Blanco Castillo Juan Andrés

25 años, soltero, estudiante universitario, dominicano, detenido desaparecido en septiembre de 1973 en Valparaíso.

  Juan Andrés Blanco Castillo vivía en una residencia de estudiantes de calle Domeyko, Santiago. Fue visto por última vez detenido en un barco de la Armada, durante septiembre de 1973. Desde esa fecha se desconoce su paradero.  

De acuerdo con la información proporcionada a la familia por un testigo presencial que fue detenido conjuntamente con Juan Blanco, ambos fueron trasladados desde Santiago a la ciudad de Valparaíso, donde permanecieron recluidos en un barco de la Armada.  Según la información recopilada por la Policía de Investigaciones, Juan Blanco estudiaba Ingeniería Comercial en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Ingresó al país en enero del mismo año, proveniente de la Universidad Patricio Lumumba de la entonces Unión Soviética. No existen otros antecedentes académicos suyos, debido a que a fines del ese año la División de Matrículas de la Universidad fue allanada por efectivos militares, quienes incautaron y quemaron documentación, especialmente la relacionada con alumnos extranjeros. El caso de Juan Andrés Blanco fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solicitada información por dicho organismo al Gobierno chileno de la época, respondió no tener antecedentes de su detención.

Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta Corporación, el Consejo Superior llegó a la convicción de que Juan Andrés Blanco Castillo desapareció luego de ser detenido por agentes del Estado. En consecuencia, lo declaró víctima de violación de derechos humanos.

La víctima, Juan Andrés Blanco Castillo, de 25 años, era hijo del político y académico dominicano Ramón Blanco, y fue detenido y trasladado a la base aeronaval "El Belloto" en Quilpué.

Cinco antiguos miembros de la Armada  fueron procesados como autores del "delito de secuestro con grave daño" de un joven dominicano, ocurrido el 14 de octubre de 1973, un mes después del golpe de Estado de Augusto Pinochet, según confirmaron este miércoles fuentes judiciales.

La víctima, Juan Andrés Blanco Castillo, de 25 años, era hijo del político y académico dominicano Ramón Blanco, y fue detenido y trasladado a la base aeronaval "El Belloto" en Quilpué.

Posteriormente fue llevado a un cuartel policial y, finalmente, al barco de la Armada de Chile "Lebu", donde fue víctima de torturas reiteradas.

Pasado un tiempo, la víctima fue sacada del recinto en dirección desconocida. Seis meses después, la policía halló su cuerpo en las cercanías de la localidad de Colliguay y sus restos fueron enterrados en una fosa común del cementerio de Quilpué.

Fue el abogado Nelson Morales Chávez quien presentó en julio ante el Juzgado de Letras de la localidad de Limache dos querellas por estos hechos, una en representación de la familia Blanco Castillo y otra por parte del Gobierno de República Dominicana.

Los procesamientos fueron dictados este martes por el juez de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda Lillo.

Los implicados son el capitán de navío Patricio Villalobos Lobos, el suboficial mayor Osvaldo Rey Vergara, el sargento primero Víctor Rey Ringele, el cabo primero Manuel Busch López y Wilfredo Zepeda Iturriaga, que prestaba labores como empleado civil de la institución.

El padre del joven desaparecido, Blanco Fernández, fue fundador del movimiento clandestino 14 de junio contra el dictador Rafael L. Trujillo (1930-61) y miembro del comité central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

• Joven era hijo de Andrés Blanco Fernández; hecho se produjo en el 1973

• Santo Domingo. El abogado Nelson Morales Chávez, en representación de la familia Blanco Castillo y del Gobierno de República Dominicana, presentará mañana ante el Juzgado de Letras de Limache, Región de Valparaíso, una querella criminal por el delito de secuestro calificado en la persona de Juan Andrés Blanco Castillo.

  Él era un joven estudiante dominicano, hijo del dirigente peledeísta Ramón Andrés Blanco Fernández, que cursaba ingeniería comercial en la Universidad de Chile, fue detenido por agentes de la Fuerzas Armadas de Chile el 25 de septiembre de 1973, y se desconoce su paradero hasta el día de hoy.

  El caso de Blanco Castillo se encuentra acreditado por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, quienes llegaron a la convicción que desapareció luego de ser detenido por agentes del Estado. En consecuencia, lo declaró víctima de violación de derechos humanos.

  También su caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solicitada información por dicho organismo al Gobierno chileno de la época, respondió no tener antecedentes de su detención.

  La importancia de esta acción penal deriva que es la primera vez que el gobierno de República Dominicana se hace parte directa mediante querella en un caso de derechos humanos.

  Hay que señalar que Castillo Blanco es el único ciudadano dominicano desaparecido en Chile durante la dictadura militar.

  "Esto representará un punto de inflexión en materia de Derechos Humanos, puesto que concurre de manera directa protegiendo la integridad de uno de sus hijos, garantía consagrada en Tratados Internacionales y en la propia Constitución de República Dominicana, que nuestra Carta Fundamental reconoce", añade el abogado Nelson Morales Chávez.

El hombre tiene el mismo nombre que una víctima de la dictadura de origen dominicano.

No tenía participación política y sin embargo, tras el golpe de estado, fue detenido, secuestrado y torturado y nunca entendió la razón.Después de 40 años ahora no sabe por qué su nombre aparece en el memorial de los Detenidos Desaparecidos.

Y así es, su nombre, Juan Andrés Blanco Castillo, aparece claramente en el monumento en recuerdo a las víctimas de la dictadura ubicada en el Cementerio General, situación que a Juan aún lo tiene desconcertado. 

Si bien fue detenido en septiembre de 1973, sobrevivió a las torturas: “tuve un tiempo desaparecido,  y no lo pasé nada de bien, si”, recuerda Juan. Los golpes recibidos le significaron múltiples fracturas y hasta la pérdida de un ojo y la audición de un oído.

Pese a que los responsables de los brutales hechos se dieron cuenta de su equivocación, el seguimiento de parte de las policías de la época fue constante, pero lo que hoy lo desconcierta es que su nombre aparezca en el memorial de los desparecidos.

