los delitos de secuestro agravado y asociación ilícita contra los que resulten responsables de los delitos cometidos contra Clara Elena Canteros Torres.
En el libelo se consigna que el secuestro de Clara Canteros está vinculado al secuestro y posterior homicidio de su tío Eduardo Canteros Prado, ya que hay testimonios que ambos permanecieron recluidos en Villa Grimaldi. Dicha causa fue acumulada a la presentada por Eduardo Canteros e ingresó a tramitación con el rol N° 7438. A diciembre de 1992, se encontraba en tramitación en estado de sumario.

A fines de mayo de 1976 los agentes de la Dina sabían ya que el PC no tenía armas, pero insistían en identificar y atrapar a los integrantes del equipo de finanzas del Partido.

Desde mediados de 1975, en plena embestida represiva contra el Partido Comunista, la dirección de la Dina trataba de identificar y capturar a los encargados de finanzas de ese partido para apoderarse de los dineros que llegaban desde el exterior. Parte de esos fondos eran administrados en Santiago por operadores financieros vinculados a la comunidad judía. El PC trataba afanosamente, además, de ocultar sus inversiones en algunos negocios.

Muchos de los cerca de 150 comunistas detenidos, asesinados y hechos desaparecer en 1975 y 1976 fueron salvajemente torturados para sacarles algún dato que a los jefes de la Dina les sirviera para aproximarse a las platas del partido que le servían para mantener sus estructuras e iniciar una balbuceante resistencia a la dictadura.

A fines de mayo de 1976 los agentes de la Dina sabían ya que el PC no tenía armas, pero insistían en identificar y atrapar a los integrantes del equipo de finanzas del Partido. En una de las operaciones, el día 22 de julio, capturaron a los hermanos Julio y Eduardo Budnik, uno de los cuales colaboraba en esas materias con los comunistas. Uno de ellos entregó información suficiente como para desatar aún más los apetitos de los escuadrones represivos, convencidos de que Víctor Canteros Prado era el encargado de las finanzas. No obstante no pudieron capturar a su presa, pero sí lo hicieron con dos de sus familiares más cercanos.

Clara Elena Canteros Torres tenía 21 años a la fecha de su detención. Casada, dos hijas, ex alumna de Ingeniería Química en la Universidad de Chile, empleada laboratorista. Era militante de las Juventudes Comunistas, trabajaba en un lavaseco que pertenecía al PC y colaboraba con su padre, Víctor Canteros Prado, con Crifé Cid y con Julio Irazzoky en el equipo de finanzas del Partido.

Fue detenida por agentes de la DINA el 23 de julio de 1976, alrededor de las 20:00 horas, en la vía pública, cerca de su domicilio, al bajarse de un bus de la locomoción colectiva en la intersección de las calles Panamá con Rojas Magallanes, en La Florida. Ese mismo día, en el mismo sector, poco después, fue detenido su tío Eduardo Canteros Prado.

Antecedentes de que Clara Canteros estuvo recluida en Villa Grimaldi los entregó la ex detenida Rosa Elsa Leiva Muñoz, en declaración jurada del 18 de julio de 1991, donde relató que fue detenida por la Dina el 20 de agosto de 1976 y conducida a Villa Grimaldi. Al día siguiente de estar allí, vio a Marta Ugarte Román, quien días después le contó que el día que ella había llegado a ese recinto, iban sacando a tres detenidos: CLARA CANTEROS , Oscar Ramos y Mario Juica. Rosa Leiva conocía a la familia Canteros, ya que había sido secretaria del ex parlamentario Manuel Canteros, tío de Clara Elena.

Eduardo Canteros Prado tenía 48 años a la fecha de su desaparición. Casado con María Enolfa Gormaz Vera, cinco hijos y otros cinco de un matrimonio anterior, constructor civil,era  ex ejecutivo de Corhabit, domiciliado en La Florida. Fue detenido el día 23 de julio de 1976, alrededor de las 21:40 horas, en la vía pública, frente a su casa en los momentos en que regresaba a su hogar después de su jornada laboral. Fue llamado por los ocupantes de un automóvil de color azul que se encontraba estacionado en la calzada, quienes resultaron ser agentes de la DINA que procedieron a su aprehensión, introduciéndolo en uno de los tres vehículos en que se movilizaban.

Testigos presenciales de la detención fueron Jorge Antonio Muñoz Muñoz, sobrino político; José Desiderio Muñoz Muñoz, hermano del anterior y María Enolfa Gormaz Vera. Todos ellos pudieron apreciar las circunstancias de la detención. Incluso los hermanos Muñoz establecieron un breve diálogo con Eduardo, previo a su aprehensión. Entre tanto, María Gormaz, minutos antes a la detención de su esposo, recibió en su hogar la visita de uno de los agentes, quien solicitó hablar con él bajo el pretexto de un supuesto accidente que habría sufrido su sobrina CLARA ELENA CANTEROS TORRES , la que también fue detenida ese mismo día, y quien, al igual que su tío Eduardo figura como detenida desaparecida.

Desde ese lugar, los aprehensores trasladaron al detenido a Villa Grimaldi, donde fue recluido y torturado. Allí, Eduardo Canteros Prado fue visto por Isaac Godoy Castillo, quien declaró que el día 26 de agosto de 1976, encontrándose recluido en Villa Grimaldi, pudo ver a Eduardo  Canteros; éste formaba parte de un grupo de detenidos, entre los que recuerda a Pedro Silva Bustos, Lenin Díaz Silva, Darío Miranda Godoy y Jorge Solovera Gallardo, cuando los devolvían a sus respectivas celdas, después de haber aseado el lugar. Todos ellos permanecen hasta la fecha en calidad de detenidos desaparecidos.

