Cádiz Norambuena Jaime del Tránsito

Jaime del Tránsito Cádiz Norambuena, casado, dos hijos militantes del MIR, fue detenido por efectivos de la DINA el 17 de julio de 1974, alrededor de las 22:30 horas, en el domicilio de su madre doña María Cristina Norambuena Bascuñán, ubicado en calle 5 Sur N°3936 de la población José María Caro. A la hora señalada, unos seis sujetos armados, movilizados en una camioneta, tocaron la puerta, y uno de ellos, conocido de la víctima, lo llamó para que abriera. Al salir Jaime Cádiz en ropa de dormir, fue de inmediato reducido a golpes de pies y puños. La violencia generada provocó el desmayo de su hermana Patricia Cádiz, testigo presencial de los hechos. Tras la golpiza, fue introducido a la camioneta y trasladado a Londres 38, recinto clandestino de la DINA.
El mismo día de su arresto, habían concurrido al domicilio de su madre, dos civiles que preguntaron por un señor de "apellido Galdamez". Posteriormente, a las 22:30 horas, estos civiles volvieron junto a los demás aprehensores con el fin de detenerlo.
De la estadía de Jaime Cádiz Norambuena en ese recinto, da cuenta el testimonio del ex detenido Oscar Armando Alfaro Córdova, sobreviviente de Londres 38, quien dice haber sido detenido por ese organismo el 9 de julio de 1974, trasladado al recinto individualizado en donde fue torturado mediante golpes de puños, aplicación de corriente eléctrica en distintas partes del cuerpo. Por los dichos de otros detenidos, se enteró que en ese recinto habían otros detenidos, entre ellos Jaime Cádiz Norambuena.
Su cónyuge, Sara Ruth Hormazábal Pastene, expone en declaración jurada, que el 14 de septiembre de 1974, a las 3 de la madrugada, llegaron a su domicilio de la población Carlos Cortés un numeroso grupo de civiles y uniformados, movilizados en vehículos particulares y camionetas militares. Siete de los sujetos de civil la hicieron salir al pasillo y allí le dijeron que venían de parte de su marido, de quien dijeron que se encontraba "físicamente, muy bien, pero moralmente casi muerto". Los civiles le preguntaron por unas armas, que presuntamente habría escondido junto a su cónyuge; la amenazaron recordándole que tenía dos hijos y que ellos tenían una "máquina" con la cual nadie calla, incluso le hicieron sacar una frazada "para llevarla detenida", lo que finalmente no ocurrió. Mientras se encontraba en el pasillo, se percató como los militares entraban a los demás departamentos del edificio y como otros individuos de civil llevaban a una persona encapuchada, con él subieron al cuarto piso, hacia el entretecho; en esos instantes, los agentes volvieron a amenazarla, señalándole que lo pasaría muy mal si encontraban armas. Nada encontraron. El operativo duró hasta las 6 de la mañana. Ella piensa que la persona encapuchada era Jaime Cádiz Norambuena.
Sara Hormazábal Pastene concurrió a Investigaciones, Comisarías de Carabineros, Hospitales y Regimientos, obteniendo sólo respuestas negativas. En la Secretaría Nacional de Detenidos, SENDET, el Comandante Correa le aconsejó estuviera tranquila, diciéndole que si su marido había sido detenido en pijama, seguramente le darían ropa y zapatos, y que Jaime "era para ellos como un limón que había que exprimir hasta la última gota, porque así se obtenían informaciones y seguridad para Chile". Pese a todas las diligencias que realizó en favor de su cónyuge, aún desconoce la suerte que corrió en manos de la DINA.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 6 de agosto de 1974, su hermana Patricia Cádiz Norambuena interpuso un recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 874?74, en la cual expone las circunstancias del arresto de lo cual fue testigo presencial. El 25 de septiembre el Ministerio del Interior informó a la Corte que el amparado no se encuentra detenido por orden ese organismo de Estado y que ignora su actual paradero. El 29 de noviembre el Ministerio de Defensa informa en igual sentido. Con el mérito de estos dos informes, el Tribunal rechazó el recurso y resolvió remitir los antecedentes al Undécimo Juzgado del Crimen a fin de instruir sumario por el desaparecimiento del afectado.