En la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos dicen que esto solo se produce por un alcance de nombres con un inmigrante dominicano que estuvo en nuestro país en el momento del golpe, y que también fue víctima del régimen. 

Siete miembros en retiro de la Armada fueron condenados por el secuestro del ciudadano haitiano Juan Andrés Blanco Castillo, quien hasta el día de hoy se mantiene desaparecido tras ser torturado por su orientación política en dictadura. A seis de los siete se les sentenció a 15 años de presidio. A esto se suma el pago de una millonaria indemnización a la familia de la víctima.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso condenó a presidio a siete miembros en retiro de la Armada, por su responsabilidad en el delito de secuestro de un ciudadano dominicano durante la dictadura militar.

En el aspecto civil, el fallo acogió la demanda de los familiares y condenó al fisco a pagar una indemnización de $150 mil millones por concepto de daño moral, al padre de la víctima. Además, $75 millones de pesos a un hermano.

Las penas

La justicia condenó a 15 años de presidio a Ernesto Huber von Appen, Wilfredo Zepeda Iturriaga, Víctor Rey Ringele, Jaime Urdangarín Romero, Arístides León Calffas y Germán Valdivia Keller. Todos ellos miembros en retiro de la Armada, responsables del delito de secuestro del ciudadano dominicano Juan Andrés Blanco Castillo.

En tanto, Jorge Ginouvés Contreras fue condenado a 5 años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada, como coautor del delito.

Secuestro de dominicano en dictadura militar

Los hechos se remontan a septiembre de 1973 en la ciudad de Villa Alemana. Allí, en razón de su orientación política, el ciudadano dominicano de entonces 25 años fue detenido y mantenido recluso en diferentes centros, donde lo torturaron. Desde entonces, hasta hoy, se desconoce su paradero.

Así lo detalló el ministro en visita para causas por violaciones a los DDHH, Max Cancino, quien precisó que fueron los funcionarios de la Armada quienes lo detuvieron y llevaron a un cuartel policial para su interrogatorio.

“Finalmente, fue retirado de ese lugar por funcionarios de la Armada con destino desconocido”, acotó.

El ministro además otorgó a todos la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y para profesiones titulares mientras duren las condenas.

Al no acreditarse su participación en los hechos, el tribunal decretó la absolución de los acusados José Gutiérrez Bello, Víctor Sepúlveda Cuevas y Guillermo Aldoney Hansen.

Demanda

El abogado penalista y académico de la Universidad de Valparaíso, Felipe González, explicó que en este caso, de forma inédita, el Estado de República Dominicana demandó a Chile por los hechos. Sin embargo, el tribunal finalmente lo desestimó.

En el aspecto civil, el fallo acogió la demanda interpuesta por la familia de Juan Blanco. De esta forma, condenó al fisco a pagar una indemnización de $150 mil millones, por concepto de daño moral, al padre de la víctima. Además, $75 millones de pesos a un hermano.

Tres expresidentes y los últimos cinco líderes de la Marina podrían prestar declaración por la desaparición de un ciudadano dominicano integrante del MIR en 1973, luego de una solicitud acogida por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, el pasado 12 de octubre.

Curiosamente, el requerimiento lo solicitó la parte defensora de uno de los exmilitares procesados por este caso, por el delito de secuestro calificado.

De manera exclusiva, Radio Bio Bio accedió al extenso escrito de contestación de 217 páginas, mediante el cual -el 10 de octubre pasado- la defensa del capitán de Navío (r) Patricio Villalobos Lobos, exmiembro de la Comandancia de Aviación Naval (Comavnav) solicita esta inédita instancia judicial, con la que espera demostrar la inocencia de su representado en la desaparición del dominicano Juan Andrés Blanco Castillo, ocurrida el 25 de septiembre de 1973, a pocos días del Golpe de Estado.

Dos días después, el magistrado Jaime Arancibia Pinto se pronunció sobre esta acción, respondiendo una por una a las 25 peticiones anexas. Dentro de aquellas, el decimosegundo “otrosí” (como se les denomina en la jerga jurídica) consiste en la inédita solicitud de declaración –por oficio- de los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet; y de los exalmirantes Jorge Arancibia, Miguel Ángel Vergara, Rodolfo Codina, Edmundo González y Enrique Larrañaga.

En cuanto a los primeros, deberán contestar un cuestionario de ocho preguntas, el mismo número incluido en la minuta que se les enviará a los exjefes castrenses.

Para entender el motivo, pero también la estrategia de la parte defensora, basta con revisar algunas de las preguntas contenidas dentro de ambos cuestionarios: “¿Existe algún tipo de presupuesto para vestir, alimentar y pagar arriendo de inmuebles fuera de la Armada para mantener encerrado a Blanco Castillo?”, “¿Se ha dado la orden de mantenerlo encerrado durante los últimos 40 años?”, son parte de las consultas incluidas dentro del listado dirigido a los excomandantes en jefe.

Asimismo, dentro de las interrogantes para los exmandatarios, se incluyen algunas como “¿Tuvo conocimiento de que el Estado de Chile, mientras usted lo encabezaba, cometía secuestros masivos?” o “¿Usted recibió información de la Subsecretaría o del Ministerio del Interior de que se estaban cometiendo estas violaciones de derechos humanos, y qué hizo para remediarlo?”.

La razón es sencilla, ya que el abogado Javier Gómez, quien encabeza esta defensa, señala que “en este caso la figura del secuestro (artículo 141 del Código Penal) es ficticia, por cuanto esta persona al parecer falleció. Delito de secuestro no hay ninguno, ya que debería entonces haber una persona encerrada contra derecho”.

“Aquí no hay nadie que mantenga encerrada a una persona durante 40 años, ni una persona encerrada por esa cantidad de tiempo. Por tanto, quien presume que esta persona está viva es el propio ministro Arancibia, ya que sólo así podría configurarse el delito que se le imputa a mi representado”, añadió.

La desaparición de Blanco Castillo

Según los antecedentes que aparecen en el sitio web del Museo de La Memoria, y en los propios libelos acusatorios presentados tanto por el abogado representante de la familia del ciudadano dominicano fallecido, Nelson Morales, como en la querella puesta por el Ministerio del Interior; Juán Andrés Blanco Castillo de 25 años, militante del MIR, se encontraba en nuestro país estudiando Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile.