El 21 de marzo de 1990, mientras se realizan trabajos de excavación en terrenos del Fundo Las Tórtolas de Colina, que hasta el año 1980 había pertenecido al Ejército, fueron encontrados en dos fosas clandestinas los restos de tres personas, correspondiendo uno a Eduardo Canteros Prado. Otro de los restos pertenecía al ex parlamentario y miembro del Comité Central del Partido Comunista, Vicente Atencio Cortés, detenido el 11 de agosto de 1976 y quien fue visto por testigos en el recinto de la Dina de Villa Grimaldi.

Entre enero y septiembre de ese año 1976, más de 70 comunistas fueron detenidos y desaparecieron en los cuarteles de la DINA. Diecisiete de ellos fueron asesinados por los agentes de esa policía secreta de la Dina. Condenados por la justicia recientemente, sus penas fueron rebajadas por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el recién pasado 9 de abril. La Octava Sala del tribunal, estuvo presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera e integrada por la ministro Mireya López y el abogado Cristián Lepín

Varios de aquellos comunistas asesinados eran importantes cuadros de las principales estructuras del Partido, vinculados familiarmente y con acceso a los máximos dirigentes que aún permanecían libres. Iván Insunza Bascuñán, Carlos Godoy Lagarrigue, Alejandro Rodríguez Urzúa, Miguel Nazal Quiroz, Daniel Palma Robledo y otros, pertenecían a familias tradicionales entre los herederos ideológicos  de Recabarren.

Una arista casi olvidada de la investigación de sus muertes condujo a la Colonia Dignidad, en las inmediaciones de Parral, donde aparecieron algunos automóviles de los comunistas desaparecidos, vehículos  que fueron ocultados en Villa Baviera por los colonos alemanes que seguían a Paul Schaefer.   

Una pista clave

Los interrogadores de la Brigada Lautaro de la Dina, instalados en el cuartel de la calle Simón Bolívar, en la comuna de La Reina, en Santiago, consiguieron mediante prolongadas y brutales torturas algunos datos claves que permitieron a los analistas de ese aparato represivo identificar a uno de los principales operadores de fondos del PC en Santiago: el cambista de monedas Jacobo Stoulman Bortnik.

Así, en los últimos meses de 1976, la Dina logró infiltrar en Francia y Suiza a una de las redes internacionales que el PC tenía para transportar fondos a Chile. Jacobo Stoulman viajó a Francia el 18 de noviembre.

En el mismo avión iba el mayor Raúl Iturriaga Neumann, uno de los oficiales más cercanos al coronel Manuel Contreras, jefe de la DINA. Iturriaga, vestido de civil, viajaba a escasos asientos de Stoulman bajo la falsa identidad de Eduardo José Rodríguez Pérez.

A comienzos de 1977, los hombres del “Mamo” Contreras se enteraron que un correo de Europa viajaría a Buenos Aires. En Argentina lo esperaba una nueva estructura que se preparaba para asumir la conducción del PC en Chile, en reemplazo de la segunda dirección que había caído en manos de la DINA en diciembre de 1976. En ella figuraban Horacio Cepeda Marinkovich, Lincoyán Berríos, Fernando Navarro Allendes, Fernando Ortiz Letelier, Héctor Véliz Ramírez, Reinalda Pereira Plaza y Waldo Pizarro Molin.

El 16 de mayo de 1977 aterrizó en Buenos Aires un chileno con pasaporte suizo llamado Alexis Jaccard Siegler, el correo del PC que transportaba un maletín con una cuantiosa cantidad de dólares. Se hospedó en el hotel Bristol y en las horas siguientes fue secuestrado por un comando de la red Cóndor, integrada por agentes chilenos y argentinos. El mismo día detuvieron al chileno Ricardo Ramírez Herrera, a un comerciante argentino que lo alojaba, Marcos Leder, de 70 años, y a su hijo Mauricio. Los tres desaparecieron.

Como parte de la conmemoración oficial de un nuevo aniversario del Golpe de Estado, la Casa de Bello continuó con la entrega de este reconocimiento. Encabezada por el Rector Ennio Vivaldi, la ceremonia ratificó el compromiso institucional con la memoria, la reparación, la verdad y la justicia que se ha venido desarrollando en los últimos años, y a partir del cual otros 101 estudiantes ya fueron distinguidos en abril de este año, en un proceso que continúa abierto.

Emoción y alegría fueron parte de las emociones de personas de diferentes generaciones que se encontraron este martes 11 de septiembre en un repleto Salón de Honor de la Casa Central de la U. de Chile, que, como parte de la ceremonia oficial de conmemoración de un nuevo aniversario del Golpe de Estado, realizó la segunda entrega del reconocimiento Título póstumo y simbólico y del grado académico póstumo y simbólico a estudiantes detenidos(as) desaparecidos(as) y ejecutados(as) políticos(as).