El 6 de diciembre el Undécimo Juzgado dio inicio a la causa 768. En la respectiva orden de investigar, diligenciada por la Policía de Investigaciones, se entrevistó a la cónyuge del afectado, quien agregó como antecedente, que Jaime Cádiz, antes del 11 de septiembre de 1973, trabajó en el GAP, del cual se había retirado poco antes de esa fecha. Investigaciones dice que consultó en el SENDET en los recintos carcelarios. Instituto Médico Legal, Registro Civil, sin que estas diligencias dieran resultado alguno. En enero de 1975, los Tribunales Militares y de Aviación informaron no poseer información acerca del afectado.
El 4 de abril de 1975, luego de haberse tomado declaración a Sara Hormazábal Pastene, el Juez don Tomás Dahm Guíñez sobreseyó temporalmente la causa con el fundamento de que de los antecedentes reunidos no se encuentra acreditado el delito investigado. El auto de sobreseimiento fue aprobado por la Corte de Apelaciones el 22 de mayo de 1975.
Doña Sara Hormazábal, consultó directamente al Ministro del Interior acerca de la situación de su esposo, recibiendo respuesta el 27 de abril de 1976, en la cual el General Raúl Benavides Escobar le expresa que Jaime del Tránsito Cádiz Norambuena no se encuentra registrado como detenido en el archivo, no se tienen antecedentes de él y que ignora su actual paradero.

El lunes la Corporación Administrativa del poder judicial deberá informar el costo que tendrá la nominación de los jueces especiales. Mientras, el mundo de los derechos humanos tiene la esperanza que ellos avancen donde hasta ahora sus esfuerzos han sido infructíferos: las causas beneficiadas con un juez de dedicación exclusiva corresponden mayoritariamente a desapariciones perpetradas por la DINA, el Comando Conjunto y a un caso emblemático de la CNI.
La hora de la Dina
El cerco se estrecha sobre la DINA con el caso del militante del MIR, Carlos Cubillos Gálvez, detenido en 1974 en una calle de la comuna de Nuñoa. Testigos señalaron que fue conducido al recinto de Londres 38 y no volvió a saberse de él. Su causa – rol 11337/6- está en el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago.
En ese mismo juzgado está radicada la causa del militante del MIR, Juan Carlos Perelman (rol 12193-8), quien fue detenido en 1975 por efectivos de la DINA junto a su conviviente, quien tiempo después fue liberada. La Comisión Rettig afirmó que su desaparición fue responsabilidad de agentes del Estado.
El 1 de agosto de 1974 fue detenido Sergio Sebastián Montecinos Alfaro, quien, sus 28 años, era el coordinador sindical de los partidos políticos que habían adherido a la UP en la Zona Oeste de Santiago. Fue sacado de su hogar por efectivos de la DINA y visto por última vez en el recinto de Londres 38. Su causa Nº2310-00, consta también en el Octavo Juzgado de Santiago.
El secuestró de Luis Jaime Palominos Rojas, el 7 de diciembre de 1974, es responsabilidad del mismo organismo de seguridad. La causa de este militante del MIR, rotulada con el número 2808-5, también será instruida por un juez especial en el 11º Juzgado del Crimen de Santiago.
El ministro de dedicación exclusiva de ese mismo tribunal se abocará al caso de Jaime Cadiz Norambuena (causa 768-6). Este militante del MIR fue detenido en la población José María Caro y desapareció desde el recinto de la DINA de Londres 38.
El número 2161-8 de ese juzgado consigna otra causa de la DINA en que el juez pondrá acento. El mirista Jorge Humberto D´orival Briceño fue detenido en su hogar de la comuna de Conchalí y visto luego, junto a otros dos detenidos, en Villa Grimaldi. A los tres se les perdió la pista en el recinto de Cuatro Alamos.
El juez de dedicación exclusiva del Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel investigará el caso de Leopoldo Muñoz Andrade, militante del MIR que desapareció desde el recinto DINA de Cuatro Alamos. En las manos de este magistrado estará además esclarecer la desaparición de otro mirista, Daniel Reyes Piña, quien fue visto por última vez en Londres 38.