En esa misma línea, se apunta que provenía de la entonces Universidad Patricio Lumumba de Moscú, plantel que tras la caída de la Unión Soviética y su conversión hacía la actual Federación Rusa, en 1992 dio paso a la actual Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos.

Blanco fue detenido por personal de la Armada en Villa Alemana, perteneciente a la entonces existente base aeronaval “El Belloto”, el 25 de septiembre de 1973, a pocos días del inicio de la dictadura militar.

Tras su traslado a dicho recinto, lo entregan a la Comandancia de Aviación Naval (Comavnav), siendo interrogado en dichas dependencias y posteriormente llevado hasta el Cuartel de la Policía de Investigaciones en Quilpué. En ambos lugares habría sido sometido a torturas, para que luego de una semana en ese recinto ser sacado a otro punto con dirección desconocida.

Seis meses después, según aseguran ambas querellas, su cuerpo fue encontrado en el sector de la curva “M”, en la localidad de Colliguay, pero este se habría perdido luego de ser enviado al Servicio Médico Legal.

Pese a que las acciones legales lo dan por hecho, nunca se pudo acreditar que los restos encontrados en dicho sector rural de Quilpué correspondían al joven dominicano, tal como señala la declaración del 2013 de la ministra en visita Carmen Rivas, quien hacia el primer semestre de 1974 se desempeñaba como jueza (S) del Juzgado de Letras de dicha comuna. Rivas asevera no haber observado señales de violencia en el cuerpo encontrado Tampoco hubo un expediente de levantamiento del cuerpo, por lo que según los antecedentes de la querella, el cuerpo habría sido llevado en calidad de “NN” hasta el Servicio Médico Legal de la región de Valparaíso, organismo que el 2012 emitió un informe donde señalan que no existían registros de dicho periodo, debido a un accidente donde se perdió documentación desde sus dependencias.

Dicho de otro modo, según el abogado defensor, nunca se pudo comprobar de manera fehaciente su fallecimiento, la única manera de poder acreditar un delito como un homicidio.

En sentido contrario, para afianzar la hipótesis del secuestro calificado, esto sólo se sustentaba a partir de la mantención con vida de Blanco Castillo, debido a que este delito no implica el quitar la vida de la víctima, sino sólo su libertad de desplazamiento.

En esa misma línea, Gómez afirmó que “los delitos siempre tienen un sustrato que son los hechos. No puede haber delitos sin acciones, y no puede acreditarse ningún hecho en el marco del proceso y como método de prueba que justifique que existe un secuestro”.

Además, según el abogado, el ministro Arancibia jamás perseveró en trabajar otras líneas de investigación.

¿Secuestro calificado o “secuestro permanente”?

La figura legal con la cual es procesado Patricio Villalobos, ya ha sido foco de discusiones entre juristas y estudiosos del derecho en nuestro país, siendo usada para procesar y condenar a otros exmilitares por crímenes de Estado durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Dichos juicios se realizaron (y realizan) bajo el modelo de la justicia ordinaria, previo a la implementación de la Reforma Procesal Penal hacia inicios de la década del 2000.

Si bien existe un amplio consenso para determinar que un gran porcentaje de los casos de Derechos Humanos investigados terminaron con miles de hombres, mujeres (e incluso niños) torturados y fallecidos, sin saber el paradero de sus cuerpos, en un gran número estas acusaciones se realizaron utilizando la figura del “secuestro calificado” presente en nuestra legislación.

Quienes sostienen la hipótesis de que utilizar un delito que no involucra la muerte de la víctima para acreditar el fallecimiento de una persona no es válido, y que constituye una contradicción jurídica, también argumentan que esta paradoja se acrecienta al analizar el modelo procesal previo a la reforma impulsada por el Gobierno del expresidente Eduardo Frei, donde los jueces eran al mismo tiempo investigadores y el modelo tenía un espíritu más “inquisitivo” que el “garantista” que hoy moldearía el sistema actual.

Además, argumentan que el principio “pro reo”, que señala que aquel que comete un delito de manera permanente deberá ser juzgado por el modelo procesal de actual vigencia, no se aplicaría en este caso.

Por otra parte, destacados abogados que han llevado adelante causas por delitos de derechos humanos durante años en nuestro país, coinciden en que la legislación actual y la jurisprudencia ha establecido acuerdos transversales para utilizar y validar la figura del secuestro calificado como la herramienta jurídica para procesar a distintos agentes represores de Estado durante los 17 años de la dictadura en Chile.

Al respecto, el actual diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, quien fue parte acusatoria en el caso “Caravana de la Muerte” llevado adelante por el juez Juan Guzmán, señala que se trata de “personas que nunca cometieron un ilícito de privación de libertad, sino que lo que ellos hicieron fue derechamente asesinar. Eso ya está derribado y acordado”.

Quien critica duramente la hipótesis sostenida por la defensa de Villalobos es la también abogada y hoy parlamentaria Carmen Hertz, quien señaló que su tesis “no constituye ninguna novedad. Es lo que utilizan normalmente para construir sus defensas”.

Asimismo, añadió que “en Chile, el concepto de la desaparición forzada de personas debió modificarse para adecuarla al modelo internacional, que recordemos, es también ley y norma en nuestro país”.

La parlamentaria, y otrora participante de la Vicaría de la Solidaridad, recuerda que dicho acuerdo para determinar que el secuestro calificado constituía un crimen de lesa humanidad, se realizó al poco tiempo del regreso de Augusto Pinochet a Chile, tras su detención en Londres.

Radio Bio Bio intentó comunicarse con el abogado querellante Nelson Gutiérrez, para saber su posición y más detalles respecto a esta causa, sin tener mayores resultados

En cuanto a la Corte de Apelaciones, no fue posible acceder a una declaración del ministro Jaime Arancibia. Sin embargo, fuentes al interior del Poder Judicial reafirmaron la confirmación del magistrado de acoger la solicitud de declaración de la exautoridades políticas y militares.