Los distinguidos en esta oportunidad fueron los ejecutados políticos José Modesto Amigo Latorre, Tatiana Valentina Fariña Concha, Sócrates Augusto Ponce Pacheco y Frank Randall Teruggi Bombatch; y los detenidos desaparecidos CLARA ELENA CANTEROS TORRES , Bernardo de Castro López, Jorge Humberto D’Orival Briceño, Jorge Enrique Espinosa Méndez, Néstor Alfonso Gallardo Agüero, José Fernando Romero Lagos y Eduardo Humberto Ziede Gómez.

Estos 11 estudiantes de la Casa de Estudios se suman a los 101 que recibieron la distinción en abril pasado, como parte de un ejercicio de memoria institucional calificado como “indispensable” ante los últimos hechos relacionados a la justicia y las violaciones de DD.HH.

En la ceremonia, además, fueron homenajeados tres estudiantes cuyas familias no pudieron asistir a la primera entrega de títulos. Éstos son Juan Andrés Blanco Castillo, Juan Aniceto Meneses Reyes y Carmen Margarita Díaz Derricarrere.

“Esta Universidad hoy día vive en este acto un momento de desusada conmoción, pero quisiéramos pensar que más allá de este momento, permanecerá en nosotros y ustedes este espíritu de configurar un país en el cual hubieran sido felices quienes hoy estamos homenajeando», dijo el Rector Ennio Vivaldi respecto a este proceso que está a cargo del Comité de Titulaciones Póstumas que integran la Cátedra de Derechos Humanos y el Archivo Central Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, la Dirección Jurídica y la Vicerrectoría de Asuntos Académicos.

Junto con destacar la importancia de los nombres “porque detrás de ellos hay historias, hay amigos y familias que nunca han dejado de luchar por su reconocimiento, por pelear contra el olvido en un país que insiste en enterrar el pasado”, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran, explicó que “frente a las deudas de nuestro país en estas materias, la Universidad de Chile ha decidido, como tantas veces en su historia, actuar en consecuencia con su memoria histórica, con la deuda ética que una institución como esta tiene con el país y con las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, motivo por el cual, recalcó, el proceso sigue abierto, sorteando las dificultades de la ausencia de una política de archivos y la destrucción de los mismos.

Por su parte la presidenta de la FECh, Karla Toro, junto con recordar al estudiante de Ingeniería asesinado en dictadura Patricio Manzano, relevó que este acto de reparación “no puede ser un punto de llegada. Por el contrario, debe ser un punto de inicio para poder avanzar de manera decidida en una verdadera política de memoria por parte de nuestra Universidad”, tarea en la que, dijo, los estudiantes deben jugar un rol protagónico.

Una memoria viva

“Un día como hoy, hace 45 años, aprendimos a esperar, y seguimos esperando verdad y justicia. No nos merecemos nada menos que eso. Es por eso que estos actos son sumamente importantes, porque nos revindican”, señaló Alejandra Parra, representante de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, agregando que “es importante que dejemos este legado a las nuevas generaciones”.

Parra tuvo palabras también respecto al rol de la sociedad en materia de memoria y de DD.HH. ya que “depende de nosotros que la impunidad a la que nos hemos visto sometidos especialmente este año no siga. Podemos seguir en la lucha, pedir verdad y justicia y luchar contra la impunidad”.

Por su parte, Mireya García, representante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), agradeció este acto de memoria de la Universidad de Chile “porque los actos simbólicos para nosotros tienen un valor enorme, traspasan lo simbólico y se transforman en actos de reivindicación de lo que fue la vida de ellos, y ellos fueron también estudiantes»

García relevó también la necesidad de que “la sociedad en su conjunto sea parte de esta lucha porque los desaparecidos son de todos, nos pertenecen a todos, porque los ejecutados nos pertenecen a todos, porque los torturados somos todos».

Fueron parte de esta ceremonia el prorrector Rafael Epstein; la vicerrectora de Asuntos Académicos, Rosa Devés; la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran; el vicerrector de Investigación y Desarrollo, Flavio Salazar; el vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Daniel Hojman; el vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Juan Cortés, junto al director Jurídico (s), Ignacio Maturana.

Junto a ellos asistieron el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Carlos Ruiz Schneider; el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Francisco Martínez; el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Mario Maino; el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Manuel Amaya; el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Roberto Aceituno; el decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Roberto Neira; el decano de la Facultad de Artes, Luis Orlandini; el decano de la Facultad de Economía y Negocios, José De Gregorio; la decana de la Facultad de Odontología, Irene Morales, y el director del Instituto de Asuntos Públicos, Hugo Frühling; además de la presidenta de la FECh, Karla Toro, representantes del Senado Universitario y del Consejo de Evaluación, entre otros.

Participaron también de este encuentro, que fue abierto a toda la comunidad universitaria y la ciudadanía, el músico Roberto Márquez –vocalista de Illapu- y los actores Paulina Urrutia y Daniel Muñoz, quienes fueron los maestros de ceremonia; además de Joan Turner y Amanda Jara, la Premio Nacional de DD.HH Fabiola Letelier, el arquitecto Miguel Lawner, el músico Fernando García,autoridades universitarias y del cuerpo diplomático.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos Sagristá condenó a 19 exmiembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de Iván Sergio Insunza Bascuñán, Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, Daniel Palma Robledo, Manuel Segundo Recabarren Rojas, Manuel Guillermo Recabarren González, Luis Emilio Recabarren González, Nalvia Rosa Mena Alvarado, José Eduardo Santander Miranda, Mario Jesús Juica Vega, Miguel Nazal Quiroz, Clara Canteros Torres, Juan Aurelio Villarroel Zárate, Víctor Hugo Morales Mazuela, Julio Roberto Vega Vega, Carlos Mario Vizcarra Cofré y Alejandro Rodríguez Urzúa; y del homicidio calificado de Eduardo Canteros Prado. Ilícitos perpetrados en Villa Grimaldi, en 1976.