A ese organismo represor se atribuye también la desaparición de Víctor Fernando Olea Alegría el 11 de septiembre de 1974. Tenía 24 años cuando fue detenido por agentes en la vía pública. Su causa está radicada en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago con el número 76667.
Otro caso que tendrá especial atención será el de Washington Cid Urrutia, quien desapareció en 1974 desde Villa Grimaldi. Su causa está radicada en el Décimo Juzgado del Crimen de Santiago y es atribuido a la DINA.
Hacia otros organismos represores
No sólo la DINA será investigada por los jueces especiales. Las acciones criminales perpetradas por el Comando Conjunto tendrán el mismo destino. De hecho, el mandato de la Suprema toca las hebras de uno de los casos que ofrece las mayores contradicciones con el informe de las FF.AA: la desaparición del militante de las Juventudes Comunistas Carol Fedor Flores Castillo.
El informe castrense establece que Flores Castillo fue detenido en 1976, muerto y arrojado al mar en las costas de San Antonio. Sin embargo, Flores fue apresado junto a sus hermanos en 1974 y permaneció recluido seis meses. En 1976 comenzó a colaborar con el Comando Conjunto, proceso que se extendió hasta el 7 de junio de ese año. El ex agente del comando conjunto Andrés Valenzuela confesó que fue muerto junto a un soldado en el Cajón del Maipo y arrojado al río. Ahora su crimen será investigado por el juez del Décimo Juzgado de Santiago.
En el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, bajo el número 10161, consta el caso de Alonso Gahona Chávez, quien habría fallecido víctima de reiteradas torturas junto a Humberto Castro en el llamado "Nido 20". Así se conocía al recinto secreto de detención y tortura ubicado en la calle Santa Teresa 037, cerca del paradero 20 de la Gran Avenida de Santiago. Este recinto funcionó durante 1975 bajo control de agentes de la DIFA con quienes colaboraban civiles provenientes de grupos nacionalistas o de extrema derecha.
La guardia exterior del recinto estuvo a cargo de alumnos de la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea. Gahona, dirigente de los obreros de la Municipalidad de La Cisterna y militante comunista, conocido como «Yuri», había sido detenido el 8 de septiembre de 1975 en la vía pública. Su cadáver habría sido envuelto en plástico y, al parecer, arrojado al mar.
Desde el recinto llamado "Remo Cero", del regimiento de artillería anti-aérea de Colina fue sacado y posiblemente enterrado en terrenos militares de Peldehue, Miguel Rodríguez Gallardo. La causa 10617 del cuarto juzgado de San Miguel intentará llegar hasta las bases del Comando Conjunto.
También un juez especial investigará el destino de al menos uno de los detenidos desaparecidos de La Moneda. En el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago está la causa 17584, que corresponde a Osvaldo Ramos Rivera, miembro del GAP de sólo 22 años.
Ramos fue detenido en el interior del palacio gubernamental por militares, junto a Antonio Aguirre Vásquez. Producto de sus heridas, ambos fueron trasladados a la Posta Central donde existe constancia de su permanencia. Fueron sacados desde allí por personal uniformado y desde entonces se desconoce su paradero.
En el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago será investigado el caso de otro GAP, Mario Ramiro Melo, oficial del Ejército retirado, desaparecido desde el 29 de septiembre de 1973.
El caso de Miguel Acuña Castillo, rotulado con el número 11509-8 en el Octavo Juzgado de Santiago, también será investigado. Acuña era dirigente de la sección de estudiantes secundarios del MIR cuando desapareció en 1974, junto a su amigo Héctor Garay Hermosilla.
La labor de los jueces especiales se extenderá además a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. En el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago será visto el caso de José Luis Baeza, de 41 años, vendedor y miembro del Comité Central del PC. Fue aprehendido junto a otras tres personas en una casa en Santiago que servía para reuniones y contactos de miembros de esa colectividad.
Los autores de la detención fueron identificados como miembros del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, comandados por un conocido Jefe de Inteligencia. Baeza fue llevado a la Academia de Guerra de esa institución, donde fue visto por varios testigos. Estos testimonios contradicen la versión oficial entregada por el Ministro del Interior que, en esa época, negó su detención