Juan Andrés Blanco Castillo

Fechas de nacimiento: 1948, nacionalidad dominicana

Estado civil: Soltero

Actividades: Estudiante, Escuela de Economía, Universidad de Chile

Fecha detención: septiembre de 1973

Situación actual: Detenido desaparecido

Título Póstumo: Ing. Comercial, mención economía. U. de Chile. 2018

Juan Andrés Blanco Castillo vivía en una residencia de estudiantes en calle Domeyko, en Santiago. Fue visto por última vez detenido en un barco de la Armada, en septiembre de 1973. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

De acuerdo a la información proporcionada por la familia por un testigo presencial que fue detenido junto a Juan Blanco, ambos fueron trasladados desde Santiago a la ciudad de Valparaíso, donde permanecieron recluidos en un barco de la Armada. Según la información recopilada por la Policía de Investigaciones, Juan Blanco era estudiante de la escuela de Economía de la Universidad de Chile. Ingresó al país en enero del mismo año, proveniente de la Universidad Patricio Lumumba de la entonces Unión Soviética. No existen otros antecedentes académicos al respecto, debido a que a fines de ese año la División de Matrículas de la universidad fue allanada por efectivos militares, quienes incautaron y quemaron documentación, especialmente aquella relacionada con alumnos extranjeros.

El caso de Juan Andrés Blanco fue denunciado por la República Dominicana el mismo año, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solicitada información por dicho organismo al gobierno chileno de la época, respondió no tener antecedentes de su detención.

Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta Corporación, el Consejo Superior llegó a la convicción de que Juan Andrés Blanco Castillo desapareció luego de ser detenido por agentes del Estado.  En consecuencia, lo declaró víctima de violación de derechos humanos. 

La Corporación Memorial de Economía, lo recuerda en la Placa de Bronce en la escultura de Livia Marco, en la actual Facultad de Economía y Negocios FEN, de Diagonal Paraguay 257 y en el Sitio de Memoria de República 517, donde funciono la Escuela de Economía, hasta el año 1978.

Como parte de la conmemoración oficial de un nuevo aniversario del Golpe de Estado, la Casa de Bello continuó con la entrega de este reconocimiento. Encabezada por el Rector Ennio Vivaldi, la ceremonia ratificó el compromiso institucional con la memoria, la reparación, la verdad y la justicia que se ha venido desarrollando en los últimos años, y a partir del cual otros 101 estudiantes ya fueron distinguidos en abril de este año, en un proceso que continúa abierto.

Emoción y alegría fueron parte de las emociones de personas de diferentes generaciones que se encontraron este martes 11 de septiembre en un repleto Salón de Honor de la Casa Central de la U. de Chile, que, como parte de la ceremonia oficial de conmemoración de un nuevo aniversario del Golpe de Estado, realizó la segunda entrega del reconocimiento Título póstumo y simbólico y del grado académico póstumo y simbólico a estudiantes detenidos(as) desaparecidos(as) y ejecutados(as) políticos(as).

Los distinguidos en esta oportunidad fueron los ejecutados políticos José Modesto Amigo Latorre, Tatiana Valentina Fariña Concha, Sócrates Augusto Ponce Pacheco y Frank Randall Teruggi Bombatch; y los detenidos desaparecidos Clara Elena Canteros Torres, Bernardo de Castro López, Jorge Humberto D'Orival Briceño, Jorge Enrique Espinosa Méndez, Néstor Alfonso Gallardo Agüero, José Fernando Romero Lagos y Eduardo Humberto Ziede Gómez.

Estos 11 estudiantes de la Casa de Estudios se suman a los 101 que recibieron la distinción en abril pasado, como parte de un ejercicio de memoria institucional calificado como “indispensable” ante los últimos hechos relacionados a la justicia y las violaciones de DD.HH.

En la ceremonia, además, fueron homenajeados tres estudiantes cuyas familias no pudieron asistir a la primera entrega de títulos. Éstos son JUAN ANDRES BLANCO CASTILLO , Juan Aniceto Meneses Reyes y Carmen Margarita Díaz Derricarrere.

“Esta Universidad hoy día vive en este acto un momento de desusada conmoción, pero quisiéramos pensar que más allá de este momento, permanecerá en nosotros y ustedes este espíritu de configurar un país en el cual hubieran sido felices quienes hoy estamos homenajeando", dijo el Rector Ennio Vivaldi respecto a este proceso que está a cargo del Comité de Titulaciones Póstumas que integran la Cátedra de Derechos Humanos y el Archivo Central Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, la Dirección Jurídica y la Vicerrectoría de Asuntos Académicos.

Junto con destacar la importancia de los nombres “porque detrás de ellos hay historias, hay amigos y familias que nunca han dejado de luchar por su reconocimiento, por pelear contra el olvido en un país que insiste en enterrar el pasado”, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran, explicó que “frente a las deudas de nuestro país en estas materias, la Universidad de Chile ha decidido, como tantas veces en su historia, actuar en consecuencia con su memoria histórica, con la deuda ética que una institución como esta tiene con el país y con las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, motivo por el cual, recalcó, el proceso sigue abierto, sorteando las dificultades de la ausencia de una política de archivos y la destrucción de los mismos.

Por su parte la presidenta de la FECh, Karla Toro, junto con recordar al estudiante de Ingeniería asesinado en dictadura Patricio Manzano, relevó que este acto de reparación “no puede ser un punto de llegada. Por el contrario, debe ser un punto de inicio para poder avanzar de manera decidida en una verdadera política de memoria por parte de nuestra Universidad”, tarea en la que, dijo, los estudiantes deben jugar un rol protagónico.

Una memoria viva

“Un día como hoy, hace 45 años, aprendimos a esperar, y seguimos esperando verdad y justicia. No nos merecemos nada menos que eso. Es por eso que estos actos son sumamente importantes, porque nos revindican”, señaló Alejandra Parra, representante de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, agregando que “es importante que dejemos este legado a las nuevas generaciones”.