En el fallo (causa rol 2182-1998), el ministro de fuero condenó a Pedro Espinoza Bravo, Carlos López Tapia, Ricardo Lawrence Mires, Jorge Andrade Gómez a penas de 20 años de presidio, en calidad de autores de los 16 secuestros calificados; y a 20 años de presidio por el homicidio calificado de Canteros Pardo.

En tanto, los agentes Juan Morales Salgado y Gladys Calderón Carreño deberán purgar 18 y 15 años y un día de presidio, respectivamente, por su responsabilidad como autores de seis secuestros calificados.

Los agentes Rolf Wenderoth Pozo, Ciro Torré Sáez y Orlando Manzo Durán fueron sentenciados a 15 años y un día de presidio, como autores de tres secuestros calificados.

Para los agentes Sergio Escalona Acuña, Juvenal Piña Garrido, Jorge Díaz Radulovich y Gustavo Guerrero Aguilera, el ministro Llanos determinó penas de 10 años y un día de presidio, por su responsabilidad como autores de un secuestro calificado.

En calidad de cómplices de los 16 casos de secuestro calificado fueron condenados a 5 años y un día de presidio y a 7 años por el homicidio de Eduardo Canteros Pardo, respectivamente, los agentes: Pedro Bitterlich Jaramillo, Claudio Pacheco Fernández, Orlando Torrejón Gatica, Orlando Altamirano Sanhueza, Carlos López Inostroza y Hermon Hellec Mundaca.

Los hechos
En la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer los siguientes hechos:

«La DINA mantuvo, desde fines de 1975 y al menos durante todo el año 1977, el Cuartel «Simón Bolívar», ubicado en calle Simón Bolívar Nº 8.630, comuna de La Reina, recinto en que operaba la brigada denominada «Lautaro», cuya principal función, además de labores represivas de detención de disidentes políticos, era de protección del Director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, y de su familia. Esta brigada era dirigida por el Mayor de Ejército Juan Morales Salgado, quien además era el jefe del cuartel, y que estaba bajo la estricta supervisión del Director de la DINA, quien, además, era su calificador directo;

En el año 1975 se produjo una restructuración de las Brigadas y grupos operativos que tenían como cuartel la «Villa Grimaldi», fusionándose las agrupaciones a cargo de los capitanes de Ejército Germán Barriga Muñoz, y de Carabineros, Ricardo Lawrence Mires, e integradas por numerosos agentes pertenecientes a distintas ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y cuya denominación habría sido brigada o agrupación «Delfín» (o «Mehuín», según otras versiones). El propósito de esta brigada fue la represión del Partido Comunista, realizando labores de seguimiento y detención de dirigentes y militantes que ese Partido, las que se verificaron durante todo el año 1976; De este modo, durante dicho periodo se procedió a la captura de decenas de militantes del Partido Comunista, muchos de ellos miembros de sucesivas direcciones que se fueron constituyendo a medida que los anteriores iban siendo desarticulados por el organismo represor antes mencionado. Los detenidos fueron llevados al cuartel «Terranova» o «Villa Grimaldi», donde se les interrogaba bajo torturas. Algunos de ellos fueron posteriormente llevados, siempre privados de libertad, hasta el cuartel «Simón Bolívar» -al cual la brigada «Delfín» o «Mehuín» se trasladó en mayo o junio de 1976-, el que pasó a ser el principal centro de operaciones de la referida brigada, y desde donde salían los grupos operativos a practicar detenciones, además de trasladar los detenidos del Partido Comunista que se encontraban en «Villa Grimaldi»;

Para cumplir con las funciones anteriormente descritas, la llamada brigada «Delfín» o «Mehuín» incorporó a sus actividades represivas a miembros de la brigada «Lautaro», dirigida por Juan Morales Salgado. En dicho cuartel los detenidos fueron interrogados bajo tormentos, perdiéndose el rastro de ellos e ignorándose su actual paradero; no obstante, existen antecedentes de que a varias de estas personas se les dio muerte, siendo sus cadáveres retirados y sepultados clandestinamente; y otros fueron arrojados al mar desde helicópteros; sin que sus restos sean aún recuperados;

En estas circunstancias, se produjeron las detenciones de las siguientes personas, todos militantes del Partido Comunista:
a. MANUEL GUILLERMO RECABARREN GONZÁLEZ, 22 años y LUIS EMILIO RECABARREN GONZÁLEZ, 29 años, fueron detenidos, junto a NALVIA MENA ALVARADO y a su hijo de dos años de edad, Luis Emilio Recabarren Mena, por agentes de la DINA en un operativo realizado el 29 de Abril de 1976, en el sector de calles Sebastopol y Santa Rosa. El menor fue dejado abandonado cerca de su domicilio en horas de la noche. Al día siguiente, el padre de los dos primeros, MANUEL SEGUNDO RECABARREN ROJAS, 50 años, fue aprehendido a las 07:10 horas, cuando salía de su domicilio, en calle Cantares de Chile N° 6271, paradero 16 de Santa Rosa, comuna de San Miguel, en circunstancias que se disponía a abordar un bus. Todos los detenidos fueron conducidos a «Villa Grimaldi»; a Manuel Guillermo Recabarren González y Manuel Segundo Recabarren Rojas, además, se les vio en el recinto «Simón Bolívar» y a Luis Emilio Recabarren González en «Cuatro Álamos», desconociéndose el actual paradero de las víctimas.