Parra tuvo palabras también respecto al rol de la sociedad en materia de memoria y de DD.HH. ya que “depende de nosotros que la impunidad a la que nos hemos visto sometidos especialmente este año no siga. Podemos seguir en la lucha, pedir verdad y justicia y luchar contra la impunidad”.

Por su parte, Mireya García, representante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), agradeció este acto de memoria de la Universidad de Chile “porque los actos simbólicos para nosotros tienen un valor enorme, traspasan lo simbólico y se transforman en actos de reivindicación de lo que fue la vida de ellos, y ellos fueron también estudiantes"

García relevó también la necesidad de que “la sociedad en su conjunto sea parte de esta lucha porque los desaparecidos son de todos, nos pertenecen a todos, porque los ejecutados nos pertenecen a todos, porque los torturados somos todos".

Fueron parte de esta ceremonia el prorrector Rafael Epstein; la vicerrectora de Asuntos Académicos, Rosa Devés; la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran; el vicerrector de Investigación y Desarrollo, Flavio Salazar; el vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Daniel Hojman; el vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Juan Cortés, junto al director Jurídico (s), Ignacio Maturana.

Junto a ellos asistieron el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Carlos Ruiz Schneider; el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Francisco Martínez; el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Mario Maino; el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Manuel Amaya; el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Roberto Aceituno; el decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Roberto Neira; el decano de la Facultad de Artes, Luis Orlandini; el decano de la Facultad de Economía y Negocios, José De Gregorio; la decana de la Facultad de Odontología, Irene Morales, y el director del Instituto de Asuntos Públicos, Hugo Frühling; además de la presidenta de la FECh, Karla Toro, representantes del Senado Universitario y del Consejo de Evaluación, entre otros.

Participaron también de este encuentro, que fue abierto a toda la comunidad universitaria y la ciudadanía, el músico Roberto Márquez –vocalista de Illapu- y los actores Paulina Urrutia y Daniel Muñoz, quienes fueron los maestros de ceremonia; además de Joan Turner y Amanda Jara, la Premio Nacional de DD.HH Fabiola Letelier, el arquitecto Miguel Lawner, el músico Fernando García, autoridades universitarias y del cuerpo diplomático. 

Han tardado 50 años las autoridades chilenas para ofrecer un mínimo resarcimiento a la República Dominicana y a la familia de Juan Andrés. Esto es altamente positivo, porque confirma que la impunidad en materia criminal es difícil de conseguir

Por fin, 50 años después, Chile condena a los que desaparecieron a Juan Andrés Blanco

Pasaron 50 años desde la desaparición del joven dominicano Juan Andrés Blanco Castillo, en Santiago de Chile, como consecuencia de la represión desatada por los militares que dieron el golpe de Estado al gobierno legítimo del presidente Salvador Allende.

Es ahora, en el mes de noviembre, cuando la justicia chilena, emite una sentencia condenatoria contra los militares, miembros de la Fuerza Aérea, que apresaron, confinaron, torturaron, quemaron y asesinaron al joven dominicano, de apenas 25 años, Blanco Castillo, hijo del destacado abogado dominicano Ramón Andrés Blanco Fernández.

La familia de Juan Andrés Blanco Castillo nunca cesó en sus reclamos a las autoridades chilenas. La embajada de la República Dominicana en Chile, tanto en la gestión del doctor Rubén Silié, como en la actual gestión de Fausto Liz, hicieron el esfuerzo que correspondía para que el caso no desfalleciera en los tribunales.

Las autoridades de Chile hicieron un seguimiento documental y testimonial de lo ocurrido con el joven dominicano desaparecido. La sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, presidida por el juez Max Cancino Cancino, ordena la indemnización de la familia del desaparecido, tanto su padre Ramón Andrés Blanco Fernández, como un hermano.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 1973, en la ciudad de Villa Alemana, tras el golpe de estado contra el presidente Salvador Allende. Juan Andrés había llegado desde Unión Soviética a Chile, y su apresamiento se produjo sin la comisión de ningún delito. Una de las últimas personas en verle con vida fue la dominicana Elsa Peña, ciudad de Homero Hernández, quien se encontraba en el exilio en Santiago de Chile, de donde tuvo que salir por el golpe contra el presidente Salvador Allende.

"En el fallo (causa rol 53.046-2009), el ministro Cancino Cancino condenó a Ernesto Leonardo Huber von Appen, Wilfredo Hernán Zepeda Iturriaga, Víctor Orlando Rey Ringele, Jaime Miguel Urdangarín Romero, Arístides Alejandro León Calffas y German Patricio Valdivia Keller a 15 años de presidio, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas", indica la decisión judicial.

Lo importante de este documento, publicado por Acento y tomado del portal de la Universidad de Valparaíso, es que ofrece información sobre la detención, el confinamiento, las torturas y da pie a entender el final de la vida de Juan Andrés, circunstancias desconocidas hasta hace poco tiempo.

Han tardado 50 años las autoridades chilenas para ofrecer un mínimo resarcimiento a la República Dominicana y a la familia de Juan Andrés. Esto es altamente positivo, porque confirma que la impunidad en materia criminal es difícil de conseguir, aún cuando quienes cometen los crímenes son militares con poder y consentimiento para matar.

Los responsables del crimen se amparaban en una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada, denominada Servicio de Inteligencia Ancla 2, perteneciente a la Comandancia de la Aviación Naval, que operó activamente a partir del 11 de septiembre de 1973. La sentencia dice lo siguiente:

"En un día no precisado del mes de octubre de 1973, Juan Andrés Blanco Castillo fue retirado desde el Cuartel de la Policía de Investigaciones de Quilpué por el grupo de inteligencia antes mencionado, siendo trasladado hasta la Subcomisaría de Carabineros de Quilpué, encontrándose la víctima gravemente lesionada a consecuencia de las quemaduras ocasionadas en su cuerpo. Debido al reclamo que el Jefe de esa Subcomisaría expresara al mando de la Comandancia Naval por el estado de salud de la víctima, esta fue retirada desde ese lugar por funcionarios del grupo de inteligencia, con dirección desconocida y sin que se tengan noticias de su paradero hasta la fecha”.

No puede haber crimen sin castigo.

La pena por la desaparición de un ser querido es un impacto muy duro, pero hay que superarlo,  y llena de satisfacción cuando se hace justicia.

Así se expresó ayer el doctor Ramón Blanco Fernández, tras conocer, 39 años después, que los responsables del secuestro y posterior asesinato  de su primogénito Juan Andrés Blanco Castillo, ocurrido  en Chile en el año 1973, fueron procesados.

A su vástago, quien  salió del país  en 1970 rumbo a la entonces Unión Soviética con un fardo de ilusiones estudiantiles,  a estudiar economía, lo recuerda como un joven  muy estudioso que siempre sacó buenas notas.

?Era  medio poeta, le  gustaba mucho  la literatura, y era un poquito imperativo y no se dejaba apabullar?, afirma Blanco Fernández con dejo de tristeza por los recuerdos.

En entrevista para Hoy,  recuerda que a su regreso  al país, ?en 1971 o 1972?, su hijo fue devuelto desde el Aeropuerto de Las Américas  por las autoridades dominicanas, por el simple hecho de visitar una nación considerada ?comunista?.

Desde entonces Juan Andrés anduvo  cual nómada. Primero estuvo en Venezuela, luego en Uruguay y finalmente se estableció en Chile, país que en 1973 se  vio  convulsionado  por una situación política y social que dio al traste con el gobierno del  presidente Augusto Pinochet.

Fue en medio de esa situación que se produjo la desaparición  y posterior asesinato de Juan Andrés, cuyos responsables fueron dados a conocer esta semana por las autoridades chilenas.

?Todo el tiempo nos comunicábamos por teléfono, y cuando él  tenía alguna necesidad de dinero yo se lo enviaba; nunca me manifestó temor ni preocupación por nada; yo creo que a él lo confundieron porque pensaban a lo mejor, en principio, que era cubano, y había una  actitud muy agresiva contra los cubanos en Chile de parte de las autoridades?, reflexiona Blanco Fernández.

Donará indemnización. Blanco Fernández ya ha sido informado de que  su familia será indemnizada por el asesinato de Juan Andrés, pero no conoce el monto de la indemnización, ni tampoco muestra mayor interés por ella.  Su mayor satisfacción, insiste, es que con su hijo se ha hecho justicia.

Dijo que le comunicó al abogado Nelson Morales Chávez, apoderado del caso por el Gobierno dominicano y su familia, que de lo que se produzca él puede disponer de un 50%, porque el otro 50% la familia Blanco Castillo lo  donará a una institución dominicana  para que funde un politécnico para educar niños.

?Como quiera que sea, ya se perdió una vida dominicana; una persona que yo pensé que podía ser útil a mi país porque era muy inteligente, y se perdió como se han perdido tantos buenos ciudadanos?, subrayó Blanco Fernández.

Un buen comienzo.  Para Blanco Fernández, el que los responsables del crimen de su hijo hayan sido juzgados en Chile significa que la impunidad está desapareciendo.

Refirió que en la Era de Trujillo  él fue encarcelado,  y dijo que  aún recuerda ver a  muchos de sus compañeros cuando los sacaban de sus celdas y los mataban.

?Lo penoso   que hemos visto,  especialmente nosotros los dominicanos, es que ha habido mucha impunidad durante muchos años;  desaparece uno y ya se acabó. Yo creo que no, creo que debe haber sanción,  no sólo la  divina sino también  sanción aquí en la tierra,  para que la gente aprenda a tener solidaridad y convivencia  con los seres humanos, que es por lo que ha luchado mucha gente en este mundo, pero todavía estamos muy atrasados?, expresó Blanco Fernández.

Según un cable de Efe fechado en Santiago de Chile, cinco antiguos miembros  de la Armada de Chile fueron procesados como autores del ?delito de secuestro con grave daño?, del dominicano Juan Andrés Blanco Castillo.

Agradecimiento

 Blanco Fernández  expresó su agradecimiento a las autoridades chilenas, en especial al inspector Boris Gormaz;   y a las dominicanas, especialmente al ex presidente Leonel Fernández,  quien  por primera vez se constituyó en un Estado demandando a otro.

El texto es una carta de amor vegetal a Juan. Juan Andrés Blanco Castillo, un dominicano militante del MIR, detenido y desaparecido en Chile.

Juan Andrés Blanco Castillo fue un dominicano militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) detenido y desaparecido por agentes del estado chileno en 1973. Víctima de la dictadura de Augusto Pinochet, no aparece reconocido en el Informe Rettig.

Este texto es un retorno, un ejercicio de amor a la memoria en común con dos países, el de nacimiento y el donde vivo. Un rastreo fragmentado sobre el mapa de la resistencia política del continente. Esto es una carta de amor vegetal a Juan. Juan Andrés Blanco Castillo, un dominicano militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria –MIR- detenido y desaparecido por agentes del estado chileno en 1973.

Es un rescate y mucho más que una referencia para redactar la necesidad que siento de siempre estar asociando mi proceso de transidentidad con las vidas comprometidas con un deseo de cambio, de transformación. De resaltar de manera insistente la importancia de “poner el cuerpo” para imaginar otra posibilidad. De “dar jugo” con eso. Pero no fui a la calle Domeyko, en el centro de Santiago, a buscar la residencia donde vivías cuando todavía estabas estudiando ingeniería después de venir de lo que fue la Unión Soviética. Si me nombraron Mijail al nacer fue por uno de los secretarios del partido comunista, de esa utopía, tenemos dos historias, un espacio común: el dominicano, el político. Una no llega a la política únicamente por convicción, sino porque te afecta, porque te han dañado.

¿Qué es el origen, Juan? ¿Dónde está? Y después tienen el descaro de preguntarme por qué no puedes parar de hablar, por qué tan intensa, tan rabiosa, después tienen el descaro de preguntármelo cuando todavía siguen escribiendo mi nombre mal. Mi nombre siempre lo han escrito mal, Juan, siempre he tenido problemas con eso: con mi nombre, con la identidad. Tenía que siempre certificar con un acta de nacimiento mi nombre, demostrarles que mi nombre no se escribía así, que la «h» no iba ahí, que es “Mijail” no “Mijael”. Ni siquiera lo entendieron en el libro que escribí: dediqué párrafos a esto. Negra y con nombre ruso. Otra desubicación, la paranoia de que siempre han intentando borrarme, borrarte a ti y a las que nunca hemos sido hombres, ni mujeres, a las que en todos los sentidos somos inseguras porque estamos cambiando (nosotras y esto tan heterosexual). Después tienen el descaro de preguntar por qué tan intensa, por qué tan política.