b. CLARA ELENA CANTEROS TORRES, 21 años, militante de las Juventudes Comunistas, detenida el 23 de julio de 1976, alrededor de las 20:00 horas en la vía pública en la intersección de las calles Panamá con Rojas Magallanes de la comuna de La Florida, al descender de la locomoción colectiva. Horas después es detenido su tío Eduardo Canteros Prado. Es trasladada hasta «Villa Grimaldi» donde es vista por testigos, y el día 20 de agosto de 1976, es sacada de ese recinto junto a los también detenidos Mario Juica Vega y Óscar Ramos. A la fecha se desconoce su paradero.

c. EDUARDO CANTEROS PRADO, 48 años, constructor civil, detenido el 23 de julio de 1976, alrededor de las 21:40 horas, en la vía pública, frente a su domicilio ubicado en calle Panamá Nº 8807, de la comuna de La Florida, por agentes de la DINA que se movilizaban en tres automóviles, siendo trasladado hasta la «Villa Grimaldi». En el año 1990 sus restos fueron encontrados en el fundo Las Tórtolas de Colina, recinto que hasta 1980 perteneció al Ejército.  (extracto)

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió absolver a ocho condenados por violaciones de Derechos Humanos, además de rebajar la pena en tres años y un día a otros nueve, a quienes también se les otorgó el beneficio de libertad vigilada.

Los delitos por los cual cumplen condena remiten al secuestro y la desaparición de Manuel Guillermo Recabarren González, Luis Emilio Recabarren González, Nalvia Mena Alvarado, Manuel Segundo Recabarren Rojas, CLARA ELENA CANTEROS TORRES, Alejandro Rodríguez Urzúa, Daniel Palma Robledo,Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, Iván Sergio Insunza Bascuñán, José Eduardo Santander Miranda, Víctor Hugo Morales Valenzuela, Mario Jesús Juica Vega, Miguel Nazal Quiroz, Carlos Mario Vizcarra Cofré, Julio Roberto Vega Vega y Juan Aurelio Villarroel Zárate y la detención y homicidio de Eduardo Canteros Prado.

El fallo fue pronunciado por los ministros Juan Cristóbal Mera, Mireya López y Cristian Lepin.

Esta decisión fue duramente criticada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, quienes cuestionaron la medida a través de su cuenta oficial de Twitter.

“La Octava Sala Penal de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió dejar impunes a 17 violadores de DD.HH, responsables de la desaparición y asesinato de 17 de nuestros familiares. Así como en dictadura, hoy nuevamente demuestran su miseria y se ponen del lado de los asesinos“, reza el mensaje.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) indicó que “a través de este fallo, Corte de Apelaciones incumple nuevamente obligación internacional del Estado Chileno de establecer la Verdad y hacer Justicia, amparando la Impunidad de criminales de lesa humanidad”.

Una de las familiares de las víctimas de esos represores, la periodista Lorena Díaz Ramírez, colocó en redes sociales:

“Día negro para los DDHH. Hoy a la Octava Sala Penal Corte de Apelaciones de Santiago resolvió dejar impunes a 17 violadores de +DDHH, responsables de la desaparición y asesinato de 17 de nuestros familiares…”.

El Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona, recordó en una publicación en su cuenta de Twitter que los delitos de lesa humanidad “no prescriben ni pueden tener beneficios” y lamentó la situación afirmando: “Como en los peores tiempos de Dictadura se ampara a violadores DD.HH.”.

En el fallo se detalla que la Corte absolvió a:

Pedro Espinoza Bravo
Rolf Wenderoth Pozo
Pedro Bitterlich Jaramillo
Claudio Enrique Pacheco Fernández
Orlando Jesús Torrejón Gatica
Orlando Altamirano Sanhueza
Carlos Eusebio López Inostroza
Hermon Helec Alfaro Mundaca

El documento también señala que se les concedió la rebaja a 3 años y 1 día a:

Ricardo Lawrence Mires
Jorge Andrade Gómez
Juan Morales Salgado
Ciro Torré Sáez
Sergio Orlando Escalona Acuña
Juvenal Piña Gallardo
Jorge Díaz Radulovich
Gustavo Guerrero Aguilera
Gladys Calderón Carreño

La mayoría de estas personas cumplen actualmente su condena en el penal de Punta Peuco, quienes habían sido sentenciados el 21 de julio de 2017, por el ministro de fuero Leopoldo Llanos. Entre todos, fueron acusados de 16 secuestros y un homicidio calificado en la Villa Grimaldi.

Esto no significa que quedan en libertad, todas vez que cumplen condenas por otros homicidios y secuestros con desaparición, lo que habla a las claras acerca de la impropiedad del fallo.

Los argumentos invocados por este son manifiestamente favorables a la impunidad:

“No se trata, de un grupo de militares que procedieron por sí y ante sí deteniendo arbitrariamente a una persona y matándola una vez privada de libertad, se trata de un proceso de política de Estado fijada por el nuevo orden de cosas imperante a partir de los sucesos del 11 de septiembre de 1973, en que las Fuerzas Armadas y de Orden derrocaron el gobierno constituido y comenzaron una persecución de los militantes y simpatizantes del gobierno anterior, de suerte tal que los agentes que dieron muerte a las víctimas de este proceso no buscaron ellos personalmente la situación de superioridad armada que les daba su condición de militares sino que ello iba de suyo en un régimen controlado precisamente por las Fuerzas Armadas y de Orden desde más de dos años antes de sucedidos los hechos”.

Razonar de otra forma, alega el fallo, implicaría “juzgar a los autores por su condición de militares en un régimen político autoritario y no por sus actos”.

Lo mismo puede decirse de las revisiones indivuduales de cada caso:

“Que, en cuanto a Pedro Espinoza Bravo, no hay evidencia que haya liderado ninguna brigada que operara en Villa Grimaldi ni menos la agrupación Delfín, durante el año 1976, que es lo que importa para estos efectos“. .

Más adelante sostiene, respecto de otro condenado:

“El hecho que Wenderoth Pozo haya pertenecido a la DINA y que haya alcanzado a partir de diciembre de 1975 el cargo de jefe de la Subdirección de Inteligencia Interior no lo

Este fallo no es un hecho aislado. Es´parte de una gran operación de impunidad del partido del orden, que aprovecha la inmovilización social para liberar a violadors de derechos humanos. De hecho, la próxima semana el Congreso deberá votar por los indultos a personas mayores de 75 años, con enfermedades terminales, incluyendo a violadores de derechos humanos.

De otra parte por la naturaleza de sus fallos, es claro que el Poder Judicial está retrocediendo a los estámdares de la dictadura, en materia de derechos humanos

Este pasado jueves 9 de abril, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, liberó a 17 ex agentes de la DINA condenados en 2017 por actos de “secuestro calificado” y “homicidio calificado” que cometieron entre 1974 y 1977.

La corte presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz, e integrada además por la ministro Mireya López Miranda y por el abogado Cristián Lepín Molina, libró a los violadores de DD.HH. que habían pasado solo tres años en prisión al reducir o revocar sus condenas, en la mayor parte de los casos a 3 años, y en otros a penas menores, por lo que al haber ya cumplido dicho periodo, quedaron en libertad.

En detalle, los ex agentes de de la DINA Pedro Espinoza Bravo, Rolf Wenderoth Pozo, Pedro Bitterlich Jaramillo, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Orlando Altamirano Sanhueza, Carlos Eusebio López Inostroza y Hermon Helec Alfaro Mundaca, quedaron en libertad tras revocar sus condenas, mientras que a Gladys Calderón Carreño, Sergio Orlando Escalona Acuña, Juvenal Piña Garrido, Jorge Díaz Radulovich y Gustavo Guerrero Aguilera, Ciro Torré Sáe, Juan Morales Salgado, Ricardo Lawrence Mires y a Jorge Andrade Gómez, se les redujo la condena, quedando la mayor parte de ellos en libertad.

Cabe consignar, que los delitos mencionados están referidos al secuestro y la desaparición de Manuel Guillermo Recabarren González, Luis Emilio Recabarren González, Nalvia Mena Alvarado, Manuel Segundo Recabarren Rojas, Clara Elena Canteros Torres, Alejandro Rodríguez Urzúa, Daniel Palma Robledo,Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, Iván Sergio Insunza Bascuñán, José Eduardo Santander Miranda, Víctor Hugo Morales Valenzuela, Mario Jesús Juica Vega, Miguel Nazal Quiroz, Carlos Mario Vizcarra Cofré, Julio Roberto Vega Vega y Juan Aurelio Villarroel Zárate y la detención y homicidio de Eduardo Canteros Prado.

Están acusados de los secuestros calificados de Juan Aurelio Villarroel Zárate y Clara Canteros Torres y del homicidio calificado de Eduardo Canteros Prado en 1976.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo Llanos dictó procesamiento en contra de un grupo de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), por los secuestros calificados de Juan Aurelio Villarroel Zárate y Clara Canteros Torres y el homicidio calificado de Eduardo Canteros Prado, ilícitos perpetrados ocurridos en julio y agosto de 1976, respectivamente.

El magistrado encausó, en calidad de autores de los delitos, a Manuel Contreras Sepúlveda, Carlos López Tapia, Pedro Espinoza Bravo, Juan Morales Salgado, Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth Pozo, Eugenio Fieldehouse Chávez, Ricardo Lawrence Mires y Jorge Andrade Gómez.

En tanto, como cómplices de fueron acusados Gladys Calderón Carreño, Rufino Jaime Astorga, José Friz Esparza, Hermon Alfaro Mundaca, Orlando Inostroza Lagos, Pedro Bitterlich Jaramillo, Claudio  Pacheco Fernández, Eduardo Reyes Lagos, Orlando Torrejón Gatica, Orlando Altamirano Sanhueza y Carlos López Inostroza.

De acuerdo a la investigación, Juan Aurelio Villarroel Zárate fue detenido el 13 de agosto de 1976 en las cercanías de la estación Mapocho. Desde dicha fecha se perdió su rastro.

En tanto, CLARA ELENA CANTEROS TORRES , y su tío Eduardo Canteros Prado fueron detenidos el 23 de julio de ese mismo años en la calle Panamá, de la comuna de La Florida. Desde dicho día se les perdió igualmente el rastro.

Los restos de Eduardo Canteros Prado fueron identificados el 3 de julio pasado por el Servicio Médico Legal, entre las víctimas que fueron inhumadas ilegalmente en un predio del Ejército, ubicado en el sector Las Tórtolas, comuna de Colina. Restos que fueron encontrados en 1990.