Yo, entonces, aquí voy a preguntar por ti, por el cuerpo que no regresó nunca a la isla. De cómo esos militares violaron tu derecho de discernir. Pregunto por ti y por el frío que seguro pasaste, porque no te busqué en los barcos que tantas veces miro cuando voy a Valparaíso, debí pararme frente a una de esas naves y repetir tu nombre siete veces, siete veces por Obatalá, Elegguá, Changó, Oggún, Orunlá, Yemayá, Ochún y luego esperar sentada en el suelo. Esperar que alguien leyera esto: Samuel Ibarra Covarrubias y yo, jamás te vamos a olvidar. Un castillo de flores para Juan

Agradecimientos a Amaury Rodríguez y a la Rucia Semihumana.

Juan Andrés Blanco Castillo era hijo del destacado abogado y político Ramón Andrés Blanco Fernández.

El dictador Augusto Pinochet, apoyado por el gobierno de EEUU para derrocar al presidente Salvador Allende.

Siete militares retirados de Chile fueron condenados por el secuestro y los daños ocasionados en 1973 al dominicano Juan Andrés Blanco Castillo, hijo del político y abogado Ramón Andrés Blanco Fernández.

Los militares de la dictadura de Augusto Pinochet fueron condenados por el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones de los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino Cancino.

El portal noticioso de la Universidad de Valparaíso, Chile, explicó que la condena a siete miembros en retiro de la Armada, se debió a su responsabilidad en el delito de "secuestro con grave daño o secuestro calificado del ciudadano dominicano Juan Andrés Blanco Castillo".

El delito fue cometido en septiembre de 1973, en la ciudad de Villa Alemana, tras el golpe de estado contra el presidente Salvador Allende, cometido el 11 de septiembre del citado año, lo que dio paso a la imposición de una sangrienta dictadura derechista.

"En el fallo (causa rol 53.046-2009), el ministro Cancino Cancino condenó a Ernesto Leonardo Huber von Appen, Wilfredo Hernán Zepeda Iturriaga, Víctor Orlando Rey Ringele, Jaime Miguel Urdangarín Romero, Arístides Alejandro León Calffas y German Patricio Valdivia Keller a 15 años de presidio, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas", indica el portal.

Asimismo, explica que Jorge Benjamín Ginouvés Contreras fue condenado a 5 años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada, quedando sujeto a la vigilancia y orientación permanente de un delegado por el mismo lapso.

A este imputado, además, se le condenó a inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como coautor del delito.

En la causa se decretó la absolución de los acusados José Abraham Gutiérrez Bello, Víctor Vicente Sepúlveda Cuevas y Guillermo Samuel Aldoney Hansen, al no comprobarse su participación en los hechos.

En la resolución, informa el referido portal,  el ministro en visita dio por acreditados los siguientes hechos:

“Que existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada, denominada Servicio de Inteligencia Ancla 2, perteneciente a la Comandancia de la Aviación Naval, que operó activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, conformada por agentes pertenecientes a las diversas reparticiones de la Base Aeronaval El Belloto e incluso con funcionarios de otras reparticiones, como Infantes de Marina, cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo cual se procedía a su búsqueda y detención, las que luego eran privadas de libertad para la obtención de información mediante tortura física y psicológica. Para lograr la detención de las personas, los jefes de las patrullas navales mantenían una comunicación directa con el Servicio de Inteligencia Naval, quienes una vez obtenida la aprehensión del civil lo conducían hasta la Oficina de Control Aéreo (OICA) para su encierro e interrogatorio".

Agrega que para la represión operativa, "el denominado Servicio de Inteligencia Naval Ancla 2, dependiente de la Comandancia de la Aviación Naval, utilizó diversas dependencias de la Base Aeronaval El Belloto, en particular la denominada Oficina de Información de Control Aéreo (OICA o ARO) y dispuso de otras, como el Cuartel de la Policía de Investigaciones de Quilpué, recintos en los que los prisioneros eran interrogados bajo apremios ilegítimos".

Narra que, en una fecha no determinada del mes de septiembre de 1973, posterior al día 20, Juan Andrés Blanco Castillo, ciudadano de la República Dominicana, quien había ingresado a Chile en el mes de enero de ese año proveniente de la URSS, de 25 años de edad, en razón de su orientación política, fue ordenado detener por el Servicio de Inteligencia Naval Ancla 2 de la Comandancia de la Aviación Naval, lo que se concretó por una patrulla naval, a cargo del Teniente 2° Jorge Ginouvés Contreras, en el sector Barrio Norte de Villa Alemana, cerca de la estación de trenes, quien es conducido al recinto naval para ser entregado al personal de dicho Servicio de Inteligencia. El mencionado Oficial, al mando de la patrulla naval, como se dijo, actuaba coordinadamente con el personal del aludido Servicio de Inteligencia.

En las investigaciones se confirmó que ni el mando militar de la Comandancia de la Aviación Naval, ni el del Servicio de Inteligencia Naval Ancla 2 perteneciente a esa Comandancia, adoptaron medida alguna para dar cuenta a la autoridad competente, tanto de la detención de Juan Andrés Blanco Castillo como de algún supuesto hecho ilícito cometido por el dominicano.`Tampoco se formó causa ni investigación naval en tal sentido.

"Por el contrario, deliberadamente se ordenó a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Quilpué y Subcomisaría de Carabineros de Quilpué que los ingresos de los detenidos que trasladaran hasta esos recintos los funcionarios del Servicio de Inteligencia no fueran registrados. Lo mismo ocurrió en la Base Aeronaval, donde los nombres de los detenidos no quedaban anotados en ningún registro oficial", sostiene la información.