La Corte Suprema condenó a 14 agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de Luis Emilio Recabarren González, Manuel Guillermo Recabarren González, Nalvia Rosa Mena Alvarado, Manuel Segundo Recabarren Rojas, Clara Elena Canteros Torres, Alejandro Rodríguez Urzúa, Daniel Palma Robledo, Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, Iván Sergio Insunza Bascuñán, José Eduardo Santander Miranda, Mario Jesús Juica Vega, Víctor Hugo Morales Mazuela, Carlos Mario Vizcarra Cofré, Miguel Nazal Quiroz, Juan Aurelio Villarroel Zárate y Julio Roberto Vega Vega; y el homicidio calificado de Eduardo Canteros Prado. Los delitos fueron cometidos entre abril y agosto de 1976, en la provincia de Santiago.

En fallo unánime (causa rol 71.900-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros y ministras Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, María Cristina Gajardo, María Soledad Melo y Eliana Quezada- revocó la sentencia dictada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en abril de 2020, que aplicaba la media prescripción a los acusados.  En sentencia de reemplazo la Corte Suprema condenó a los ex jerarcas DINA y ex oficiales de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo y Jorge Claudio Andrade Gómez a las penas de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de 16 secuestro calificado y a 10 años y un día en calidad de autores de un homicidio calificado.

En tanto, Rolf Arnold Wenderoth Pozo fue condenado a sendas penas de 10 años y un día de presidio, como autor de tres secuestros calificados y un homicidio calificado; Juan Hernán Morales Salgado y Gladys de las Mercedes Calderón Carreño a 10 años y un día de presidio, como autores de seis secuestros calificados.

En el caso de los ex agentes Sergio Orlando Escalona Acuña, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Jorge Iván Díaz Radulovich y Gustavo Enrique Guerrero Aguilera, se les aplicó una pena de 5 años y un día de presidio, como autores de un solo caso de secuestro calificado.

Asimismo, los ex agentes Orlando Jesús Torrejón Gatica, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza y Carlos Eugenio López Inostroza deberán purgar 7 años en calidad de cómplices de los 16 secuestros calificados y 5 años y un día presidio en calidad de cómplices del homicidio calificado.

Finalmente, Hermon Helec Alfaro Mundaca deberá purgar 7 años en calidad de cómplice de 15 secuestros calificados y 5 años y un día de presidio, en calidad de cómplice del homicidio calificado.

Los criminales Carlos José Leonardo López Tapia y Ricardo Víctor Lawrence Mires, que habían sido condenados en el fallo de primera instancia, dictado por el ministro Leopoldo Llanos en julio de 2017, a penas de 20 años de presidio, fallecieron en el curso del proceso. También fallecieron los condenados en primera instancia Ciro Ernesto Torré Sáez y Orlando José Manzo Durán y Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo.

Al desestimar la media prescripción, la Corte Suprema establece que: "(…) resulta preciso tener en consideración que la materia en discusión también debe ser analizada conforme a la normativa internacional de los Derechos Humanos contenida principalmente en los Convenios de Ginebra, que impiden la prescripción, total o gradual, respecto de delitos cometidos en casos de conflictos armados sin carácter internacional".

La resolución agrega que: "A la misma conclusión se llega considerando tanto las normas de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, como las de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, por cuanto de conformidad a esa normativa, la prescripción gradual tiene la misma naturaleza que la total".

"Desde otra perspectiva, la doctrina, sobre esta materia ha expresado que sus fundamentos se encuentran en las mismas consideraciones de estabilidad social y certeza jurídica que dieron origen al artículo 93 del Código Penal, pero que está destinada a producir sus efectos en aquellos casos en que la realización de los fines previstos para la prescripción no concurren en forma natural sino al cabo de un proceso gradual, esto es, cuando el lapso necesario para prescribir está por cumplirse, lo que justificaría la atenuación de la pena", añade.

"Sin embargo -prosigue-, es evidente que aquella conclusión es para los casos que no presentan las características de los delitos de lesa humanidad, pues estos son imprescriptibles. En consecuencia, para que dicha atenuación sea procedente es necesario que se trate de un delito en vías de prescribir, lo que no acontece en la especie, de modo que el transcurso del tiempo no produce efecto alguno, debido a que el reproche social no disminuye con el tiempo, lo que solo ocurre en los casos de delitos comunes".

Los hechos

En el fallo de primera instancia, el ministro de fuero Leopoldo Llanos Sagristá dio por establecido que en el marco de la represión sistemática a los opositores al régimen militar, en los meses de abril y agosto de 1976, se produjeron las detenciones de una serie de personas, todos militantes del Partido Comunista.

El día 29 de abril de 1976, en el sector de las calles Santa Rosa y Sebastopol de la comuna de San Miguel, fueron detenidos por agentes de la DINA los hermanos Manuel Guillermo, de 22 años, y Luis Emilio Recabarren González, de 29 años, junto a Nalvia Rosa Mena Alvarado, de 20 años, y el hijo de ésta de dos años de edad. El menor fue abandonado cerca de su domicilio en horas de la noche.

Al día siguiente, 30 de abril, a las 7:00 horas, fue detenido Manuel Segundo Recabarren Rojas, de 50 años de edad, a poco de salir de su domicilio en el mismo sector y cuando se disponía a abordar un bus de locomoción colectiva.

Todos los detenidos fueron conducidos al cuartel clandestino de detención y tortura 'Villa Grimaldi'; a Manuel Guillermo Recabarren González y Manuel Segundo Recabarren Rojas, además, se les vio en el recinto 'Simón Bolívar' y a Luis Emilio Recabarren González en 'Cuatro Álamos'. Desde esos recintos la DINA los hizo desaparecer.

El día 23 de julio de 1976, alrededor de las 20:00 horas, en la intersección de las calles Rojas Magallanes con Panamá de la comuna de La Florida, fue detenida por agentes de la DINA la joven Clara Elena Canteros Torres, de 21 años de edad. Fue reducida al descender de la locomoción colectiva.

Es trasladada hasta 'Villa Grimaldi' donde es vista por testigos, y el día 20 de agosto de 1976, es sacada de ese recinto junto a los también detenidos Mario Juica Vega y "scar Ramos. Desde entonces se les hizo desaparecer.

A las 21:40 horas Eduardo Canteros Prado, 48 años, tío de Clara Elena, constructor civil, es detenido en la vía pública por agentes de la DINA, frente a su domicilio ubicado en calle Panamá, de la comuna de La Florida. Fue trasladado hasta la 'Villa Grimaldi'. En el año 1990 sus restos fueron encontrados en el fundo Las Tórtolas de Colina, recinto que hasta 1980 perteneció al Ejército.

El día 27 de julio de 1976, alrededor de las 17:15 horas, Alejandro Rodríguez Urzúa, de 49 años de edad, fue detenido por agentes DINA desde su oficina ubicada en Mallinkrodt 70, Barrio Bellavista. Lo trasladaron hasta el recinto de 'Villa Grimaldi'.

El día 4 de agosto de 1976, Daniel Palma Robledo, 61 años, empresario, fue detenido en horas de la mañana, en avenida Matta, entre las calles San Diego y Arturo Prat; luego de retirar su correspondencia, compró un diario y al momento de retirarse fue detenido y se lo llevaron con destino desconocido, pero fue visto en el cuartel de exterminio 'Simón Bolívar'.

El mismo 4 de agosto, a las 15:00 horas, fue detenido el médico Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, de 39 años. Lo apresaron durante el trayecto que efectuaba entre el Hospital Parroquial de San Bernardo y su consulta particular, ubicada en calle Barros Arana con Arturo Prat. Fue trasladado hasta 'Villa Grimaldi' y, posteriormente, a 'Cuatro Álamos', desde donde se le hace desaparecer.

En horas de la noche del 4 de agosto fue detenido por agentes DINA el médico cirujano Iván Sergio Insunza Bascuñán, de 43 años, mientras conducía su vehículo. Fue trasladado a 'Villa Grimaldi' y luego a 'Cuatro Álamos'.

El día 6 de agosto de 1976, a poco de salir de su domicilio, alrededor de las 9:30 horas, fue detenido por agentes DINA el dirigente estudiantil y de la Central Única de Trabajadores, José Eduardo Santander Miranda, de 29 años; testigos sobrevivientes lo vieron en el recinto de 'Villa Grimaldi'.

El 9 de agosto, Víctor Hugo Morales Mazuela, de 45 años, carpintero y obrero de la construcción, dirigente sindical y encargado de organización de un regional del Partido Comunista, fue detenido en horas de la mañana, en los alrededores de la población 'Villa México' de la comuna de Maipú y fue trasladado hasta 'Villa Grimaldi'. Posteriormente, se le vio en el cuartel 'Simón Bolívar'.

El mismo 9 de agosto, Mario Jesús Juica Vega, 34 años, comerciante, fue detenido alrededor del mediodía, en las inmediaciones de plaza Egaña, en la comuna de 'uñoa, y trasladado a 'Villa Grimaldi', lugar en que fue visto por numerosos testigos. El día 20 de agosto fue sacado desde ese recinto junto a otros dos detenidos y desde entonces la DINA los hace desaparecer.

El 11 de agosto de 1976, a las 9:00 horas, en circunstancias que salía de su domicilio, ubicado en calle Chiloé, entre Santa Rosa y Gran Avenida, en la comuna de San Miguel, fue detenido por agentes DINA el comerciante Miguel Nazal Quiroz, de 44 años. Fue trasladado a' Villa Grimaldi'.

En horas de la noche del mismo 11 de agosto, Carlos Mario Vizcarra Cofré, de 31 años, desabollador, en su domicilio en Quinta Normal fue detenido por agentes que lo trasladaron hasta 'Villa Grimaldi', recinto en que lo vieron testigos hasta el 25 de agosto del mismo año. Posteriormente, fue visto en el recinto 'Simón Bolívar'.

El 13 de agosto, Juan Aurelio Villarroel Zárate, de 55 años, dirigente sindical, fotograbador, alrededor de mediodía, cuando se trasladaba desde su domicilio en Conchalí fue detenido por agentes DINA en las cercanías de la Estación Mapocho. Fue trasladado hasta Villa Grimaldi.

El día 16 de agosto de 1976, a las 11:30 horas, el obrero Julio Roberto Vega Vega fue detenido por agentes DINA en avenida Presidente Balmaceda, entre Cueto y Libertad, de la comuna de Santiago. Varios testigos lo vieron recluido tanto en 'Villa Grimaldi' como en el cuartel 'Simón Bolívar'.

por  Darío Núñez