Narra que la víctima fue recluida inicialmente en un sector de la Base Aeronaval El Belloto denominado ‘Acapulco’ ‘El Hoyo’ o ‘El Pozo’ en conjunto con otros prisioneros, sitio de detención que fuera habilitado por el Comandante de la Aviación Naval luego del 11 de septiembre de 1973, para la reclusión de personas civiles contrarias al régimen militar. En dicho lugar, los prisioneros debían mantenerse permanentemente en posición de cúbito abdominal, con las manos en la espalda, a la intemperie y custodiados por al menos dos funcionarios armados de dotación de la Base Aeronaval. Este sector era de acceso estrictamente restringido, encontrándose solo autorizados para acercarse los funcionarios del Servicio de Inteligencia Naval de la Unidad Ancla 2 perteneciente a la Comandancia de la Aviación Naval. El sector de reclusión se ubicó estratégicamente al frente de la Oficina de la Comandancia y de la Oficina de Control Aéreo (OICA o ARO)".

Resalta que en el periodo que permaneció encerrado, el dominicano Juan Andrés Blanco Castillo, sin motivo que lo justificara, fue conducido en diversas oportunidades a la Oficina de Información de Control Aéreo, lugar en que fue interrogado y apremiado físicamente por funcionarios del Servicio de Inteligencia Naval Ancla 2 y con presencia del mando militar y otros funcionarios que colaboraban estrechamente con ese Servicio, todo ello con el objeto que respondiera acerca de sus actividades y la ubicación de un supuesto armamento escondido en Santiago.

Asimismo, luego que Juan Andrés Blanco Castillo permaneciera encerrado en la Base Aeronaval El Belloto, funcionarios del Servicio de Inteligencia Naval Ancla 2, en una fecha no precisada del mes de octubre de 1973, trasladaron a la víctima y lo mantuvieron privado de libertad en los calabozos del Cuartel de la Policía de Investigaciones de Quilpué.

Explica que en una dependencia de este recinto, los funcionarios del grupo de inteligencia lo interrogaron y torturaron gravemente, utilizando entre otras técnicas la aplicación de papel de diario encendido para quemarlo en el abdomen.

"En un día no precisado del mes de octubre de 1973, Juan Andrés Blanco Castillo fue retirado desde el Cuartel de la Policía de Investigaciones de Quilpué por el grupo de inteligencia antes mencionado, siendo trasladado hasta la Subcomisaría de Carabineros de Quilpué, encontrándose la víctima gravemente lesionada a consecuencia de las quemaduras ocasionadas en su cuerpo. Debido al reclamo que el Jefe de esa Subcomisaría expresara al mando de la Comandancia Naval por el estado de salud de la víctima, esta fue retirada desde ese lugar por funcionarios del grupo de inteligencia, con dirección desconocida y sin que se tengan noticias de su paradero hasta la fecha”.

En el aspecto civil, el fallo acogió la demanda interpuesta y condenó al fisco a pagar una indemnización de $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) por concepto de daño moral, al padre de la víctima (Ramón Andrés Blanco Fernández); y de $75.000.000 (setenta y cinco millones de pesos), a un hermano.

Dictadura El año 1972 Juan Andrés Blanco Castillo, regresó desde la Ex unión soviética a República Dominicana, luego de estudiar en la Universidad Patricio Lumunba de Moscú. Tras su llegada al aeropuerto "Las Américas" en Santo Domingo, el joven Juan Blanco fue expulsado del país por la autoridades dominicanas por provenir de un país comunista, así lo expuso su padre Ramón Blanco, político y académico dominicano, quien había sido uno de los fundadores del "Movimiento Clandestino 14 de Junio" que luchó contra la dictadura de Rafael Trujillo (1930-1961) y posteriormente fuera miembro del comité central del Partido de la Liberación Dominicana ( PLD).

Joaquín Pérez

Juan Blanco inició así un periplo por América latina, llegando primero a Venezuela, luego a Uruguay y recalando finalmente en Chile a inicios de 1973, donde comenzó a militar en el MIR.

El 14 de octubre de 1973, a los 25 años de edad, Juan fue detenido en su domicilio y trasladado a la base aeronaval, «El Belloto», en Quilpué. El centro de detención y torturas también fue denominado como Acapulc, El Hoyo o El Pozo. Posteriormente, fue llevado a un cuartel de la policía de investigaciones de Quilpué, donde los funcionarios del grupo de inteligencia lo interrogaron y torturaron, utilizando entre otras técnicas la aplicación de papel de diario encendido para quemarlo en el abdomen. Según consta en el expediente judicial, Juan Andrés Blanco Castillo fue retirado desde el Cuartel de la Policía de Investigaciones de Quilpué por el grupo de inteligencia antes mencionado, siendo trasladado hasta la Subcomisaría de Carabineros de Quilpué, encontrándose grave a consecuencia de las quemaduras ocasionadas en su cuerpo. "Debido al reclamo que el Jefe de esa Subcomisaría expresara al mando de la Comandancia Naval por el estado de salud de Juan Blanco, este fue retirado desde ese lugar por funcionarios del grupo de inteligencia, con dirección desconocida y sin que se tengan noticias de su paradero hasta la fecha", consignó el documento.

Testigos aseguran que fue trasladado al barco de la Armada de Chile «Lebu», sin que existan certezas de aquello, lo que sí se sabe es que seis meses después de su detención, la policía halló su cuerpo en las cercanías de la localidad de Colliguay y sus restos fueron enterrados en una fosa común del cementerio de Quilpué.

Su familia y la embajada de República Dominicana en Chile, realizaron acciones judiciales por su caso, las que terminaron en el procesamiento y condena por parte del juez de Corte de Apelaciones de Valparaiso, Julio Miranda Lillo, en noviembre del 2022, del capitán de navío Patricio Villalobos Lobos, el suboficial mayor Osvaldo Rey Vergara, el sargento primero Víctor Rey Ringele, el cabo primero Manuel Busch López y Wilfredo Zepeda Iturriaga, que prestaba labores como empleado civil de la institución, a 15 años de presidio. Todos ellos integraron los servicios de inteligencia de la Armada (Ancla2) a